Imagen tomada del perfil de Facebook de Prensa Comunitaria.     Ricardo Méndez Ruiz durante vista pública frente al pleno de magistrado de CSJ.
Imagen tomada del perfil de Facebook de Prensa Comunitaria. Ricardo Méndez Ruiz durante vista pública frente al pleno de magistrado de CSJ.

Publicado & archivado en Portada.

La libertad de expresión no es un derecho ilimitado. No se puede insultar o acusar, por ejemplo, a través de cualquier medio sin que ello pueda dejar de tener consecuencias legales.

El camino de la ley

En la Ley de Emisión del Pensamiento se establece que son faltas o delitos los impresos que hieran a la moral (“los que ofenden la decencia o el pudor público”), en los que se falta al respeto de la vida privada (“los que penetren en la intimidad del hogar o de la conducta social de las personas, tendientes a exhibirlas o menoscabar su reputación o dañarlas en sus relaciones sociales”) y los que contengan calumnias o injurias graves (“son calumniosas las publicaciones que imputan falsamente la comisión de un delito” e “injuriosas las que ataquen la honra o la reputación de las personas o las que atraen sobre ellas menosprecio de la sociedad”).

A la vez, sostiene que los periódicos “están obligados a publicar las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones que les sean enviados por cualquier persona, individual o jurídica, a la que se atribuyan hechos inexactos, se hagan imputaciones o en otra forma sean directa y personalmente aludidas”.

En caso de que eso se incumpliera “el ofendido podrá recurrir a un juez de paz, quien previa audiencia al director o representante del periódico fijará un plazo perentorio para que se publique la respuesta solicitada. En caso de desobediencia, el juez podrá imponer multa, no menor de cinco ni mayor de veinticinco quetzales y reiterará la orden de publicar dicha respuesta en la edición inmediata; por cada reincidencia se duplicará la multa, sin perjuicio de mantener el apremio para que se cumpla con hacer la publicación debida”.

Los delitos o faltas mencionados serán juzgados en un tribunal de imprenta, el cual será integrado por cinco personas (dos abogados, dos periodistas y un vecino), quienes podrán ser recusadas. De acuerdo con la ley, el jurado se limitará a declarar “hay delito” o “no hay delito”, “hay falta” o “no hay falta”, según la gravedad del hecho y que es apelable.

En los próximos meses se sabrá si Daniel Pascual, Ricardo Méndez Ruiz y Francisca Gómez Grijalba serán sancionados por haber divulgado mensajes a través de los medios de divulgación.

Por Ligia Flores, Herberth Pineda y Miguel González Moraga

¿Puede una persona, a través del medio que tenga a su alcance, cuestionar la honorabilidad de otra? ¿A través de una columna de prensa se puede señalar de corrupto al ejecutivo de una empresa privada? ¿Se puede proferir insultos, mediante redes sociales, contra alguien por sus posicionamientos políticos o ideológicos?

A las preguntas anteriores la respuesta es sí, pues la Constitución, en su artículo 35 dice que “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa”. Sin embargo, el texto constitucional también estipula que “quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones”.

Por lo tanto, si alguien se siente ofendido u ofendida por esos mensajes puede exigir que sean aclarados. En caso de que ello no ocurra y no haya disculpa, puede solicitar la conformación de un tribunal de imprenta.

Aunque el proceso no es complicado, en general es poco conocido y, por lo tanto, puesto a funcionar. Muestra de ello es que, en casi 50 años de vigencia de la Ley de Emisión del Pensamiento (5 de mayo de 1966), muy pocas personas han activado el mecanismo para que se sancione a quienes han divulgado mensajes que consideran falsos u ofensivos. El primer caso juzgado en un tribunal de imprenta ocurrió en septiembre de 1967, por el cual se sentenció al periodista Jorge Palmieri a cuatro meses de arresto conmutables a Q0.50 diarios. El juzgado dio la razón al italiano Orazio Cultreri Bucceri, quien acusó a Palmieri de injurias.

En años recientes, se han comenzado procesos legales por sindicaciones entre civiles (Méndez Ruiz-Pascual y Polanco-Méndez Ruiz), por criticar a empresas (Cementos Progreso-Gómez) y por vulnerar derechos de civiles (PDH-Méndez Ruiz), por mencionar los de 2013 y que permanecen abiertos. El sistema legal ha operado de distinta manera y no como lo establece la Ley de Emisión del Pensamiento, como sostiene el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, también columnista del diario Siglo.21.

Méndez Ruiz contra Daniel Pascual

Imagen tomada de http://convergenciawaqibkej

Daniel Pascual, dirigente campesino fue acusado por Méndez Ruiz de calumnia e injuria. Imagen tomada de http://convergenciawaqibkej

El 25 de enero de 2013, Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), denunció por medio de un canal de cable ser víctima de agresiones por parte de diversos columnistas, incluido Ricardo Méndez Ruiz, directivo de la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

Producto de las declaraciones de Pascual, Méndez Ruiz inició un proceso por injuria, difamación y calumnia en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

“Todo lo que dijo Daniel está grabado. Él acusó a Méndez Ruiz porque lo ha atacado través de sus columnas (en el diario elPeriódico) y dijo que era miembro de una fundación ilegal, pues en el momento de sus declaraciones no había sido autorizada (por el Ministerio de Gobernación)”, argumenta Sergio Beltetón, abogado de Pascual.

Mientras tanto, Méndez Ruiz sostiene que Pascual lo acusó de planificar su asesinato, de dirigir un aparato clandestino paralelo y de ser corresponsable de acciones violentas en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en 2012.

En el proceso judicial que aún no concluye, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal resolvió que “las personas que no ejerzan el periodismo en cualquiera de sus formas, serán responsables penalmente ante los tribunales de justicia por sus publicaciones”, lo cual contraría la Constitución de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento, según Beltetón. Debido a ello, el 8 de julio hubo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) donde Pascual apeló la resolución de la Sala Tercera con el argumento de que la libertad de expresión es un derecho de todas las personas y no solo de quienes se dedican al periodismo. Nada hace prever que el caso se cierre en el corto plazo.

 Cempro contra Gómez Grijalva

El 6 de febrero de 2013, en la columna de Prensa Libre titulada “¿Agua o cemento?”, Francisca Gómez Grijalva sostuvo que la empresa Cementos Progreso (Cempro) era corresponsable del ambiente de conflictividad en San Juan Sacatepéquez, municipio cercano a la capital del país y donde se ha comenzado a construir una planta cementera.

Consecuencias de la publicación, abogados de la compañía presentaron al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil el 17 de mayo una “Prueba Anticipada de Declaración Jurada, por medio de Posiciones y Reconocimiento de Documentos Privados” en contra de Gómez Grijalva. A juicio de esa empresa, “dicha acción legal, que ha sido tramitada a lo largo de varios meses, no es el inicio de un juicio ni constituye una acusación penal, mucho menos una acción intimidatoria. Es simplemente una solicitud para que, ante un tribunal competente, ella declare la veracidad de sus acusaciones públicas, las cuales nos imputan la comisión de graves delitos”.

Gómez Grijalva dice que se enteró del proceso iniciado por la cementera hasta el 27 de noviembre, cuando el expediente estaba “ya bastante grueso”, el cual comenzó a tramitar el 17 de junio de 2013 la jueza Lucrecia Gamboa de Valvert.

Imagen tomada de cmiguate.org

La columnista Francisca Gómez Grijalva enfrenta una demanda civil en su contra, hecha por Cementos Progreso. Imagen tomada de cmiguate.org

Más de un año después de haber publicado la columna, en febrero pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a Gómez Grijalva. El 6 de agosto, en una vista pública en la CC, la columnista solicitó el amparo definitivo, acción que no ha sido resuelta.

Según Gómez Grijalva, luego de que Prensa Libre el 9 de enero de 2014 sugiriera que las acciones de la cementera son un “acoso contra la prensa” y que columnistas, periodistas y organizaciones se solidarizaron con ella, José Raúl González Merlo, gerente de Planeación y Finanzas de Cempro, envía una “nota aclaratoria” con otros argumentos que confirmarían la intención de la empresa de judicializarla y no proceder de acuerdo con lo establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento.

“Están haciendo todo un montaje para luego poder judicializarme. Soy una de las pocas columnistas de opinión de origen maya y lo que se puede buscar es el efecto silenciador”, sostiene Gómez Grijalva.

