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Por Ligia Flores y Evelyn Blanck

En su texto Motines de indios, el historiador guatemalteco Severo Martínez Peláez narra la historia de un grupo de pobladores indígenas que se revelaron y capturaron a un “justicia”, como se llamaba a los vigilantes indígenas impuestos para el control de los indios macehuales o “los comunes” en la época colonial. En nombre de la Colonia y cansados de los excesos cometidos por el “justicia”, los “macehuales” lo capturaron y trasladaron a la capitanía general. Para ellos el resultado, sin embargo, fue inesperado.

Dice el relato que el capitán general ordenó la liberación del agresor y mandó a aprisionar a los macehuales sublevados. Después, los condenó a “cuartos”. Es decir, a que les cortaran brazos, piernas y cabeza, para luego colocarlos en lanzas y exhibirlos en las esquinas de la plaza central. Pasados los días, los vecinos rogaron al capitán que les permitiera quitar “los cuartos”, porque la fetidez era insoportable. El funcionario les respondió que no, pues las extremidades debían permanecer ahí para que “aprendan a no revelarse contra la autoridad”.

¿Ha quedado en el pasado esta historia de injusticias en Guatemala? Hechos recientes que ha acaparado la atención del ámbito periodístico y literario nos muestren que quizás no. Que los “justicia” aún buscan el favor de las leyes y quienes ejercen su libertad de expresión para denunciar las arbitrariedades son, en Guatemala, quienes terminan en el banquillo de los acusados.

Juzgada por un cuento

Karla Olascoaga es una escritora y periodista peruana, quien ha residido en Panajachel desde 2007. Junto con la periodista guatemalteca Lucía Escobar, en 2011, Olascoaga denunció las amenazas, torturas y secuestros cometidos por la autodenominada Comisión Municipal de Seguridad, liderada entonces por Juan Manuel Ralón, Víctor Anleu y Teresa Coello. Por las denuncias hechas públicas, la Fiscalía Distrital de Sololá ordenó la captura de 16 de los integrantes de esa comisión.

A finales de 2011, Olascoaga recreó en relato literario las acciones atribuidas a la Comisión, el cual presentó para concurso en un certamen literario convocado por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Pero en lugar de un reconocimiento, Olascoaga enfrenta ahora un proceso judicial por injurias y difamaciones, a pesar de que ya ha habido sentencias condenatorias contra Anleu y Ralón por lesiones graves, lesiones leves y coacción. Además, Ralón fue hallado culpable de discriminación y amenazas contra Escobar.

La imputación contra Olascoaga aduce que su cuento “Crónica de un asesinato anunciado”, con el cual obtuvo el primer lugar del certamen literario “Construyamos juntos una cultura de Paz y Amor”, incurre en “difamación contra un pueblo”.

En su cuento, la escritora peruana recrea la desaparición en octubre de 2011 de un joven de 24 años, poblador de Panajachel, a manos de miembros de la Comisión Municipal de Seguridad. Dicho relato literario habría motivado que el 12 de abril de este año, nueve vecinos de Panajachel, liderados por Teresa Coello, se presentaran a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para exigir que fuera retirado el premio de Olascoaga, que consiste en un lote de publicaciones y un certificado de la Procuraduría. El entonces procurador Sergio Morales, en una actitud muy criticada ofreció a Coello y acompañantes abrir una investigación administrativa contra los organizadores del evento, personal de su misma institución, y del jurado calificador.

Pero además, integrantes del jurado aseguran que, por razones aún desconocidas, el exprocurador los presionó para que revirtieran sus actuaciones, en lugar de asumir su papel de defensa de la Libertad de Expresión. Como el jurado calificador y los organizadores no accedieron a las peticiones de Morales, éste remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expediente donde se acusa a Olascoaga para que, por medio de un Tribunal de imprenta, “se deduzcan las responsabilidades”.

El Tribunal de Imprenta quedó integrado el pasado 23 de agosto, luego de un sorteo en el Juzgado Tercero de Instancia Penal. Los representantes por parte de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) fueron Luis Morales Chúa (padre del exprocurador) y Carlos Villatoro; por el Colegio de Abogados, Eswin Fernando Taracena y Fernando Arenales Flores, y por la Municipalidad capitalina, Lidia Lorena Morales.

Ese mismo día se planteó una recusación para que Morales Chúa no integrara el Tribunal debido al grado de consanguinidad con el exprocurador, la cual aún está pendiente de ser resuelta.

