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El 31 de julio pasado, el Juzgado Primero de Paz Pluripersonal emitió sentencia condenatoria contra Ricardo Emanuel Álvarez Maas, por amenazas contra la colega Flor de María Murga, productora y locutora del programa El Chapuz, de Emisoras Unidas. El caso sienta un precedente importante para todas las trabajadoras de la radio que sufren agresiones constantes por parte de escuchas, así como para las y los periodistas en general.

Álvarez Maas, quien admitió la culpa, fue sentenciado a un año de prisión conmutable y además la jueza que resolvió dictó una orden de restricción para que ni él ni sus familiares o allegados se acercaran a la locutora, a su residencia o lugar de trabajo. Dado que el condenado carecía de antecedentes penales y que la ley toma en cuenta que el espíritu con que opera el sistema de justicia es el de reinserción del reo, la pena fue provisionalmente suspendida por dos años, siempre y cuando no haya reincidencia.

En medio del clima de agresiones crecientes a periodistas en Guatemala, la sentencia es una bocanada de aire. La sentencia condenatoria fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de investigación de la Unidad fiscal de delitos contra periodistas, que realizó una excelente labor de documentación del caso a partir de la denuncia. La victoria judicial alcanzada muestra que la solución de casos es posible cuando se produce una colaboración eficaz entre las personas afectadas y los fiscales.

Pero además es un mensaje muy positivo para otros colegas, sobre todo para periodistas mujeres, porque muestra que no hay por qué tolerar este tipo de interacciones abusivas y amenazantes por parte de sus públicos. Como Centro Civitas y Sala de Redacción felicitamos a Flor de María Murga por haber denunciado y haber mantenido su ánimo de buscar justicia, así como a la Unidad fiscal por el trabajo realizado.

Instamos a las y los colegas a que denuncien las agresiones de toda índole y a los medios que no se conviertan en cómplices de la impunidad, prohibiéndole a sus trabajadores que lo hagan, porque lamentablemente, eso sucede en Guatemala. Por un lado, muchas y muchos periodistas desconocen que tienen derechos y que no están obligados a “pedir permiso” a las empresas donde trabajan para denunciar. Por el otro, varias empresas de medios les prohíben denunciar, por razones de índole diversa, contribuyendo a violentar los derechos de sus trabajadores. Al hacerlo contribuyen a cimentar la impunidad y a afectar la Libertad de expresión.

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