Publicado & archivado en Editorial, Portada.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina se han incrementado los riesgos para el ejercicio del periodismo, como ha quedado en evidencia en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014, divulgada por Reporteros sin Fronteras (RSF) el 11 de febrero. En el informe se remarca que ocurre un “(…) vertiginoso desplome de Guatemala, debido a una clara agravación de la inseguridad de los periodistas, marcada por la duplicación del número de agresiones respecto al año pasado y porque se registraron cuatro asesinatos”.

Y esa situación parece que no va a mejorar en el corto ni el mediano plazo. Para sustentar esa hipótesis nos basamos en las acciones legales contra José Rubén Zamora, ejecutivo de elPeriódico, emprendidas desde la Presidencia de la República; las acusaciones de un jefe policial sobre que el periodista Edmundo Bolom incitó a pobladores a que quemaran propiedad pública en Sajaxché, Petén, el 27 de enero; la agresión al fotoperiodista William Gularte por parte de bomberos voluntarios, el 9 de febrero en la capital, y el ataque a balazos que denunció Fredy Rodas, presentador de televisión en Suchitepéquez, tres días más tarde.

Para evitar, disminuir, investigar y/o aclarar sucesos como los mencionados, el Gobierno presentó el 28 de noviembre su “Propuesta de Programa de Protección al Periodista”, en cuyo diseño no fueron tomados en cuenta los aportes de organizaciones civiles, académicas ni de periodistas independientes, lo cual reflejó exclusión.

Diez semanas más tarde, las autoridades anunciaron que le habían propuesto a Ileana Alamilla, de la agencia Cerigua, hacerse cargo de la mesa técnica que echaría a andar el citado programa. Sin embargo, Alamilla declinó, lo cual obligó al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, a anunciar que se elaboraría un perfil para el cargo.

Como la información sobre el proceso obtenida a cuentagotas, hasta ahora es evidente que el Gobierno no muestra urgencia por comenzar a resolver la seguridad de los y las periodistas. De lo contrario, el abordaje de la problemática ya hubiera salido de los muros del Palacio Nacional de la Cultura y contaría con los aportes de periodistas de todo el país, en particular de los departamentos, donde ocurren con más frecuencias las agresiones. Eso evidencia, ni más ni menos, que el Organismo Ejecutivo más bien entorpece las acciones para mejorar  la seguridad de los y las periodistas.

Es tiempo de que el Gobierno pase a la acción y deje por un lado la retórica, al igual que otras instancias oficiales —como la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público— responsables de garantizar la seguridad de quienes se dedican a informar. De lo contrario, podríamos seguir el camino de nuestros vecinos México y Honduras, dos de los países más peligrosos para el ejercer el periodismo, en donde la censura y la autocensura —con sus perniciosas consecuencias sociales— se han convertido en los mecanismos preferidos para disminuir los riesgos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *