Imagen: Sala de Redacción.
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Por: Ligia Flores.

Gráfica: Ligia Flores.Guatemala es considerada una “zona roja”, para ejercer el periodismo, según la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras. Durante el último quinquenio ha crecido el número de ataques a la prensa en el país, de acuerdo con la información proporcionada por la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP). Esta permite identificar los años 2013 y 2015 como los más violentos, según consta en esta tabla:

La información recogida por el MP en 2014 y lo que va de 2015 muestra que Guatemala y Suchitepéquez son los departamentos con mayor incidencia de agresiones contra periodistas, hombres y mujeres (ver mapa). Los principales agresores son funcionarios, particularmente agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El MP corroboró que en 2014 los atacantes fueron policías en siete casos, mientras que en 2015 han sido sindicados 12. En total, hay 33 denuncias que involucran a servidores públicos como agresores de periodistas. Según estos datos, la mayoría de quienes agreden son hombres.

Las amenazas y coacción fueron los principales delitos cometidos en 2014, en tanto que hasta octubre de 2015 se incrementó la frecuencia de ambos delitos y se encontró la comisión de otros como el abuso de autoridad. En siete de cada diez casos, policías nacionales civiles han sido acusados por este delito. Otros funcionarios públicos acusados de agredir a periodistas en 2015 son alcaldes, guardias del Sistema Penitenciario, agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), guardias del Organismo Judicial, policías municipales, diputados (Patriota-Líder) y fiscales del MP.

El registro del Centro Civitas

A principios del 2015 el Centro Civitas comenzó a registrar casos de agresiones contra periodistas; a la fecha ha podido documentar más de un centenar de ataques a la prensa. Datos preliminares dan cuenta de que Guatemala y Quetzaltenango encabezan los departamentos con más casos de agresiones: 47 y 12 casos, respectivamente. Les siguen Suchitepéquez, en tercer lugar, así como Chiquimula y Petén, cinco casos cada uno, e Izabal, con cuatro.

La mayor cantidad de ataques (18) se produjo en Septiembre. Durante cada uno de los meses de junio, julio y agosto se registraron 14 casos. Otro de los meses con número alto fue abril, con 12 episodios, en tanto que en febrero y marzo se produjeron 10, en cada uno; en el resto de los meses hubo entre uno y siete ataques. Con relación a las agresiones por género, los datos de Civitas muestran que hubo 31 hechos violentos contra mujeres y 82 contra hombres.

De los más de cien periodistas atacados, 46 dijeron tener una relación laboral por honorarios, es decir, carecen de prestaciones de ley. Apenas 26 afirmaron que su relación de trabajo es asalariada. En relación a la disposición constitucional que obliga a los medios de comunicación a ofrecer seguros de vida a sus trabajadores, 71 periodistas dijeron carecer de seguros de vida y médico.

La información preliminar del Centro Civitas muestra que la mayor cantidad de hechos violentos contra periodistas –al menos 40 – evidencian el irrespeto a las libertades de Expresión, Prensa y Opinión, así como de Acceso a la información. En este recuento específico también se puede observar que 18 de los ataques a las y los periodistas están relacionados con el proceso electoral.

Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), explica que en época electoral “suele mostrarse menos apertura a los periodistas críticos ante la administración pública, particularmente en el ámbito local”. Durante el recién pasado proceso electoral, la Udefegua identificó agresiones contra defensores de Derechos Humanos –incluidos periodistas –, provocados porque grupos partidarios de políticos “salieron a defender a sus líderes, ante las denuncias de corrupción”.

De los casos registrados por Civitas, al menos 31 no llegaron a la Unidad de Delitos contra periodistas del MP, ya sea porque los periodistas no confían en el sistema de justicia o porque los casos son denunciados en juzgados de paz, fiscalías distritales o en las delegaciones departamentales de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), sin que estas entidades los trasladan a la unidad especializada. Prueba de ello es que el MP solo registró 3 casos en Quetzaltenango en lo que va del año, en tanto que Civitas documentó 12.

