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Por: Evelyn Blanck

 

Ya sea por desconocimiento de su importancia para la vida democrática, ya sea por intereses económicos o para no disgustar a poderes establecidos, los llamados medios tradicionales en Guatemala no incluyen en sus agendas información política importante sobre problemas centrales de la Libertad de expresión en el país.

 

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Aleida Calleja y Gustavo Gómez, del Observacom, piden a la CIDH velar por democratización del espacio mediático.

 

–“¿Aló? Buen día amiga reportera, te llamo para ofrecerte una entrevista exclusiva con el Relator de Libertad de expresión de la OEA, sobre la situación en Guatemala” –. Silencio breve del otro lado de la línea telefónica. –“Le preguntaré a mi editor si interesa, y la llamo de vuelta” –. ¡Vaya!, ¿desde cuándo no nos interesa a los periodistas entrevistar con exclusividad a un Relator internacional sobre realidades nacionales? Al final, la respuesta nunca llegó, fue obvio, no interesaba. Otro asunto evidenciado en el episodio fue cómo las y los periodistas han perdido, en determinados medios, la capacidad de actuar conforme sus intereses periodísticos. Es un control férreo de la agenda informativa. ¿El perfeccionamiento de un sistema para favorecer privilegios?

 

Pero, ¿qué se quedó sin conocer el público de ese medio? En primer lugar, la falta de reconocimiento del Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH de los abusos cometidos contra periodistas y del incremento de la violencia contra estas y estos durante 2014 y 2015. Asimismo, el recordatorio hecho a Guatemala de su obligación de avanzar en la implementación de un programa de protección a periodistas, compromiso asumido por el Estado en 2012 y sobre el cual se habían producido algunos avances en 2015. Resalta, en este tema, que en el informe quedaron establecidos algunos lineamientos que deben ser observados al conformar dicho programa (ver destacado de texto, al final).

 

Relator Edison Lanza entrevistado por periodistas locales.

Relator Edison Lanza entrevistado por periodistas locales.

Otro tema especialmente sensible para la Relatoría, en el caso de Guatemala, es el relacionado con el reconocimiento y la operación legal de la radio comunitaria, obligación también asumida por el Estado en varias oportunidades y sobre la cual “No se observan avances”, se indica en el informe: “Desde 2000, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha emitido recomendaciones al Estado de Guatemala en dos aspectos especialmente: la necesidad de un marco jurídico más justo e incluyente para la radiodifusión y la descriminalización de la radiodifusión sin licencia. (…) En ese sentido, la CIDH recuerda que el establecimiento de sanciones de tipo criminal por conductas relacionadas al ejercicio irregular y no autorizado de la radiodifusión comercial o comunitaria, resultaría desproporcionado”.

 

El informe de la Relatoría especial recoge muchos casos recientes sobre agresiones a medios y periodistas, así como a operadores de radios comunitarias que muestran el preocupante estado de cosas en el país. Sobre Libertad de expresión, la CIDH recomendó al Estado: “Abstenerse de realizar declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten e defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y autoridades tradicionales, líderes y lideresas”.

 

En términos generales, la CIDH pidió a Guatemala, un Estado en desacato, que retomara la agenda de los acuerdos de paz. Paradójicamente, la recomendación llega en momentos en que el Ejecutivo prácticamente ha inhabilitado la llamada institucionalidad de la paz al reducir al mínimo sus recursos, incluyendo el personal de entidades como la Secretaría de la Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento, generando una crisis cuyos impactos tampoco son profundizados en los medios. Ahora el seguimiento de las actuaciones del estado guatemalteco queda en manos de un relator de país de la CIDH, el colombiano Enrique Gil Botero.

 

Un mal ejemplo

A nivel latinoamericano, Guatemala constituye uno de los mejores ejemplos sobre lo difícil que será hacer valer los derechos humanos y cambiar el sistema de privilegios que afecta negativamente la Libertad de Expresión, al restringir la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación social.

 

Mientras subsisten en el Congreso los intentos para la aprobación de la iniciativa 4087, Ley de Medios de comunicación comunitaria, también persisten en medios radiofónicos privados las campañas de desprestigio contra quienes buscan la democratización. La lucha se libra también en escenarios internacionales.

 

En el marco del 157 periodo de sesiones de la CIDH defensoras y defensores a favor de la diversidad y pluralidad de los medios fueron escuchados por las y los comisionados, al igual que representantes de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), presidida por el salvadoreño Jose Luis Saca, que reúne a empresarios de medios privados a nivel latinoamericano y en cuyo cuadro directivo participó el guatemalteco Eduardo Mendoza, quien durante la mayoría de su trayectoria profesional laboró en medios propiedad de Ángel González y sus socios.

Empresarios reunidos en la AIR abogan por las licencias indefinidas y sin control.

Empresarios de medios reunidos en la AIR abogan por las licencias indefinidas y sin control.

 

Los empresarios privados argumentan que los medos nacionales son más sólidos para soportar las presiones de los gobiernos y que están en mejores condiciones de competir con las compañías multinacionales en cada país para el desarrollo de la información y entretenimiento. Sus argumentos serían fácilmente rebatibles en el caso guatemalteco, donde la existencia de monopolios de facto y de concentración de la propiedad de los medios ha provocado un muy escaso desarrollo de la industria cultural relacionada con el ámbito mediático y donde, por el contrario, en vez de una mejora de calidad del servicio informativo puede hablarse de una franca desmejora.

 

Los argumentos de los empresarios privados fueron rebatidos durante la audiencia por defensores como Aleida Calleja (coordinadora de Advocacy del Observacom), quien recordó a los empresarios que la falta de diversidad, de pluralidad y la concentración mediática no pueden resolverse con leyes de competencia económica, ya que al hablar de la industria de medios se habla también de Libertad de expresión.

 

A su vez, Gustavo Gómez (director del Observacom) señaló que “la falta de límites a la propiedad, que haya renovación automática de licencias– lo cual consolida y perpetúa la concentración –, que el único mecanismo de acceso a las frecuencias sea la subasta económica y que los organismos que apliquen leyes estén integrados por los empresarios que deberían ser regulados” son malas prácticas para la consecución de la diversidad en los medios.

 

Durante la audiencia, uno de los temas principales fue el de mayor rendición por parte de los estados de cómo se desarrollan los procesos de digitalización de la televisión abierta, importante en la medida en que genera más espacios que pueden ser aprovechados por todos los sectores sociales. En Guatemala, el proceso de digitalización de la televisión, sus oportunidades y sus consecuencias no son conocidos ni discutidos socialmente, por lo que los nuevos espacios podrían ser acaparados por los mismos de siempre.

 

Para evitar que esas situaciones ocurran en los distintos países, el Observacom solicitó a la CIDH que la Relatoría recomiende la aplicación de los estándares trabajados y que se realice una consulta periódica sobre dicha aplicación, a fin de velar por la democratización del espacio mediático. La gran pregunta es: ¿Dejará de ser el estado guatemalteco uno en desacato y aplicará las recomendaciones de los organismos internacionales en pro de la democracia y el desarrollo social? Mucho depende, parece, de que las sociedades mismas, incluidos las y los periodistas, desempeñen el rol que les corresponde para ser auténticos protagonistas de sus destinos.

 

Lineamientos de la CIDH para el programa de protección a periodistas:

  1. i) el compromiso político del Estado que deberá incluir: un marco jurídico adecuado; recursos humanos suficientes, entrenados y capacitados, que generen confianza en los beneficiarios de la protección; recursos presupuestarios necesarios a efecto de cubrir los costos derivados de los gastos de personal que labora en el programa, así como de los gastos relacionados con las medidas de protección; la adopción de normas que delimiten con claridad las competencias y responsabilidades de las autoridades que intervengan en la implementación y vigilancia de las medidas de protección; ii) que incluya una determinación adecuada de los potenciales beneficiarios y de los fundamentos en virtud de los cuales el potencial beneficiario puede procurar obtener la protección; iii) que se realice un análisis de riesgo adecuado que observe una perspectiva de género y que permita al Estado determinar el modo más efectivo para cumplir su obligación de protección, teniendo en cuenta circunstancias específicas y propias del contexto y contemplando la participación activa del beneficiario; iv) la provisión de medidas de protección idóneas y efectivas para proteger tanto la vida como la integridad de los beneficiarios y que correspondan a las necesidades de trabajo de los y las periodistas, y permitan que continúen su actividad profesional; v) criterios y procedimientos claros para monitorear el peligro que enfrenta el beneficiario así como para monitorear la efectividad de las medidas seleccionadas y, en caso de que no sean efectivas, que puedan ser ajustadas para atender a la situación concreta que atraviese el beneficiario; vi) realizar una evaluación del riesgo para decidir sobre la pertinencia de levantar las medidas de protección, y que dicha decisión cuente con la participación de los beneficiarios con la finalidad de conocer su parecer respecto a dicho levantamiento; y vii) las medidas materiales de protección deben ir acompañadas de investigaciones exhaustivas e independientes por los órganos competentes a fin de prevenir y reducir las fuentes generadoras del riesgo.

 

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