Fotografía: Karla Mejía. Se le ve atrapada entre portón de Matamoros y vehículo que trasladó a Baldetti.
Fotografía: Karla Mejía. Se le ve atrapada entre portón de Matamoros y vehículo que trasladó a Baldetti.

Publicado & archivado en Noticias para los medios.

Por Ligia Flores

Las agresiones de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) contra periodistas ocurridas entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, en las que los policías rociaron a reporteros, fotógrafos y camarógrafos con gas pimienta en la Torre de Tribunales, tuvieron una consecuencia: La ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, se comprometió a crear un mecanismo de diálogo y a revisar los protocolos de las fuerzas de seguridad, para generar líneas de acción a corto plazo que garanticen el respeto a las libertades de prensa y de expresión.

La Torre de Tribunales ya había sido escenario de agresiones de policías contra periodistas, a quienes rociaron supuestamente con gas pimienta. La primera vez ocurrió el 13 de noviembre de 2013, cuando los periodistas trataron de entrevistar afuera del Juzgado de Mayor Riesgo B, a Roberto Barreda, principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Siekavizza. En esa oportunidad, al menos ocho periodistas resultaron afectados. Siete meses después, los dos agentes sindicados de lanzar el gas reconocieron su responsabilidad y ofrecieron disculpas públicas a los periodistas. El ministro de Gobernación para ese entonces, Mauricio López Bonilla, declaró que trabajaría para que los “incidentes”, como llamó a la agresión que sufrieron los periodistas, no se conviertieran “en un modo de operar” de las fuerzas de seguridad —es decir, en la norma.

Sin embargo, durante las audiencias de primera declaración de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y del exmandatario Otto Pérez Molina, varios periodistas fueron lastimados. Algunos también fueron rociados con gas pimienta.

Imagen: Twitter, Sergio Osegueda, Canal Antigua.

Imagen: Twitter, Sergio Osegueda, Canal Antigua.

Durante el segundo día de audiencia de Baldetti, el periodista Oliver Paniagua del Diario de Centroamérica sufrió contuciones en el brazo derecho después que un guardia de seguridad del Organismo Judicial (OJ) presuntamente cerró la puerta que conduce de los elevadores al sótano de la Torre de Tribunales cuando Paniagua iba pasando. Afuera del edificio, un agente de las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) golpeó al periodista en el mismo brazo. El mismo agente presuntamente también le habría rociado gas pimienta, según declaró Paniagua al Ministerio Público (MP).

José Ruano, camarógrafo de Canal Antigua, fue agredido también después de la audiencia de Baldetti y varios días después, al finalizar la audiencia de Pérez Molina. En el primer caso, quedó entre el tumulto de periodistas y los policías que resguardaban el vehículo en el que Baldetti era trasladada a la cárcel de Matamoros. Al menos cinco agentes de las FEP lo golpearon directamente, según una testigo. En el segundo hecho, según la versión del periodista, un grupo de agentes de las FEP lo agredió cuando intentó defender a otra persona a quien los policías empujaban.

Esa vez, recuerda Ruano, cuando empujó el escudo de un agente, otro llegó por detrás y le pegó con el bastón en la espalda. Ruano se volteó y el agente siguió golpeándolo en el rostro y en la cabeza. En breves instantes había un agente más que también lo golpeó con el bastón y le roció gas pimienta en el rostro, según el periodista dijo a Sala de Redacción. Ese día los bomberos debieron atenderle debido a los golpes visibles en su rostro.

La periodista Karla Mejía de Telediario también relató que los agentes de las FEP la golpearon en Matamoros, y que además usaron gas pimienta contra los periodistas. Los bomberos también atendieron a Mejía ese día.

La mayoría de periodistas lastimados durante ambas jornadas dijeron a Sala de Redacción que los policías los golpearon con bastones, escudos, a puntapiés y les rociaron gas pimienta.

Violaciónde derechos fundamentales

En 2006, la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico señaló una serie de violaciones a los Derechos Humanospor partedel uso indebido de la fuerza y el uso “abusivo, irrazonable, injustificado y desproporcionado del gas pimienta”, por agentes del FBI contra periodistas durante un allanamiento a la vivienda de una activista de derechos humanos.

El informe de la Comisión se fundamentó en la legislación interna que contempla los derechos de libertad de prensa, y en instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en su artículo 13 que se refiere a la Libertad de Pensamiento y Expresión. También se sustentó el informe en la Declaración Interamericana de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Declaración de Chapultepec.

La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico concluyó que “cuando nos referimos a la libertad de prensa, nos estamos refiriendo a uno de los derechos de más alto significado para nuestra sociedad y que cuando se afecta dicha libertad, se afecta uno de los cimientos principales sobre los cuales está construida la sociedad democrática en la que vivimos”.

Faltan protocolos

El artículo 12 de la Ley de la Policía Nacional Civil (Decreto 11-97) establece que los policías deben evitar cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria. El espíritu de tal disposición es que los agentes de la PNC tengan una relación de respeto a los Derechos Humanos de la comunidad. No obstante, la PNC carece de protocolos específicos que garanticen el cumplimiento de tales principios en su relación con la prensa.

Ángel Pineda, vocero del OJ, dice que ante la ausencia de normas específicas para facilitar la labor de la prensa en eventos de alto impacto –como los ocurridos entre el 28 de agosto y 3 de septiembre pasados—se le imparte un curso a los agentes de seguridad del OJ. “Lo complejo de estos casos [de agresiones a periodistas] es que los actos dependen de los individuos que los realizan a título personal”, advierte Pineda.

Los protocolos de seguridad que los agentes implementaron, cuando Baldetti y Pérez declararon en la Torre de Tribunales, se concentraron en proteger a ambos exfuncionarios pero desatendieron el adecuado trato a la prensa.

CSJ y Sistema Penitenciario deben prevenir

Las medidas previstas para atender a los 80 periodistas que cubrieron las audiencias de Baldetti y Pérez no evitaron que al menos cinco periodistas fueran agredidos cuando la ex vicepresidenta salió de Tribunales. Durante el ingreso del ex mandatario, tampoco se evitó que el periodista de Nuestro Diario, Alan Lima, resultara lastimado.

Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), dice que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Sistema Penitenciario deben implementar acciones inmediatas para prevenir más violencia contra la prensa.

“La Corte y el Sistema Penitenciario no aprendieron la lección de los hechos ocurridos hace dos años [durante la audiencia de Roberto Barreda]”, afirma Samayoa. “Deben establecer con claridad las instrucciones [a los agentes] sobre qué hacer en casos de alto impacto que los medios de comunicación tendrán que cubrir”.

Imagen: Twitter, Nuestro Diario.

Imagen: Twitter, Nuestro Diario.

La directora de Udefegua explica que los instructivos sobre desórdenes públicos que utilizan las fuerzas de seguridad para estos casos consideran a los periodistas como parte de “la presunta amenaza”. “A [los agentes de] la PNC les enseñan que, si se aglomera la gente en casos como estos, puede haber alguien que dañe al reo. Tal como está esa instrucción, termina siendo un permiso para reprimir”.

Durante una reunión con el Centro Civitas en septiembre pasado, la ministra Mendizábal se comprometió a generar líneas de trabajo para garantizar a los periodistas el acceso libre a la información. La funcionaria dijo que priorizará los lugares donde hay un alto grado de incidencia de agresiones de agentes de la PNC contra periodistas. En lo que va de 2015, la Unidad de Delitos contraPeriodistas ha recibido 12 denuncias por estos hechos.

Mendizábal también ofreció revisar los protocolos que utilizan las fuerzas de seguridad y buscar mecanismos adecuados para que se garanticen los derechos de la prensa. Además, se comprometió a “integrar todo ese trabajo dentro del proceso de transición [para el] nuevo ministro, para que [los mecanismos] trasciendan el cambio de gobierno”.

Imagen: Twitter, PDH.

Imagen: Twitter, PDH.

El director de mediación de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Mario Minera, se comprometió a verificar el tipo de equipo que portarán los agentes de la PNC en eventos de alto impacto. Minera dijo que la institución solicitará informes previos a las fuerzas de seguridad, con los datos de los agentes destacados y de los responsables en dichos operativos. También consideró importante que periodistas hagan recomendaciones a la Oficina del Procurador para tenerlas en cuenta durante la verificación.

En México, donde hay antecedentes de estos casos, la organización Artículo 19 planteó una serie de recomendaciones al Estado mexicano debido al incremento de ataques contra periodistas y defensores de Derechos Humanos en ese país. Entre ellas, destaca la importancia de que el gobierno asuma la responsabilidad de los hechos y ofrezca disculpas públicas a la prensa por las agresiones.

También exhorta a las autoridades para que brinden atención médica y psicológica a los periodistas agredidos. Además, recomienda que se realicen investigaciones adecuadas y que el Estado adopte medidas de protección. Estas medidas implican la creación de protocolos de prevención y protección a los periodistas, que “incluyan la movilización de asistencia médica de emergencia en condiciones de seguridad y no criminalización”.

MP investiga

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Inspección General de la Policía, sobre el uso de gas pimienta contra los periodistas el 13 de noviembre de 2013, concluye que “no existe un manual de actuación o protocolo autorizado para su uso en alguna intervención que así lo requiera, de igual manera no existe una normativa que indique cuales (sic) son los implementos que deben utilizar los Policías Nacional Civiles (sic), como parte de su equipo”.

Este informe está incluido en la investigación que la PNC entregó a la Unidad de Delitos contra Periodistas en 2013, que concluye que no hay indicios para responsabilizar a los agentes Edín Santizo Cruz y César Díaz Lajú. No obstante, después ambos fueron ligados a proceso como resultado de la investigación que hizo la Dirección de Investigación Criminalística del MP.

El MP también abrió dos expedientes para investigar las agresiones a la prensa en 2015. Los sindicados en estos casos son agentesde las FEP, guardias del Sistema Penitenciario y del Organismo Judicial.

En ambos expedientes al menos cinco reporteros son los agraviados, pero hasta la fecha solo Paniagua ratificó la denuncia. Tampoco hizo una denuncia formal ante el MP la periodista que habría escuchado al comisario Raúl Aragón –encargado de las operaciones de ese día— decir “quiten a esa basura de ahí”, para que los agentes prohibieran a los periodistas permanecer en el camino donde pasaría la camioneta en la que trasladaban a Baldetti.

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