Imagen tomada de http://www.opi97.org
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Hasta el 31 de agosto, el Ministerio Público (MP) había recibido 49 denuncias en la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, incluidos cuatro asesinatos y un intento de asesinato, además de decenas de intimidaciones y amenazas, la gran mayoría en proceso de investigación y, por lo tanto, no resueltas.

Por Ligia Flores, Evelyn Blanck y Miguel González Moraga

La gravedad de los hechos ha puesto de manifiesto el apoyo de medios masivos a sus reporteros, como no había sido constante en años recientes, y ha generado la solidaridad entre periodistas, en particular de los departamentos. Sin embargo, la respuesta de las autoridades encargadas de brindar seguridad e investigar ha sido limitada y coyuntural. Debido a ello, se ha reactivado la necesidad de contar con un sistema de alerta temprana, dirigido a agilizar las coordinaciones de entidades estatales y de la sociedad civil involucradas en la atención en materia de seguridad de las y los periodistas.

Cadena violenta

Entre la segunda semana de julio y la cuarta de agosto ocurrieron más hostigamientos contra periodistas que en lapsos similares en los años recientes. El 14 de julio los corresponsales en Huehuetenango de Siglo 21 y Telediario 13 fueron encañonados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes también les borraron las imágenes de sus cámaras fotográfica y de video. El hecho fue denunciado públicamente por el subdirector del primer medio, Vinicio Sic, pero oficialmente no aparece en las estadísticas del MP. Una semana después, el 21, Alfonso Guárquez, corresponsal de Cerigua en Sololá, recibió mensajes ofensivos y amenazantes a través de su teléfono celular.

Cinco días más tarde, el 26, Prensa Libre divulgó que su corresponsal en Retalhuleu, Rolando Miranda, había sido denunciado por el ingenio El Pilar por injuria y calumnia debido a una nota sobre la contaminación de un río. El medio, en un hecho poco usual, rechazó las presiones de los azucareros y brindó su apoyo a Miranda.

Para cerrar julio, Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión y Opinión y director del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (Demos), denunció el allanamiento ilegal de sus oficinas en la capital de Guatemala ocurrido la última noche del mes.

La violencia llegó a su nivel máximo el 6 de agosto, cuando fue asesinado en Zacapa Luis de Jesús Lima, de la radio Sultana de Oriente, y 13 días más tarde, en Suchitepéquez, fue abatido Carlos Alberto Orellana Chávez, de Noticias y Más. Entre ambos hechos, el lunes 12, fue atacado a balazos Freddy Rodas, corresponsal de alDía y radio Sonora, mientras se dirigía a su casa en la cabecera departamental de Suchitepéquez.

Durante agosto también se conocieron otros casos de hostigamiento. El domingo 25, Lucrecia Mateo, corresponsal de Siglo 21 y alDía en Huehuetenango, fue agredida por desconocidos que irrumpieron en una reunión que se realizaba en una parroquia local. Además se ser golpeada, a Mateo la despojaron de su cámara fotográfica y de su teléfono celular.

Ese mismo fin de semana, durante la elección de la reina indígena en Quetzaltenango, a reporteros de varios medios, entre ellos Lucero Sapalú, de Corporación de Noticias, se les impidió la cobertura. El círculo de acoso se cerró el domingo 25 de agosto, en San Marcos, cuando un inspector de la PNC engrilletó e insultó a los periodistas Esner Gómez Navarro, de Nuestro Diario, y Aroldo Marroquín, de Prensa Libre.

Hasta ahora, pese a la gravedad de los hechos descritos, solo una persona permanece en prisión: Marvin Cruz Ordóñez Carpizo, de 19 años, acusado de disparar contra el periodista Freddy Rodas. El resto de sucesos, como aseguran fuentes de los ministerios Público y de Gobernación, está en proceso de investigación.

