Publicado & archivado en Editorial.

Requerimientos de fiscales del Ministerio Público de Guatemala (MP) a Prensa Libre sobre material noticioso provocaron en los últimos días intensos debates y publicaciones, sobre si deben los periodistas y medios revelar sus fuentes noticiosas y sobre si deben o no colaborar durante procesos judiciales. La aclaración del MP, sobre que las actuaciones de sus fiscales fueron aisladas y no avaladas por la Fiscal general pareció zanjar el debate; sin embargo, vale la pena profundizar en algunos conceptos.

 

Uno es el de por qué periodistas y medios se niegan tan fervientemente a revelar sus fuentes de información. Para quienes no ejercen el periodismo, podría parecer que esta puede ser incluso una actitud cómplice con quienes delinquen, pero las y los periodistas sabemos que revelar de dónde proviene una información importante afecta nuestra credibilidad profesional y contribuye a que otras posibles fuentes informativas se cierren. La regla de no revelar las fuentes obedece pues a la realidad que, de hacerlo, todos comenzarían a negar la información, por miedo a verse señalados. Es un mal menor, a la par de poder dar a conocer hechos que de otra manera sería imposible saber.

 

Lo que sí es cierto es que las y los periodistas, en tanto ciudadanos, y los medios, en tanto empresas con proyección social, pueden decidir en determinado momento que sí pueden colaborar con la justicia, sin que se vea afectado el ejercicio profesional. Existen medios guatemaltecos que han prohibido a sus trabajadores colaborar con procesos judiciales. Esta es una mala práctica que afecta el derecho y el deber de todo ciudadano. En todo caso, lo que la situación amerita es una reflexión ética antes de decidir cómo proceder.

 

Lo que al parecer sucedió en el caso particular del MP fue que los fiscales solicitaban la colaboración del matutino y sus periodistas, pero mediante un procedimiento inadecuado. El caso evidencia la necesidad de capacitar a las y los funcionarios públicos en materia de libertades de expresión y de prensa, así como de procedimientos específicos para no vulnerarlas. Ojalá haya provocado esa reflexión al interno del Ministerio Público.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *