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Por Ligia Flores

El diputado maya q´eqchi´, Amilcar Pop Ac, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso y de la bancada Winaq, fue uno de los diputados que rehusó dar su voto favorable a las reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobadas recientemente. Él, junto a dos diputados más, pidió el veto presidencial en contra de las modificaciones. Las razones expuestas fueron la ausencia de beneficios para el Estado, en términos económicos; la negación de la democratización del espacio radioeléctrico, que implica privar el acceso y propiedad de los medios de comunicación a los pueblos indígenas, así como el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado. En esta conversación reconoce el nebuloso y fugaz proceso de aprobación de las modificaciones y urge la movilización social para que se demande la inconstitucionalidad de esta ley. El diputado también esboza la ruta de acción que podría emprenderse.

Usted se opuso a las modificaciones que aprobó el Congreso recientemente  a la Ley de Telecomunicaciones y también pidió al presidente que vetara las mismas ¿Cuáles son sus argumentos?

Pedí el veto, primero, porque se hace una asignación ilegal del espacio radioeléctrico que, además de frecuencias radiales y de televisión, abre un tercer escenario que son las telecomunicaciones. Esto se produce por medio de un contrato leonino, que va en contra de los intereses del Estado, pues no le trae ningún beneficio. Segundo, porque cierra posibilidades de participación democrática a otros sectores, especialmente cuando en el país nos debatimos sobre el acceso y participación en los medios de comunicación de los pueblos indígenas. Tercero, porque en la última evaluación sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en Ginebra, el Estado de Guatemala, por medio de su secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, aceptó las recomendaciones de ONU, entre las que se encuentran la necesidad de democratizar el acceso al espacio radioeléctrico, por ello, es contradictoria la política del Estado que asume un compromiso en el extranjero y después el Congreso aprueba la sesión de todos los derechos (del espectro radioeléctrico) a un círculo de empresarios. Nos parece risible, porque tenemos un presupuesto desfinanciado y  cantidad de ingresos que se desperdicia. Más allá de eso, la incapacidad de democratizar el espacio radioeléctrico.

¿Qué ocurrió en el congreso para la aprobación de la reformas? Se dice que fue una orden inmediata de la vicepresidenta.

No sé, llegó sorpresivamente, se aprobó inmediatamente por una moción privilegiada mientras pedía una copia para leerla, eso fue lo que pasó.

Hay rumores sobre compra de votos para su aprobación.

Los he escuchado, el problema es que no he visto nada. A mí nadie me ha ofrecido nada. Dicen que efectivamente se compró la ley, pero de eso no tengo información precisa.

Podríamos estar frente a un mecanismo de corrupción que deslegitima al Estado y habría responsabilidades de funcionarios y diputados, vale la pena revisar. La Ley de Acceso a la Información Pública y la ley en contra del enriquecimiento ilícito en este momento podrían ser instrumentos viables para analizar la situación. No digo que alguien sea culpable, pero creemos que este es un mecanismo donde el Estado pierde gran cantidad de recursos y esa pérdida debe tener responsables. Es pertinente aperturar las investigaciones.

¿Hacia dónde deben dirigirse esas investigaciones?

Primero contra el Congreso, porque están haciendo un contrato ilegal; segundo, instancias como la Dirección de Radiodifusión y el Ministerio de Comunicaciones, que deben definir mecanismos para advertir al Congreso sobre cómo aprovechar los recursos del Estado. Aquí hay responsabilidades por acción y omisión.

¿Qué puede hacer usted y la comisión que preside para esclarecer lo ocurrido?

Como diputado no tengo la función de investigar, como funcionario, sí tengo conocimiento de un delito, lo denuncio. El mismo día en que la aprobaron me opuse cuanto pude. ¡Qué diputado vio que un testaferro de una empresa pagó por la iniciativa y que ese diputado esté dispuesto a denunciarlo, no sé si exista! Como Comisión de Transparencia no tenemos facultades de investigación porque estaríamos usurpando las funciones del Ministerio Público.

Sin embargo, en principio estamos evaluando las acciones en contra de esta ley porque se consolidan los principios de exclusión de pueblos indígenas. La Comisión de deslegislación debería pedir la anulación de leyes en contra del interés de la nación como esta. A las organizaciones les he ofrecido mi apoyo para impulsar una iniciativa de ley para democratizar el acceso al espacio radioeléctrico, obviamente las estrategias tendrán que determinarlas ellas.

El Procurador de Derechos Humanos debiera reaccionar porque hay lesiones a los derechos fundamentales, pero principalmente hay lesiones al Estado.

Se refiere a la iniciativa 4087 o ¿habría otra propuesta?

En este momento esta es la de consenso desde las radios comunitarias y medios comunitarios, es con la que nos hemos comprometido.

¿Cree factible que la iniciativa avance en el siguiente año?

Lo veo difícil, no ha avanzado en muchos años, creo que los medios alternativos y el movimiento de radios comunitarias perdieron la oportunidad de presión social. No me canso de decir algo vergonzoso de nuestro congreso y de muchos otros en el mundo, y es que las iniciativas avanzan según la presión social o según el precio de quien las compra. El movimiento de radios comunitarias perdió una posibilidad de presión para que el Congreso no aprobara la iniciativa o que el Presidente la vetara.

Entonces, ¿el siguiente año no será propicio para que avance esa propuesta?

Propicio siempre debe ser, lo que yo no veo son las condiciones políticas.

¿Que debería suceder para que existieran estas condiciones?

Debería haber interesados que accionen y segundo creo que aún es válido el litigio en contra de esa normativa. En este momento no hay consenso en la acción del movimiento de radios comunitarias y tampoco hay definición de su acción.  Como diputado he hecho más allá del efecto de mi capacidad de legislador y no encontré eco en ningún sector de la  población. Creo que más allá de eso es irracional seguir haciendo.

¿Puede trazarse alguna línea de acción o cree que realmente se perdió  la posibilidad?

Ninguna guerra ni ninguna lucha están perdidas absolutamente. Lo inmediato es impugnar esta ley, segundo, el Estado de Guatemala aceptó en Ginebra revisar los mecanismos de acceso democrático  al espacio radioeléctrico, 14 países encabezados por Noruega le llamaron la atención; es decir, hay compromisos de Estado a nivel internacional, debería haber una agenda, el problema es quién lo hace. Si no hay actores pidientes, ¿quién lo va hacer?

¡Qué se necesita para el fortalecimiento de la sociedad civil?

Me preocupa que los actores interesados no estuvieran; en parte esa es mi molestia. Durante cuatro años, cuando fui su abogado, (fue asesor legal de Cultural Survival en 2011) logramos una gran conquista, porque la Corte de Constitucionalidad, si bien me otorgó improcedente la inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones, me dio la razón en todos los argumentos. ¿Qué están esperando? Teníamos que hacer la denuncia internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Comité contra el Racismo y la Discriminación de la ONU, se debieron hacer 100 o 200 denuncias en la Comisión Presidencial contra el Racismo. También planteé una ruta jurídica para que hubiera una sanción de la PDH, debieron haber movilizaciones, porque es fundamental, pero me dejaron solo; incluso pedí el veto al Presidente solo. Me enfrenté a un sector poderoso del país y no encontré eco.

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