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En Guatemala como en la mayoría de países, el universo periodístico da cabida a centenares de perfiles distintos, tanto con respecto a las y los propietarios de los medios, como a quienes ejercitan el periodismo. En el caso de los primeros, los hay desde quienes durante siglos han desarrollado trayectoria empresarial desde un núcleo familiar, quienes se suponen más independientes en términos editoriales, hasta quienes llegan ahí por oportunismo. En el caso de los segundos, los hay desde quienes están ahí como consecuencia de una formación profesional o una intensa vocación acompaña de una buena trayectoria empírica y, por supuesto, también están los oportunistas.

 

En países de primer orden, prima la comprensión de que, en aras de la credibilidad del medio, componente importante para la supervivencia económica, las redacciones deben estar integradas por las y los periodistas más profesionales y el empresariado debe mostrar firmemente sus compromisos con las libertades de Expresión y de Prensa, y con sus postulados. Sobre todo, en la práctica, estableciendo políticas y directices que lo aseguren.

 

En Guatemala, muy pocos empresarios de medios están dispuestos a sufragar los costos que implica una planta de redacción bien calificada. Por otro lado –como lo demuestra el reciente caso Siglo Veintiuno-Roxana Baldetti –, más que en contribuir socialmente con un periodismo de calidad, a varias de las personas que incursionan en el mundo periodístico empresarial las motivas intereses espurios, buscan el poder con fines nefastos para las sociedades. Estas situaciones abren oportunidades para personas que, lejos de cumplir con una vocación, buscan garantizar ciertas condiciones de vida por medio del periodismo, con el cobro de fafa ya sea en moneda o en especie.

 

Por esa razón, hablar de la corrupción en el periodismo guatemalteco es abordar un trema delicado, sobre el que muchos prefieren callar. La mayoría de periodistas se pronuncian públicamente en contra de la fafa, pero la verdad es que la toleran y la justifican con el argumento de que los medios pagan salarios de miseria, lo cual, queremos recordar, no es culpa de la ciudadanía a la que se violenta su derecho de ser informada con calidad.

 

Pero hay otro tema que es aún más complejo y delicado, y se trata de cómo los intereses empresariales afectan la credibilidad de periodistas honestos y que buscan independencia. En países como Guatemala, donde el ámbito laboral digno es escaso –y no hay muchas oportunidades para las y los periodistas que desean recorrer una trayectoria profesional exitosa –, el asunto representa un verdadero reto, pues deriva por lo general en una censura o autocensura, incluso nunca admitidas.

 

La mayoría de periodistas en el país estamos acostumbrados a la defensa de que se puede hacer periodismo honesto y que aporte en esas condiciones, pero esa posibilidad realmente depende de que el empresariado y el cuerpo de editores decida resueltamente actuar conforme a los postulados de la prensa, sobre todo, el de la independencia. Ciertamente hacer un periodismo independiente en Guatemala es difícil, pero más que incurrir en el silencio sobre una problemática oprobiosa o sobre las múltiples deficiencias de un sistema perfectible, deberíamos abrir espacios para la discusión y la búsqueda de soluciones.

 

No cabe duda de que en la medida en que el periodismo admita sus problemas, sus fallos, y comience a buscar soluciones, comenzará a ganar credibilidad ante una sociedad que ya lo cuestiona severamente.

 

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