Del total de casos registrados por Civitas, 82 fueron denunciados a diferentes instancias del sistema de justicia, entre MP, PDH, PNC y OJ. De ese total, 74 fueron conocidas por el ente encargado de la persecución penal.

El hecho de que los casos no sean remitidos a la Unidad fiscal especializada dificulta enormemente el recuento de todos los casos denunciados ante el Estado, así como el análisis mismo del fenómeno.

Durante el año electoral

El incremento de violencia contra periodistas en contextos electorales es un patrón mundial, según estudios de organizaciones como Artículo 19 y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En Guatemala, según información de la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público de Guatemala, periodistas y comunicadores reportaron pocos casos de agresión relacionados directamente con el proceso electoral.

Herrera indica que hasta octubre de 2015, el MP recibió cuatro denuncias en las que se sindica a un candidato presidencial, uno vicepresidencial, dos guardaespaldas de candidatos a alcaldes y otro de un alcalde que buscaba su reelección. También quedó registrada una acusación señalando a simpatizantes del partido Líder.

Durante la primera vuelta electoral se reportaron dos agresiones a periodistas, una en Jalapa, contra un reportero de un medio local a quien un guardaespaldas del alcalde quitó y rompió la cámara. También en San José del Golfo, Guatemala, donde un agente de la policía detuvo y engrilletó adentro de una comisaría a una periodista comunitaria, quien documentaba la detención de dos líderes comunitarios. El agente, quien no ofreció a la periodista explicaciones sobre su proceder, también le quitó la cámara y borró las imágenes que contenía.

El MP indica que no recibió denuncias de agresiones a periodistas durante el balotaje del 25 de octubre. Sin embargo, en redes sociales y durante la emisión de noticieros de televisión, al menos siete periodistas, seis hombres y una mujer, denunciaron haber sido coartados por agentes de la PNC e integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en Sololá, Huehuetenango, Jutiapa, Baja Verapaz y Guatemala. Según los afectados, no denunciaron formalmente ante el MP, porque las agresiones “no fueron de alto impacto”.

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Unos con más riesgos que otros

La violencia estatal, la económica, la criminalización, así como ser periodista comunitario o departamental, sumado a la condición etaria, étnica y de género, son los principales factores que hacen vulnerables a quien ejerce el periodismo en Guatemala, según el informe “Cuerpos agredidos, vidas vulneradas, sociedad silenciada”, publicado recientemente por el Centro Civitas.

Los periodistas comunitarios o departamentales son quienes trabajan en condiciones de mayor inseguridad, porque no tienen garantías ni protección por parte de sus patronos ni del Estado. La investigación señala que la flexibilización laboral es un factor que vulnera al gremio, porque las empresas tampoco cumplen con la disposición constitucional de otorgar seguros de vida a sus trabajadores.

Por ejemplo, el 24 de julio de 2015, los corresponsales Carlos Ventura, de Prensa Libre y Bayron Bravo, de Nuestro Diario, fueron agredidos por una turba mientras cubrían un operativo de la Policía en la Terminal de Quetzaltenango. Ventura sufrió lesiones en la cabeza que ameritaron suturas y Bravo fue víctima de intento de linchamiento. Ninguna de las empresas pagaba seguro de vida ni de gastos médicos a los reporteros.

El informe agrega que a los periodistas también se les violenta por denunciar corrupción y malos manejos de fondos públicos por parte de las autoridades locales o, por ejemplo, porque se publica información que afecta los intereses de las empresas extractivas.

En noviembre de 2012, el exteniente Pablo Silas Orozco Fuentes y Juan José Reyes Carrera, trabajadores de la mina El Tambor, intimidaron a cinco periodistas que cubrían un desalojo de la resistencia La Puya –opuesta a la explotación minera –, en San José del Golfo. En 2013, un juzgado los declaró culpables de los delitos de amenazas y coacción.