En el ínterin, el nuevo Procurador, Jorge De León Duque, rechazó las actuaciones de Teresa Coello y emitió una consideración pública en el sentido de que “el cuento es una expresión de una actividad literaria, en ejercicio del derecho a la libre emisión del pensamiento y de la libertad artística, que puede basarse en hechos reales o ficticios, los cuales bajo ninguna condición son constitutivos de delito”. También opinó que no puede considerarse calumnia un señalamiento que ha sido probado.

¿Comisiones de “seguridad” o estructuras criminales de poder?

Pero lo que subyace en esta historia del enjuiciamiento a Olascoaga es este continuum en Guatemala de autoridad y poder abusivo, de represión, que ha permitido el subyugamiento histórico de un pueblo. El politólogo Héctor Rosada indica que los antecedentes históricos más determinantes de las llamadas comisiones, comités y/o juntas de seguridad  pueden ser encontrados precisamente en la figura colonial de “Los Justicia”.

Si bien las figuras de poder de ese período de la historia evolucionaron, las estructuras de aplicación de la fuerza aún siguen siendo una expresión autoritaria con claros resabios de la ideología colonial.

El politólogo identifica varios momentos históricos donde estas figuras de poder se fortalecieron. “En la época conservadora y liberal del país liderada por los criollos, las estructuras de poder se fortalecieron, sin embargo, entre 1944 y 1954, hubo intentos por desaparecerlas”, afirma.

Cuarenta y dos años después (1954-1996) resurgen estas figuras criminales, “con los finqueros y los oligarcas”, según el analista. Explica que la visión ideológica contrainsurgente de los gobiernos durante ese período facultó a los ejecutores de la fuerza, para que la aplicaran “a niveles demenciales”. Resultado de ello, masacres, desapariciones y torturas durante el conflicto armado.

Un antecedente más cercano a las actuales juntas, comités y comisiones de seguridad, está en los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC) -1986- creados como una respuesta a la renuencia de la población a integrarse forzosamente en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), instaladas durante los gobiernos militares, a quienes se les señala de haber cometido arbitrariedades durante la guerra.

En 1999, el Ministerio de Gobernación ordenó la creación de las Juntas Locales de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo era contribuir al clima de seguridad ciudadana y propiciar mecanismos de participación y acercar a población y PNC.

Clara vinculación

Los hechos que se le imputan a varios de los integrantes Comisión Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Panajachel, como se autodenominó, van desde vapuleos, linchamientos, secuestro hasta tortura y desaparición.

A la fecha han sido detenidos cuatro de los 16 a quienes la Fiscalía Distrital de Sololá acusa de las ilegalidades. El Tribunal Primero A de Alto Impacto sentenció a 17 y 19 años de cárcel, respectiva mente a Juan Manuel Ralón Solórzano y Víctor Manuel Anleu Mogollón, presidente y secretario de dicha Comisión. Sin embargo, hay otros actores clave que han estado al frente de ese grupo y no han sido juzgados. Entre ellos el exalcalde municipal Gerardo Higueros Miranda y la antropóloga mexicana Teresa Coello.

Higueros presidía la Comisión Municipal cuando se registraron las primeras arbitrariedades de los encapuchados en contra de pobladores, como acosos en retenes ilegales y golpizas. En esa época un adolescente, hijo de un extranjero residente en Panajachel, quien conducía su automóvil luego de haber estado en una fiesta, fue detenido, golpeado y llevado a prisión por el grupo, con el apoyo de la policía local.

Higueros también participó en la manifestación de pobladores que exigió la liberación de Ralón y Anléu, en noviembre de 2011, cuando fueron detenidos. De acuerdo con una fuente que prefirió el anonimato, fue este quien lideró a los vecinos para que exigieran la libertad de ambos.

Integrantes del mismo Concejo Municipal se retiraron de las reuniones y señalaron a Higueros de ser responsable de las arbitrariedades cometidas por la referida comisión y el grupo de encapuchados que, según información de la Fiscalía Distrital de Sololá, tendría hasta 1500 miembros de 14 sectores que vigilaban en grupos de ocho durante las noches.

En Internet circula un video, dividido en más de 6 partes, en el que aparecen Teresa Coello, Juan Manuel Ralón y Gerardo Higueros, acompañados de miembros de PNC. Los tres lanzan discursos en defensa de la comisión y dejan claros sus vínculos con la misma.

El video contiene la grabación del programa conducido por el entonces alcalde Gerardo Higueros, que fue transmitido por canal 10 de la empresa local de cable Pana Dish, el 27 de octubre de 2011.

En el video Higueros promete el apoyo a la comisión desde la misma municipalidad y cuando su período concluya, pues, dijo, “los logros obtenidos, deben continuar”.

Ferviente defensora

Teresa Coello, mujer de edad madura, menuda, de tez morena clara y facciones suaves, se mueve sigilosamente en la sala y pasillos estrechos del Juzgado Tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, luego de que el juez realizara el sorteo para establecer quiénes integrarían el Tribunal de Imprenta en el caso de Karla Olascoaga.

Dos periodistas entrevistan a quienes hicieron la demanda en contra de Olascoaga. Teresa Coello es una de ellas, de hecho, fue ella quien gestionó la reunión con el anterior procurador de los Derechos Humanos Sergio Morales cuando se denunció a la escritora, pero esta vez intenta parecer al margen, por instantes.

Durante la audiencia no emite opinión y se mantiene inmóvil. En los pasillos, en cambio, se queda a unos metros con el resto del grupo de demandantes y escucha la conversación entre el periodista y uno de su grupo. De manera inquisidora observa a los periodistas, camina frente a ellos y luego vuelve al grupo. De pronto se mueve y le dice al entrevistado que “es tiempo”, y este le devuelve las palabras: “Andá a ver allá, andá a poner orden”, le dice para que organice al resto del grupo. Salen todos juntos del Juzgado y Coello vigila que nadie se quede atrás.

Teresa Coello es propietaria de una librería que ella y su esposo, Rolando Duarte, nombraron Centro Cultural “El Romero”, desde 2002.  En 2007, habría iniciado sus esfuerzos por organizar a la población en torno al tema de seguridad. Dos años más tarde, en 2009, se conforma dicha comisión y ella es una de las principales promotoras. No llegó a presidirla, pero sí a redactar cada documento escrito y pronunciamiento, pues al parecer aún funge como secretaria y moderadora.

En octubre de 2011, Eduardo Villagrán, Lucía Escobar, Karla Olascoaga y otros vecinos preocupados por las ilegalidades, se acercaron a Coello para proponerle un espacio de diálogo. En una cadena de correos electrónicos intercambiados entre Villagrán y Coello, esta le promete que evaluarán la “interesante propuesta”, pero luego lo que vino fueron las amenazas públicas y señalamientos en contra de Escobar y Olascoaga.

La vinculación de Coello con la Comisión de Seguridad es clara, y más aún, la autoridad que tiene dentro, ya que aun cuando supuestamente había renunciado en septiembre de 2011 a su cargo como secretaria y a la responsabilidad de moderar las reuniones de dicha Comisión, es ella quien aún recibe propuestas y toma decisiones.

Además, es la principal responsable de un episodio (marzo 2011) en el que el cantautor Michel Peraza, Lucía Escobar y Karla Olascoaga fueron acosados e intimidados verbalmente, durante una reunión de la Comisión de Seguridad a la que habían sido invitados.

En presencia del alcalde de ese entonces, Gerardo Higueros, así como del alcalde indígena, policía y vecinos, Coello dirigió la reunión que se convirtió no en un diálogo, sino en un interrogatorio intimidatorio en contra de los tres “invitados”. “Queremos saber todo, queremos que digan, uno por uno, qué hacen aquí y quiénes son”, les dijo. Los cuestionamientos de Teresa fueron documentados por una cámara de video que ella misma sostuvo todo el tiempo, nadie la interrumpió.

En la transmisión del programa conducido por Gerardo Higueros, transmitido el 27 de octubre de 2011, se aprecia a Coello leyendo un comunicado en defensa de las acciones de la comisión. También dejó clara la legalidad de la misma, pues enfatizó que esta fue avalada por el Ministerio de Gobernación, por medio de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia.

Ahí mismo se ve el momento en el que Juan Manuel Ralón amenaza a la periodista Lucía Escobar. Ralón fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj, Quiché, a dos años y ocho meses conmutables, por el discurso que pronunció ese 27 de octubre de 2011.

Correspondencia entre “autoridad” y “poder”

A criterio del analista Héctor Rosada, la Comisión Municipal de Seguridad de Panajachel, al igual que otras juntas o comités locales no son en realidad un recurso del Estado constitucional para establecer apoyo en la lucha contra la inseguridad local, sino se han convertido en un recurso bajo el control de otros grupos de poder paralelo. “En el territorio donde ellos están, Sololá o San Juan Sacatepéquez, representan una correspondencia entre figura de autoridad y figura de poder”, dice el analista.

El ex alcalde Gerardo Higueros, Teresa Coello, Juan Manuel Ralón y Víctor Anleu representarían la “figura de autoridad”, en tanto que toda la estructura de propietarios en Panajachel (de la tierra, grandes hoteles y comercios de lujo), corresponderían a la “figura de poder”.

Para ellos, los “hippies”, “mochileros” y otros que no usan los hoteles de lujo y que consideran le dan un aspecto “poco agradable”, al lugar turístico se convierten en el enemigo evidente. “Si quieren buscar un enemigo lo harán y si no lo encuentran lo fabrican”, asevera Rosada.

Carmen Ágreda, integrante de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, afirma que “lo que estas figuras evidencian es la interiorización del autoritarismo, es decir, la represión y la violencia como únicas formas viables para resolver conflictos sociales. Se tiende a idealizar la mano dura”.

Rosada enfatiza: “Estamos ante una crisis valorativa a nivel social y las juntas locales son la expresión de eso, son estructuras que sirven para sostener estructuras de poder criminal, que se arroga el derecho de defender a un sector”.

El problema de Panajachel generado por la violencia exacerbada resultado de las acciones de las Comisiones de Seguridad que operaba en su territorio no es un hecho aislado. Un diagnóstico de la instancia de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (2011) en los departamentos de Sololá, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango reveló cómo la población identificó a las juntas, comités y/o comisiones de seguridad como uno de los principales actores causantes de la violencia en sus comunidades. Fueron documentados casos de secuestros, extorsiones y  linchamientos en los que se vinculó a estas organizaciones locales como responsables.

Como se observa claramente, son problemas de la sociedad en común. Vale preguntarnos, entonces como lo hace el analista Rosada: “¿Dejaremos que ellos resuelvan así los que entienden como sus problemas o habrá una  autoridad nacional que resuelva sin mano dura? Y, además: ¿Quién, en realidad, en un país con un sistema de justicia funcional estaría en el banquillo de los acusados, una escritora que denuncia o quienes han defendido y promovido acciones ilegales?

7 Comentarios para “¿Quién debería sentarse en el banquillo de los acusados?”

  1. Alberto Mazariegos Ixcol

    A Juan M. Ralón y Victor Anleu los condenaron a 19 y 17 años respectivamente, por delitos de lesiones graves, lesiones leves y coacción. Las denuncias fueron puestas por “El Gato” Díaz Escobar (ningún parentesco con Lucía Escobar) y Gerardo Montejo. Las demás personas que menciona Olascaga en su cuento, han sido absueltas o ni siquiera vinculadas a procesos penales, por lo cual están en el pleno de derecho de presentar cargos penales incluso, en contra de quienes ellos consideran están vulnerando su honorabilidad.

    Si Evelyn Blank, Ligia Flores o la peruana Karla Olascaga, creen tener las suficientes evidencias para demostrar la culpabilidad de las personas que mencionan, deberían hacer las denuncias respectivas para que estas personas también sean condenadas. En caso contrario, están siendo cómplices al omitir esa denuncia, y en el peor de los casos, están mintiendo y tratando de manipular a la opinión pública.

    Los tribunales son los únicos que condenan o absuelven acusados y la peruana Karla Olascaga tiene la oportunidad de evidenciar su inocencia ante un juez. Por qué entonces teme enfrentar al tribunal si de verdad cree que es inocente?

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  2. Evelyn Blanck

    Recibimos el comentario de la amiga y colega Barbara Schieber, respecto a que investigar sobre las problematicas de distribucion y consumo de drogas habria permitido contextualizar mejor este tema, comentario que consideramos valido, independientemente de que la accion conatra Olascoaga se haya producido por el contenido del cuento y la amenaza contra Lucia haya sido proferida por las denuncias que ella realizara en su columna de El Periodico. Agradecemos el comentario.

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  3. Tere Coello

    Sras. Ligia Flores y Evelyn Blank, yo no las conozco pero les quiero decir que es una lástima que no investiguen, y esto es muy grave porque siguen causando con sus comentarios mucho daño al pueblo de Panajahel. La comisión se formó por convocatoria del 3er. Viceministerio de Gobernación y de la Municipalidad, después de que la población estaba cansada del narcotráfico y la inducciòn a la droga tanto de la venta como del consumo de jóvenes y niños. El otro problema los secuestros, solo en el año 2010 y 2011 hubo 17 secuestros sino es que màs y de gente pobre de Panajachel, claro no eran extranjeros ni dueños de hoteles ni de bares, era gente en su mayoría pobre que algunos tuvieron que vender lo que tenían. De esto las periodistas nunca dijeron nada. Nunca denunciaron y nunca han comentado que las madres de familia están alarmadas por los problemas que hay en Panajachel con el narcotráfico, el pueblo se propuso defender su territorio de las malas costumbres. Si ustedes son madres de familia sería conveniente que conocieran la problemática. Es cierto hay personas ligadas a proceso por el caso del dueño del bar Los Gatos y 18 panajachelenses fueron acusados por Gerardo Montejo dueño del Jaks Bar, porque lo quisieron sacar de Panajachel, de estos ya están saliendo libres, por muchas razones.
    No soy y nunca he sido dirigente de la comisión , no soy nacida en Panajachel y además soy extranjera no es muy fácil que aquí en Panajachel se le reconozca liderazgo a un extranjero, hay personas hombres y mujeres con mucho potencial y no necesitan de un extranjero. La comisión se disolvió desde octubre de 2011, no hay comisión de seguridad.
    Hemos dedicado nuestra vida a acompañar a los pueblos en desarrollo de la educación y la cultura, además el acompañamiento a resolver sus problemas como es el caso de la tormenta STAN y después nos dedicamos a luchar junto con las familias durante más de dos años a conseguir terreno y construcción de sus viviendas entregados sin ganar ni un solo centavo. Trabajé en la comisión atendiendo a la convocatoria de las autoridades y al clamor de los padres y madres de familia. Después que renuncié a la comisión sentí la injusticia tan grande que se está haciendo con el pueblo que ha sido pisoteado y agredido. Decidí acompañarlos y estar con ellos si ese es mi delito, aquí estoy y seguiré con este pueblo no voy a renunciar no me importa que me sigan calumniando. Solo les suplico que por favor no metan a mi esposo Rolando Duarte persona de una alta calidad humana y profesional y que ha estado gravemente enfermo. Si quieren hacerme pedazos a mi háganlo, pero por favor respeten a mi esposo. Por último les digo mujeres periodistas hay muchos otros problemas que tratar por ejemplo de los últimos la violación de una niña de 7 años eso nunca había pasado en Panajachel y hay muchos problemas en Guatemala y en el mundo.
    No entiendo porque tanto interés en estar hablando de lo mismo: ya está en proceso lo del cuento dejen que los juzgadores cumplan con su papel y no traten de presionar .

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    • Sala de Redaccion

      Sra. Coello, en todo el país hay problemáticas sociales graves, pero es nuestro criterio que la acción ciudadana debe estar orientada hacia la exigencia del cumplimiento de las leyes y no a tomar acciones que violentan las mismas y que a la larga solo agravan los problemas y perpetúan unas estructuras sociales injustas. También opinamos que quienes avalan hechos ilegales deben estar preparados y preparadas para asumir las consecuencias.

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  4. Iduvina Hernández Batres

    Felicitaciones al equipo de la revista por esta publicación. Considero que es un reportaje muy completo sobre la situación descrita. Es valioso que se le de seguimiento a la problemática derivada de la acción ilegal de grupos en Panajachel, como una muestra del impacto que estas prácticas tienen en la sociedad. En el caso citado, recuérdese que hay por lo menos dos familias (la de Lucía Escobar y la de Karla Olascoaga) han debido desplazarse de su lugar de habitación, amén de que en el fondo de la temática está documentada una desaparición forzada -probable asesinato- y agresiones a muchas personas.
    La seguridad no puede ser esgrimida como argumento para violentar derechos y con ello transgredir la ley. Quien eso hace, como aquí lo evidencia el comentario de la señora Teresa Coello, termina por hacer apología del delito y aderezar el caldo de cultivo de la intolerancia y la violencia.
    Si hay problemas de seguridad y necesidad de resolver situaciones como la distribución de droga en algún lugar, hay formas de organización comunitaria que no riñen con la ley ni con los derechos. Allí está la experiencia de la red Libera, en el sur de italia, que ha logrado impactos valiosos, sin menoscabar los derechos de nadie. Hay también, aquí mismo en Guatemala, valiosas iniciativas que han devenido en resultados positivos, también sin agredir, sin infringir la ley ni asumir poses de mesianismo.

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  5. Tere Coello

    Sala de Redacción , estoy muy de acuerdo en lo que ustedes dicen, quienes avalan hechos ilegales, calumnan,difaman, mienten deben sufrir las consecuencias.,

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  6. ALI DANTES

    LA PREGUNTA ES: SI LAS AUTORIDADES QUE SE SUPONEN DEBEN PROTEGER A LOS CIUDADANOS NO PUEDEN HACERLO,QUIEN SI NO ELLOS MISMOS TIENEN QUE PROGERSE Y A SUS FAMILIAS Y COMUNIDADES. O ACASO LOS PROTEGERAN UDS. SRS. PERIODISTAS CON MILES DE PALABRAS. DIGO !!!

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