Yat Teni trabaja desde hace 15 años en el Ministerio Público
Yat Teni trabaja desde hace 15 años en el Ministerio Público

Publicado & archivado en Portada.

Por: Evelyn Blanck. Fotografía: Mirza Colindres.

De sonrisa amplia y amable, Elmer Alexnoé Yat Teni se ha mostrado ya como un agente que llegó para lograr sentencias a la Unidad fiscal de delitos contra periodistas. Este joven abogado y notario capitalino, egresado de la universidad Panamericana, cuenta ya con una maestría en Derecho notarial y está a punto de obtener otra en Derechos Humanos, en la universidad Rafael Landívar. “Realizo mi tesis sobre el valor probatorio de los peritajes en casos de violaciones a los derechos humanos, aprovechando los conocimientos que ha adquirido durante sus 15 años en el Ministerio Público”, menciona.

Desde 1998 ha ido en ascenso en esa institución, donde se ha desempeñado como oficial de fiscalía, auxiliar fiscal I y II, y agente fiscal, avances logrados por su capacidad de investigar. “En Guatemala es muy difícil lograr que la declaración testimonial sea herramienta importante en los juicios, porque mucha gente tiene miedo de declarar, de ahí la relevancia de los peritajes”.

Luego de haber logrado una sentencia en el caso de la periodista Sofía Menchú y a punto de lograr otra en el caso de “La Puya”, en este entrevista, Elmer Yat nos habla sobre su experiencia, sus visiones al frente de la Unidad de delitos contra periodistas y los fundamentos con base en los cuales investigan los casos.

Licenciado Yat, ¿con base en qué criterios se investigan los casos denunciados por periodistas?

Por mis conocimientos académicos puedo reconocer de inmediato cuál es el derecho humano que tutela la labor de los periodistas, que es el de la Libertad de Expresión. En el caso de estos profesionales hay dos ámbitos, el personal y el profesional. La Libertad de Expresión está vinculada con muchas otras libertades y derechos, a informar, a ser informados, a la cultura, a la educación, etcétera, o sea que es una libertad muy amplia, que abarca el tema de obtener información y retransmitirla o compartirla con el resto de la población. Estos son derechos tutelados por la Constitución de la República de Guatemala, no importa los soportes informativos utilizados.

¿Y qué panorama ha encontrado sobre agresiones a periodistas durante el desempeño de su función?

Yo ingresé a la fiscalía el año pasado, en marzo. Estadísticamente hablando, desde entonces a la presente fecha hay más de 100 denuncias presentadas y la mayoría son por amenazas, coacción, hurtos, robos y algunos hechos contra la vida, como los asesinatos, que son los más graves.

La mayoría de hechos denunciados son de la capital, lo cual no significa que no haya agresiones en los departamentos. De hecho, notamos que hay un aumento de las agresiones, pero no de denuncias, quizá porque los periodistas mismos se autocensuran o no confían en las autoridades.

Según las denuncias recibidas, ¿quiénes agreden más a las y los periodistas en Guatemala?

Hay muchas personas particulares que muestran incomprensión de la labor de los periodistas, pero también hay mucha autoridad, agentes policiales, municipales, alcaldes, es una gama bastante amplia del sector de funcionarios públicos que no los respetan.

Con la diferencia entre personas comunes y funcionarios públicos de que los segundos deberían bien proteger la labor periodística, ¿verdad? Licenciado, usted ha logrado sentencias al frente de esta Unidad, ¿qué esfuerzo han implicado estos logros?

Uno orienta su investigación para acreditar y probar la participación del o los responsables en cada hecho denunciado, reúne los elementos y los medios de prueba pertinentes, para inmediatamente ponerlo en conocimiento del juez. Por procedimiento, la primera fase es la de conciliación, que uno debe proponer. El procedimiento de conciliación también es una forma válida de resolución de conflictos. Por otro lado, si los medios de prueba son contundentes, los presentamos a un juez y hacemos la imputación, con la certeza de que todo lo recabado es un elemento válido, no actuamos con base en suposiciones, sino de pruebas.

La visión de la Fiscalía es que vamos con el periodista, recabamos su declaración, y acreditamos el hecho concreto con diferentes métodos de investigación. Por ejemplo, en el caso de Lucía Escobar, los peritajes para demostrar la discriminación fueron muy importantes. Luego presentamos los argumentos ante el juez, los cuales deben ser contundentes, luego el juez valora y dicta sentencia.

No solo se trata de investigar, de atender al periodista, sino de que la prueba recabada reúna todos los requisitos para ser admisible, primero, y para tener fuerza probatoria, después. Quizá en los años anteriores, en que no hubo sentencias, faltó creatividad, conocimiento y proactividad.

La última sentencia lograda es por el caso “La Puya”.

Con respecto a la conciliación, periodistas han manifestado que se sienten empujados por la Unidad fiscal para resolver los casos por esa vía.

Eso está contemplado dentro de los principios del proceso penal, previo a iniciar un proceso es importante determinar la viabilidad de una posible conciliación, si esta no prospera, entonces se pasa a la siguiente fase. La conciliación es una forma de resolver los conflictos entre las personas, no la única, también están entre otros el criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, así como el proceso común en el que se agotan todas las fases.

Se insiste en la conciliación cuando los medios de prueba acreditan que una parte tiene tanta razón como la otra, caso contrario, si hay pruebas contundentes se debe llevar ante juez. Inclusive las conciliación no se queda como un acuerdo mutuo entre las partes en el Ministerio Público, sino que se hace del conocimiento de un juez, quien determina si es válida o no, si hubo presiones y si el caso debe ir a juicio porque hay un delito y pruebas suficientes. A veces puede darse una conciliación con un criterio de oportunidad, donde se advierte al denunciado que por esta vez no se abrirá proceso, pero si reincide, se le reencausará por ambos delitos.

De los casos en los que han logrado sentencia, ¿cuál les representó un mayor esfuerzo?

El año pasado se lograron tres sentencias, una por lesiones a un periodista de canal 3; otro el de Lucia Escobar, por amenazas y discriminación, y otro por coacción. El segundo demandó más esfuerzo, por lo complejo que resulta probar el delito de discriminación, aparte del hecho de que la persona investigada pertenecía al comité de seguridad de Panajachel y fue muy difícil hacer la investigación de campo en el lugar que ellos controlaban, fue riesgoso, porque de una u otra forma ellos obtenían información inmediata de quién andaba investigando o haciendo averiguaciones sobre ellos.

¿Cuentan los fiscales con medidas de seguridad al investigar casos como éste?

Normalmente nos auxiliamos de la Policía Nacional Civil (PNC) en alguna fase de investigación, como los allanamientos, pero cuando realizamos la investigación de campo, hacemos las entrevistas, planimetrías u otras diligencias de investigación de campo, el personal de la Fiscalía está solo, a veces en compañía del agraviado o de personal de otras unidades, como la de escena del crimen. Pero seguridad de la policía no hay, la PNC siempre aduce que no cuenta con los recursos para brindarla.

Esto muestra un panorama de riesgo, porque, como usted mencionó, muchas de las personas señaladas son autoridades, que controlan territorio…

Sí, inclusive compañeros que han sufrido intimidaciones las hacen constar en actas que son incorporadas a los expedientes. Solo se hacen estas razones de forma precautoria, porque no se puede tener la certeza de que haya un seguimiento pleno al auxiliar fiscal, muchas veces no se trasciende a un hecho delictivo pleno. Eso sí, si el caso lo amerita, también se presentan denuncias.

Además de los problemas de garantías de seguridad durante las investigaciones de campo, ¿qué otros enfrentan para cumplir su labor?

Considero que uno de los principales es la falta de tipos penales para encuadrar las agresiones a la Libertad de Expresión. Los únicos que usamos son la coacción y la amenaza y no hay otros que respondan a la magnitud de violaciones que se enmarcan en este derecho. Dos, está la falta de personal para cubrir le territorio nacional, porque la misma atención debería dársele a un periodista capitalino que a uno departamental. Sin embargo, por factor tiempo y recursos, ni ellos ni nosotros podemos en ocasiones desplazarnos y eso es bastante complicado de superar. Otro problema es que la labor del periodista es bastante riesgosa, están expuestos a diario a las agresiones, lo cual se suma a que la información es vedada por muchas instituciones públicas. Si los periodistas se atrevieran a presentar la cantidad de denuncias por los hechos que realmente se producen, una fiscalía tan pequeña no se daría abasto. Y lo malo es que por falta de acción las agresiones se vuelven costumbre.

¿Y en términos de recursos y equipamiento?

La ventaja de esta Unidad fiscal es que pertenece a la Fiscalía de Derechos Humanos y en coordinación con la jefatura podemos obtener más personal. Eso sí, solo apoya en el momento de la mejor manera como lo considere, pero cuando ya llega a la mesa del auxiliar, su trabajo se pone a prueba. En muchas fiscalías no le dan la prioridad ni la atención debida a un caso de agresión contra periodistas, como sí se la podemos dar acá, porque ése es nuestro mandato y sabemos cuáles son las diligencias que debemos practicar. En muchos casos, en otras fiscalías solo encausan los expedientes por agresiones a Derechos Humanos como faltas, no como delitos.

Cambiando de tema, las últimas sentencias, la de la periodista Sofía Menchú y la de “la Puya”, han sido logradas mediante procedimiento abreviado, donde los señalados reconocen su responsabilidad, pero en realidad no hay cumplimiento de penas. Hay quienes señalan que esto es también impunidad.

El Ministerio Público se rige mediante varios principios, de la objetividad, imparcialidad, apego a la legalidad, el de inocencia, etcétera, es el ente encargado de investigar pero no puede ensañarse en contra de una persona señalada como victimario, no puede declararla culpable a priori o perseguirla sin motivos. En segundo, es necesario considerar que hay procedimientos válidos según los tiempos de duración de las sentencias y uno de los problemas en el caso de los tipos de delitos que usamos es que los tiempos de sentencia son breves. Por ejemplo, en el caso de amenazas es de seis meses a tres años. Si una sentencia pasara de cinco años, el sentenciado iría la cárcel. Entonces, valorando los principios procesales, es muy difícil que se acepte el encarcelamiento de una persona por delitos con los que trabajamos. Es importante considerar que estas decisiones no son antojadizas, son considerados la peligrosidad o los antecedente de la persona sindicada. Entonces el sistema reacciona favorablemente cuando hay personas que admiten los hechos y solicitan sentencias sin tener que pasar por todas las fases de un juicio.

En un juicio común, todo se origina en una denuncia, luego se realiza la investigación, el caso se liga a proceso, se va a la fase de debate y luego a la de sentencia; en un procedimiento abreviado se recibe la denuncia, se inicia la fase de investigación y es acá donde la persona acusada admite su culpabilidad, manifiesta que no desea ir a debate y pide sentencia, sin ir a debate. Y repito, esto se hace considerando los antecedentes de las personas y características de las penas.

Sí, en el caso de Gerónimo Lancerio, el ex ministro no tenía antecedentes ni había otros agravantes, ¿verdad?

Ajá, entonces si una persona acepta su culpa y no hay agravantes, puede proponer su pena, pero el Ministerio Público tampoco dice: “Ah vaya, ya está arreglado todo y fin de la historia”. Esta petición se presenta ante juez y este es quien la acepta o no, porque también puede decir: “Vámonos a debate”. En la mayoría de casos los jueces acceden por la economía procesal, por la celeridad, porque hay casos más graves y la lógica es que si vamos a pasar toda la fase de debate para lograr la misma sentencia, entonces el procedimiento abreviado es bienvenido.

