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El silencio y la soledad de muchas y muchos periodistas violentados en Guatemala terminan por configurar la situación de impunidad que reina a sus anchas en el país. En esta falta de acompañamiento a las y los agredidos hay una ausencia notoria: la del sector empresarial que dice acogerlas y acogerlos.

Por Ligia Flores y Evelyn Blanck

La historia de Sofía: En busca de un precedente

“Existen elementos razonables suficientes de participación del acusado en el delito de amenazas y la posibilidad de que el delito se pruebe”. Las palabras de la jueza Raquel Perdomo fueron un bálsamo para la periodista Sofía Menchú, quien meses atrás denunció al exministro de Cultura del gobierno anterior, Jerónimo Lancerio, por coacción y amenazas en su contra.

Pese a que la juzgadora consideró que el delito de coacción “no tenía cabida”, en la demanda contra Lancerio, la audiencia del 19 de junio —segunda ocasión en que la periodista enfrentó a su agresor en un juzgado—, representa una luz en la lucha en contra de la impunidad de delitos cometidos en contra de periodistas.

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) para sustentar la acusación había varios peritajes psicológicos y lingüísticos, así como testimonios que evidenciaban afección en la periodista. El exfuncionario negó las acusaciones, aduciendo que Sofía “malinterpretó” sus palabras, porque, en este país, se vive en una situación de “psicosis y delirio”. La jueza valoró los peritajes del MP y ordenó la apertura a juicio penal y público para el 14 de agosto de este año. Esta lucha que Sofía se ha propuesto librar pone a  prueba al sistema de justicia y abre la posibilidad para que el gremio periodístico se sume a la defensa de la Libertad de expresión.

Nos vemos en el “cafetecito”, Sofía…

Como es habitual en su trabajo, aquella mañana del 7 de marzo Sofía coordinó una reunión con un informante; quizá el único detalle que variaba en esta situación es que lo conocía de hacía poco tiempo. El ambiente ya estaba un tanto gris ese día, debido a las reacciones de diputados del partido oficial y otros políticos que cuestionaban públicamente a elPeriodico por las publicaciones de la periodista, las cuales evidenciaron los supuestos vínculos entre la vicepresidenta y Presidente de la República y la presunta novia del militar Byron Lima Oliva, condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, en 1998.

También hubo publicaciones de Sofía que señalaron los privilegios de Lima Oliva en el reclusorio Pavoncito y su vínculo con los funcionarios que dirigen el Sistema Penitenciario, exmilitares que estudiaron con el prisionero.

La cita con su fuente, el ex ministro de Cultura Jerónimo Lancerio, se produjo en un café muy cercano a las oficinas de elPeriódico, pues este se negó a entrevistarse con la periodista en el diario. En febrero de 2012, Lancerio fue denunciado en el MP por personeros de su ministerio, acusado de participar en una defraudación de Q200 millones de esa cartera.

El día de la cita, la charla había sido breve, pero pronto Sofía comenzó a desconfiar de las palabras de Lancerio cuando el exfuncionario comenzó a afirmar hechos que comprometían a Lima Oliva con altos funcionarios del Gobierno y lo bueno que este era, “si no se metían con él”.

Lancerio le mostró a Sofía una conversación que en ese momento sostenía mediante una sesión de chat con Lima Oliva, incluso, le propuso una entrevista con el recluso. Además, justo cuando un hombre ingresó al café, el ex funcionario le advirtió a la periodista que ese sujeto “le daba mala espina”, porque tenía la cara tatuada —según declaró Lancerio—, pues podía ser un emisario de Lima que buscaba identificarla. Eso inquietó a Sofía al punto que accedió a salir con Lancerio del café hacia el vehículo del exministro, donde este le pidió que “se encomendara a Dios”, además de advertirle que no publicara más sobre Lima, antes de dejarla en la puerta de elPeriódico.

