La seguridad, ante todo

“En una emergencia, la peor consejera es la adrenalina”, sostiene Ricardo González, de Artículo 19, una ONG global que desde su oficina en México organiza cursos de seguridad para periodistas, que incluyen recomendaciones y prácticas sobre primeros auxilios, disminución de riesgos físicos, salud mental, formación de supervivencia y seguridad digital, entre otros aspectos.

En lo que va del año, Artículo 19 ha reunido a casi medio centenar de reporteros/as, la mayoría mexicanos, quienes han reflexionado sobre sus prácticas actuales y cómo sostenerlas o mejorarlas. No se trata de exacerbar la paranoia ni de brindar falsas sensaciones de seguridad, sino de facilitar conocimientos en pro de una adecuada labor de los periodistas, la cual es un oficio de alto riesgo, resume González.

En su conjunto, los estudios de economía política de la comunicación han supuesto una ruptura con ciertos análisis marxistas que, a partir de una aceptación no problemática del modelo base-superestrutura, entienden a los medios de comunicación como instrumentos del dominio de las clases en el poder. Esta visión reduccionista del rol de los medios de comunicación en la sociedad ha sido rebatida desde la economía política, ya que si bien se asume la importancia de la estructura económica en el funcionamiento de los medios, y especialmente la necesidad de analizarla, se ha insistido en no caer en el error de un traslado mecanicista de los efectos de los medios.

Por otra parte, los estudios de la economía política de los medios se distancian de las teorías que proclaman una excesiva autonomía de los niveles ideológicos o políticos y eliminan cualquier influencia de las relaciones económicas en el proceso de significación. Al respecto, Garnham (1990) señala: “Esta posición ha desarrollado correctamente las intuiciones de la Escuela de Frankfurt sobre la importancia de la superestructura y de la mediación pero ha prescindido de que en la época del capitalismo monopólico la superestructura se industrializa, es invadida por la estructura”. Así, aparece el reclamo de dejar de considerar a los medios de comunicación como aparatos ideológicos y se insiste en la necesidad de centrarse en su función económica.

El desarrollo de la economía política de la comunicación masiva ha estado influido por la transformación de la prensa, los medios electrónicos y las telecomunicaciones, desde modestas empresas familiares a las corporaciones multinacionales actuales. Uno de los desafíos de hoy para los estudios de la economía política es analizar cómo se organiza la producción para los nuevos mercados de la información segmentados y específicos, y cómo la comunicación participa del circuito de acumulación del capital y de las necesidades de la estructura económica basada en la rapidez del consumo (Mosco, 1996). El aumento de la capacidad de los canales de comunicación sugiere que los nuevos medios “especializados” para las cada vez más fragmentadas audiencias son una consecuencia concreta del proceso de reconversión económica.

Fragmento de “Globalización y monopolios en la comunicación en América Latina, de los editores Guillermo Mastrini y César Bolaño, páginas 16 y 17.

La ética periodística: De norma a forma de vida

Tanto los periodistas, a nivel individual, como los medios, en tanto organizaciones, están llamados a realizar constantemente estas reflexiones éticas, para fundamentar sus decisiones. La ética personal se rige por los imperativos morales de cada individuo. Hay también una ética profesional, que se desprende de esos principios y valores que deberían regir las profesiones. De otro lado, la ética organizacional/empresarial debería guiarse por unos acuerdos sobre principios y valores compartidos a partir de cómo se concibe socialmente la función del medio de comunicación, en el caso que nos atañe.
En el ámbito periodístico guatemalteco, una de las discusiones más frecuentes sobre ética es con respecto al cobro del soborno o “fafa” por parte de los periodistas. ¿Pero es éste un problema ético o es una falta a la moral? Uno de los principios del periodismo profesional, y que además se convierte en un valor, es la honestidad. Si un periodista se rige por este principio ni siquiera debería preguntarse si es válido o no cobrar un soborno.

¿Quién debería sentarse en el banquillo de los acusados?

Karla Olascoaga es una escritora y periodista peruana, quien ha residido en Panajachel desde 2007. Junto con la periodista guatemalteca Lucía Escobar, en 2011, Olascoaga denunció las amenazas, torturas y secuestros cometidos por la autodenominada Comisión Municipal de Seguridad, liderada entonces por Juan Manuel Ralón, Víctor Anleu y Teresa Coello. Por las denuncias hechas públicas, la Fiscalía Distrital de Sololá ordenó la captura de 16 de los integrantes de esa comisión.

A finales de 2011, Olascoaga recreó en un relato literario las acciones atribuidas a la Comisión, el cual presentó para concurso en un certamen literario convocado por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Pero en lugar de un reconocimiento, Olascoaga enfrenta ahora un proceso judicial por injurias y difamaciones, a pesar de que ya ha habido sentencias condenatorias contra Anleu y Ralón por lesines graves, lesiones leves y coacción. Además, Ralón fue hallado culpable de discriminación y amenazas contra Escobar.