Sin suficientes estadísticas

(Izquierda) Sofía Menchú, periodista amenazada por exfuncionario; (Centro) Elmer Yat, fiscal de delitos contra periodistas; (Derecha) Claudia Samayoa, UDEFEGUA. Al frente, Antonio Chitop, corresponsal de Nuestro Diario en Quiché, denunció amenazas durante segundo encuentro de periodistas, en julio pasado.

El acoso a reporteros y reporteras es más frecuente de lo que se pudiera creer. Durante el Segundo Encuentro Nacional de Periodistas efectuado en Mixco el 13 y 14 de julio, el 57% de los y las colegas a quienes se consultó dijo haber sufrido algún tipo de agresiones durante el ejercicio de sus labores. El dato permite colegir que no todas las presiones se denuncian en las instancias respectivas, como la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas o la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

De acuerdo con el fiscal Elmer Yat, el MP coordina con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Guatemala), el grupo civil que mejor documenta y da seguimiento a las intimidaciones contra periodistas. A lo largo de 2012 se registraron y depuraron 62 casos entre el MP y Udefegua, 11 menos que los consignados hasta el 31 de agosto de 2013. “Hoy lo que tenemos, o a lo que nos estamos acercando, es una imagen pública más clara de lo que le ocurre a los y las periodistas. Eso es un reto para el Estado, ya que no hay excusas para detener esa forma de violencia”, sostiene Claudia Samayoa, de Udefegua.

Según Yat, en el incremento de las denuncias ha influido la labor de organizaciones como Centro Civitas, Udefegua y Cerigua, quienes han logrado un mayor acercamiento de periodistas al MP. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación sostiene que no cuenta con mayores datos salvo los de la Fiscalía, los cuales son procesados y analizados en la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos Humanos, creada en 2007. La oficina del PDH registra ocho agresiones en 2013.

En la labor de denuncia Facebook y Twitter han sido dos de los instrumentos más utilizados por los periodistas agredidos y a través de los cuales se han organizado redes virtuales de solidaridad temporales.

¿Quién intimida y por qué?

Hasta ahora las investigaciones apuntan a que los asesinatos de periodistas en Suchitepéquez “sí son como consecuencia de la labor periodística”, declara Yat, contrario a los casos de Jutiapa —las muertes de Napoleón Jarquín Duarte y Luis Lemus, ocurridas el 2 de marzo y el 7 de abril—.

Quienes acosan periodistas, según la Dirección de Comunicación Social de la PDH, “son autoridades encargadas de brindar seguridad a la población (PNC, Ejército, funcionarios y exfuncionarios)”. Sin embargo, la respuesta oficial de Gobernación es cautelosa: “Se están identificando los patrones de riesgo y de ataques a periodistas, en específico el período que abarca 2011-2013, el cual esperamos tener en breve”.

El criterio de Claudia Samayoa en los casos de periodistas asesinados es que “la atención estaba puesta en la PNC, sus problemas y las deficiencias estructurales, y en las municipalidades locales y la gestión de recursos”. Aunque aparentemente no hay relación entre los crímenes, sostiene el mensaje velado fue: “No investigues corrupción”.

A su juicio, la violencia durante agosto puedo producirse a partir de dos hechos concretos: “El intento de quitar las medidas cautelares a Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, a través de un procedimiento extraño, y la aseveración del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, de que los periodistas son atacados por el crimen organizado como causal única”.

Mientras, Luis Mack, director de Analistas Independientes de Guatemala (AIG), plantea que si se incrementó el hostigamiento contra periodistas implicaría que este Gobierno es más intolerante y agresivo que los anteriores y no sabe manejar el disenso o que es igual de intolerante que el de Álvaro Colom.

“Es bastante difícil para mí saber cuál de los dos escenarios es el correcto. Sin embargo, me parece que más allá de que si aumentó o no el nivel de agresión, es indudable que el papel de los comunicadores sociales y los medios es reconocido ampliamente en el país”, remarca.

Para otro analista, Renzo Rosal, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, entre las razones que podrían explicar el incremento del clima hostil contra la prensa en los departamentos estaría la indefensión de los comunicadores que muchas veces han denunciado redes del crimen organizado o actos de corrupción.