La solidaridad del gremio, un reto

La misma semana del atemorizante encuentro, luego de que Sofía lo denunciara, una procesión de entidades y funcionarios de gobierno, así como de instancias internacionales y de derechos humanos —como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), OACNUDH, la Cicig, y algunos embajadores europeos— le dieron el espaldarazo a la periodista. Los ofrecimientos fueron tantos que la abrumaron. Incluso hubo quienes le hablaron sobre la posibilidad de abandonar el país y el mismo presidente de elPeriódico le ofreció alojamiento y una licencia para que se distanciara del trabajo —aunque luego le dijera, por medio de su secretaria, que su caso no era grave y que quizá no debería ir a juicio—.

Sofía no aceptó más que las medidas de seguridad personal y perimetrales que la PDH gestionó y decidió enfrentar a su agresor. Contrario a la avalancha de ofrecimientos para protegerla a ella y a su familia cuando recién ocurrió el hecho, meses después la periodista enfrentó las dos audiencias en las que encaró a Lancerio sin el apoyo del medio ni del gremio periodístico; de no haber sido por la presencia y asesoría de Udefegua, la presencia de un colega de elPeriódico y otros de Sala de Redacción, así como llamadas de solidaridad de algunas instituciones y colegas, el mutis habría sido absoluto.

La seguridad perimetral nunca le fue proporcionada, a pesar de que el ministro de Gobernación, Mauricio López, le ofreció personalmente ese apoyo. Todavía tiene asignados dos agentes de la Policía para que la acompañen todo el tiempo; algunas noches ha tenido que refugiarlos en su casa, irrumpiendo la intimidad de su familia. Aunque gestionó el apoyo en elPeriódico para pagar los gastos de hospedaje y alimentación de los vigilantes durante seis meses, le indicaron que se lo otorgarían por la mitad del tiempo. Un mes después, renunció al apoyo condicionado del medio que hasta ahora apenas le facilita un vehículo, cuando lo hay disponible, para que se traslade con el guardia.

El medio fue reticente también en la cobertura del caso. Apenas publicaron la nota que registró la decisión de la jueza  que ordenó abrir juicio en contra del exfuncionario, pues en un principio se justificaron diciendo que no era su política publicar notas sobre sus reporteros. Ante el reclamo y cuestionamiento de Sofía y sus colegas de redacción sobre la ausencia de apoyo, la respuesta del director fue: “El presidente (de elPeriodico) está de viaje y no podemos tomar decisiones hasta que regrese”. “Todas estas cosas me hicieron sentir mal en elPeriodico. Llegué a cuestionarme si el medio merecía que yo hiciera bien mi trabajo” dice, con evidente desencanto.

Las sombras del caso

La primera fiscalía que conoció las amenazas en contra de Sofía fue la de Narcoatividad y Delitos en contra el Medio Ambiente. La investigación, durante al menos dos semanas, intentó determinar el vínculo entre Lancerio y Lima, pero de pronto, y sin mayor detalle, trasladaron el expediente a la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, cuya responsabilidad es investigar el hecho que vulneró a la periodista en el ejercicio de su trabajo.

En esta oficina las primeras pesquisas estuvieron a cargo de la auxiliar fiscal Eluvia Pineda, quien instó a la reportera a que siguiera con el caso, pues la mayoría de víctimas de estos hechos ni si quiera alcanza a ratificar la denuncia, mucho menos se presentan a una primera audiencia. Sin embargo, repentinamente la auxiliar fue separada de la Unidad por una queja sobre procedimiento que presentara por otro medio de prensa. La separación de la fiscal tuvo su impacto, pues aunque el deber de la fiscalía es agotar todas las posibilidades para que el proceso no se judicialice, Sofía se sintió muy presionada para que desistiera de llegar a debate.

Hasta ahora, nadie investiga sobre la posible relación entre Lancerio y Lima y, si en efecto, las amenazas provenían del recluso. Quedan otras dudas alrededor de estos hechos, que solo una investigación y una acción penal eficiente podrán despejar. Entre tanto, Sofía continúa en la búsqueda de sentar un precedente para que nadie se atreva a intimidar a un periodista como lo hicieron con ella.

