Sandra González, sustituye a Elmer Yat en la Unidad de delitos contra periodistas del MP. Foto: Silvia Trujillo
Sandra González, sustituye a Elmer Yat en la Unidad de delitos contra periodistas del MP. Foto: Silvia Trujillo

Publicado & archivado en Entrevistas, Portada.

Por Silvia Trujillo

En el marco de la presentación del Programa de protección a periodistas, hecho público el 28 de noviembre pasado, Sala de Redacción acudió a la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas para conocer cuál será su función en la aplicación de las medidas contempladas en dicho documento. Lamentablemente, la agente fiscal, quien recién comenzó funciones en esa Unidad, desconocía el contenido del mismo, pues no le había sido presentado oficialmente.

Aprovechamos entonces la oportunidad para conocerla y conversar sobre ella y la situación actual de la Unidad que coordina Sandra González Suriano quien comenzó a trabajar en el Ministerio Público hace 14 años, diez de los cuales laboró en la Fiscalía de Mixco. La Unidad de Litigios en la cual se desempeñó en los últimos años, le permitió adquirir experiencia en la fase intermedia de los juicios y en los actos  conclusivos.

Hace tres semanas fue nombrada en su cargo actual y al respecto manifiestó que “estamos con la total disposición de apoyar en todo lo que se pueda a los periodistas y vamos a poner todo el empeño necesario para darle cumplimiento a las sanciones que sean necesarias para responder a las personas que han sufrido amenazas, lesiones y todo tipo de delitos”.

Al ser consultada sobre la cantidad de casos que maneja la unidad explicó que durante 2013 han sido presentados 62 casos (63, indicaba el anterior agente fiscal) y que los delitos de mayor prevalencia son las amenazas de diversa índole  –mayoritariamente por la vía telefónica-  seguidos por lesiones. Con menor frecuencia, las coacciones.  Además, indicó, “existen cuatro casos de asesinatos contra periodistas y estamos poniendo el mayor empeño para dar con los responsables. Además, un caso de asesinato en grado de tentativa que sucedió en agosto de 2013”. Sobre éste, informa, ya hay acusación presentada contra uno de los sindicados en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del departamento de Suchitepéquez. Se está a la espera de recibir la declaración testimonial de otro señalado.

Escasa capacidad institucional

La fiscal González  señala que persiste en la Unidad el déficit de personal. En la actualidad laboran allí dos auxiliares, un oficial y ella: “Tenemos mayor presión para darle la mayor importancia a los casos de asesinatos, mas no contamos con el personal suficiente”.

Además, analizó otra serie de condicionantes que interfieren o frenan la labor de la Unidad. Por un lado, evidenció las relacionadas con las prácticas de las y los periodistas que “por desconocimiento de la función del Ministerio Público  presentan su denuncia ante la Policía o en la Procuraduría de Derechos Humanos y ahí se quedan; estas oficinas no les dan el seguimiento y por tanto a nosotros ni nos llegan las denuncias”. También mencionó otro tipo de limitaciones: “Dentro de las diligencias de investigación que se practican (en el caso de asesinato en grado de tentativa), por ejemplo, acabamos de pedir que se acepte una declaración en calidad de anticipo de prueba de un periodista y la jueza lo denegó, argumentando que el Ministerio Público debía solicitar que el periodista se acogiera al Programa de Protección a Testigos. Ese trámite se hizo pero el mismo periodista luego renunció por las limitantes que eso implica”.

Ante la preocupación que quedaran desatentidos los casos de amenaza por el énfasis en las investigaciones sobre los asesinatos, la agente fiscal explicó que “su labor fundamental es coordinar con la Secretaría General  para darle la protección necesaria al periodista, por tanto se oficia a nivel Ministerio de Gobernación para que le dé las instrucciones a la Comisaría que le corresponda y se brinde la seguridad perimetral”, concluyó.

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