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La mayoría de periodistas en Guatemala desempeñan sus labores en condiciones adversas y sin mayor protección por parte de los medios.

Por Silvia Trujillo y Miguel González Moraga

Cómo actuar en medio de un enfrentamiento entre policías y manifestantes en la capital, la mejor manera de darle cobertura a un decomiso de combustible o drogas en el altiplano o cómo disminuir riesgos al acudir a capturas de delincuentes en cualquier lugar del país, son solo tres de las múltiples situaciones para las cuales los periodistas no parecen estar suficientemente preparados.

Circunstancias como las descritas pueden derivar en lesiones, amenazas o destrucción del equipo de trabajo. No obstante, aunque su seguridad esté en riesgo, los periodistas reciben apoyo limitado de los medios en que laboran.

Un sondeo efectuado por Sala de Redacción entre asistentes al Encuentro Nacional de Periodistas, el 7 y 8 de julio, así como consultas telefónicas posteriores e intercambios por correo electrónico y Facebook lo confirman. Entre quienes respondieron un cuestionario específico, el 94% afirmó que la empresa para la cual labora no le provee de algún tipo de seguro. Eso riñe con el último párrafo de artículo 35 de la Constitución: “Los propietarios de los medios de comunicación social, deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros de vida”.

En ambientes hostiles

Los periodistas se han acostumbrado a convivir con el riesgo. Y cuando son intimidados la mayoría opta por el silencio y no acude a la Unidad de Delitos Cometidos contra Periodistas, aunque unos cuantos utilizan las redes sociales para divulgar las agresiones sufridas.

El mutis es la mejor manera para no incomodar a quienes mediante la intimidación quieren limitar el trabajo de la prensa (caciques locales y narcotraficantes, por ejemplo),  justifica un reportero quezalteco que pidió no ser nombrado. Otra razón: falta de solidaridad de los medios para los cuales laboran, de las organizaciones de prensa y de otros cazanoticias.

“A mí y a otros colegas nos agredieron unos policías en marzo, en la cabecera de Quetzaltenango. Hice una denuncia telefónica a la Unidad de Delitos cometidos contra Periodistas y tres meses más tarde me llamaron para ratificarla en la capital, pero no hice el viaje, por falta de dinero y tiempo”, declara el corresponsal de un medio de cobertura nacional. A finales de julio, añade, recibió una notificación donde le anunciaban que el caso había sido desestimado.

En mayo, otro colega, de San Marcos, denunció por medio de Facebook haber sido intimidado por pobladores durante un decomisopolicialde combustible: “Nos dijeron que si tomábamos fotos nos iban a linchar. No acudí a la Fiscalía, pues otros colegas me han dicho que no es rápida ni efectiva para investigar y que en ese tipo de casos no puede individualizar a los responsables de las amenazas”, refiere.

Un tercer periodista, de Huehuetenango, después de nombrar en un reportaje a un presunto narcotraficante, recibió dos llamadas telefónicas anónimas. “Nada más me decían que tuviera cuidado con los temas que divulgaba. Yo las asocié con el narco y no volví a hacer ese tipo de notas. Informé al medio de esa situación, pero no busqué a nadie del Ministerio Público (MP)”.

Ninguno de los tres periodistas consultados cuenta con seguro de vida ni está en las planillas de los medios, pues cobran por las notas publicadas. Tampoco han sido capacitados para actuar en situaciones de riesgo.

¿Y el MP?

“Los reporteros denuncian poco, no siguen los procesos y a veces piden que ya no sigamos investigando”, sostiene Elmer Yat, responsable dela Unidad de Delitos Cometidos contra Periodistas. A eso hay que adicionar la falta de suficientes recursos para que opere de mejor manera esa dependencia del Ministerio Público, la que integran tres personas basadas en la capital.

Hasta finales de julio, esa Unidad, que depende de la Fiscalía de Derechos Humanos, había recibido 36 denuncias, una más que todas las tramitadas en 2011 y de las cuales más de un tercio fueron desestimadas a petición de los agraviados o por falta de elementos que les dieran sustento legal.

Entre los delitos más denunciados se encuentran las amenazas (50%), las que en su mayoría se producen por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto. También hay investigaciones por agresión, abuso de autoridad y coacción, entre otros delitos. Quienes se han quejado son periodistas de la capital, aunque hay otros de Chiquimula, Sacatepéquez y Quetzaltenango. La mayoría, hombres que laboran en pequeños medios locales.

“En algunos casos, los periodistas agraviados interponen la denuncia. En otros, nos la envían de distintas fiscalías o las comenzamos a investigar después de enterarnos por noticias de prensa”, explica el fiscal Yat. A su juicio, los reporteros parecen tener desconfianza y por eso no denuncian: no lo hacen ni siquiera en la comisaría de Policía donde ocurrió el hecho para que esta la traslade al MP. Otra de las razones son las distancias que deben recorrer los reporteros que viven fuera de la capital y los gastos en que debe incurrir.

Entre los casos que no investiga la Unida de Delitos cometidos contra Periodistas se encuentran la agresión contra el reportero gráfico Luis Soto (el 2 de julio, durante un enfrentamiento entre policías y normalistas) ni el intento de soborno al reportero Enrique García por parte del diputado oficialista Estuardo Galdámez (el 25 del mismo mes en el Congreso de la República). Soto y García laboran en elPeriódico.

En el primero de los casos, por estrategia institucional, el MP integró la agresión contra Soto en el mismo expediente donde otros agraviados son los ministros de Gobernación y Educación. En el otro, pese a la denuncia pública de elPeriódico, García no quiso ratificarla en la Fiscalía, la cual no puede investigar al legislador Galdámez, pues este goza del derecho de antejuicio, el cual debe ser levantado por la Corte Suprema de Justicia, según Yat.

Denunciar y denunciar

De acuerdo con Miguel Ángel Albizures, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), es conveniente denunciar cualquier irregularidad, pero también que se finalicen los procesos y no se desista de ellos.

Además, considera necesario que la Unidad de Delitos cometidos contra Periodistas busque relacionarse con las entidades de prensa. Eso ayudaría, considera, a quitar el velo desconfianza de muchos periodistas hacia esa oficina del MP y contribuiría a que haga más eficiente su labor.

Con él coincide Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala(Udefegua). “Cuando se denuncia y se desiste se contribuye a consolidar la impunidad. Por eso los periodistas deben ratificar las amenazas y saber que no están solos. Si sus medios no los apoya nosotros podemos acompañarlos, dice.

Quienes intimidan a periodistas se cobijan en la impunidad. Por lo tanto, esa práctica antidemocrática puede ser combatida con la denuncia de los afectados, la cual debería ir acompañada por la solidaridad de sus colegas, el apoyo de sus medios y organizaciones civiles, así como la efectiva investigación del MP.

Entrevista a Periodista Luis Soto

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