Entre el riesgo y la desprotección

En ambientes hostiles
Los periodistas se han acostumbrado a convivir con el riesgo. Y cuando son intimidados la mayoría opta por el silencio y no acude a la Unidad de Delitos Cometidos contra Periodistas, aunque unos cuantos utilizan las redes sociales para divulgar las agresiones sufridas.

El mutis es la mejor manera para no incomodar a quienes mediante la intimidación quieren limitar el trabajo de la prensa (caciques locales y narcotraficantes, por ejemplo), justifica un reportero quezalteco que pidió no ser nombrado. Otra razón: falta de solidaridad de los medios para los cuales laboran, de las organizaciones de prensa y de otros cazanoticias.

Luis Soto: “Tengo que estar adentro, pero de una forma segura”

Respecto del arte de hacer retratos, admite que le gusta poco, pues se requiere de mucha dedicación. “Uno debe comprometerse no solo con la persona a quien se retrará, sino con el público que verá el trabajo después”. Con un gesto pícaro admite que, jugando, algunos amigos han hecho retratos suyos. “A los fotógrafos generalmente no les gusta que los retraten, a mí sí”. Después de hacer una fotografía, señala, le queda toda una historia, se considera un poco más crítico después del trabajo fotográfico que ha realizado. “¿Crees que vale la pena enfrentar todos los riesgos?”, le pregunto. Con un gesto reflexivo, responde: “Este trabajo es pura pasión, pero nos vuelve vulnerables, porque no medimos consecuencias y porque el contexto también nos vulnera. Tengo que estar adentro, pero de una forma segura”.

Me corresponde ahora platicar con él sobre esta fase riesgosa de su trabajo:

El reconocimiento legal de las radios comunitarias, cuesta arriba

Mientras se resuelve el problema legal, el aparato judicial actúa en respaldo de los intereses de la iniciativa privada. Miguel Ángel Albizures, en una columna publicada el 10 de enero del presente año en elPeriódico, y titulada “Frecuencias, un derecho”, expresa que “las sedes de radios comunitarias han sido allanadas oficiosamente y sus dirigentes perseguidos, respondiendo a intereses de los grandes empresarios de la radio, mientras en el Congreso han sido paralizadas –por las presiones de los poderosos– las iniciativas de ley que se han presentado.”

La Rue dice que la persecución legal de las personas que trabajan en las radios comunitarias es un acto realizado fuera de la ley, pues es el delito de hurto lo que se les imputa y, a su criterio, lo que procede no es una captura sino una sanción administrativa, como el cierre de la radio. A pesar de ello, insiste, esta no es un política del Ministerio Público (MP) sino independiente de los jueces que conocen los casos, y aprovecha para manifestar su completo respaldo a la fiscal general, Claudia Paz y Paz.

En pro de la unidad y acción periodística

Durante un semestre, al diplomado acudieron 30 periodistas de la capital, Sacatepéquez, Huehuetenango, Jutiapa, Quetzaltenango, Chiquimula y Chimaltenango, algunos de quienes conformaron el Proyecto Unificación 21. Los y las comunicadoras, como ha ocurrido en otras actividades de formación y actualización, coincidieron de nuevo en identificar los principales problemas por los que atraviesa el ejercicio profesional, pero también concordaron en las dificultades de abordarlos de manera dispersa.

Debido a ello, una de las primeras actividades en pro de la unidad ocurrió el 16 de diciembre en Quetzaltenango, cuando se firmó el hermanamiento de la Asociación de Prensa de Huehuetenango (Apehue), la Corporación de Periodistas del Suroccidente (Copesur), la Asociación de Prensa Quetzalteca (APQ) y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

Previsión social para periodistas, un modelo por discutir

La realidad en que opera el periodismo departamental también dificulta el cumplimiento de otro de los requisitos, ya que la movilidad laboral es muy alta. “Tampoco es suficiente para entrar acá que tengamos el cartón universitario (…). Aquí puede venir alguien con licenciatura en la mano, pero si no tiene cinco años consecutivos de ejercer periodismo y no lo demuestra con documentos, no hay manera de que pueda entrar”, indica López Quiroa. Frente a este escenario, se observa difícil cumplir cabalmente con varias condiciones “sine qua non” que exige el reglamento para que alguien sea considerado como “auténtico periodista”.

Cuando se intenta compartir las críticas y comentarios de periodistas departamentales a este modelo previsional, el actual presidente del IPSP interrumpe: “Yo no necesito que usted me diga de qué tipo son, pero me imagino que fácilmente puede ser que alguien dirá: yo voy y solicito un formulario y me tiene que aceptar porque así me lo reconoce el gobernador, el alcalde, la comunidad donde yo vivo”.