La historia de Yuly: Sed de justicia

A pesar de su corta edad y de sus pocos años de ejercicio profesional, la agresión padecida por Yulisa de León, como consecuencia de su ejercicio periodístico, ha transformado su vida. Originaria del barrio La Esperanza, Quetzaltenango, a los siete años de edad Yuly ya manejaba la cámara de video que su padre les envió desde Estados Unidos. Amante de la comunicación, luego de cursar el nivel básico decidió estudiar el bachillerato en dicha materia, en un colegio de Quetzaltenago. A los 17 años la reclutó el colega José Cancinos para que hiciera prácticas en la radio Tulán, donde después le ofrecieron un puesto de trabajo. Al poco tiempo, la joven ya trabajaba también para el periódico La Noticia, de Huehuetenango.

Desde el inicio, no todo fue miel sobre hojuelas. La familia de Yuly estaba disgustada con la profesión que ella había escogido, pues les preocupaba la falta de horarios y el hecho de que fuera un ámbito predominantemente masculino. Temían que fuera violentada y, por eso, le retiraron apoyos económicos. Sin embargo, la joven periodista siguió adelante. Luego de un acercamiento con Prensa Libre, que le ofrecía un trabajo, pero con un salario menor y le ponía como condición trabajar un tiempo sin salario, ella decidió tomar un puesto en Al Día e inscribirse en la universidad. Entonces dejó de reportar para la radio.

Un día como otros

El sábado 28 de julio de 2012, Yuly estaba en la universidad cuando sus colegas le avisaron sobre una captura, era, para ella, un hecho rutinario. Se dirigió a la comisaría y observó una situación confusa, no había mucha información, pues los voceros policiales estaban en San Marcos. Fue la abogada misma de Vinicio Froilán Ruiz Sarracena, el empresario capturado, quien les indicó que él manejaba negocios de gasolineras y era acusado de traer combustible mexicano sin pagar impuestos. Luego se enteraría por el vocero policíaco de que esta persona ya había sido advertida en ocasiones anteriores de que cesara esas prácticas.

De pronto, el grupo de periodistas observó al capturado ir al baño, momento que muchos aprovechan para fotografiarlo. Yuly advirtió a un colega de Noti7 sobre la oportunidad, pero él la dejó pasar. Al día siguiente, la noticia fue publicada únicamente en dos medios, uno de estos Al Día, que informó sucintamente del hecho, con declaraciones del vocero de la Policía, y publicó la fotografía de Ruiz Sarracena.

Luego de la publicación, algunos de sus compañeros le comentaron que el empresario había dado dinero a uno de los periodistas para que repartiera entre el resto, con el fin de evitar las publicaciones. Le indicaron que había periodistas molestos, porque su colega no cumplió con el encargo del empresario. “No te dijimos que había plata, porque sos muy enojada”, le expresó uno, a lo que Yuly respondió que a ella ya le pagaban por su trabajo.

Pocos días después, un oficial de la Policía, fuente regular, le contó que el empresario había llegado a la comisaría a preguntar por ella y la periodista le indicó que si preguntaba de nuevo se dirigiera a las oficinas de Al Día. Yuly notificó al medio de lo sucedido y continuó con su vida hasta un que un día, el 2 de octubre de 2012, experimentó uno de los sucesos más atemorizantes de su vida.

Ese día, Yuly había salido del trabajo a las seis de la tarde, por lo regular su padre la esperaba en la parada del bus, pero como no lo vio decidió pasar a la tienda y caminar despacito hasta su casa. De pronto observó que un sedán oscuro de cuatro puertas se detuvo unos metros delante de ella y dos hombres descendieron del mismo. Yuly se detuvo y comenzó a buscar un número de teléfono de su casa. Segundos después, el vehículo se adelantó un poco, pero los dos sujetos se dieron vuelta y comenzaron a correr hacia ella. “No se cómo pude correr tan rápido, pero lo hice. En determinado momento vi una casa en lo alto y decidí ir hacia allá, cuando calculé que no llegaba, vi unos pajonales en un barranquito, bajé y me escondí entre estos. Afortunadamente los hombres no vieron bien donde me escondí. Una vez allí, marqué en mi teléfono el número de mi compañero periodista Carlos Ventura, y llorando, muy nerviosa, le pedí que llamara a mi mamá, le contara lo que sucedía y le dijera a mi papá que fuera a traerme. Él lo hizo, estuvo todo el tiempo conmigo al teléfono, yo solo dejaba de hablarle cuando los hombres pasaban cerca de mi, buscándome. En una ocasión pasaron casi sobre mi cabeza”.

Después de un tiempo, el padre de Yuly llegó al lugar y bocinó varias veces, ella cerró los ojos y salió corriendo hacia el auto. Por fortuna, los sujetos no los alcanzaron. Cuando llegaron a su casa y ella narró lo sucedido a sus familiares, el hermano recordó haber visto ese vehículo vigilando desde hacía varios días y habérselo comunicado a la madre. Momentos después una camioneta se estacionó frente a la vivienda, por lo que familia decidió que Yuly no dormiría en casa. Esa noche, la periodista también denunció el hecho a la policía y le indicaron que debía presentarse al día siguiente a la comisaría para denunciarlo.

“La tengo que encontrar por las buenas”

Al día siguiente, después de denunciar el intento de secuestro, el agente que le informó previamente sobre la visita del empresario preguntando por ella, le comentó que este había dicho que “la tenía que encontrar por las buenas”. Yuly ya sospechaba de dónde provenía la agresión y por eso denunció el caso en la oficina del Procurador de los derechos Humanos y en el Ministerio Público. Cuando denunció en la sede policial, a Yuly le pareció curioso el hecho de que intentaran convencerla de que no pusiera la denuncia por intento de secuestro. También puso el hecho en conocimiento del medio. El editor lamentó lo sucedido y le pidió “que lo mantuviera informado”, sin más. Pocos días después, el fiscal del MP dijo a la madre de la periodista que investigarían el caso como el de un delito común.

Yuly dejó de ir al medio, a la universidad y casi no salía de su casa. La vigilancia hacia ella y su familia continuaba. En determinado momento, decidieron que la joven tenía que venir a la capital pata tramitar una visa y poder viajar fuera del país. Sin embargo, los trámites fueron infructuosos: “No me la dieron, quizá por lo joven que soy, no creyeron lo que me había sucedido”, expresa Yuly. La periodista retorna a Quetzaltenango, pero ya no se sentiría segura. La periodista seguía preguntando por su caso, pero el panorama se veía desalentador. El oficial de Policía que antes había asegurado que Ruiz Sarracena llegó a buscarla a la comisaría, se había desdicho.

Luego de varios meses de seguimientos y desestimulantes consultas sobre el avance de su caso, Yuly decidió irse de Quetzaltenango, para que dejaran de vigilar a su familia. Desde hace algunos meses ya no vive en esa localidad y la vigilancia cesó. En el ínterin, fue llamada por la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, para iniciar un proceso conciliatorio. Yuly se asustó mucho porque al llamar a proceso de conciliación al empresario, el MP reveló que ella estaba en la ciudad de Guatemala; la periodistas ya trabajaba para un medio, pero se sentía prácticamente sola.

Conciliación, pero por otra cosa

Por fortuna, el acompañamiento surgió y Yuly acordó atender la audiencia. Tenía, sin embargo, una solicitud al fiscal: que no la enfrentara con su presunto agresor. Como caso excepcional, el fiscal accedió y mientras Yuly se encontraba en el MP, el fiscal tomó la declaración del empresario. Durante todo ese tiempo, los acompañantes de la periodista, entre estos de la Udefegua, jugaban un juego del ratón y el gato, pues familiares del declarante parecían buscarla. Terminado este momento, y una vez Ruiz Sarracena se hubo retirado de la sala, a Yuly se le presentó un pliego, conteniendo una propuesta de conciliación. El empresario ofrecía una publicación en un medio disculpándose con la periodista por llegarla a buscar a la comisaría, con el fin de “solicitar una aclaración a la noticia publicada”. La periodista solicitó que se siguiera investigando el intento de secuestro, el delito principal denunciado, pues no desea que quede impune.

A la fecha, la joven no ha recibido más notificaciones del Ministerio Público, si bien por lo menos uno de sus editores le ha manifestado algún apoyo.

Dos casos, un problema generalizado

Exvicepresidente del comité vecinal de Panajachel fue condenado por los delitos de amenazas y discriminación, en contra de la periodista Lucía Escobar.

Exvicepresidente del comité vecinal de Panajachel fue condenado por los delitos de amenazas y discriminación, en contra de la periodista Lucía Escobar.

Los casos de Sofía y de Yuly tiene en común que muestran el casi nulo apoyo que las y los periodistas amenazados reciben de los medios para los cuales laboran, así como del resto del gremio periodístico. Durante 2012, la Unidad fiscal recibió más de 70 denuncias de periodistas y tres casos fueron a sentencia, lo que se considera un avance, pues las sentencias no existían.

La periodista y defensora de Derechos Humanos, Iduvina Hernández de la Asociación Seguridad en Democracia (Sedem) opina que pocos periodistas tienen claro que “son, en última instancia, trabajadoras y trabajadores (asalariados o asalariadas) en una relación contractual con un patrono (empresa, organización, entidad estatal). Como tales, los patronos tienen obligaciones derivadas de las leyes relativas a la protección a los derechos laborales, contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo (que tiene carácter tutelar) y los tratados y convenios suscritos y ratificados por el Estado en materia de derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos laborales.

Las y los periodistas tienen obligaciones contractuales derivadas de la relación laboral pero también tienen —y esto es lo más importante—, derechos. Estos van desde la situación de las remuneraciones, los horarios, las prestaciones de ley y ventajas económicas, el equipamiento adecuado, así como lo relativo a las condiciones generales de cumplimiento de la labor contratada. De manera que, si bien la esencia del ejercicio periodístico es su profundo sentido humanista, quienes lo realizan son y han de considerarse trabajadoras y trabajadores a quienes les son inherentes un conjunto de derechos que han de ser cumplidos por patrono y Estado, protegidos por el Estado y ejercidos y defendidos por las y los mismos periodistas”.

Con respecto a la situación generalizada de medios que se desentienden de las y los periodistas violentados de alguna manera, Hernández agrega que estos “incumplen como patrono en su responsabilidad de proveer condiciones de seguridad en el ejercicio del trabajo desarrollado. Si bien la agresión no es una acción directa hacia el medio (patrono), puede resultar que no se tiene conciencia de que las y los periodistas en la calle están en constante riesgo, no solo por la crisis de inseguridad generalizada sino por las características propias del trabajo que se realiza. Pero también, resulta que puede darse la circunstancia de que el medio priorice las ‘buenas relaciones’, políticas o comerciales con determinada fuente y opte por cerrar los ojos, hacer a un lado la cabeza o simplemente callarse la boca cuando un trabajador o trabajadora suya ha sido violentada en alguna forma.

Cuando los medios asumen estos comportamientos, se producen violaciones claras a las leyes laborales y a los principios esenciales del ejercicio del periodismo independiente, señala Hernández. Pero más allá que eso, ante los casos que se han dado de prohibiciones de los medios a periodistas para que no inicien procesos o intervengan en otros, al hecho de la desprotección en materia de derechos laborales los medios se convierten en cómplices de agresores y juegan un rol favorable a la impunidad, opina Hernández.

“Todo medio está moralmente obligado a acompañar a su trabajador o trabajadora que haya sufrido agresión mientras cumple con su labor. Además de proveerle condiciones de recuperación de la misma (además de la física, la emocional es también necesaria), debe igualmente apoyarle en el aspecto legal, lo que implica no solo permitirle presentar la denuncia respectiva sino de hecho acompañarle y asesorarle. ¿Por qué? Porque cuando la agresión se ha producido mientras se ejerce la labor periodística, se está en el marco de una relación contractual”, apunta. En ese ámbito ético que se desprende lo contractual es donde debe producirse la necesaria acción que refleje la independencia de los medios frente a poderes políticos, económicos o de otra naturaleza, concluye.

Junto a lo anterior, vale considerar que si hay muchos medios que se desentienden, también hay pocos periodistas que exigen y que debe darse necesariamente un proceso de empoderamiento dentro de las redacciones, para que la prensa pueda formar realmente un frente común ante las agresiones.

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