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El acceso a las frecuencias radiofónicas es un derecho que se ha vedado a los pueblos indígenas y a otros grupos de la sociedad, por intereses sectarios acompañados de la falta de voluntad política. Estos han impedido la aprobación de una ley que regule estas frecuencias no de forma comercial, sino democrática.

Por Paula Flores

El panorama se complica cuando, en las organizaciones que luchan por este derecho, surgen diversos problemas derivados de distintos objetivos o enfoques. Pero lo gravísimo es que en el Congreso se admita que solo se actuará si los empresarios privados lo solicitan.

El vacío legal

El problema de alrededor las radios comunitarias no es reciente en este país. Sin embargo, es necesario remontarse a la firma de los Acuerdos de Paz para establecer el parámetro temporal más relevante. Dichos acuerdos, una docena en su totalidad, fueron suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), entre 1991 y 1996, para poner fin a un conflicto armado que se prolongó durante 36 años. Uno de ellos, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, establece que es necesario reformar la legislación para que se garantice el acceso de los pueblos mayas, garífuna y xinka a los medios de comunicación.

Es por tal motivo que, desde aquella histórica fecha, han sido cuatro los proyectos de ley presentados al Congreso de la República con relación a este tema. El más reciente, la iniciativa de ley 4087, presentado por el diputado Marvin Orellana López y conocido por el pleno el 20 de agosto de 2009. Este no ha sido aprobado y pareciera que no es prioridad en la agenda del Legislativo.

Actualmente, es la Ley de Telecomunicaciones la que norma el acceso y distribución de las frecuencias radiofónicas. Esta última se realiza a través del criterio único de la subasta lo que es, a juicio de las organizaciones sociales, un mecanismo excluyente. Además, esta ley recoge únicamente las categorías de frecuencias reguladas, para radios privadas o comerciales; frecuencias reservadas para el Estado y frecuencias para radioaficionados.

Ante este problema, la anteriormente mencionada iniciativa de ley 4087, o de medios de comunicación comunitaria, expresa que “a falta de una regulación de acceso a las frecuencias radioeléctricas con principios de justicia y equidad, se mantiene al margen de la legalidad a las radios comunitarias que se dedican a hacer educación y comunicación en los pueblos mayas, garífuna, xinka, ladino y otros sectores excluidos”.

¿Qué es una radio comunitaria?

En su Manual Urgente para Radialistas Apasionados, José Ignacio López Vigil menciona que una radio comunitaria es aquella que promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, que estimula la diversidad cultural y no la homogeneización mercantil, que no se somete a la lógica del dinero ni de la propaganda de las emisoras que así se denominan. Asimismo, sostiene que este tipo de radios pueden captar publicidad comercial y transmitirla. Respecto del aspecto espacial, dice que estas radios no se definen por los territorios que se cubren sino por los intereses que se apuestan.

La iniciativa de ley sobre de medios de comunicación comunitaria dice que “se entiende por ‘Servicio de Medios de Comunicación Comunitaria’ el servicio de radio y televisión no estatal de interés público generado por organizaciones, asociaciones o instituciones civiles y cualquier otra forma de organización consuetudinaria de los pueblos mayas, ladinos, xinkas y garífunas, todas con carácter no lucrativo y finalidades educativas, culturales, populares, que estén al servicio y que trabajen para el desarrollo de los diferentes sectores que conforman una comunidad de carácter territorial, etnolingüístico u otra, con intereses, retos compartidos y preocupaciones comunes, para mejorar la calidad de vida de sus congéneres y así encontrar un estado de bienestar para todos sus integrantes”.

Con esta misma lógica se pronuncian Amalia Jiménez, socia individual de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y Víctor Hugo Herrera, director ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER). Ambos coinciden en señalar que las radios comunitarias son organizaciones culturales, democráticas y educativas que buscan el desarrollo integral para determinados grupos de personas, que no necesariamente tienen que estar circunscritos a un espacio geográfico delimitado. Asimismo, están de acuerdo con que el hecho de que una radio comunitaria no sea lucrativa no significa que no pueda tener publicidad, pues es necesario que cuente con los medios económicos necesarios para mantenerse y fortalecerse.

Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, indica que el concepto de radios comunitarias no es un invento reciente; es una recomendación de las Naciones Unidas que surge del principio de diversidad de medios y pluralismo de ideas. Es decir, que los medios de comunicación no deben estar en manos de monopolios ni oligopolios, como sucede en el caso de la televisión y radio de Guatemala, respectivamente.

Intereses y falta de voluntad política

Al ser consultado respecto de la acción congresil en la materia, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso, Gustavo Medrano, mencionó en un primer momento que la iniciativa de ley nunca había llegado a su comisión, solo a la de Pueblos Indígenas. Luego de hacer una llamada, en teoría para confirmar lo aseverado, debió retractarse y reconocer que su comisión sí había recibido dicha iniciativa pero que nunca se había pronunciado al respecto. Sin embargo, dijo, la Gremial de Telecomunicadores de la Cámara de Industria, “que es la más interesada en el tema”, les ha solicitado que únicamente se hagan enmiendas a la Ley de Telecomunicaciones vigente, es decir que no consideran necesaria la aprobación de una nueva ley.

También mencionó que es prioritario que se establezca legalmente qué es una radio comunitaria y que, incluso, estas deben de tener privilegio sobre las señales, pero su alcance tendrá que estar limitado geográficamente por municipio o departamento. Al igual que la iniciativa privada, sostiene que sería competencia desleal que las radios comunitarias reproduzcan anuncios comerciales en su programación. A su parecer, estas deben sostenerse con el apoyo de la comunidad municipal, nacional e internacional.

Mientras se resuelve el problema legal, el aparato judicial actúa en respaldo de los intereses de la iniciativa privada. Miguel Ángel Albizures, en una columna publicada el 10 de enero del presente año en elPeriódico, y titulada “Frecuencias, un derecho”, expresa que “las sedes de radios comunitarias han sido allanadas oficiosamente y sus dirigentes perseguidos, respondiendo a intereses de los grandes empresarios de la radio, mientras en el Congreso han sido paralizadas –por las presiones de los poderosos– las iniciativas de ley que se han presentado.”

La Rue dice que la persecución legal de las personas que trabajan en las radios comunitarias es un acto realizado fuera de la ley, pues es el delito de hurto lo que se les imputa y, a su criterio, lo que procede no es una captura sino una sanción administrativa, como el cierre de la radio. A pesar de ello, insiste, esta no es un política del Ministerio Público (MP) sino independiente de los jueces que conocen los casos, y aprovecha para manifestar su completo respaldo a la fiscal general, Claudia Paz y Paz.

La Fiscalía de Delitos cometidos por el Uso Ilegal de Frecuencias Radioeléctricas del Ministerio Público, que es la unidad encargada de investigar las denuncias presentadas por la instalación de radios que operan sin cumplir con los requisitos que establece la ley, indica que la Constitución República determina que las frecuencias radioeléctricas son bienes del Estado, pero este tiene la facultad de cederlas a personas o entidades privadas a través de la figura del usufructo. De ahí, señalan, que la utilización ilegal de frecuencias sea perseguida como hurto. El Código Procesal Penal, en su artículo 24, numeral 5, establece que el hurto será perseguible a instancia pública cuando sea cometido contra bienes del Estado.

Ante esta Fiscalía, en 2011 se presentaron 33 denuncias, la mayoría de estas por medio de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Radio y Televisión Nacional, aunque también las hubo de personas particulares. Hasta la fecha, 11 personas han sido procesadas por este delito, cinco sin sentencia y seis con sentencia.

Agrega la Fiscalía que el principal obstáculo y reto al que se enfrenta es determinar quién o quiénes han cometido el delito, ya que en ocasiones se tiene conocimiento del hecho pero no existen las evidencias suficientes para establecer la responsabilidad del mismo.

Junto a las capturas, se ha incrementado la campaña radiofónica de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, la cual lanza constantemente spots alegando que las radios ilegales, o piratas según les llaman, infringen la ley y violan el estado de Derecho.

Amalia Jiménez sostiene que estas son “campañas negras, infames y de carácter feudal”, cuyo propósito es criminalizar a las comunidades que buscan hacerse escuchar. A decir de Víctor Hugo Herrera, el problema surge cuando las radios que no poseen una frecuencia autorizada (sean estas o no comunitarias) interfieren con la señal de las radios que sí la tienen.

Jiménez y Herrera nuevamente coinciden en señalar que el hecho de que Érick Archila, ministro de Energía y Minas, sea socio de la empresa Red de Estaciones Unidas, una de las sociedades que integran el grupo Emisoras Unidas, dificulta aún más que la Iniciativa de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria sea aprobada, extremo que el diputado Medrano niega rotundamente.

Pero el problema, en realidad, es más complejo. El movimiento de radios comunitarias se ha visto afectado, con el pasar del tiempo, no solo por la falta de voluntad política de los funcionarios públicos y el poder que manejan los dueños de los medios de comunicación privados en el país. También en su interior se han visto afectados por malos liderazgos que han perdido el objetivo principal de su lucha.

Jiménez comenta que varias radios que trabajaron anteriormente con AMARC se retiraron de la organización, luego de haber conseguido su apoyo, para lucrar en nombre de ella. Debido a esto, actualmente solo trabajan a manera de afiliación directa con las radios y no por medio de coordinadoras. Herrera, a su vez, comenta que rápidamente se evidenció en los liderazgos la lucha de intereses económicos, religiosos y políticos que han entorpecido el proceso. El asunto se tiñó de intereses personales que dejaron muy de lejos el genuino proyecto comunitario.

¿Qué se espera?

Ya planteado el panorama actual de esta situación, Herrera considera muy difícil que se llegue a una solución de raíz, no superflua como lo han estado intentando los gobiernos anteriores. Identifica tres problemas principales que entorpecen este proceso: la falta de interés de este gobierno en el tema, el poder aumentado de los medios privados y el liderazgo perdido de las radios comunitarias. Por el momento, sostiene que, como organización, no desean reconocerse ni que se les vincule como radios comunitarias, aunque sí participarán en las discusiones a las que sean invitados.

Por su parte, el diputado Medrano reconoce que en su comisión se abordará el tema solo si la Gremial de Telecomunicadores se los solicita nuevamente, aunque es claro al afirmar que el problema puede ser solucionado si se modifica el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, lo cual no le correspondería al Congreso de la República sino al Organismo Ejecutivo.

Jiménez ve con desaliento lo que pueda suceder a futuro. Las alianzas entre los poderes mediáticos, políticos y empresariales son, a su parecer, el mal que aqueja a esta sociedad. Como ejemplo, comenta que en la última convocatoria de la Mesa Plural de Desarrollo se presentó el proyecto de ley 4087 para que la junta directiva de este Congreso la tuviera en cuenta. Sin embargo, no asistieron los principales invitados y quien los atendió fue uno de los últimos de la lista jerárquica. Ante más de 250 personas indígenas el vocal VII, según recuerda, al recibir el petitorio, manifestó que las autoridades están “preocupadas por los pueblos indígenas”.

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