Imagen: Archivo Sala de Redacción
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Publicado & archivado en Noticias para los medios.

Por: Sala de Redacción

En 2015, la Unidad fiscal de delitos contra periodistas abrió 131 expedientes, la mayoría de ellos por agresiones contra reporteros. Esta cifra representa 57 casos más que los conocidos durante 2014.

Según los registros, julio y agosto fueron los meses en que se produjeron más denuncias, con 16 y 18 casos, respectivamente. La mayoría de los expedientes fue abierto por amenazas y coacción, si bien figuran lamentablemente los tres casos de asesinatos en Suchitepéquez. Según las denuncias interpuestas, los afectados fueron 103 hombres y 30 mujeres. Otro dato interesante es que un 58% de los hechos denunciados se produjeron en la capital guatemalteca (76). Suchitepéquez y Huehuetenango fueron los otros departamentos donde se produjeron más denuncias, con 12 casos el primero y 5, el segundo. Por ser 2015 un año electoral, por lo menos 11 casos se enmarcan en este contexto, de acuerdo con la fiscalía.

Con respecto a las y los agresores, al igual que en 2014, la mayoría son funcionarios públicos, entre estos, seis alcaldes, un policía de tránsito de la municipalidad capitalina, 11 policías nacionales civiles, cuatro guardias del sistema penitenciario, tres diputados, 12 funcionarios públicos insertos en diversas dependencias estatales y tres agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS). Estos datos son sumamente preocupantes, ya que muchos de estos agresores tienen, por el contrario, el mandato de proteger el ejercicio periodístico. O, como en el caso de la SAAS, un mandato específico de respeto a la Libertad de Expresión.

Entre los otros agresores se encuentran cuatro integrantes de partidos políticos, incluyendo a un candidato presidencial (Mario David García). Además, 33 personas particulares, lo cual muestra que es generalizado el clima de irrespeto a las libertades de Expresión y Prensa.

Cuando no hay denuncia

Con la intención de conocer mejor cómo se produce el fenómeno de las agresiones, el Centro Civitas realizó un registro propio de casos, utilizando una ficha diseñada con el apoyo de colegas departamentales y de la UNESCO. En estos registros propios constan otros 32 casos que no fueron denunciados ante entidad alguna. Esto significa que crece el número de agresiones durante 2015.

Es bastante complicado, sin embargo, conocer la totalidad de casos, pues varios son presentados ante fiscalías departamentales que no los trasladan a la Unidad. Además, persisten las creencias de que no vale la pena denunciar, por lo cual no se acude en busca de justicia. Asimismo, de que muchas de estas agresiones son inherentes al oficio y deben ser aceptadas como normales.

Los datos recogidos por el Centro también revelan que la mayoría de periodistas agredidos están entre los 25 y los 65 años y solo un 19% (de 123) fueron jóvenes. Pero hay otros datos que son muy preocupantes: más del 60% de las y los agredidos no tenían una relación formal con los medios cuando se produjeron los hechos.

Carecer de recursos propios cuando se padece agresiones ya es bastante malo, hay otras realidades que empeoran el panorama. El 79% de los denunciantes dijo no contar con seguros de vida o médicos al momento de las agresiones. Es necesario recordar que el seguro de vida para periodistas es un mandato constitucional en Guatemala, pero que los seguros médicos también deberían ser obligatorios cuando se ejerce una profesión de alto riesgo. Muy pocos de los periodistas entrevistados dijeron haber recibido apoyo de las empresas después de su agresiones. En lo relativo a gastos médicos, solo uno de los agredidos recibió asistencia. Cuando las empresas apoyaron, la mayoría lo hizo solo publicando los hechos o “de palabra”.

De impacto social

Aunque la opinión suele levantar pasiones, el 90% de los periodistas agredidos desarrollaban una labor eminentemente informativa. Aparte, la mayoría de las agresiones se produjo contra periodistas trabajadores de medios con cobertura nacional, y masivos, lo cual significaría que si las agresiones repercuten en las libertades de expresión y de prensa, impactan a grandes colectivos.

Finalmente, sobre los hechos que enmarcan las agresiones, los datos recolectados muestran que si bien fue una prensa afectada en 2015 por el contexto electoral, así como por la delincuencia, el crimen organizado, la conflictividad social y la criminalización, los denunciantes percibieron que la mayoría de agresiones quedaron enmarcadas por un clima de irrespeto a libertades y derechos inherentes al ejercicio periodístico. Además, por la labor de fiscalización que se realiza.

Se espera que durante 2016 se produzcan menos agresiones, a pesar de que a la fecha no hay pasos contundentes por parte del Estado para desarrollar una labor preventiva. En Guatemala, ha asumido su obligación de proteger el ejercicio periodístico y hasta el anterior gobierno fue conformada una mesa técnica encargada de perfeccionar el Sistema de protección al ejercicio periodístico (SPEP). En esta mesa técnica confluían principalmente la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Comisión Presidencia de Derechos Humanos (COPREDEH). Fue elaborada una propuesta de rediseño del sistema y se trabaja en el andamiaje legal que deberá sustentarlo. Para concluir esta fase será sin dudas necesaria la voluntad política del gobierno de Jimmy Morales.

A partir de eso el Estado deberá hacer un recorrido para mejorar las sinergias entre los actores estatales encargados del resguardo y la protección, así como para elaborar un programa preventivo, de forma participativa.

En términos de fortalecer las capacidades de actores estatales, el Centro Civitas ha generado de forma participativa, y espera concluir en 2016, dos acciones para cumplir ese fin. Una, con el apoyo del Fondo de Reformas Estructurales de la agencia de cooperación alemana (GIZ) es el desarrollo de un módulo de capacitación sobre cómo investigar delitos inherentes a la Libertad de expresión, que estará a disposición de todos los fiscales del Ministerio Público en la plataforma virtual de la unidad de capacitación de dicho ente estatal.

La otra es la elaboración de un protocolo que contribuya a una buena relación entre periodistas y funcionarios del Ministerio de Gobernación (MinGob), incluidos los policías nacionales civiles, además de constituirse en una herramienta de formación para agentes del orden público y periodistas. Asimismo, que haga operativo el mandato de protección al ejercicio periodístico en los casos de las y los funcionarios de dicha cartera.

De momento existe un borrador del protocolo, que será analizado por una segunda mesa técnica del MinGob, luego de lo cual deberá emitirse un dictamen legal interno antes de que cobre vigencia. Para alcanzar esos resultados también será indispensable la voluntad manifiesta de los nuevos dirigentes de esa cartera.

Sin embargo, muchas más acciones son necesarias para evitar que las y los funcionarios públicos no solo dejen de agredir a periodistas, sino que comiencen a entender que su obligación es protegerlos y brindar información. Para esto se hace necesaria una vasta labor de capacitaciones a todo nivel.

También deben ser asignados los recursos financieros y de otra índole para que el Estado cumpla su rol protector, pero uno de los ministerios que debe enfrentar un reto especial es el de Trabajo, pues debe velar porque se cumplan las garantías laborales para los periodistas, entre estas, la seguridad en el trabajo. Al respecto, el artículo 197 del capítulo único Higiene y seguridad en el trabajo del Código de Trabajo de Guatemala, Decreto No. 1441, establece que: “Todo empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios”. El inciso “e” de dicho artículo menciona específicamente como obligación de los patronos: “Suministrar cuando sea necesario, ropa y equipo de protección apropiados, destinados a evitar accidentes y riesgos de trabajo”. Por eso, otros actores importantes en términos de seguridad del ejercicio periodístico son las empresas de medios, que aparte de cumplir con sus obligaciones laborales deben prever regímenes especiales de protección y asistencia en casos de agresiones.

Es importante que se vele además por la cobertura en términos de seguridad social, para los periodistas y sus familias, ya que constituyen un grupo laboral que enfrenta graves riesgos en el ejercicio de su profesión.

Finalmente, así como las organizaciones sociales, también está el gremio periodístico como actor fundamental, llamado a organizarse para prevenir y para autogestionar la seguridad propia, así como para promover la denuncia, colaborar y presionar para la resolución de los casos.

Mencionamos específicamente a las mujeres periodistas, pues aunque hay un clima generalizado de agresiones de índole sexual, muy pocas de estas son denunciadas, como ha constatado el Centro Civitas mediante grupos focales con periodistas mujeres en la capital y en Quetzaltenango.

Con respecto a los avances en la solución de procesos judiciales, pese a sus recursos escasos, la Unidad fiscal logró que fueran cumplidas varias órdenes de capturas contra agresores en los casos más graves, y aún esperan más, como en el de los asesinatos de Suchitepéquez, donde aún falta llegar a los autores intelectuales.

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