Lo que siento que ha causado cierta molestia es la suspensión provisional de la pena. Si una pena no pasa de cierto tiempo, dos o tres años, puede acudirse a esta figura. Lo normal para cumplir la sentencia sería que una persona se va 6 meses a la cárcel, esta norma procesal nos dice que el sentenciado puede salir beneficiado con la suspensión condicional de una pena de seis meses,  pero si comete un delito en el plazo de dos años, queda obligado a cumplir la pena. Es decir que el cumplimiento de la pena queda suspendido hasta que venza el segundo año y durante ese plazo el sindicado debe mostrar buen conducta.

Con respecto a otros problemas observados, mencionaba usted en plática anterior que ha tenido algunas dificultades para lograr que la PNC atienda las solicitudes de seguridad de periodistas.

Resulta complicado medir el cumplimiento y la efectividad de la protección a periodistas. Normalmente estos profesionales no solicitan protección personal sino perimetral, que lo incluye a él, sus bienes y su familia, lo cual resulta muy difícil, porque el periodista se mueve por distintos puntos. Con respecto a la seguridad personal, en el caso de periodistas también  es muy complicado, porque hay reglas y normas que deben ser observadas para una protección efectiva, como las de no exponerse en lugares de riesgo, zonas rojas, no pueden andar en bus, ni el periodista ni su seguridad, porque el policía está armado y eso en lugares inseguros puede atraer riesgos hacia quienes protege. Entonces, si el periodista cubrirá manifestaciones, hechos violentos, el agente le dirá que no puede acompañarlo. Aparte de eso, la persona protegida asume las obligaciones de contar con un espacio físico para ubicar al agente durante el día y la noche, así como de alimentarlo.

Pero creo que uno de los problemas principales para nosotros es la discrecionalidad de la PNC para decidir a quién le brinda o no seguridad. Muchos pueden decir así nomás que el riesgo de una persona es leve y no la necesita, no hay criterios uniformados. En el caso de un periodista en Jutiapa, reiteramos varias veces la solicitud de seguridad para este persona, víctima de un hecho previo, pero ellos evaluaron y consideraron que no era apto para gozar en definitiva de ese beneficio. Como la solicitamos de manera provisional, se la otorgaron solo ciertos días, luego se la quitaron, y esta persona que colabora dentro del proceso de investigación y quedó prácticamente desprotegida. Nosotros, como fiscalía, también quedamos en una posición de: “¿Y ahora qué hago con mi testigo? Creemos necesario terminar con esa discrecionalidad, desarrollar criterios, estandarizar.

Finalmente, licenciado Yat, ¿puede usted formular algunos consejos en materia de prevención para los periodistas lectores?

Primero, es muy importante conocer a qué se enfrentan cuando trabajan, en qué están incursionando. Segundo, si sufren algún tipo de agresión,  deben presentar su denuncia en cualquiera de las instituciones estatales, PNC, Procurador de los Derechos Humanos, solicitando que su caso sea trasladado de inmediato a la Unidad fiscal de delitos contra periodistas, porque de esta manera las instituciones quedan obligadas a hacerlo. La labor del periodista es loable, valiosa para la población, arriesga todos los días su vida y su integridad física y lo menos que podemos hacer es apoyarlos.

Un Comentario para “El fiscal que comenzó a lograr sentencias”

  1. lucas

    excelente entrevista, es muy importante ver lo que el fiscal a logrado en tan poco tiempo a cargo de la Unidad Fiscal, es evidente que laborar durante 15 años en el Ministerio Público le han brindado experiencia suficiente para poder llegar a conseguir dichas sentencias en caso de agresiones a periodistas, que segun lei en la entrevista es primera vez que se logran , ademas es interesante ver el excelente enfoque que tiene el fiscal con relación a los derechos humanos, lo invito a seguir adelante con su carrera y la gran labor que ha realizado, en un pais donde la mayoria de veces el trabajo de los guatemaltecis exitos no es reconocido.

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