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No es difícil destacar la importancia del periodismo. Solo imaginen que tienen acceso a un periódico publicado en un idioma que desconocen. Aún así, probablemente buscarían ver las imágenes para observar aquello que otros consideraron importante o interesante. No solo queremos, sino necesitamos conectarnos con nuestra vida colectiva, informarnos sobre lo que ha sucedido a otras y otros ceranos para comprender nuestros riesgos, ver qué nos ofrece la vida moderna, qué sucede con la cosa pública, etcétera.

Informar y ser informados son derechos que tenemos todas las personas, seamos ciudadanas o ciudadanos del mundo, o vivamos aislados en la comunidad más lejana. De ahí la importancia que tienen los medios locales y muy locales, pues publican noticias que nunca verían la luz en medios de cobertura nacional o internacional.

Por esa razón, y en aras de garantizar libertades ciudadanas, como de Prensa, Opinión y Expresión, los estados tienen la obligación de velar por la existencia de un sistema de medios que garantice lo más posible la diversidad informativa. Esto es lo contrario, sin lugar a dudas, a permitir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social.

Sin embargo, los estados son corrompidos en sus fines por funcionarios que solo buscan beneficios particulares. Guatemala es uno de esos países donde, en busca de satisfacer intereses particulares se ha permitido la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, una de cuyas características es que restringe la diversidad informativa.

Esto queda claramente ejemplificado con el caso Tigo en Guatemala. En 2013 esta empresa, parte del grupo Millicom y dirigida en Guatemala por Mario López Estrada, comenzó las negociaciones para comprar Cablefusión, un consorcio de empresas de televisión por cable. Estas culminaron exitosamente en 2014 y con la compra, Tigo adquirió miles de nuevos usuarios, para convertirse en un adversario fuerte de Comcel.

También otras cosas empezaron a suceder. Al adqurir control sobre los contenidos, Tigo comenzó a cerrar espacios para telenoticieros locales, según reportes de Cobán y Chiquimula que Sala de Redacción recibió. ¿Podría haber intervenido el Estado en aras de proteger la diversidad informativa y resguardar medios locales? El caso parece difícil, sobre todo en Guatemala, donde la Libertad de Empresa siempre ha primado sobre otras, como la de Expresión.

Según el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, es un caso que refleja la problemática de la concentración de propiedad de medios y la convergencia de plataformas, y cómo esto afecta a la diversidad de fuentes informativas. El Relator advierte que el Estado debe desarrollar una buena regulación de Servicios de Comunicación, la cual “debería contener obligaciones de transportar canales locales, de lo contrario es difícil obligar a las empresas cableras a mantener y pagar por determinados contenidos”.

Como se ve, no se trata de que el Estado restrinja la Libertad de Empresa, sino de que regule en aras de garantizar derechos como el de informar y ser informados, y garantice que haya canales para la libre expresión.

Pero ante un Estado interesadamente ciego y sordo, solo una sociedad civil organizada, así como organizaciones gremiales fuertes pueden hacer valer sus derechos. El cierre de noticieros locales de televisión por cable representa, pues, un nuevo reto gremial que debe ser asumido.

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