Imagen de: www.izquierdoshumanos.com
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Publicado & archivado en La Columna de Olga.

Por Olga Villalta

Después de leer el documento “Tierra para nosotras”, que publicó la Red de mujeres Rurales Indígenas y Campesinas en el evento “Semana Internacional de las Mujeres Rurales” celebrado en Guatemala del 14 al 16 de octubre, me pregunto por qué en pleno siglo XXI miles de mujeres en el mundo continuamos exigiendo espacios para desarrollarnos y desarrollar a nuestras comunidades. Son espacios que por derecho deberíamos ocupar sin cuestionamientos.

Estas mujeres, que tienen años de venir luchando por el derecho al acceso a la tierra, han documentado su situación, evidenciando la exclusión y desigualdad a que son sometidas. En su proclama plantean que su aporte a la economía sigue siendo invisbilizado.

Afirman que “En América Latina, de 58 millones de mujeres rurales solo 17 millones son reconocidas como parte de la población económicamente activa”. Si no son reconocidas en las estadísticas nacionales e internacionales, es muy difícil que accedan a programas específicos de apoyo para el desarrollo de sus familias y comunidades.

El acceso a la propiedad de la tierra presenta más dificultades para las mujeres. Como indicativo de esta realidad, el documento reporta que en Honduras solo el 12% de propiedades rurales pertenece a mujeres; en Guatemala es el 15% y en El Salvador, el 13%.

Ellas proponen que el acceso a la tierra pasa porque los estados centroamericanos reconozcan a las mujeres como ciudadanas plenas, sujetas de derechos y actoras económicas claves en la economía. Para ello presentan una serie de medidas, por ejemplo: que en los programas de adjudicación de tierras deben ser tomadas en cuenta como copropietarias, evitando así la exclusión. En los programas productivos solicitan la incorporación del enfoque de género, para garantizar un beneficio real. Así también plantean la revisión de las definiciones que se utilizan en los censos agropecuarios, la desagregación de los datos por sexo en la tenencia de la tierra y en los presupuestos nacionales.

Otra de las medidas tiene que ver con las herencias en las que muchas veces, al enviudar, las mujeres pierden sus derechos ante los hijos.

Al Estado de Guatemala le proponen, entre otras, las siguientes demandas: que se elabore una Política pública de acceso a la tierra para las mujeres campesinas e indígenas; anular las licencias a megaproyectos agrícolas, hidroeléctricos y de minería; desarrollar el derecho agrario y la institucionalidad agraria para garantizar la seguridad jurídica del acceso a la tierra; identificar las tierras en desuso de propiedad municipal, y establecer la representación legítima de las mujeres en el Consejo de Dirección de Fontierras.

Cuando escribo esta columna, otras mujeres procedentes de América Latina, incluyendo Guatemala, están presentando en audiencia pública ante la CDIH las investigaciones realizadas en varios países, sobre la situación de las niñas que se enfrentan a embarazos no deseados producto de violencia sexual. En mi próxima columna compartiré la respuesta de la CDIH.

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