En 2013, el Gobierno anunció la creación del Programa de Protección a Periodistas, denominado ahora Sistema de Protección a periodistas, no institucionalizado a la fecha. “Se les agrede porque no hay protección y sí altos niveles de impunidad (96% de los casos denunciados no han encontrado aún conclusión del proceso)”, afirma la socióloga Silvia Trujillo, quien coordinó la elaboración del informe.

En Guatemala, de 2013 a la fecha, han sido asesinados siete periodistas, cuatro en Suchitepéquez, dos en Jutiapa y uno en Zacapa, cuyos crímenes todavía no han sido resueltos. “Otro factor que se suma al problema de la impunidad (…) es el poco personal y la presencia suficiente para investigar hechos (…) y mucho menos existe la capacidad institucional para concluir procesos penales y castigar a quienes comenten agresiones”, expone Trujillo.

Ser periodista mujer

Otro de los factores señalados en el reporte es el de género. Las periodistas y comunicadoras sociales están expuestas a situaciones de violencia por esta condición, además de las agresiones que las vulneran en su ejercicio profesional. “Persisten patrones sexistas que las ubican aun en roles estereotipados y el propio hecho de ser periodista es interpretado en algunos espacios como una situación que rompe con lo asignado y que, por tanto, debe ser castigado”, refiere el informe de Civitas.

Imagen: Sala de Redacción.Según datos presentados por la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del MP, Guatemala y Suchitepéquez concentran las 24 denuncias de violencia contra mujeres periodistas en lo que va de 2015; de éstas, cuatro integraban un equipo y las otras veinte trabajaban de manera individual.

Otro de los problemas que afecta a las mujeres en el periodismo es el acoso sexual, ya sea de parte de las fuentes informativas o de sus propios compañeros de trabajo, indica el estudio. En junio de 2015, el agente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Rodolfo Jiménez, acosó a la periodista de Canal Antigua, Michell Mendoza, quien denunció la agresión al Ministerio Público. La fiscalía investiga a Jiménez por el delito de coacción. A la fecha, no hay registro de otras denuncias por violencia sexual contra mujeres periodistas.

En lo que va de 2015, los principales delitos cometidos contra las mujeres en el ejercicio de su profesión fueron las amenazas y la coacción, el MP no cuenta con información de años anteriores al respecto. También fueron registradas denuncias por abuso de autoridad, discriminación y robo agravado, entre otras. En la mayoría de casos no se ha establecido la identidad de los agresores. De los que sí han sido identificados se menciona a cinco particulares, dos periodistas, un candidato presidencial, un diputado del partido Líder, un guardia del Sistema Penitenciario y un agente de la PNC.

Un reto pendiente

A pesar de que en la legislación del país se reconoce la libertad de prensa, el Estado no desarrolla acciones para garantizarla, según varias organizaciones que velan por la Libertad de Expresión y de Prensa en el mundo. Por eso, garantizar la seguridad del gremio es de los principales retos que debe asumir en ente estatal, señala el informe del Centro Civitas. Urgen, se indica, la implementación del Programa de Protección a Periodistas y el fortalecimiento de la Unidad Fiscal de Delitos contra periodistas, que además de recursos requiere de la creación de protocolos específicos que permitan brindar protección inmediata ante casos de agresión.

Otro aspecto que debe atenderse es la capacitación de agentes del orden público para que comprendan que su mandato es garantizar las libertades de expresión, prensa y opinión y que incurren en violaciones al coartarlas, cita la investigación. “También es importante mencionar que es labor ciudadana velar porque el Estado cumpla con su obligación de prevenir y proteger a quienes desarrollan tan importante tarea”.

Hay algunas acciones, pero no las necesarias. Actualmente el Ministerio de Gobernación en coordinación con sociedad civil y organizaciones de prensa y periodistas a título personal, desarrolla una propuesta de protocolo para que agentes públicos del orden comprendan su obligación de proteger el ejercicio periodístico.

A su vez, la Unidad de Capacitación del Ministerio Público en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus silgas en inglés), desarrollará una proceso formativo con fiscales distritales y elaborará un protocolo de actuación para que los operadores de justicia garanticen el respeto de las libertades de prensa, opinión y expresión.

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