Cortesía de Demos
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Por Ligia Flores

 

El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del Derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue Lewy, conversó con Sala de Redacción sobre la violencia que afecta a las y los periodistas y cómo esta situación vulnera el derecho de la población a ser informada. Compartió su propuesta sobre la creación de un mecanismo de protección para periodistas, en el que participen también sociedad civil y gobierno. El relator enfatizó en la importancia de que las asociaciones de prensa y las organizaciones sociales impulsen debates éticos y sobre calidad en el periodismo. A continuación, compartimos la charla.

¿Cuál es su percepción sobre la libertad de prensa en Guatemala?

Hay dos fenómenos que me preocupan. La agresión e intimidación progresiva contra periodistas y el incumplimiento de los principios básicos de diversidad y pluralidad en los medios de comunicación social. Ejercer la comunicación social es un doble derecho: el de los y las comunicadoras al ejercicio de su profesión en libertad y el de la sociedad a estar informada. Los dos derechos confluyen.

Los monopolios son un atentado contra el derecho de la sociedad a estar bien informada. Esto es grave en Guatemala, pues tenemos un monopolio de la televisión. Incluso en el uso de las frecuencias electromagnéticas, la Ley de Telecomunicaciones permite que, por medio de un ejercicio competitivo como la subasta, se favorezca a quien tiene más recursos para que acceda a las frecuencias. Este sistema no puede usarse para recursos públicos, además, no todas las frecuencias deben usarse comercialmente. El Congreso, con el descaro que es parte de la corrupción, pasó una ley en la que amplía de gratis el usufructo de las frecuencias, por medio de un intercambio de cartas. Esto es lo más ilegal que he visto. En Guatemala se perdió la comunicación pública, aunque existen, la radio TGW y el Diario de Centro América son fantasmas. Hay que recuperar las telecomunicaciones públicas, porque son un servicio para la comunidad.

¿Qué es lo más grave en cuanto a las agresiones contra periodistas?

Los asesinatos de periodistas nunca son investigados, la gente asume que la profesión es peligrosa y cree que cuando los matan es porque eso tenía que pasar. Se piensa muchas veces que el periodista favorece o simpatiza con uno u otro cartel. Esas son especulaciones. Lo importante es que el Estado no especule, sino que investigue, que procese a los responsables. Ese es el factor más importante en cuanto a la seguridad del periodista, pero es en el que más se falla.

En Guatemala un periodista está expuesto a la violencia de todos los sectores de la población. Se sabe del caso de un periodista que por mala práctica fue expulsado de su comunidad. ¿Qué opina?

Un mal periodista que cubre mal las noticias provoca una actitud de prejuicio en contra de la prensa y se cree que los periodistas generan la violencia o le están haciendo el juego a los intereses económicos. Guatemala empieza a entrar lentamente en un período de tensión y amenaza a la prensa. Ahora que estamos a tiempo, debe atenderse.

¿Qué provoca este escenario?

La debilidad de Estado. Una de las cosas que nunca hicimos después de firmar la paz fue fortalecer su institucionalidad, eso permitió que el crimen organizado creciera. El Estado de Guatemala tiene, por ejemplo, poco control sobre el norte del país. Diría que a Petén lo controla más el narcotráfico que el Estado. El oriente también es una zona de actividad intensa del narcotráfico y eso provoca un impacto político. En la medida que el crimen organizado crece, el poder estatal disminuye. En ese contexto, si un periodista quiere analizar la corrupción de un alcalde vinculado con carteles de la zona, el funcionario puede fácilmente amenazar al periodista. El ambiente de temor e intimidación que se está generando en Guatemala amenaza al periodismo serio, que quiere denunciar estas cosas.

¿Cómo se puede garantizar un ejercicio periodístico seguro?

El mecanismo de protección que propongo es una comisión, un órgano colectivo integrado por el más alto nivel las fuerzas de seguridad, un delegado del Ministerio de Gobernación, representantes de prensa y sociedad. Este debe tener dos subcomisiones, una de análisis de riesgo y la otra la de análisis de medidas a tomar. Eso tiene que ver con el compromiso de crear las medidas físicas y en segundo lugar de coadyuvar con el Ministerio Público, que tiene una fiscalía específica para investigar. También debe haber medidas políticas desde el Estado en defensa de la libertad de prensa.

Recientemente el diario elPeriódico denunció ser víctima del acoso del Gobierno y una de sus reporteras fue amenazada por investigar sobre un militar en prisión. ¿Qué acciones ha tomado la Relatoría al respecto?

Me reuní con Sofía Menchú y le hice ver que nos comunicaríamos con Ginebra y desde ahí se daría comunicación diplomática con el Estado de Guatemala para que este nos informe del avance de las investigaciones.

Me he reunido con Jose Rubén Zamora –presidente de elPeriódico– y está claro que el mismo Gobierno le quita fuentes de financiamiento al negarle pauta oficial, además, está tratando de disuadir a otros sectores para que no anuncien en el medio. elPeriódico está desempeñando un papel muy valiente y se debe defender.

¿Qué otras acciones puede emprender la Relatoría?

Cuestionar a los países en las sesiones del Consejo de la ONU, además del examen periódico universal.

¿Ha tenido respuesta del Estado sobre estos casos?

Ninguna.

¿Qué hará, entonces?

Dar seguimiento.

¿Cómo evalúa el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Públca en Guatemala y papel de la PDH?

En muchos países del mundo se están aprobando leyes de acceso a la información y también leyes de excepción bajo el pretexto de temas de seguridad nacional. Creo que debe haber límites muy precisos sobre este tema, pero los estados se están excediendo. Por ejemplo, la información sobre gastos de los ministerios de Defensa, en cualquier país del mundo, debe ser pública; no así datos sobre las operaciones de seguridad, mientras se desarrollen. No pueden decirnos que los gastos son confidenciales.

La otra limitante es la falta de institucionalización. Los mexicanos, por ejemplo, van muy avanzados. Crearon el Instituto Federal de Acceso a la Información, que actúan cuando en una dependencia de un estado federal se niega la información. En Guatemala, la PDH debe asumir más severamente su papel, incluso debiera haber un procurador adjunto responsable del acceso a la información. No para que cada caso pase por él, sino que intervenga cuando haya casos especiales y solicite la información o haga las denuncias públicas cuando esta se niega.

En otro tema. En el contexto del juicio histórico por genocidio, se rumora en los pasillos de tribunales que desde el Gobierno se está comprando periodistas para que se favorezca la cobertura hacia los acusados, ¿qué opina al respecto?

Cada medio tiene derecho a poseer su línea editorial, por tanto, habrá medios que simpaticen con acusados o con víctimas, otros imparciales que digan la verdad como es. A la Relatoría no le compete calificar el contenido de las publicaciones.

Pero hay señalamientos de que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia amenaza la libertad de prensa en este caso.

Primero, no me puedo pronunciar porque no me constan los hechos. Segundo, porque sería muy difícil para mí pronunciarme sobre hechos de corrupción de los medios.

¿Por qué la dificultad?

Mi función en el mundo es reivindicar la libertad de la prensa, aun la del mal periodismo. La calificación de los contenidos de la prensa debe hacerla el público; ni siquiera el Estado, porque eso sería censura.

¿Cuál ha sido, en criterio suyo, el papel de sociedad civil al respecto?

Ha habido un debate pobre sobre la calidad del periodismo. El mejor periodismo será producto de un debate intenso entre periodistas con la sociedad misma. Hay una experiencia muy linda del periódico The Guardian, de Inglaterra, que una vez al año tiene una sesión de puertas abiertas con directores que invitan a la gente, al público, para que haga sus comentarios.

¿Cómo impulsar el debate de la autoregulación de los medios de comunicación cuando se tiende a creer que un código de ética, por ejemplo, puede censurar?

En algunos países han creado un procurador del lector. Hay periódicos que nombran defensores del lector. Eso implica tener mucha madurez en la población y un debate serio. En Guatemala, este debate no va a venir de las universidades, aunque debieran ser las facultades o unidades de periodismo las que apoyen. Creo que las asociaciones de prensa y las organizaciones sociales pueden impulsarlo por medio de coloquios, foros, debates, para llevar al periodismo a crear y aceptar sus propios códigos de ética. Cuando alguien se niega a tener un código de ética se niega a tener una conducta razonable. Lo que se quiere es excelencia profesional, por tanto, no hay razón para no tener un código de ética y, sobre todo, un debate público sobre la calidad del periodismo.

Una muestra de mal periodismo en Guatemala es el hecho de que la prensa permita que se lean todos los mensajes que la gente envía por medio de las redes sociales. Esto es mal periodismo, porque está muy claro que, por medio del anonimato, hay gente que es capaz de decir cosas muy groseras, ofensivas y racistas. No debe haber nunca censura del Estado, pero un medio puede decidir su auto regulación, porque se está generando un ambiente de absoluto irrespeto y falta de seriedad en el debate.

¿Puede hacer una conclusión sobre el estado de la Libertad de Expresión en Guatemala?

Es crítico por dos razones. El tema de la violencia contra periodistas es un fenómeno que nos debe llamar la atención porque no se había dado en Guatemala con estas dimensiones. La segunda razón es que la comunicación se están viendo solo desde la óptica comercial, y se cree que lo que no es negocio no sirve. Esto con relación a las radios comunitarias y la ampliación de la concesión de frecuencias radioeléctricas que desplaza a toda la población. Es de lo más grave que ha ocurrido.

Guatemala tiene un desafío cercano. La Asamblea General de la OEA está programada, creo que para el 3, 4, 5 de junio, y la CIDH traerá una discusión sobre la libertad de expresión. Este es el momento para que el Estado y toda la sociedad exijan una visita de la Relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero; es el momento en que debemos reivindicarnos como país.

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