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Por Miguel Gónzalez

En enero de 2015 ocurrieron al menos ocho actos dirigidos a limitar la libertad de expresión, de acuerdo con datos del Ministerio Público (MP), los que superaron en siete al mismo mes del año anterior. Solo en tres hubo denuncias y posicionamientos públicos.

 

Los hechos más divulgados y con mayor cantidad de reacciones –en orden descendente– fueron el acoso al periodista Juan Luis Font (director de noticias de Canal Antigua y director de la revista ContraPoder) por parte del entorno de Manuel Baldizón, aspirante a la Presidencia de la República; el asalto y lesiones a Susana Morazán (presentadora de Azteca Guate) por desconocidos y el cierre del local de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’, de Santa Eulalia, Huehuetenango, por pobladores afines al alcalde de la localidad.

 

El primero y el tercer suceso derivaron en convocatorias a conferencias de prensa en demanda de respeto a la libertad de expresión. En ambos desempeñó un papel central el periodista y sociólogo Gustavo Berganza, columnista de ContraPoder y entrevistador en Canal Antigua, pues condujo una conferencia y acuerpó la segunda. No obstante, quienes posteriormente se sumaron a los llamados, en general, particularizaron la exigencia y no les dieron la misma importancia a ambos sucesos.

 

En la denuncia pública, el 16 de enero, Berganza leyó un comunicado donde se resume el acoso a medios y periodistas. Al acto se sumó un grupo de columnistas y parte de la redacción de ContraPoder, pero casi ningún reportero o reportera, ni siquiera quienes acudieron a la conferencia, como se constata en reportes de la cobertura.

 

En Internet hubo comentarios a favor y en contra de la conferencia. Por ejemplo, el bloguero Oscar Pineda expresó: “Entre los que se manifestaron por el derecho a la libertad de expresión estuvo Giovanni Fratti, protagonista de un supuesto incidente con Marielos Monzón en 2009, a quien intentó intimidar en medio de un restaurante con amenazas de cambiar el país a ‘sangre y plomo’. No vi a Pedro Trujillo, pero sí reconocí a Alfred Kaltschmitt y Humberto Preti, quienes junto con Trujillo, reproducen un discurso que coquetea peligrosamente con el racismo, en donde los indígenas son vilificados y tachados de terroristas desde sus columnas en Prensa Libre. Pueden ver una muestra aquí, y aquí. En primera fila aparece Gloria Álvarez, quien no es periodista ni columnista, pero quien desde su página de Facebook impulsa la idea de que los pobres son pobres porque quieren. Un poco escondido, al fondo, reconocí también a Martín Rodríguez, quien cuando fue director de Plaza Pública, censuró una columna de mi autoría”.

 

Días más tarde, el 23 de febrero, personal de Snuq’ Jolom Konob’declaró en la capital que “durante el día 19 de enero, la radio denunció la persecución de líderes comunitarios, así como también las agresiones que el Alcalde Municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango, Diego Marcos Pedro, realizó contra vecinos. Esto provocó que el 20 de enero por la madruga un grupo de personas afines al Alcalde cerraran las instalaciones de la radio, cortarán el servicio de energía eléctrica, y de forma violenta agredieron al equipo que conforma dicho medio. Cinco personas fueron golpeados”.

 

Un comunicado de denuncia fue calzado con los nombres de 15 organizaciones de la sociedad civil y medios “no corporativos”. La noticia tuvo escasa difusión en los medios masivos, contrario al caso ya descrito, pero fue bastante comentada en Facebook y Twitter en los días siguientes, pues el cierre de la radio se mantenía hasta mediados de febrero, ya con una presión pública reducida.

 

Resalta que en ambos casos hubo muestras de rechazo al acoso y se crearon redes coyunturales de solidaridad, aunque en pocas se relacionaron los dos hechos, como si la libertad de expresión solo fuera un derecho propio, pero no ajeno. Además, no trascendió el posicionamiento de académicos ni de organizaciones de prensa, lo cual habría contribuido a mantener más tiempo el debate en el espacio público.

 

En suma, la demanda de un ejercicio pleno de la libertad de expresión debería ser permanente y no sectario, pues es un derecho individual que impacta en toda la sociedad.

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