Foto por Sala de Redacción.
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Por Evelyn Blanck

En las últimas semanas, la defensa de la Libertad de expresión acaparó en Guatemala espacios mediáticos. Enhorabuena. Siempre hay un rol formativo que los medios cumplen –aunque sea inadvertidamente –y si algún mensaje fue trasladado es que la Libertad de expresión es un manto benefactor que nos cubre a todas y todos.

¿O no?

A juzgar por los comentarios vertidos en redes sociales, sobre todo Twitter, no todos quedaron complacidos por ver a determinados y polémicos personajes mediáticos pronunciarse en favor de dicha libertad, tan esencial para la vida en sociedad, en una conferencia desarrollada el 16 de enero pasado.

Denuncias y posicionamientos sobre libertad de expresión

Por Miguel González

En enero de 2015 ocurrieron al menos ocho actos dirigidos a limitar la libertad de expresión, de acuerdo con datos del Ministerio Público (MP), los que superaron en siete al mismo mes del año anterior. Solo en tres hubo denuncias y posicionamientos públicos.

Los hechos más divulgados y con mayor cantidad de reacciones –en orden descendente– fueron el acoso al periodista Juan Luis Font (director de noticias de Canal Antigua y director de la revista ContraPoder) por parte del entorno de Manuel Baldizón, aspirante a la Presidencia de la República; el asalto y lesiones a Susana Morazán (presentadora de Azteca Guate) por desconocidos y el cierre del local de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’, de Santa Eulalia, Huehuetenango, por pobladores afines al alcalde de la localidad.

El primero y el tercer suceso derivaron en convocatorias a conferencias de prensa en demanda de respeto a la libertad de expresión. En ambos desempeñó un papel central el periodista y sociólogo Gustavo Berganza, columnista de ContraPoder y entrevistador en Canal Antigua, pues condujo una conferencia y acuerpó la segunda. No obstante, quienes posteriormente se sumaron a los llamados, en general, particularizaron la exigencia y no les dieron la misma importancia a ambos sucesos.

En la denuncia pública, el 16 de enero, Berganza leyó un comunicado donde se resume el acoso a medios y periodistas. Al acto se sumó un grupo de columnistas y parte de la redacción de ContraPoder, pero casi ningún reportero o reportera, ni siquiera quienes acudieron a la conferencia, como se constata en reportes de la cobertura.

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El ideal humano

El reconocimiento y la construcción de libertades y derechos humanos son tan antiguos como la vida en sociedades, pueden ser advertidos en las primeras leyes redactadas por la humanidad y aún están en constante desarrollo. Podríamos asegurar que, en gran medida, en ese proceso de construcción quedan recogidos aprendizajes sociales y que según los ámbitos específicos de derecho pueden ser reconocidas épocas o etapas históricas que influyeron significativamente para que hoy sean comprendidos de determinada manera.

En el caso de la Libertad de Expresión, por ejemplo, hay antecedentes importantes en los continentes americano y europeo. En el primero de los casos, cuando las nacientes naciones redactaban sus normas de convivencia. En el segundo, con etapas y acontecimientos tan relevantes como La Iluminación, la Revolución Francesa e incluso La Inquisición.

Lo que sí es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, constituye un parte aguas importante en términos de recopilación y desarrollo de normativa internacional en derechos humamos, con el objetivo de que, como ideal común, todos los pueblos y naciones se esfuercen “a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”. ¿Las aspiraciones? La paz y el desarrollo democrático.

Solo en lo que respecta al siglo pasado, la normativa internacional sobre Libertad de expresión y sus límites queda recogida en la Declaración (artículos 19 y 29), así como en el Pacto de Derechos Civiles y políticos (artículos 19 y 20), en la Convención de los Derechos del Niño (Artículo 13), en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Artículo 4) y en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Artículo III), entre otras.

A nivel continental, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 14) y en la Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre (Artículo IV). Existen otras legislaciones continentales de África y Europa que la reconocen. Todo este articulado recoge el concepto de una libertad abarcadora, que incluye los derechos a no ser molestado a causa de las opiniones y a difundirlas sin limitaciones por cualquier medio de expresión. También de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones e ideas y el Derecho de rectificación o Respuesta, en protección a la honra y a la reputación.

