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Por Sala de Redacción

Para cumplir su rol de “guardianes del interés público” en una sociedad democrática, los medios de prensa están llamados a ser fiscalizadores, plurales, abiertos, a informar desde distintos ángulos de visión, para que la ciudadanía esté informada y pueda discutir e involucrarse en la toma de decisiones públicas. Asimismo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su funcionamiento libre e independiente.

Frente a estas afirmaciones, cabe preguntarse si el estado guatemalteco cumple con su responsabilidad de proteger esa independencia del funcionamiento de los medios o, por el contrario, impide a la sociedad el acceso a información relevante para su ejercicio político y ciudadano. También es válido reflexionar sobre lo que hacen o dejan de hacer los medios con el fin de defender y garantizar su independencia y libertad.

 Prácticas abusivas

A la fecha han sido conocidas denuncias sobre coacciones diversas sobre periodistas y medios de prensa, por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP). Lo que agrava estos episodios es la presunta participación del propio presidente de la república, Otto Pérez Molina, y de su secretario de Comunicación Social, Francisco Cuevas, con miras a intervenir en las agendas mediáticas.

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En uno de estos casos, denunciado en mayo en las redes sociales, el mandatario, disgustado por los cuestionamientos del reportero de Emisoras Unidas que cubre la fuente de Palacio, Henry Bin, habría pedido que fuese trasladado de fuente. Luego de la denuncia, trascendió también en las redes que el director de ese medio, Felipe Valenzuela, ofreció su respaldo al periodista por medio de un tuit y aseguró que este no sería trasladado ni despedido. Por este hecho no hubo un pronunciamiento institucional de la Corporación, que tiene en entre sus accionistas al actual ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.

 En el hecho más reciente, Prensa Libre denunció por medio de una publicación en sus páginas informativas que el 24 de junio recibió una llamada del Presidente del Ejecutivo, quien habría manifestado su disgusto por la cobertura que el matutino hizo sobre la contratación de una empresa privada para la recaudación de impuesto por parte de la SAT, y habría acusado al medio de servir a intereses empresariales poco transparentes. En la misma publicación se denunció al secretario de Comunicación Social, Francisco Cuevas, de haber llamado a uno de los accionistas para ejercer presión sobre las publicaciones del rotativo. Por este caso, Prensa Libre manifestó su rechazo en uno de sus editoriales, donde le pide al mandatario, que se abstenga de hacer llamadas para ejercer presión.

Pérez Molina ha tenido otros enfrentamientos con Prensa Libre. El 15 de mayo se quejó durante una conferencia de prensa improvisada de que ese medio publicaba informaciones incorrectas, sin embargo, no se trata de un caso aislado. En círculos de prensa se ha comentado desde inicios de este gobierno que varios de los más altos funcionarios del gobierno habrían desarrollado acciones varias para intervenir las agendas mediáticas, con lo que se coartarían las libertades de expresión y de prensa. Dada la gravedad de las denuncias, Sala de Redacción conversó con reporteros y reporteras asignados a la fuente de Palacio Nacional y con analistas sobre las prácticas de la Secretaría y sus posibles repercusiones.

Opacidad

“Somos el gobierno más democrático”

Al cierre de esta edición, fue imposible conversar con Francisco Cuevas debido a que, según dijo –en una comunicación breve por la vía telefónica-, estaba por abordar un avión que lo llevaría a una cumbre fuera del país. Ofreció responder nuestra llamada al establecerse al día siguiente, pero pese a responder la comunicación, afirmó que estaba por inaugurar la actividad y pidió que se le buscara 45 minutos más tarde, luego de los cuales fue imposible reestablecer la comunicación. Estas fueron sus únicas palabras respecto a las denuncias publicadas por Prensa Libre: “Eso no es cierto. Nosotros somos el gobierno más democrático que hay”.

Pérez Molina-Baldetti Vrs. Zamora

En noviembre de 2013 el mandatario Otto Pérez Molina acusó al periodista, Jose Rubén Zamora, de cinco supuestos delitos: “coacción, extorsión, chantaje, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los organismos de Estado. Como resultado de la denuncia, un juez ordenò el arraigo del periodista. Por su parte, la vicepresidenta  Roxana Baldetti, planteó una denuncia contra Zamora, por violencia contra la mujer. Este hecho fue ampliamente criticado por diversos sectores. Sin embargo, un amparo de la Corte de Constitucionalidad favoreció a Zamora, en enero de este año. Ambos gobernantes desistieron de las querellas en contra del periodista, no sin antes advertir que llevarían el caso a un Tribunal de Imprenta.

Obtener información no fue fácil. Hubo reporteros y reporteras que se negaron a hablar, no tanto por miedo a enfrentarse con el Ejecutivo, sino a perder sus puestos de trabajo. Por eso, con el fin de no afectar a quienes sí lo hicieron, nos reservamos los nombres.

A partir de lo que las y los periodistas comentaron es posible determinar varias prácticas del secretario Cuevas para evitar la labor fiscalizadora de la prensa. Una de estas ha sido no anotar en el listado de preguntas que trabajadores a su cargo elaboran antes de las conferencias de prensa, listado que debería tener como finalidad ordenar la actividad, no así evitarle preguntas incómodas la mandatario. Los representantes de los medios “no alineados”, que son la minoría, según lo indicado, han optado por preguntar al mandatario una vez iniciada la conferencia, para evitar la censura.

Otras de las prácticas que han observado es que el secretario Cuevas interrumpe con una señal de mano las conferencias de prensa en momentos incómodos o cuando aparecen periodistas que no agradan al Presidente. También han visto como periodistas de otros medios “muy colaboradores” con la Secretaría desvían la atención de preguntas no bienvenidas, irrumpiendo para cuestionar sobre asuntos irrelevantes.

Pero fuera de lo que sucede en las conferencias de prensa, las preocupaciones mayores residen en las formas como el Secretario se atrae los favores de periodistas. Una, es empleándolos. Afirman que quizás más de un 50% de los periodistas que comenzaron trabajando en la fuente laboran ahora para el Estado, lo que hace una fuente con rotación muy alta de reporteros. “Se dio el caso que tres reporteros de un mismo medio que cubrieron la fuente se fueron trabajar al gobierno durante este periodo. Es difícil resistirse cuando las ofertas de salarios superan a las de los medios”, indican. En por lo menos dos casos, reporteros indicaron que Cuevas les hizo ofertas de empleos durante momentos de relaciones tensas.

Otra de las formas de manipulación son la invitación a viajes y el pago de viáticos, que ahora incluso se entregan en viajes express; es decir, dentro del país, señalan las y los informantes. “Los medios deberían cargar con estos gastos, pero que yo sepa solo Prensa Libre se niega a permitir que la Secretaría se los costee”, indica un periodista. Reporteros que no agradan a la Presidencia han indicado que a ellos no les llegan invitaciones de este tipo y que muchas veces tampoco reciben la agenda del día. “Si yo pido una información, debo insistir para que la envíen, pero si es un periodista de otro medio que no los moleste tanto, se le hacen llegar de forma inmediata”, asegura uno de los consultados.

Además, aparte de las llamadas a los medios –que muchos editores han admitido que llegan, no solo del Presidente y el Secretario, sino también de la Vicepresidenta y algunos ministros – parece que los medios de Ángel González y sus socios guatemaltecos colaboran bastante con la tarea de hacer buena imagen al gobernante: “Estando en la fuente, escuché a compañeros de la televisión abierta (canales 3, 7 y 11) decir que tenían órdenes de no llevar cierta información y por eso se mostraban condescendientes. Otros reporteros amigables son los que representan a radios pequeñas, que ni siquiera preguntan”, señala uno de los informantes. Y si esas formas de cooptación no bastan, es cuando se presiona a los reporteros por medio los editores, principalmente para acallar reacciones del Presidente que pudieran hacerlo quedar mal, se indica a Sala de Redacción.

Las prácticas del actual Secretario llegarían al extremo de obtener información de forma no transparente sobre las publicaciones de los medios, según las denuncias. Periodistas afirman que Cuevas sabe lo que hay en los medios antes de que haya sido publicado. “Lo he visto”, indica uno de las fuentes, quienes no pueden asegurar si el Secretario se entera por medios de informantes dentro de los medios o por espionaje digital.

Uno de los casos hechos públicos es el del periodista Juan Luis Font, cuando aún dirigía elPeriódico. Cuevas se comunicó para reclamarle por la supuesta falta de balance en una nota periodística, lo preocupante del hecho es que la nota aún no había sido publicada. Con estas acciones, la Presidencia abusaría de su función, obstaculizaría el acceso a la información e incluso incurriría en acciones de espionaje. “Se supone que la Secretaría no es un órgano de inteligencia del Estado ni un ámbito militar y yo me pregunto por qué tiene ahí trabajando, y muy bien pagado, a un ex vocero la Dirección de Información y Divulgación del Ejército (DIDE)”.

“Mal haría el Estado a meterse a proteger a quienes está agrediendo, crear ese mecanismo es como darle las llaves al ladrón.”, Héctor Rosada, sobre el Programa de Protección a Periodistas del Gobierno.

La responsabilidad de los medios

El Artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala señala que la libertad de emisión del pensamiento no puede ser restringida por ley o disposición gubernamental, que es libre el acceso a las fuentes de información y que este no podrá ser limitado por autoridad alguna. Además, el Artículo constitucional 30 establece el principio de publicidad de los actos públicos, o sea, la obligación del Estado de informar. La contundencia de la máxima legislación interna no se corresponde, sin embargo, con la de la sociedad ni con la del empresariado de medios. Estos, en general –y fuera de Prensa Libre –, no exigen que se cumplan las leyes.

A criterio de Juan Luis Font, director de la revista Contrapoder, es válido que los periodistas, editores y directores de medios discutan “racionalmente” con quienes están involucrados en las publicaciones. Sin embargo, aclara, hay una consideración especial cuando se trata del Presidente: “Tiene derecho de expresarse, pero debe comprender que debido a su cargo, una llamada suya tiene mayor relevancia, por lo que debe abstenerse de realizar esas presiones. Para eso tiene al Secretario (de comunicación Social) para que traslade esos puntos de vista”, afirma.

Font coincide con el planteamiento editorial de Prensa Libre, sobre las llamadas que recibió de Pérez Molina y Cuevas. Son los medios y los periodistas quienes deben poner las pautas sobre el relacionamiento con las fuentes, incluyendo el gobierno. “Si se les permite una vez esa presión, ese será el tono en que se lleve a cabo esa relación.”, considera el periodista.

El director de Contrapoder comenta que hace unas semanas recibió varias llamadas como consecuencia de la publicación sobre Roberto Alejos, en la revista. Dice que no consideró esas llamadas una presión indeseable. “No modificamos lo que escribimos. Creo que cada medio tiene su cultura y su forma de relacionarse con el poder, yo nunca he tenido la necesidad de eso y me siento satisfecho de los marcos en que me muevo.”, asegura.

Lo que sí le preocupa al periodista, afirma, son las presiones del poder económico y comercial, que ejercen un castigo mediante la pauta publicitaria o el retiro de la misma. “Los medios son empresas y adquieren compromisos. Es obvio que no se abordan algunos temas por ese temor a ser castigados con el retiro de la pauta”, reconoce. Font cree necesario evidenciar estos casos y reflexionar sobre ellos, sin embargo, advierte: “Hay una falta de convicción democrática en el país. La sociedad en su conjunto tampoco parece comprender el trabajo de los medios”

Con respecto a la independencia de los medios, el periodista español Pascual Serrano apunta que debe haber un cambio de modelo de sistema para que estas empresas sean realmente independientes. Urge, opina, discutir sobre el actual modelo pernicioso para el periodismo y la democracia, y sobre los actores que lo consienten.

¿Confiables para protegernos?

Las denuncias sobre uso de fondos y prácticas muy cuestionadas en la Secretaría de Comunicación Social provocan la interrogante de si esta entidad realmente está genuinamente interesada y en capacidad de proteger a las y los periodistas. El politólogo Héctor Rosada expresa sus dudas al respecto. Rosada señala en primer lugar que es absurdo que se hayan tomado como modelo los mecanismos mexicano y colombiano, sobre todo este último, cuando las realidades en estos países son muy distintas a la guatemalteca.

“La naturaleza del conflicto colombiano es muy diferente a la del guatemalteco, la prensa es de muy buena calidad y más agresiva, así como son distintas las respuesta de las partes en conflicto. El diseño del mecanismo está fuera de toda lógica, lo que se necesita es una coordinación efectiva entre la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), el Procurador de Derechos Humanos y fortalecer la Unidad fiscal de protección a periodistas del Ministerio Público”, opina.

Pero además, indica,”mal haría el Estado a meterse a proteger a quienes está agrediendo, crear ese mecanismo es como darle las llaves al ladrón”.

A como están las cosas, opina, pareciera ser que con la creación de ese mecanismo solo buscan agenciarse de más fondos para malusarlos y buscar resultados que los favorezcan en términos electorales”.

Lea también sobre el millonario presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

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