Presidente y Vicepresidenta presentan el plan de protección a periodistas, en el Palacio Nacional. Imagen tomada de http://www.guatemala.gob.gt
Presidente y Vicepresidenta presentan el plan de protección a periodistas, en el Palacio Nacional. Imagen tomada de http://www.guatemala.gob.gt

Publicado & archivado en Portada.

Por Ligia Flores, Miguel González Moraga y Evelyn Blanck

Adrenalina, una hormona que aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la cantidad de glucosa en la sangre. Además, que parece desempeñar un rol muy importante cuando de periodistas se trata. Por eso dicen de los periodistas que somos locos, pues cuando todo el mundo huye de los balazos, nosotros corremos en dirección contraria, justo hacia donde se escuchan.

La adrenalina está ahí, nos impele; como periodistas sentimos la urgente necesidad de presenciar, de testificar, de contar sobre guerras, accidentes o desastres naturales, para luego tomar la voz y contar. Si no estamos ahí, pensamos, ¿quién hablará sobre lo sucedido?

Quizá por eso, el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad se inicia con una cita de Barry James[1], que dice: “Cada periodista asesinado o neutralizado por el terror es un observador menos de la condición humana. Cada ataque deforma la realidad al crear un clima de miedo y autocensura”.

Cuando la veracidad y la honestidad son principios profesionales, esos aportes de la prensa a la sociedad –los de poder ver y poder contar– son considerados fundamentales si de protección de periodistas se trata. Se nos resguarda como personas con derechos, pero más allá de eso, se nos protege también por el importante papel que desempeñamos en materia del cumplimiento de derechos humanos de otras personas, como los de informar y ser informados.

Sorpresa, sorpresa

El jueves 28 de noviembre del año en curso, la administración de Otto Pérez Molina sorprendió a casi todo un mundillo alrededor de la prensa guatemalteca al convocar a varias entidades a la firma de un convenio en el Palacio de la Cultura, para dar vida el Programa de Protección al Periodista.

Entre las y los presentes estaban el mandatario; la vicepresidenta, Roxana Baldetti; el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León; el Secretario de Comunicación Social, Francisco Cuevas; el representante de la oficina en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Julio Carranza; el director del Diario de Centro América, Héctor Salvatierra, y la representante de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), Elsie Sierra, entre otras personas.

De inmediato, organizaciones y periodistas que han venido trabajando en la materia comenzaron a preguntar por el documento que contiene la propuesta, pero este brilló por su ausencia. En la única información disponible en el portal de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Cuevas informó que el plan contemplaba tres fases, la cuales podrían estar completándose en un plazo máximo de 60 días.

La primera, dijo, consistía en la firma de un documento y la instalación de una mesa técnica “donde se elegirá al Secretario Ejecutivo, quien será el coordinador del trabajo que allí se realice”. Durante la segunda, se trasladará información sobre el programa a los departamentos y serán instaladas mesas a ese nivel, encargadas de “analizar las denuncias y darles seguimiento durante las reuniones periódicas que se programen. Y en la tercera fase, se brindará capacitación sobre el tema de protección a los periodistas, principalmente a los sectores más vulnerables, contra quienes se han registrado algunos casos de violencia durante la cobertura periodística”.

Los antecedentes

Que el Gobierno guatemalteco se haya animado a lanzar un programa de protección a periodistas parece encontrar sus antecedentes más en la labor de la Unesco que en las demandas de organizaciones y asociaciones locales, y así lo reconoció el mismo Pérez Molina en su discurso, ese día: “Es una idea que empieza a promocionar la Unesco y que nosotros la tomamos basados en las experiencias de países que ya han implementado estos programas”.

La primera condena reciente pública emitida por el Director General de la Unesco, como consecuencia de asesinatos de periodistas, se produjo en 1997, según publicaciones en el muro de esa organización. En 2006, durante la 25ª. reunión del consejo intergubernamental del Programa para el Desarrollo de las Comunicaciones(PIDC), la seguridad de periodistas se convirtió en una discusión temática. A raíz de eso, la Unesco comienza a trabajar informes bianuales sobre “la seguridad de los periodistas y el riesgo de la impunidad”, que presenta al PIDC, al que se asignó un papel central en el seguimiento de los casos de asesinatos.

Es en ese marco donde la Unesco inicia una labor diplomática con los gobiernos que muestran las situaciones más preocupantes en materia de seguridad de estas y estos profesionales. En el caso de América Latina. Con los de Honduras, Colombia, Brasil, México y Guatemala. En conversaciones informales, una fuente regional de dicha organización mencionó que los gobiernos de los países señalados mostraron interés en trabajar con la Unesco, con excepción de Guatemala, “hasta Honduras”, aseguró. Al parecer, la situación ha cambiado.

