Imagen tomada de observatoriodemediosicos.wordpress.com
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Lideradas por el Observacom, varias organizaciones latinoamericanas por la defensa de la Libertad de Expresión suman esfuerzos para emprender una tarea titánica, la misma que hace más de tres décadas casi hace desaparecer a la Unesco.

Por Sala de Redacción

Luego de un trabajoso proceso de consulta de más de dos meses, doce organizaciones que trabajan por los derechos de la Comunicación desde campos de acción diversos –en cuenta el Centro Civitas –han emitido la Declaración por Pluralismo y Diversidad, gestada en Bogotá, Colombia, a mediados de noviembre de 2015.

El momento no puede ser más propicio y el panorama, más adverso. En Argentina, una de las primeras acciones del nuevo gobierno, encabezado por Mauricio Macri, fue derogar los artículos antimonopólicos de la Ley de medios y disolvió a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y a su consejo representativo. La acción es considerada ilegal, pero Macri no ha dado un paso atrás.

El presidente argentino, considerado de derechas, ha beneficiado claramente al grupo empresarial Clarín, que estuvo siempre opuesto a la ex presidenta Cristina Fernández. Este grupo multimedios no ha dejado de crecer desde el nuevo gobierno y ahora ha sido autorizado para vender servicios de telefonía celular.

En Centro América el panorama en términos de pluralismo y diversidad de medios no es mejor. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha venido concentrando canales televisivos, en sociedad con Ángel González. Ortega es propietario de nueve de los doce canales.

Solo una de estas empresas es considerada de oposición y ha denunciado ser víctima de acciones represivas en su contra. En Panamá, 2015 fue un año de altibajos, hubo derogaciones parciales de las leyes mordaza, pero la censura se vio fortalecida en otros aspectos y continúa el hostigamiento legal contra periodistas. En ese país, familias tradicionales continúan concentrando medios.

En El Salvador se produjeron diferendos por la actualización de la Ley de Telecomunicaciones, que establece la subasta pública como único mecanismo para asignar las concesiones, como ocurre en Guatemala, así como lo que muchos empresarios han interpretado como una renovación automática de concesiones a los medios ya establecidos. Esto provocó que el 27 de septiembre fueran impugnados seis artículos de dicha ley.

En Guatemala, como ha reportó Sala de Redacción, Tigo se expande y cierra canales locales de televisión por cable, en detrimento de la pluralidad informativa.

Intereses comerciales y políticos

Esta nueva oleada de atentados contra la diversidad y el pluralismo en los medios coincide con el arribo de nuevos gobiernos de derechas en el subcontinente, pero también con mayores esfuerzos por enfrentar las adversidades. Uno de estos es el encabezado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.

Durante la segunda semana de diciembre de 2015, el Observacom informó que el Relator, Edison Lanza, prepara un informe sobre cómo limitar la concentración de la propiedad de los medios, “con el objetivo de garantizar la libertad de expresión. Este será uno de los ejes prioritarios del plan de acción de la Relatoría para los próximos dos años”. La acción de la Relatoría se produjo luego de una audiencia en marzo de 2015, donde organizaciones varias denunciaran la problemática de concentración en América Latina.

Esto no significa que la tarea será fácil, pues se enfrenta a poderosos intereses comerciales y políticos. Ya en la década de 1970, después del informe “Un solo mundo, voces múltiples”, la Unesco sufrió un fuerte embate de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, que le retiraron el financiamiento, por atreverse a proponer un nuevo orden mundial de la comunicación que reflejara la diversidad de voces y el pluralismo de ideas.

Al parecer, estas ideas siempre han parecido nocivas a los poderes que, por el contrario, parecen desear imponer sus opiniones y acaparar para esto a todos los medios que les sea posible. La balanza puede ser inclinada a favor de la democracia verdadera por las acciones de la Relatoría y las organizaciones sociales, pero no cabe duda de que sería de vital importancia contar con una ciudadanía consciente de sus derechos de expresarse, tanto en lo individual como en lo colectivo, y por tanto, de acceder a los medios.

También es cierto que no puede haber democracia auténtica ni desarrollo social si solo unos pocos pueden expresarse y decidir a cuáles contenidos accederán las audiencias.

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