Periodistas guatemaltecas. Diseño de imagen: Sala de Redacción.
Periodistas guatemaltecas. Diseño de imagen: Sala de Redacción.

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Por Ligia Flores

Fotografía tomada de cuenta de Twitter de Michelle Mendoza.La mañana del 22 de junio Michelle Mendoza y Yensy López, reporteras de Canal Antigua y Vea Canal, respectivamente, aguardaban a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti para entrevistarla. Estaban afuera de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, en la Torre de Tribunales. Para entonces, un juez había ordenado mantener el embargo sobre algunas de las propiedades a nombre de la ex funcionaria y de su esposo, Mariano Paz.

Al concluir la audiencia, había expectación en la prensa respecto a lo que Baldetti podría decir. Hacía más de un mes que la ex funcionaria no aparecía en público después de su renuncia. Los reporteros se aglomeraron alrededor de los cordones de seguridad de los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), que protegían a la ex vicemandataria. Había poco espacio hasta para moverse, pero allí, en medio de la muchedumbre que casi llenaba los cerca de cinco metros de distancia entre la Sala de Extinción de Dominio y el elevador, el agente de la SAAS, Rodolfo Jiménez, encontró la oportunidad para tocar inapropiadamente a las reporteras.

Mendoza y López no completaron las entrevistas con la ex vicepresidenta ni la cobertura del resto de la jornada. “Cuando los otros periodistas entrevistaban al esposo de Baldetti, solo puse el micrófono, no pregunté; cuando llegué al canal no pude escribir”, recuerda López. Mendoza quiso denunciar el hecho en un Juzgado de Paz en la Torre de Tribunales, pero la remitieron a las oficinas del Ministerio Público (MP), en Gerona, zona 1 capitalina. “(Pero), al salir de Tribunales me fui directo a casa; ni pude ir al canal”, dice la periodista.

Formas de la violencia

El asesinato, la desaparición forzada, la amenaza de daño a sus hijas e hijos, las agresiones verbales y físicas, la difamación, el hostigamiento y el acoso sexual y laboral son algunas de las formas de violencia contra mujeres en el ejercicio de su labor periodística, que identificó la Agencia de Noticias Comunicación e información de la mujer (Cimac), y que documentó en el estudio “Violencia contra las mujeres periodistas en México, 2010-2011”. Según la investigación, la violencia contra las periodistas es ejercida “por parte de sus colegas hombres, así como de sus fuentes de información, (que) en algunos casos (son) funcionarios (públicos)”.

No es un riesgo profesional

El acoso y hostigamiento sexual no son simples riesgos profesionales. Estas agresiones son formas de violencia que coartan la libertad de expresión de las periodistas y, con ello, el derecho de la sociedad a la información, según el informe “Violencia contra las mujeres periodistas en México, 2010-2011”, que publicó la Agencia de Noticias Comunicación e información de la mujer (Cimac). Cimac produjo el informe después de documentar casos de distintos tipos de violencia contra la prensa en México desde 2005, que incluyen el asesinato de cinco mujeres periodistas.

En 2010, cuando Cimac comenzó a sistematizar las diferencias en los métodos violentos contra mujeres en el ejercicio periodístico, hizo un hallazgo clave: los daños colaterales. Los registros oficiales de los ataques contra la prensa no revelaban cómo el problema afecta también a los círculos más cercanos de las periodistas agredidas.

El estudio mexicano también descubrió que la violencia sexual contra las mujeres periodistas es una de las formas utilizadas para inhibir el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa de las profesionales. “Es un método diferenciado porque principalmente se agrede el cuerpo de las periodistas, y se busca desacreditar su carácter moral”, advierte el estudio.

En Guatemala, no hay registros de los métodos utilizados para agredir a las mujeres periodistas en el desempeño de su profesión. La información en poder de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) es insuficiente para realizar este análisis diferenciado.

Los datos del MP al menos sí permiten corroborar que entre 2010 y 2014 se incrementaron los ataques a la prensa. Hubo 15 casos en 2010, 36 en 2011, 61 en 2012, 57 en 2013, 74 en 2014, y entre enero y julio de 2015 se habían registrado al menos 70. Sin embargo, se desconoce la cantidad y los métodos utilizados en las violaciones que sufrieron mujeres periodistas y los datos acerca de los victimarios.

El cuerpo femenino, territorio e instrumento

El incremento en las agresiones contra las mujeres defensoras de los derechos humanos llevó a la Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (Udefegua) a brindarles atención especializada desde 2010. Ángela Fuentes, responsable de la Unidad de Atención a Defensoras de la institución, reveló que las mujeres involucradas en la defensa de la tierra y al frente de las movilizaciones son agredidas de maneras distintas que los hombres. “La mayoría de ataques era contra sus cuerpos”, dice Fuentes.

