Imagen tomada de www.cidh.org
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Por Miguel González Moraga (@magmoraga) (*)

 

Desde que se puso a la cabeza de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, el abogado y periodista uruguayo Edison Lanza se ha mostrado incansable, realizando visitas a países y estableciendo contactos con diversas organizaciones. Sala de Redacción lo entrevistó, vía Skype, en vísperas de un año electoral en Guatemala que podría tornarse muy agitado en términos, precisamente, de las libertades de expresión y de prensa.

“La Relatoría recibe información y denuncias a través de su correo institucional (cidhexpresion@oas.org). También contamos con una página web (www.oas.org/es/cidh/expresion) a la que pueden acceder y donde encuentran información actualizada, como los informes temáticos, los casos, las declaraciones de la Relatoría, los comunicados de prensa, cómo funciona la Relatoría”.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina se observa en Guatemala un incremento de los riesgos en el ejercicio periodístico y el Ministerio Público reporta 180 denuncias de agresiones. En 2015, año electoral, podría ocurrir un repunte, ya que ha sido la tendencia en los últimos 10 años. ¿Qué opinan en su oficina sobre este panorama?

La Relatoría registra desde hace algunos años un incremento de asesinatos de periodistas y ataques graves a su vida y a su integridad, tanto en México como en Honduras, Guatemala y, en menor medida, en El Salvador. Es una preocupación, sobre todo porque los Estados en esos contextos tienen la obligación de crear un ambiente favorable para el desarrollo del periodismo. Eso pasa por investigar, darle seguimiento a los casos, juzgar y sancionar las agresiones. Sin embargo, no estamos viendo un empeño suficiente para encontrar a los autores de estos hechos.

En noviembre de 2013 el Gobierno guatemalteco anunció que crearía un programa de protección para periodistas, pero no hemos visto mayores avances. ¿Ha sido requerido apoyo a la Relatoría que usted dirige?

Tuvimos noticia de la creación del programa, pero no confirmación de que se haya avanzado en el mecanismo de protección. Eso nos preocupa, ya que en países con climas de agresión la constitución de estos programas es buena noticia y es una de las acciones básicas para el ejercicio del periodismo. Ocurrió en Colombia y en México y, por lo tanto, sería bueno que Guatemala avanzara en ese camino.

Es evidente que las condiciones de seguridad de los periodistas influyen en la calidad de información que recibe la gente, pero también la precariedad laboral. En Guatemala no se actualizan las tablas salariales para periodistas desde hace ocho años, lo cual solo ha sucedido dos veces en 20 años. En 2014, el Ministerio de Trabajo no convocó a la tripartita, porque, dijo, no había quien representara a los periodistas; en consecuencia, oficialmente ganamos al mes lo mismo que un obrero no calificado en la ciudad, que son más o menos US$300. ¿Cómo hacerle frente a esa inseguridad laboral?

Las respuestas que puede dar la Relatoría son limitadas, ya que los asuntos de derechos laborales no son específicos de su mandato ni del de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Eso sin perjuicio de que justamente la precarización del trabajo de los periodistas es un factor de riesgo adicional, el cual afecta la calidad de la información transmitida y también de algún modo el derecho de información de las y los ciudadanos en general, así como la existencia de un espacio público de debate robusto. Por eso, aunque no es específico de su mandato, anotamos cuando existe precarización en las condiciones del trabajo de los periodistas.

Frente a la precarización, la inseguridad y la criminalización ha habido iniciativas de periodistas, específicamente de radios comunitarias, que desde hace meses han gestionado en la Cancillería guatemalteca la visita oficial al país de quien dirige la Relatoría, primero de Catalina Botero y ahora de usted. Durante la tercera semana de septiembre de 2014 acompañamos a los colegas al Ministerio de Relaciones Exteriores y el vicecanciller Oscar Padilla mostraba su disposición a trasladar la invitación. ¿Ya le llegó?

No, no me ha llegado invitación oficial desde la Cancillería de Guatemala. Sería muy importante para la Relatoría llegar en el marco de una visita oficial, en el entendido de que el Estado debe ofrecer las condiciones ideales para hacerlo. Con gusto aceptaríamos esa invitación. Y si fuera el caso y la invitación llegara los próximos días, semanas o mes, a partir de eso podríamos fijar una fecha en agenda. Nos interesa mucho seguir los procesos de protección de periodistas, la inclusión del sector comunitario, el sistema de medios, pues la Relatoría ha dado seguimiento a las condiciones de diversidad y pluralismo que debería mostrar. También tenemos entendido que hay algunos aspectos de concentración de medios y sería interesante evaluarlos.