Polanco contra Méndez Ruiz

El 2 de julio de 2013, en su columna en elPeriódico, Ricardo Méndez Ruiz, directivo de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), dijo que Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quería cobrar una cuantiosa suma “por haber promovido el caso de la desaparición de Fernando García (el esposo de su mujer, Nineth Montenegro)” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Semanas más tarde, Polanco inició un proceso contra Méndez Ruiz por injuria y difamación, el cual fue desestimado en septiembre de ese año por el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal con el argumento de que esa demanda debería basarse en la Ley de Emisión del Pensamiento.

De esa cuenta, el 22 de abril de 2014 se integró el Tribunal de Imprenta que conocería la queja de Polanco contra Méndez Ruiz. No obstante, el proceso continúa en impasse, pues el 11 de agosto el directivo de la FCT recusó a cuatro de los cinco miembros del tribunal (dos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y dos de la Asociación de Periodistas de Guatemala), con la excusa de que ya tenía una resolución condenatoria en su contra. Será hasta el 16 de octubre cuando se conozca si se conforma un nuevo tribunal.

Civiles contra Méndez Ruiz

El 27 de agosto de 2013, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos emitió una sentencia moral contra Méndez Ruiz, “por amenazar la integridad física y emocional, y por desprestigiar la labor de ciudadanos, activistas y representantes de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales”.

La denuncia fue presentada por seis organizaciones de derechos humanos y respaldada por más de 100 firmas de ciudadanos, activistas y representantes de organismos internacionales luego de que la FCT y su director realizaran publicaciones —insertas en medios masivos y a través de las redes sociales— durante el juicio por genocidio que se llevó a cabo en mayo de 2013, contra diversas organizaciones civiles, a las que descalificó y acusó de cometer delitos.

Fiscal de delitos contra periodistas e integrantes de la Convergencia por los Derechos Humanos durante vista pública en CSJ. Foto: Sala de Redacción

Después de la investigación realizada, Jorge De León Duque, procurador de los Derechos Humanos, estimó que “los materiales difundidos masivamente constituyen ataques a los defensores de derechos humanos en sus libertades y derechos fundamentales tales como la vida, dignidad integridad personal, seguridad, igualdad, libertad de asociación y de acción”.

Asimismo, “se establece la intención de deslegitimar, desprestigiar la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, y colocar en situación de alto riesgo a los denunciantes”.

La condena moral no constituye una acción prohibitoria, sino una recomendación a Méndez Ruiz para “abstenerse de realizar señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos de Guatemala (…)”, como consta en la sentencia. Debido a que el directivo de la FCT no estuvo de acuerdo, el 8 de agosto de 2014 se llevó a cabo una vista pública en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el marco del amparo que solicitó contra la sentencia del PDH, en la cual dijo que quienes presentaron la denuncia en su contra “pertenecen a la izquierda radical”. Adujo que la resolución de la PDH le censura: “Nunca se había censurado a un columnista (…) Como pienso diferente me tienen que callar”.

Durante la vista pública, los representantes de organizaciones de derechos humanos argumentaron que “la libertad de expresión no es absoluta, tiene restricciones”, como dijo Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

Mientras, Jorge Santos, de la Convergencia por los Derechos Humanos, expresó: “La sentencia no censura, solo exhorta”. Al respecto, la fiscal de Asuntos Constitucionales, Brenda Gudiel, dijo: “La acción de amparo debe ser denegada porque la sentencia (del PDH) no es vinculante”.

Claridad legal

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, sostiene que el artículo 35 de la Carta Magna es claro en materia de libertad de expresión, pues recalca que “todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento”.

El jurista ha expresado que “la Corte de Constitucionalidad ha dicho que la libertad de emisión del pensamiento debe preservarse a ultranza en cuanto garantiza la difusión de las ideas y no puede ser objeto de ninguna matización que implique limitarla, por cuanto cualquier habitante tiene derecho a exteriorizar su pensamiento de la misma manera que otro tiene el de recibirlo libremente (Sentencia: 17.02.98, expediente No. 1270-96)”.

En suma, la ley es clara: no hay censura previa y se puede divulgar mensajes de cualquier tipo, pero se debe estar atento a sus consecuencias, algo que conviene recordar no solo a quienes utilizan los medios para divulgar sus criterios: fuentes y columnistas, por ejemplo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *