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Por Ligia Flores

En 2012 la periodista Patricia Cojulun, quien reside actualmente en Estados Unidos, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado de Guatemala por discriminación, incumplimiento de justicia, desigualdad de género, desigualdad de oportunidades, irrespeto a la integridad física y moral, violencia económica, psicológica y verbal.

Ella fue despedida injustamente en 1999 por la empresa de medios para la cual laboró durante cinco años. Y pese a que el sistema de justicia laboral ordenó a la empresa que le pagara las prestaciones que le correspondían, esta nunca hizo efectivo el pago.

En marzo de este año, a Patricia le fue notificado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió su caso. Ahora, su denuncia entra en la fase de estudio y análisis; un lento proceso que Patricia espera sea la oportunidad para que el Estado repare la violación a sus derechos.

“Podemos cambiar la historia”: El relato de Patricia

“En 1999 denuncié a un funcionario público por explotación sexual comercial de menores. Este era amigo cercano de director del radio periódico El Independiente, para el cual laboraba en aquel entonces. El director comenzó a hostigarme, no me autorizaba los permisos para asistir al Seguro Social, tampoco me pagaba horas extras. Fui víctima de violencia y discriminación, pues cuando revisaba el material de trabajo, me lanzaba las hojas en la cara. Una vez me dijo que cualquier cosa podía pasarme cuando yo recorría la 6ª avenida. Lo denuncié en el Ministerio Público.

Soporté mucho tiempo porque tenía necesidad. Pero al final de ese año, no nos pagaron el aguinaldo. Dos compañeros más y yo fuimos a la Inspección de Trabajo, el dueño de la radio fue citado a una reunión para conciliar, pero se negó. Inspectores de trabajo llegaron a la radio, pero nadie les atendió. Al día siguiente llegué al medio, pero no me permitieron el ingreso y me dijeron que estaba despedida. Pregunté por mis prestaciones de cinco años y por el aguinaldo. A los dos compañeros con quienes presenté la denuncia por incumplimiento del pago del aguinaldo no los despidieron. Me sentí vulnerada por ser mujer, pero entendí que era una represalia por haber denunciado a un pedófilo.

Recibí apoyo de varias organizaciones, entre ellas la Minugua, la oficina del Procurador de Derechos Humanos, la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Secretaria Presidencial de la Mujer, la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, la Asociación de Mujeres Periodistas, la Asociación Mujer Vamos Adelante, la Dirección General de Radiodifusión Nacional, Convergencia Cívico Política de Mujeres. Les pedí que me acompañaran y junto a mi abogado, Alejandro Argueta, periodistas amigos y compañeros periodistas, conseguí entrar a la radio y reunirme con Alfredo González Gamarra, dueño del medio. Yo tenía una deuda con un banco y él para “demostrarme su buena fe”, dijo me pagaría US$10.000.00, pero jamás lo hizo.

La denuncia fue ingresada a un juzgado laboral. Ganamos el caso en todas las instancias y hasta hoy sigo a la espera de justicia, pues han pasado 15 años y no he recibo nada.

Me sentí sumamente frustrada, cansada y violentada, pero debía enfocarme en tener un ingreso que me permitiera mantener a mis tres hijos y cubrir mis necesidades. No conseguí trabajo, pues la Cámara de Medios tenía un “convenio de solidaridad”, entre las empresas afiliadas, por lo que ninguna contrataría a una persona “conflictiva” como yo.

Viajé a Estados Unidos, pero no fue nada fácil.  Estoy en Miami desde el 24 de enero del 2004 y solo espero despertar un día con la alegría de saber que se me hizo justicia, que las y los periodistas  podemos cambiar la historia,  si tenemos valor, que denunciar hace la diferencia, pues dejamos de ser cómplices de nuestros violentadores. Además, que como mujeres solo seremos valorizadas cuando le digamos no a todo tipo de violencia”.

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