Con respecto a las restricciones, cuyo único fin es “asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”, estas no solo son las de asegurar el respeto a la reputación y derechos de los demás, sino que incluyen la protección de la seguridad nacional, el orden o la salud y la moral públicos. También hay limitaciones específicas encaminadas a proteger los derechos de la niñez, a evitar la apología al odio nacional, racial y religioso, así como del delito.

Como actos punibles quedan establecidos la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación. Además, las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y se reconoce “que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley”. Asimismo, la instigación directa y pública a cometer genocidio, así como restricciones para evitar el pánico financiero.

Libertades conexas

Las libertades de Opinión y de Prensa, que son más específicas pero igual de fundamentales para la construcción democrática, conllevan un papel progresivo y habilitador de la Libertad de expresión, a partir de que esta última estipula que la expresión y las opiniones pueden ser difundidas por cualquier medio y publicadas en todos los formatos o soportes. Sobre todo la Libertad de prensa, entendida como la de gestionar medios y publicar en éstos sin censura, primordialmente de parte de los estados, así como la obligación de estos de crear entornos de diversidad y pluralismo de medios, para que todas y todos puedan disfrutarla. Esta libertad comienza a adquirir relevancia con el surgimiento de los medios masivos. Uno de los primeros países en legislar al respecto fue Suecia, en 1776, pero también lo recoge tempranamente la carta magna estadounidense en su Primera enmienda.

La Libertad de Prensa, en suma, está orientada a que los medios de prensa funcionen libres de control gubernamental, lo cual no implica que están libres de autorregulaciones o regulaciones, dado su rol social, en gran medida político. Es más, en torno a la Libertad de prensa está el derecho de la ciudadanía de fiscalizar si los medios cumplen su rol social, ya que el espacio público es en gran medida mediático.

Por eso, los medios de comunicación social deberían ejercer esta libertad en soporte de la de expresión, lo cual no siempre sucede, ya que muchos veces las empresas mediáticas no necesariamente sirven a fines sociales.

Otro tema ligado al acceso a los medios de prensa y que atañe a los estados es el de la concentración de la propiedad de los medios, la cual debería ser evitada, pues atenta contra el pluralismo necesario para el desarrollo democrático.

Con respecto a la libertad de opinión, es la que goza toda persona al generar y expresar libremente los juicios propios. Posee dimensiones políticas y sociales muy importantes. Debe considerarse que la calumnia o la difamación no son consideradas meras opiniones sino provocaciones con dolo.

El uso y el abuso

 Pero no todo es coser y cantar. Puede resultar una complicación que, presuntamente, la democracia se haya convertido en una niña popular, pretendida por tirios y troyanos. Izquierdas y derechas alaban por igual ya desde hace algunas décadas los ideales democráticos, lo cual no implica necesariamente que tengan las mismas comprensiones sobre estos o, lo peor, que están dispuestos a aplicarlos como normas de conducta. Esta es una de las características de lo que el politólogo Guillermo Sartori denominó en su momento “la confusión democrática”.

Al respecto, decía Sartori que vivimos en una época donde todos solemos aspirar a la democracia, “una palabra universalmente honorable”, un término que se ha vuelto multiabarcador en detrimento de la claridad, y que es precisado desde distintas corrientes y doctrinas. Por ejemplo, desde el liberalismo se entiende prácticamente como sinónimas las libertades de prensa y de empresa, interpretación que muchas veces desconoce el rol ciudadanos de fiscalización de los medios, así como el estatal de regular en función de los intereses públicos y la Libertad de expresión.

Parte de esta confusión, señala Sartori, ha sido contraponer una democracia real a una ideal, cuando esto es imposible. Si un estado incumple los ideales democráticos, simplemente no hay democracia posible.

Pero también está el asunto de quienes, al proclamarse democráticos no pasan más allá del discurso, a propósito. Nos referimos acá a individuos, grupos o empresas, por ejemplo, que usan y abusan de las libertades, construyen discursos presuntamente en apoyo a la democracia, pero que en realidad persiguen fines antidemocráticos.

Libertad de expresión, una perspectiva sobre la defensa y su promoción 

Por Herberth J. Pineda

Periodista, promotora y defensora de Derechos Humanos, Iduvina Hernández concibe la Libertad de expresión como un derecho universalmente reconocido y, en el caso de Guatemala, constitucionalmente protegido.

Hernández nos brindó un espacio en la sede de la organización que dirige, Seguridad en Democracia –Sedem-, para charlar sobre la Libertad de expresión, “que no corresponde ni compete exclusivamente a la prensa, ni a quienes disfrutamos del privilegio de contar con espacios de opinión”, indica.

Con respecto a la Libertad de prensa, señala, “básicamente significa que la prensa resulta depositaria del ejercicio del derecho de la ciudadanía a estar informada y el derecho entonces, en el caso de la prensa, a informar”, así el Estado se ve obligado a rendir cuentas, agrega. También nos describe de una manera más simple que esta “es posiblemente la parte más sexy o atractiva del ejercicio del periodismo y de la libertad de Prensa en tanto tal”, la de fiscalizar e informar a la sociedad.

Para la periodista, el ejercicio de emitir opinión en medios de información y comunicación –por medio de columnas y otros espacios de opinión –contiene entonces la posibilidad de expresarse en libertad.

Para leer entrevista completa, presione aquí.

 

¿Por qué lo harían?

El científico social Teun Van Dijk, quien ha venido estudiando el discurso como herramienta de dominación, señala que: “los actores sociales necesitan, en primer lugar, satisfacer ciertos criterios personales y sociales que les permitan influir sobre los otros”. Es decir, necesitan validarse como actores, ponerse determinadas chaquetas, como las de defensores, por ejemplo, aunque en realidad hayan usado el discurso social, como el trasladado por los medios masivos, para discriminar y manipular. Es una estrategia discursiva que él llama Auto-presentación positiva.

Agrega Van Dijk que: “la manipulación de la cognición social puede afectar incluso las normas y valores usados para evaluar los sucesos y las personas y condenar o legitimar acciones (…)”. En Guatemala se ha observado este fenómeno en los últimos años. Más allá de la mera crítica, necesaria también para la democracia, operadores políticos de grupos de poder utilizan espacios de opinión en los medios masivos para descalificar a otros actores mediante un discurso sistemático, ordenado, y es así como de pronto regresan términos utilizados durante el enfrentamiento armado interno, algunos de los cuales casi habían desaparecido del espacio mediático.

El fenómeno no es local, los casos para el análisis vienen dándose desde hace varios años en el continente americano, sobre todo en contextos en los cuales gobiernos de derechas han dado paso a los de izquierdas. Los antes señalados como opresores resultan ser ahora quienes más reclaman las libertades. El guatemalteco es un caso distinto, donde los viejos y los nuevos poderes más bien se reafirman y alejan a sus espantos. Es decir, lanzan estrategias para desactivar a quienes consideran sus opositores.

Esta situación era precisamente una de las mencionadas en las opiniones que circularon en las redes sociales, luego de una conferencia de prensa, el 16 de enero pasado, donde actores sociales representativos de diversos sectores se pronunciaban a favor de la Libertad de expresión.

No faltó quien comentara que aparecían ahí, en calidad de defensores, personajes que usaban y abusaban de las libertades de expresión y de prensa al construir, como consigna, discursos descalificadores y criminalizantes de los activistas de derechos humanos, las oenegés y la comunidad internacional.

También hubo críticas a determinados medios de comunicación social, acusados de ser parciales y atentar contra la independencia editorial, y denuncias sobre la concentración de la propiedad de los medios en Guatemala.

Asunto de límites

Si Sartori viniera hoy a Guatemala podría hablar de otra gran confusión democrática. ¿Gozan los operadores del poder de libertades, al igual que los llamados oprimidos y manipulados? ¿Debe vedárseles la palabra, el acceso a la información, impedírseles su acción política, criminalizarlos, igualmente? ¿Deben ser cerrados los medios considerados no independientes? Quizás las respuestas sean halladas al convertir los ideales como normas de vida y de comportamientos social.

Las libertades y los derechos nos amparan a todas y todos, salvo casos específicos, como el de las personas sentenciadas por delitos y encarceladas, que pierden algunos derechos civiles y políticos (no todos). Pero estas libertades tienen límites y si estos son sobrepasados quizá se necesite de una acción ciudadana para volver las aguas a sus cauces.

En Guatemala, los diferendos sobre Libertad de expresión se están trasladando al terreno judicial, donde hay necesidad de revisar los mecanismos y donde, además, prima el desconocimiento en la materia; pero independientemente de que estas estrategias para dirimir funcionen, quizá sea necesario el dedo señalador o analítico de otros actores sociales, la academia o la ciudadanía organizada, por ejemplo, para evidenciar el uso y abuso de libertades y derechos, con el fin de que el ideal se convierta efectivamente en norma.

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