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Censura, autocensura, persecución, intimidaciones y expulsiones de periodista son consecuencia del golpe de Estado contra el presidente hondureño, Manuel Zelaya Rosales, ocurrido el domingo 28 de junio.

Por Sala de Redacción

Honduras, golpe de Estado y apagón mediáticoQuienes defenestraron a Zelaya Rosales impusieron su voluntad a medios y periodistas, además de contar con el apoyo de un gran sector de la prensa conservadora local, en particular impresa y televisiva.

“Desde la madrugada de ese domingo, los militares cortaron todo tipo de comunicación, excepto los teléfonos celulares. Durante la tarde de ese día se inventaron la historia de que Zelaya había renunciado y eligieron a Roberto Micheletti, con la complicidad de los medios” afines a los golpistas, relató el periodista hondureño Freddy Tejada.

Al respecto, Frank La Rue, relator de la ONU para la Libertad de Expresión, enfatizó: “Algunos de los grandes medios, que representan intereses que probablemente están de acuerdo con el golpe, se autocensuraron: mientras sucedió el golpe transmitieron caricaturas, y eso parece que no fue el Estado, sino una decisión institucional”.

Oscuridad informativa

Contrario a algunos periodistas y políticos, la mayoría de población hondureña vivió horas de incertidumbre, pues los medios, presionados por los golpistas, dejaron de informar o lo hicieron parcialmente. Así, por ejemplo, fueron sacados del aire los canales 8 y 36, ubicados en la capital, y las radios Globo y Progreso. Otras estaciones emitían programas deportivos o de música tropical.

Incluso, fueron interrumpidas las transmisiones de cadenas internacionales —como CNN y Telesur— o de otros países cercanos —Guatevisión y Teletica, de Guatemala y Costa Rica respectivamente—. Mientras tanto, las ediciones online de los principales diarios reportaban con un sesgo favorable a los golpistas.

Con el objetivo de conocer el paradero de Zelaya, decenas de periodistas acudieron a la Casa Presidencial la mañana del domingo 28, pero fueron obligados a retirarse de ese punto por militares armados, quienes les apuntaron con fusiles.

Casi de inmediato, se conoció que al caricaturista Allan McDonald había sido detenido junto con su hija de 17 meses. Miembros del ejército lo sacaron de su casa, en Santa Lucía, a unos ocho kilómetros de la capital, de donde sustrajeron caricaturas de McDonald y las quemaron. Para esas horas, periodistas hondureños buscaban información del golpe de Estado en Internet o llamaban a otros países para conocer al respecto.

Al día siguiente, a siete periodistas de medios internacionales les fue privado su derecho de locomoción por 10 soldados, reportó la agencia Associated Press (AP). Adriana Sivori, María José García y Larry Sánchez, de Telesur, fueron detenidos junto con Nicolás García y Esteban Feliz, de la AP, más dos asistentes no identificados. Oficiales militares hondureños indicaron que habían sido detenidos por “medidas de seguridad”, mientras directivos de Radio Globo denunciaban haber sido acallados por un comando castrense. Los cortes de energía eléctrica continuaban, con sus consecuentes obstáculos para sintonizar radio y TV, más el acceso a Internet.

Durante esa jornada, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, condenó “las limitaciones a la libertad de expresión en Honduras, ocurridas luego del golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional en ese país”.

Honduras, golpe de Estado y apagón mediático
El 6 de julio, La Prensa divulgó una fotografía donde se ve el cuerpo de Isis Obed Murillo, auxiliado por otras personas. Al día siguiente, el diario publicó una disculpa con la fotografía de Murillo ensangrentado. “Por un error en su proceso, (…) la gráfica salió distorsionada, difiriendo de la original. Pedimos (sic) disculpas por la falla, que contradice la política editorial de LA PRENSA”. Ese medio, junto con otros impresos, ha sido calificado de proclive a los golpistas y de manipular la situación.

Abusos por doquier

En un hecho aún no aclara, el 3 de julio fue asesinado el periodista Gabriel Fino Noriega, de 42 años, cuando salía de la Radio Estelar,  donde presentaba un programa informativo diario. 

De acuerdo con el Comité para la Libre Expresión de Honduras (C-Libre), Canal 36 reanudó transmisiones el 4 de julio, seis días después de estar fuera del aire. Sin embargo, Micheletti aseguró a la agencia Efe que ninguna estación de TV estaba intervenida. Si el 36 difundía su señal con irregularidades se debía a que “de repente han tenido sus problemas para iniciar por cualquier circunstancia”, excusó el gobernante de facto.

En contraposición, un reportero hondureño no nombrado por BBC Mundo reafirmó la censura: “La radio dice muy poco de lo que está pasando y la prensa tradicional está muy ocupada entrevistando a los nuevos funcionarios”.

Durante las primeras semanas de la crisis política, algunos medios contribuyeron “a ocultar aspectos de la situación, y en particular de la resistencia al golpe de Estado”, evaluó Reporteros sin Fronteras (RSF). Muestra de ello fue que el 5  de julio, mientras se esperaba al avión en que era transportado Zelaya Rosales, desde la capital de EE. UU., “el gobierno de facto impuso a los medios de comunicación locales la difusión repetida de declaraciones denunciando la incursión en territorio hondureño de grupos armados comanditados por Nicaragua y Venezuela. Esa información, no confirmada y enseguida desmentida”, según RSF, alimentaba “considerablemente el ambiente de tensión” y atizaba “las agresiones contra ciudadanos extranjeros”.

Con más o menor intensidad, los abusos contra medios continuaron. El 11 de julio, Radio Cadena Voces sacó del aire los programas “Tiempo de Hablar” y “La Bullaranga”, del Centro de Derechos de la Mujer (CDM) y del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), respectivamente. En ambos se analizaría el golpe de Estado y sus consecuencias.

Los técnicos y la administración de Radio Cadena Voces notificaron a las conductoras Lícide Ortega y Deysi Flores que todas sus emisoras habían salido del aire y que no sabían el porqué. Minutos después la emisora transmitía música religiosa.
La noche del domingo 12 de julio autoridades del régimen de facto detuvieron durante cuatro horas a 11 periodistas de Telesur y Venezolana de Televisión (VTV), quienes se vieron forzados a abandonar Honduras al día siguiente.

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