Insuficiente acción del Estado

Después del incremento de la violencia en agosto, el Ministerio de Gobernación reactivó la línea telefónica 55 542 112, para que los periodistas denunciaran las intimidaciones. No obstante, hasta mediados de septiembre solo había registrado una denuncia, de acuerdo con el oficial Armindo Reyes, jefe de la Unidad policial de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

Un sondeo efectuado en Facebook por Sala de Redacción recogió solo opiniones adversas a esa iniciativa gubernamental. “No confiamos en las autoridades”, fue el mensaje más repetido.

A raíz de la intimidación policial a los periodistas marquenses Gómez y Marroquín, Gobernación busca implementar acciones “de sensibilización y capacitación” sobre los roles de la PNC y la prensa, “en donde prive el respeto mutuo y se prevengan los roces” durante coberturas.

El presidente Otto Pérez Molina anunció el 21 de agosto la reactivación de una unidad policial para proteger a periodistas, sindicalistas y activistas de derechos humanos. Asimismo, se comprometió a firmar entre el 26 y 30 de ese mes “un acuerdo de aceptación de la unidad especial que es respaldada por Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, lo cual no ha ocurrido.

¿Qué hacer?

Foto: Sala de Redacción

Debido a los riesgos, en particular fuera de la capital, una de las recomendaciones del Segundo Encuentro Nacional de Periodistas fue avalar la creación de un sistema de alerta para denunciar y registrar las agresiones contra cazanoticias.

En esa línea, el Centro Civitas —en alianza con periodistas independientes y Udefegua— dio seguimiento a un plan piloto para aplicar un Sistema de Alerta Temprana de Prevención y Respuesta de Emergencia ante Agresiones a Periodistas (Satre), el cual ya ha sido comunicado al Ministerio de Gobernación, a representantes de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y del Ministerio Público, así como a grupos civiles vinculados con la temática.

La propuesta va dirigida a agilizar la coordinación de entidades estatales y de la sociedad civil involucradas en la atención en materia de seguridad de las y los periodistas, así como en la investigación y recolección de información que permita prevenir los casos de agresión, por medio de la elaboración de mapas de riesgo, rutas críticas, protocolos y otras actividades, a cargo de un área de investigación.

Busca, además, involucrar a periodistas por medio de la construcción de una red nacional de envío y traslado de datos a una central de monitoreo y colaborando con las acciones de respuesta inmediata.

La efectividad del sistema fortalecería los mecanismos de monitoreo, denuncia y respuesta a las agresiones contra periodistas y abonaría a la vigencia de la libertad de expresión en Guatemala. Ya hay compromisos por parte del Estado pero ponerlo en funcionamiento aún es un reto.

Entre anónimos e intimidaciones

Lucero Sapalú, de alDía y Siglo 21 en Quetzaltenango, y Alfonso Guárquez, corresponsal de Cerigua en Sololá, son dos ejemplos de periodistas que han sido víctimas de anonimistas y guardias prepotentes.

Discriminación

El guardia de seguridad le dijo a Lucero Sapalú que no la dejaría entrar sin su carné de prensa. Cuando ella se lo mostró el agente le exigió una acreditación y Lucero le dijo que nunca le avisaron de ese proceso de inscripción previa; el guardia la empujó y cerró la puerta frente a ella.

La periodista insistió, pues debía cubrir el evento de elección Umial Tinamit Re Xelajuj Noj, organizado por la municipalidad de Quetzaltenango y realizado en agosto pasado, así que tocó nuevamente la puerta. El guardia le dijo que solo si el encargado de la actividad (el concejal Juan Pablo Quixtán) llegaba personalmente la dejaría pasar. Ella, cansada de una larga jornada de reportes noticiosos decidió irse, sin imaginar que a otros periodistas también se les vedó el acceso a la actividad. Aunque sus colegas dijeron que el guardia también fue prepotente, a ellos no los empujó ni cerró la puerta de manera violenta. La joven periodista asistió sola a la cobertura del evento, por eso cree que el guardia fue agresivo con ella.