Como es probable que no le llegue la invitación oficial del Estado guatemalteco, ¿es posible que utilice los mecanismos de visita in loco o académica, como las que ha realizado a Chile, Ecuador y El Salvador durante estos primeros meses de su gestión?

La posibilidad de una visita in loco tiene que ver con mecanismos más complejos, vinculados a una invitación ante un señalamiento de recomendaciones sobre la situación de derechos humanos en Guatemala que la CIDH pueda hacer en su próximo informe anual y también de la voluntad del Estado de recibir esas recomendaciones y de invitar a la Comisión a realizar esa visita in loco para verificar situaciones. Eso ha ocurrido recientemente en Honduras y es importante, porque la Comisión tiene la máxima oportunidad de estar en el terreno, de verificar y de reunirse con todos los actores de derechos humanos, pero también con las autoridades estatales que tienen injerencia directa en los temas y puede hacer un informe muy exhaustivo. O sea que eso depende de una postura de la Comisión Interamericana en su conjunto y no solo de la Relatoría, así como de la posición que adopte al respecto el Estado.

En el segundo caso, el de las visitas académicas, es una forma que la Relatoría utiliza cuando es posible, porque nos permite hablar de los estándares de libertad de expresión y de la opinión. Para eso requerimos una invitación de alguna entidad académica o una organización no gubernamental que nos brinde esa posibilidad. Esta forma tiene algunas limitaciones respecto de la visita oficial o in loco, porque la Relatoría tiene que ceñir su actividad a los aspectos académicos y solo podrá tener reuniones informales con algunos actores de la sociedad civil, pero no puede hacer valoraciones ni emitir opiniones ni recomendaciones sobre la situación de libertad de expresión en el país.

Sería importante su presencia en el país sea como fuere, porque la última visita in loco de la Comisión fue hace más de 10 años, la única visita oficial de un relator fue hace casi 15 y la última académica fue hace tres. De cara al proceso electoral sería conveniente que venga alguien y nos ayude a los periodistas.

Esta entrevista tiene también el objetivo de hacerles saber a los periodistas —y a quienes en Guatemala han denunciado ante la Comisión y están preocupados por el clima en torno a la libertad de expresión— que para la Relatoría son una prioridad. Es uno de los países que atendemos con especial atención porque sabemos de la vulnerabilidad y la desventaja que sufren los actores de la comunicación.

Como no había ocurrido en la misma medida en otros procesos, en este vemos a más políticos que crean y compran medios, además contratan periodistas, quienes terminan trabajando para empresas cuyas actuaciones vulneran la libertad de expresión. Nos interesaría también que durante su visita se constatara este tipo de asuntos que pervierten el ejercicio periodístico.

Una visita resulta lo más conveniente y útil para los fines de la Relatoría y los propios actores vulnerados en el país, pero también le manifiesto que hacemos un monitoreo exhaustivo a través de diversas fuentes de la situación de la libertad de expresión, el cual será volcado en el próximo informe anual, a ser publicado seguramente en marzo. Por lo tanto, por el hecho de estar demorándose una visita no sientan que la Relatoría no está siguiendo todos los temas: nos es muy útil e importante toda la información que puedan volcar los medios de comunicación, las organizaciones especializadas, como la de ustedes, en torno a los hechos que acontecen en materia de libertad de expresión.

Aparte de que estamos frente a la creación de nuevos medios por parte de políticos que irrespetan la libertad de expresión, se ha observado además de un uso clientelar de la pauta oficial. ¿Considerará la Relatoría en su informe este aspecto y hará recomendaciones?

La Relatoría ha publicado un informe sobre estándares internacionales a seguir por los Estados para la asignación de la publicidad oficial y cómo prevenir que sea utilizada para afectar la libertad de expresión. La CIDH aprobó ese informe en 2012 y ahí está muy claro y detallado, en forma extensa, cómo se debe cumplir con esas pautas y esos estándares. Por lo tanto, recomendamos que la sociedad civil utilice ese documento para su incidencia y que los Estados también lo observen cuando construyan la asignación de la pauta oficial, y si eso no ocurre, sería interesante tener evidencia para evaluar si hay un apartamiento de esos estándares.

Usted dice que la Relatoría monitorea Guatemala, sabemos que es un equipo pequeño para más de 30 países, pero hay más de un periodistas que ni siquiera sabe que existe la oficina que usted dirige. ¿Cómo pueden tomar contacto con ustedes?

La Relatoría recibe información y denuncias a través de su correo institucional (cidhexpresion@oas.org) y tenemos también una página web (www.oas.org/es/cidh/expresion) a la que pueden acceder y donde encuentran información actualizada, como los informes temáticos, los casos, las declaraciones de la Relatoría, los comunicados de prensa y cómo funciona la Relatoría.

 

(*) Con apoyo de Evelyn Blanck y Herberth Pineda

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