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Las semanas recientes han significado alegrías y retrocesos para quienes comprenden la importancia de la Libertad de Expresión, en tanto fundamento de la construcción de sociedades democráticas.

Alegrías porque el 9 de noviembre pasado la Corte de Constitucionalidad amparó definitivamente a la columnista Francisca Gómez Grijalva y revocó la sentencia del Juez Primero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, a quien ordenó emitir “nueva resolución que en derecho corresponde, rechazando para su trámite las diligencias de prueba anticipada y reconocimiento de documentos, promovidas por la entidad Cementos Progreso, Sociedad Anónima, en contra de Francisca Gómez Grijalva —hoy amparista— en congruencia con lo considerado en el presente fallo”.

La CC también conmina al juez a cumplir lo resuelto en un plazo máximo de cinco días, bajo la advertencia de que pagaría una multa de Q2 mil, de no hacerlo. Esta resolución es importante no solo para Gómez Grijalva, sino para todas aquellas personas que intenten ser coartadas en el uso de su Libertad de expresión por quienes defienden intereses particulares. La actuación de la CC debe ser ampliamente celebrada.

Otra buena noticia llegó la última semana de noviembre, cuando el jefe de la Unidad fiscal de delitos contra periodistas, Benito Herrera, informó que el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Marcos, José Reginaldo de la Cruz, fue condenado a tres años de prisión inconmutables por haber detenido ilegalmente durante quince minutos a los periodistas Aroldo Marroquín y Esner Gómez, cuando se dirigían a una cobertura. Sin dudas, la detención que se produjo como consecuencia de un acto de abuso de autoridad.

Esta es una sentencia histórica, que se constituye en el reconocimiento de la libertad con que deben trabajar las y los periodistas, pero además que la labor de la PNC es proteger el ejercicio periodístico, nunca coartarlo.

Lamentablemente, por esos días se produjo también una noticia triste. La columnista Gómez Grijalva perdía su espacio de opinión en Prensa Libre, junto con otros de sus colegas que claramente abogaban por derechos humanos, como Magaly Rey Rosa, Samuel Pérez, Máximo Ba Tiul, Francisco Martínez. Haroldo Shetemul recuperó su columna esta semana.

Según las primeras informaciones, el medio decidió disminuir su planilla, decisión que afectó no solo a las y los columnistas. Lo que fue notorio es que las y los despedidos eran todos de vocación democrática y que los editorialistas de defensa de los intereses empresariales y los proyectos extractivos no fueron afectados por la medida de recorte.

¿Fue este un caso de presiones económicas que obligaron a un medio a decidir erróneamente? Posiblemente la respuesta esa pregunta no llegue. El asunto es que el medio perdió en términos de pluralismo y oportunidad de debate social. Además, también quedó afectado en términos de su credibilidad porque, a pesar de que todavía integran su equipo de columnistas Marielos Monzón, Carolina Escobar Sarti y Carolina Vásquez Araya (a quien redujeron el espacio a una sola columna), es notorio el desbalance en la opinión.

En materia de Libertad de Expresión, han sido días de claroscuros y valiosos columnistas han perdido sus espacios públicos, pero de lo que no cabe duda es que los logros no pueden aplastarse y ahora la sociedad y el periodismo cuentan con estas valiosas sentencias judiciales como herramientas de defensa de la Libertad de expresión.

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