En un contexto de confrontación, el cuerpo de la mujer es utilizado como una herramienta, según Paula Martínez, experta del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap). “En un sistema patriarcal, el cuerpo de las mujeres es un territorio de conquista, pero también es usado como una herramienta para atacar al enemigo, como ocurrió durante la guerra en Guatemala”, explica Martínez. Un caso paradigmático de este tipo de violencia es el que actualmente se conoce como Sepur Zarco, en el cual se registró esclavitud sexual en contra de mujeres indígenas.

Fotografía por Lety Sacalxot.

Lucero Sapalú, Emma Gómez y Mirna Alvarado, integrantes de la Red de Mujeres Periodistas de Quetzaltenango. (Fotografía por Lety Sacalxot)

Las expertas dicen que en sociedades patriarcales la sexualidad ha sido un mecanismo de control de las mujeres. “Es una estrategia que busca mantener los patrones culturales violentos y pretende silenciar a las víctimas”, sostiene Fuentes.

En el caso de las periodistas agredidas, el acoso sexual es utilizado como un recurso de poder, porque se busca controlarlas, de acuerdo con la especialista en estudios de violencia contra las mujeres, Lily Muñoz, también coordinadora del Área de Gestión de Conocimiento del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia (Ciprevi). “Quien comete el acto de violencia manda un mensaje a otras mujeres que están en la misma posición (de las periodistas) y se sabe que a cualquiera que se ponga en esa posición le puede ocurrir lo mismo”, asegura Muñoz.

En otro ámbito, la antropóloga y profesora argentina Rita Laura Segato expone, en su libro La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que la violencia de este tipo puede interpretarse desde dos ángulos. Uno es el uso instrumental de la acción, que busca un fin concreto; el otro es un uso expresivo, donde el actor de la violencia articula un discurso dirigido a su víctima y a sus pares.

Crímenes silenciados

La violencia sexual contra las periodistas, durante el ejercicio de su profesión, ocurre en todo el mundo. Pero hasta hace algunos años, poco se sabía acerca de la gravedad de estos vejámenes.

En 2011, Lara Logan, corresponsal de la cadena estadunidense CBS, en El Cairo, Egipto, fue víctima de violencia sexual durante una de las multitudinarias manifestaciones tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak. En 2000, ocurrió algo similar en Colombia. La periodista Jineth Bedoya fue atacada sexualmente cuando daba seguimiento a la acciones de grupos paramilitares en su país. La denuncia pública de su caso fue fundamental para que más periodistas colombianas, y de otros países, decidieran denunciar y sacar a luz una de las más graves violaciones en contra de las libertades de expresión, de prensa y los derechos humanos de las periodistas.

En México, tras la publicación de Cimac en 2011, el registro de los casos aumentó, y en Centroamérica, las condiciones para el ejercicio periodístico son particularmente complejas. Honduras y Guatemala tienen características que arriesgan la vida de las y los periodistas. En ese contexto,a las mujeres se les somete a métodos diferenciados, según las organizaciones Equipo Comunitario de Atención Psicosocial (Ecap) y la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

La Udefegua acompañó en 2014 el caso de una periodista hondureña que fue víctima de violencia sexual. La periodista cubría los movimientos sociales para un medio de comunicación escrito. Ángela Fuentes, responsable de la Unidad de atención a defensoras de Udefegua, dijo que la joven fue vigilada por un sujeto que supuestamente pertenecía a la sociedad civil organizada. Una vez obtuvo la confianza de la periodista, trató de acceder a información que ella manejaba. La periodista se negó y el sujeto recurrió a la violencia sexual para conseguir lo que buscaba. La víctima dejó su trabajo y familia, y debió abandonar el país porque fue perseguida después de denunciar los hechos cometidos en su contra.

La importancia de la denuncia

En los registros de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas hay cinco expedientes de mujeres periodistas que, entre 2013 y 2015, denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento sexual y toqueteos en el ejercicio de su profesión. En ninguno de los cinco expedientes registrados se acusa a los agresores por violencia sexual. El caso del agente de la SAAS, agresor de Mendoza y López, lo muestra con claridad: la Fiscalía lo acusa del delito de coacción.

Un fiscal de la referida Unidad (quien prefiere no ser identificado) expone que este tipo de agresiones no se puede investigar como acoso sexual porque no está tipificado el delito en la ley penal guatemalteca. “Los casos se van por coacción y amenazas, pero en el expediente se incluye la descripción del hecho y los detalles de la investigación”, explica el fiscal. El funcionario advirtió que si la descripción del hecho apareciera en las imputaciones, los casos se tendrían que trasladar a la Fiscalía de la Mujer, “donde se perderían”, según la citada fuente.

En un caso que se investiga por las amenazas sexuales y el hostigamiento que una periodista recibió por medio de su celular en 2014, el informe del peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que hubo violencia sexual. Reyna Nájera, fiscal encargada de la investigación, dijo que las pesquisas buscan demostrar que hubo coacción y amenazas.

El informe de Cimac revela que la situación de violencia sexual contra las reporteras en México no se evidenció durante mucho tiempo en las investigaciones sobre las agresiones que sufría la prensa en ese país. “Fuimos excluidas por omisión al no desagregar los datos por sexo, ni las formas de violencia enfrentadas”, indica en dicho documento la directora de Cimac, Lucía Lagunes.

La dificultad de las periodistas para reconocer estos casos como violencia sexual, y la renuencia a denunciarlos debido al estigma que se genera en su contra, también impiden la identificación de los casos. Asimismo, la falta de registro supone que las víctimas no accedan a atención especializada y las agresiones queden impunes, de acuerdo con el informe de Ecap.

Muñoz explica que este tipo de violencia en contra de mujeres periodistas debe ser reconocido como violencia política, porque ocurre entre dos grupos sociales, hombres y mujeres, en relaciones desiguales. “Es complicado admitir que se trata de violencia política porque por la forma en que se ha construido el problema (la violencia sexual)”, asegura. “Las mujeres podemos sentir mucha culpa y vergüenza por esos incidentes y por eso vivimos el problema como una invasión a nuestra intimidad”. Según la experta, despolitizar el acoso sexual impide que las instituciones responsables enfrenten en problema. “Dejar la discusión en el mundo privado es verlo como ajeno a las instituciones del Estado y a todos los actores del ámbito público”, indica.

En la misma línea, Martínez estima que se genera aceptación y solidaridad social si se visibiliza públicamente el problema y se “nombra la violencia” como tal. La recomendación tiene una razón de ser: los daños colaterales. “Tras las agresiones en contra de las mujeres siempre hay impactos profundos para ellas y sus familias”, afirma Martínez. Estos son impactos que la solidaridad puede ayudar a mitigar.

La invisibilidad las dejaba excluidas de la protección y la justicia, el derecho a la debida investigación y a la reparación integral”, informe de Cimac.

Efectos de la violencia

Las expertas consultadas aseguran que la violencia sexual, en todos sus niveles, es una práctica aceptada con “normalidad”, pues se cree que así deben ser las relaciones entre hombres y mujeres. Esto podría explicar porqué el gremio periodístico no cuestiona la agresión sexual que Jiménez cometió contra Mendoza y López.

Martínez indica que las víctimas y sus círculos cercanos suelen justificar las agresiones. “Culpan a la mujer y generan estigma en su contra”, afirma. Además, la concepción del ejercicio periodístico como una labor de riesgo también contribuye a que la violencia contra las mujeres periodistas sea considerada como “gajes del oficio”, según el estudio de Cimac.

Para las mujeres periodistas que fueron víctimas de violencia sexual, la denuncia implica apostar a que les crean o no, según Martínez. “Se ha puesto en tela de juicio su credibilidad, porque se le culpa y humilla públicamente”, señala. “Todo ello le provoca tensión y angustia; le genera sentimientos de impotencia, y puede llegar a paralizar su cotidianidad y el ejercicio de sus derechos”. Por eso, Fuentes explica que quien tuvo el valor de denunciar, y se siente fortalecida por sentar un precedente contra la impunidad en estos casos, necesita acompañamiento y redes de solidaridad.

Muñoz opina que se debe propiciar espacios de formación para las periodistas y crear marcos legales que contribuyan a proteger los derechos de las mujeres, para evitar que el problema siga oculto. “La violencia sexual se sigue viendo como un asunto del ámbito privado y no encontramos instrumentos legales que nos permitan mostrar cómo se da en el ámbito público y cómo cada vez pasa más”, afirma.

Las expertas consideran necesario que los medios de comunicación reconozcan que hubo agresiones y que estas afectan la labor de las periodistas, pues tienen responsabilidades con sus trabajadoras. También recomiendan que el gremio periodístico genere espacios de diálogo para identificar los momentos claves en que pueden ser víctimas de agresión, las zonas o espacios de riesgo y prepararse para emitir alertas. “Es necesario que ejerzan relaciones de solidaridad, para que documenten y ayuden a crear registros”, indica Fuentes, la experta de Udefegua, institución que ha acompañado casos de mujeres periodistas violentadas. “Es importante que se organicen y sepan cómo reaccionar”.

De las dos periodistas acosadas por el agente de la SAAS, solo Mendoza denunció el hecho formalmente en el MP. Su empleador, Canal Antigua, reportó el hecho y dio seguimiento a la denuncia por las redes sociales. López prefiere no hablar más acerca de lo ocurrido.

Un Comentario para “Acoso sexual inhibe derechos de las periodistas”

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