Lucero presentó una denuncia en la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) donde le dijeron que le darían seguimiento, “a pesar de que no era un acto de discriminación en su contra”. También denunció en la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

La periodista cuenta que el corresponsal de Nuestro Diario logró entrar porque amenazó al guardia con denunciarlo por violación de su derecho de acceso a la información. Solo el corresponsal y tres periodistas de medios locales ingresaron. Días después, la reportera se enteró de que el alcalde se disculpó públicamente con periodistas que asistieron a una reunión de Concejo Municipal, pero ella no estuvo presente.

Amenazas telefónicas

El 17 de julio por la mañana Alfonso Guárquez recibió en su celular una serie de mensajes ofensivos y amenazantes, hechos que denunció públicamente. Los escritos enviados a su teléfono le indicaban que él era vigilado debido a su actividad como periodista.

Además, trasladaban comentarios sobre que personas como él “han hecho daño a la comunidad”, por lo que “había que disminuirlas”. Lo insultaron, lo llamaron “profesional estúpido”, que se deja “dominar por la política y el dinero”. Dijeron conocer su rutina, “sabemos todo lo que hace” y lo amenazaron porque él participa activamente en su comunidad: “Sabemos en qué otras cosas estás metido”.

Luego de la denuncia pública, Guárquez no ha recibido más amenazas. Sin embargo, algunas personas próximas a su actividad periodística le han dicho que “por cualquier cosita hace denuncias”. Incluso, un pariente cercano del alcalde de la cabecera departamental, que trabaja en una entidad del Estado, lo ha llamado cobarde, por haber denunciado públicamente. En conversaciones con otros periodistas les habría dicho: “Mirá vos, decile al Alfonso que no sea hueco, que con ese tipo de mensaje no debería andar poniendo denuncias”.

El periodista recuerda que, por esas fechas, divulgó varias piezas periodísticas donde hizo públicos actos de corrupción de tres comunas: Sololá, Panajachel y San Andrés Semetabaj, las cuales no asignaron el presupuesto a las Oficinas Municipales de la Mujer. Asimismo, casos de sobrevaloración de obras en corporaciones de Sololá y San Andrés Semetabaj.

El contexto en el que laboran las y los periodistas en Sololá es complejo, explica Guárquez. Hay corrupción en todas partes, varios reporteros aceptan sobornos de las autoridades y quienes no lo hacen son sometidos a la censura. “Muchos funcionarios son prepotentes y autoritarios y cuando cubrimos información que no les favorece, nos consideran sus opositores políticos”, se lamenta el periodista. Algunos comunicadores de oficinas públicas reclaman directamente a quienes laboran en los medios luego de coberturas como las de Guárquez. Incluso, algunos vecinos, simpatizantes con las autoridades, llegan a representar una amenaza a la labor e integridad de los periodistas, pues en cuanto se denuncia corrupción, reaccionan de formas amenazantes.

La fiscalía distrital de Sololá redactó un oficio donde pide a la Policía Nacional Civil (PNC) del lugar que “preste mayor atención a las amenazas contra el periodista y que esté alerta”. Hasta ahora, la PNC no se ha comunicado con Guárquez.

2 Comentarios para “Incremento de agresiones y limitada acción del Estado”

  1. Mario Morales

    Me parece interesante la propuesta de la alerta temprana. En el gobierno anterior El ministro de gobernación, Carlos Menocal, tuvo iniciativa similar pero no prosperó. El temor de muchos de denunciar en las instancias correspondientes es que en la mayoría de casos son agentes del Estado los implicados (fiscales, agentes y funcionarios) y cuando son otros los agresores. Adema el tráfico de influencias que hay entre las entidades señaladas y los medios, es otro de los tropiezos de quienes se animan a denunciar. Las estadísticas que mencionan en su artículo quedan cortas para la caridad de agresiones que ocurren el país. Insisto en que se debe hacer una especie de lobby con los directores de medios para comprometerlos y apoyen más a sus reporteros.

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