En casa

En Guatemala, las diversas organizaciones gremiales y sociales que trabajan con periodistas venían demandando la protección desde hace años, o mejor dicho, décadas. Desde la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), pasando por la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) hasta el Círculo Nacional de Prensa (CNP), tres de las entidades gremiales más conocidas. Uno de los esfuerzos más notorios, por su seriedad, es el de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), una ONG que desde hace diez años ha venido haciendo un registro de los casos de agresiones y asesinatos de periodistas, además de una labor de investigación y acompañamientos en los procesos judiciales.

También ha sido notorio el trabajo del Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), que desde 2004 fundó el Observatorio de Periodistas. Este le ha permitido mantenerse al tanto de la situación y lanzar información pública y trabajar propuestas, como la de la creación del programa de protección a periodistas, desde 2012.

Al respecto, la coordinadora de la entidad, Ileana Alamilla, indicó que ellos junto con ocho asociaciones departamentales de prensa venían trabajando la propuesta desde hace dos años y que en octubre de 2012 el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, ratificó en Ginebra, Suiza, la decisión de asumirla desde el Estado, lo que, al final, no sucedió.

En el caso de otras iniciativas más recientes, desde 2012 el Centro Civitas/Sala de Redacción impulsaba una propuesta para la creación de un Sistema de alerta para prevención y respuesta de emergencia ante casos de agresiones a periodistas, iniciativa elaborada en conjunto con varios periodistas independientes, como Eluvia Morales, Ingrid Roldán y Marvin Del Cid.

El Centro había presentado ya esta propuesta a más de cien periodistas departamentales participantes en sus encuentros regionales y nacional, así como al anterior representante de la Unesco en Guatemala, Édgar Montiel, al procurador de los Derechos Humanos (PDH) y al ministro de Gobernación, Mauricio López. Además, había mostrado ante la Instancia de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación (Mingob) una panorámica sobre agresiones a periodistas en Guatemala.

En el caso del PDH, Civitas había logrado el compromiso en mayo de este año de implementar un plan piloto del sistema, que se iniciaría con capacitación de fiscales auxiliares sobre Derechos de la Comunicación. Sin embargo, la oficina del PDH nunca trasladó fechas para las capacitaciones, a pesar de serles requeridas.

En el del Mingob, la propuesta fue presentada directamente al ministro en septiembre de este año. En esa ocasión, el funcionario manifestó un vivo interés por ponerla en marcha e iniciar gestiones para su financiamiento ante la comunidad internacional. El documento con la propuesta fue entregado a López Bonilla al día siguiente. No obstante los muchos requerimientos de información, no volvió a indicarse algo sobre el asunto, de parte de esa cartera.

De lo que sí se tiene información es que, aparentemente con el apoyo de la Unesco, la Instancia del Mingob trabajaba una propuesta de protección a periodistas, con base en las propuestas de Cerigua y Civitas. Sin embargo, el Mingob nunca llegaría a presentarla, pues le habrían ganado la jugada.

Es importante hacer notar que en la segunda semana de noviembre, Sala de Redacción mencionó durante una entrevista con el Secretario Cuevas la iniciativa del sistema de alerta y el funcionario propuso: “Envíenla y la presento al Presidente”. Nunca mencionó en esa ocasión el proyecto que trabajaban en la SCSP.

En la SCSP

Antonio Navas, comunicador de la Dirección de Análisis de la SCSP, indicó que esa instancia comenzó a trabajar desde hace siete meses el programa anunciado por el presidente Pérez Molina. Al entregar a Sala de Redacción el documento con la propuesta el jueves 5 pasado, ratificó que la misma fue elaborada considerando como antecedente los programas de protección de México y Colombia, así como opiniones de periodistas de esos países sobre su implementación. “El de Colombia ha sido más exitoso. El problema en el caso de México es que se lanzó en el momento en que incrementa la lucha contra el narcotráfico”, dijo.

El documento entregado no hace mención a las fases mencionadas por Cuevas, ni a las mesas nacional y departamentales.

Navas comentó que, con un primer borrador, durante mes y medio el secretario Cuevas comenzó a socializar la propuesta a varios actores, como la APG, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, asociaciones de periodistas gráficos y deportivos, así como a representantes de la Unesco y el Alto Comisionado. “No hubo observaciones, la ratificaron”, mencionó Navas. Con esto se cumplió una fase previa de consultas, después de la cual la propuesta ha quedado en firme, aseguró.

Este proceso de consulta parece no haber sido homogéneo. Mientras Ana Julieta Cárdenas, exvicepresidenta de la APG, menciona que a ellos les hicieron una presentación utilizando Power Point, Elsie Sierra, representante de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, indica que a ellos les fue entregado un documento similar al presentado en noviembre. Al preguntársele a Navas por qué no se hizo una consulta amplia, que incluyera a todas las organizaciones que trabajan por la seguridad de las y los periodistas en el país, indicó que no sabían de otras.

Entre las organizaciones no consultadas se cuentan la Udefegua, Cerigua, el Instituto de Previsión Social de Periodistas y el Centro Civitas. Pero además, Sandra González, la nueva jefa de la Unidad fiscal de Delitos contra Periodistas (citada erróneamente en el documento oficial como Unidad especial de protección al Periodismo del Ministerio Público), tampoco conoció la propuesta antes de que fuera anunciada. Lo cierto es que fuera de estos actores mencionados, todo el mundo se vio sorprendido por el lanzamiento del programa. “Fui al Palacio por razones de cobertura y ahí me entregaron un fólder con la propuesta”, dijo Alamilla.

Durante la entrevista con Sala de Redacción, Navas aseguro que Alamilla se había adherido a la propuesta. Sin embargo, ella ratificó no haberla conocido hasta ese momento, en tanto que Luis Ovalle, editor de Noticias de Cerigua, indicó que desde agosto de este año dejaron de trabajar con la SCSP, porque Cuevas los presionaba para que hicieran pública una propuesta aún en desarrollo, por motivos coyunturales.

Luego de un vistazo inicial del documento en la misma sala donde fue realizada la entrevista, a Navas se le preguntó por qué en la cita de antecedentes de Guatemala no hay un número actualizado de casos de agresiones ni un mejor análisis, el cual pudo haber partido de los registros de una década de la Udefegua, del número de denuncias hechas este año en la Unidad fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Pública (63 casos) o del estudio sobre patrones de agresiones desarrollado en el Mingob. Navas indicó que no conocían esa información y que precisamente uno de los fines de la iniciativa es unificar los datos.

En esa ocasión también se le preguntó si no era un contrasentido que el órgano coordinador propuesto se le asignaran las funciones de coordinar y ejecutar, al mismo tiempo. El comunicador indicó que el documento podía ser mejorado. Otro cuestionamiento hecho durante la entrevista fue por qué en el documento se menciona a subversivos como una fuente de agresiones a periodistas. Él respondió: “Eso es porque así estaba en el documento de Colombia, hay que arreglarlo”.

Con respecto a por qué contemplar entre las medidas de protección el seguro de vida a periodistas, que ya está constitucionalmente establecido, en vez de instar al Ministerio de Trabajo a verificar su cumplimiento, Navas indicó que consideraron necesario reforzar ese mandato constitucional ante las empresas de medios.

Y precisamente al preguntarle sobre los criterios para convocar a empresarios de medios, el comunicador indicó que para eso estaba la Cámara, que los representaba. Sin embargo, de dejar únicamente a esta entidad, centenares de medianos y pequeños empresarios de medios quedarían excluidos.

Finalmente, a la pregunta sobre cómo se obtendría el financiamiento para el programa, Navas contestó que esto esta siendo coordinado por el secretario Cuevas.

Camino por andar

Aparte de yerros como el de mencionar de manera incorrecta a la unidad fiscal del MP, así como “derecho a la libre emisión del pensamiento y expresión de prensa”, al analizar con mayor detenimiento la propuesta, una de las primeras situaciones que resalta es que la misma no posee categoría similar a la de los programas de México y Colombia, que son leyes. Un primer esfuerzo debería ser, por tanto, elevarla a nivel de iniciativa ante el Congreso de la República de Guatemala, si en efecto se pretende institucionalizarla.

Otro de los grandes vacíos es el fundamente en Derechos Humanos, uno de los principios contemplados en el plan marco de las Naciones Unidas. Entre las citas de fundamentos legales falta también la Ley de Acceso a la Información Pública. Quizás por estos vacíos, el programa gubernamental muestra una visión bastante mecanicista de solución a la problemática. Omar Rábago, sociólogo mexicano experto en seguridad para periodistas, opina que la propuesta emanada de la SCSP es muy básica y sugiere cómo puede ser mejorada.

De momento, al cierre de esta edición ha sido convocada ya una primera reunión de trabajo entre entidades estatales para echar a andar el programa. Lo que podría esperarse es que la comunicación comience a fluir entre todas las organizaciones interesadas, pues si algo es necesario es que este esfuerzo sea amplio. Se espera, asimismo, que se den los pasos necesarios para su institucionalización y su financiamiento, para lo cual es importante además que esté enmarcado en el plan de las Naciones Unidas.

Al final de todo, lo importante a considerar es la creación de mecanismos efectivos que prevengan las agresiones y protejan a cada periodista, para que la sociedad guatemalteca cuente cada día más con testigos que registren fehacientemente sus historias, le ayuden a comprender de mejor manera su presente y le permitan participar, informada y con propuesta, en la vida pública nacional.


[1] Barry James en Press Freedom: Safety of Journalists and Impunity. Publicaciones de la UNESCO: 2002

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *