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Por. Evelyn Blanck

 

Apenas iniciada su segunda década de vida un joven griego, apodado Bátalo por su dificultad de pronunciar la R, se paró frente al rugiente mar y comenzó a pronunciar discursos. Buscaba perfeccionar su dicción, entrenándose de esta forma peculiar en el arte de la retórica. Este joven también solía estudiar para ello en una habitación subterránea, recitar versos mientras corría y hablar con piedras en la boca. Años después, Demóstenes, tal era su nombre, fue conocido como uno de los personajes más relevantes de la historia universal, por sus dotes para la oratoria y la política, las cuales lo impulsaron para convertirse en un protagonista importante de sus tiempos. Demóstenes conocía la importancia de su voz y la perfeccionó como herramienta, pero además su historia de vida le había llevado a luchar por sus derechos y terminó abogando por los derechos de los demás. Tenía la voz y tenía el discurso.

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Demóstenes frente al mar. Imagen tomada de Wikipedia.

 

Hoy, cuando se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, la historia de Demóstenes (380-320 a. C.) ejemplifica cuán importante es expresar la voz propia, en beneficio social. Se trata, en primer lugar, de un ejercicio de derechos, y en segundo, de la oportunidad de contribuir a construir el entramado de significados sociales que, cual cauce de ríos, va orientando las acciones colectivas. El mismo Demóstenes solía decir que la peor desgracia que puede caer sobre un pueblo es “la privación de la libertad de palabra”.

 

Desde siempre

Al igual que griegos y romanos, la importancia de tomar la palabra y evitar cualquier forma de censura ha estado presente en todos los pueblos. Pero si nos remitimos a los antecedentes más cercanos de nuestros tiempos, debemos mencionar la Ley para declarar los derechos y libertades de los súbditos y para determinar la sucesión a la Corona (The Bill of Rights), promulgada por el parlamento británico el 13 de febrero de 1689. Seis años más tarde, este parlamento vota por la libertad de expresión para periódicos y libelos, con lo que brinda un importante impulso a la incidencia de la opinión pública en la vida política.

 

Este corpus legal habría de inspirar otros documentos muy importantes: La Declaración de Independencia (1776) y la Carta de Derechos (1787), en Estados Unidos, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), en Francia. Entre las consideraciones de la Declaración de Independencia está la de proclamarla debido a que Gran Bretaña había impedido la representación ciudadana en las legislaturas. En la Carta de Derechos, la primera enmienda es destinada a las libertades de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y de petición al Gobierno: “El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del estado o prohíba a el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios”.

 

En el caso de la Declaración de los Derechos del Hombre, el Artículo 10 reza: “Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. En el Artículo 11 se agrega: “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley”.

 

Estos habría de ser unos de los antecedentes más importantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y su Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Asimismo, de la Convención Americana de los Derechos Humanos (1969), que dice, en su Artículo 13, el cual indica que el derecho de libre expresión comprende la “libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Además, que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por ley y que afecten ”el respeto a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

 

También establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Y finalmente que “estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

 

Estas dos últimas declaraciones forman parte de la legislación internacional a observar en materia de libertad de expresión, pero también existen en el país marcos legales propios, el primero, la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo constitucional 35. Además, la Ley de Emisión del Pensamiento (Decreto 0009). Existen también en Guatemala otras disposiciones que afectan la Libertad de expresión, distribuidas en distintas leyes (ver cuña).

 

No sólo la prensa

Es posible observar por medio de estas declaraciones, convenciones y leyes que la libertad de expresarse es un atributo de todas las personas, a nivel individual y colectivo y que para poder ejercerla es necesario el cumplimiento de otros derechos facilitadores, como el derecho a educarse y el de acceder a medios y a empresas de medios. En Guatemala, el panorama no es muy favorable, en tanto persiste un alto nivel de analfabetismo funcional, una situación de desigualdad en materia de acceso a los medios, incluyendo la internet, así como una situación de deterioro en materia de libre acceso a la información pública. Pero si de la prensa se trata, se agrava la problemática de seguridad de periodistas, con un elevado número de asesinatos de comunicadores, el doble ya de lo sucedido en 2015, y un repunte en las denuncias presentadas por agresiones ante el Ministerio Público (casi 30 a la fecha). Además, las desigualdades en el acceso a los medios de comunicación social y el problema de concentración de la propiedad de los medios que esto propicia inciden en que las y los periodistas mismos puedan trabajar y expresarse libremente.

 

La guatemalteca se presenta como una sociedad donde expresarse sin cortapisas todavía representa un reto y una lucha. Pero más allá de eso, donde comencemos por entender el valor de nuestras voces, en tanto derecho y entramado de la vida social.

Crédito: noticias.emisorasunidas

Crédito: noticias.emisorasunidas

Cuña:

Leyes y disposiciones en Guatemala relacionadas con Libertad de expresión:

 

  • Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 5 (reconoce el derecho de opinión), 30, (establece el principio de publicidad de los actos administrativos, con excepciones), 31 (Habeas data), 35 (Libertad de emisión del pensamiento), 46 (preeminencia sobre la legislación nacional de tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado de Guatemala) y 130 (prohibición de monopolios).
  • Decreto 9 de asamblea nacional constituyente, Ley de Emisión del Pensamiento (1966).
  • Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.
  • Ley de Radiodifusión (1955, Decreto 260).
  • Ley de Telecomunicaciones (Decreto 94 – 96 y sus reformas Decretos 115-97, 47-2002, 82-2002 y 11-2006, del Congreso de la República de Guatemala).
  • Ley de Derechos de autor y derechos conexos (Decreto congresal 33-89).
  • Acuerdo Gubernativo 574-98, que regula la explotación de sistemas satelitales en Guatemala.
  • Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Decreto 27-2003), artículos 48 (Acceso a la información y comunicación), 59 (Protección ante información nociva para su desarrollo), 60 (Medios de comunicación), 61 (Franjas horarias), 152 (Derecho a la privacidad) y 153 (Principio de confidencialidad, sobre respecto a la identidad e imagen).
  • Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-99, 1999), en su Capítulo III, art. 17, inciso h (motivando a los medios de comunicación a producir contenidos que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres) y en los Capítulo IV (acciones en la esfera cultural y de comunicación social).
  • Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto 22-2008, 2008), artículo 3, inciso a (sobre derecho de acceso a la información).
  • Ley de atención a las personas con discapacidad (Decreto 135-96), Capítulo VIII: Acceso a la información, a la comunicación y uso de imagen de las personas con discapacidad).
  • Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995), Capítulo II, inciso A. III e inciso B. III (divulgación de derechos). Además, Capítulo IV, inciso H, numerales 1 y 2 y sus respectivos incisos.
  • Acuerdo 49-2011 del Ministerio Público (sobre creación de la Unidad fiscal de delitos contra periodistas) y los acuerdos de dicha entidad que le antecedieron (14-2001, 03-2005 y 37-2010).

 

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