Fotografía: Perfil Facebook de Sandra Morán.
Fotografía: Perfil Facebook de Sandra Morán.

Publicado & archivado en Portada.

Por: Evelyn Blanck.

 

La democratización del espacio mediático es una tarea pendiente en Guatemala, un país donde aún se legisla para favorecer los intereses de los sectores particulares, en detrimento de los colectivos. Impulsar acciones al respecto significa por tanto oponerse al statu quo. Sin embargo, corrientes democratizadoras en el Congreso de la República de Guatemala buscan impulsar las acciones necesarias para que se haga efectivo el disfrute de derechos de todas las personas.

En la actual legislatura, ha sido la diputada Sandra Nineth Morán Reyes quien decidió reiniciar la batalla en favor de la aprobación de la iniciativa 4087, Ley de medios de comunicación comunitaria, que regularía el funcionamiento de estos medios. Morán es una activista feminista de larga trayectoria, quien llega por vez primera al Legislativo y ahora lucha por desengavetar esta propuesta, introducida en el pleno en agosto de 2009 por Marvin Orellana López. Cabe mencionar que en febrero pasado la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) urgió al Congreso, por medio de un comunicado, a la aprobación de la iniciativa de ley. En esta entrevista, la diputada Morán comenta cómo se ha desarrollado ese proceso:

Diputada Morán, ¿cómo surge en este periodo la idea de reactivar la discusión de la iniciativa 4087?

Habíamos conversado sobre aprovechar el primer trimestre de la nueva legislatura para impulsar varias iniciativas de ley que consideramos importantes para el desarrollo social. De mi parte, me interesé en la de Ley de medios comunitarios, que estaba engavetada, me asesoré internamente y la introdujimos nuevamente al pleno. Lo hice porque sé que la radio es un espacio importante y necesario en las comunidades.

¿Qué sucedió a partir de entonces?

La iniciativa fue aprobada en primera lectura, pero para cuando íbamos para segunda, la Cámara de Radiodifusión (que aglutina a los empresarios de medios comerciales privados) se percató de los avances y comenzó a incidir en el Congreso para detenerla. Entonces, cuando se produjo esa discusión para segunda lectura, el 4 de febrero pasado, se planteó en el pleno que el proceso debería detenerse porque la iniciativa solo contaba con dictamen de la Comisión de Pueblos indígenas, no así de la de Telecomunicaciones. Sin embargo, no se logró detenerla y ese día fue aprobada en segunda lectura.

Días después, el empresario Eduardo Alfonso Liu, (directivo de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala y fundador de la Corporación Alius), solicitó una reunión con el presidente del Congreso, Mario Taracena. Este accedió y fui convocada también a ese encuentro.

Durante el mismo, Liu argumentó que estaba de acuerdo con la existencia de las radios comunitarias, pero que la iniciativa de ley no estaba bien formulada en términos técnicos. Posteriormente se solicitó que la iniciativa fuera discutida en una comisión específica. Aunque ya había sido ampliamente analizada en una mesa técnica durante otra legislatura, aceptamos para que no fuera engavetada de nuevo.

En su última fase, la campaña que ha lanzado la Cámara de Radiodifusión contra la iniciativa de ley se enfoca en rechazar la creación del Consejo Nacional de Medios Comunitarios. Aparte de argüir la falta de presupuesto para su funcionamiento, dicen que se le concede un papel superior a la SIT y a otras entidades estatales.

Dicho argumento carece de veracidad, ya que en la iniciativa de ley se establece más bien un trabajo conjunto con la institucionalidad estatal. En este sentido, el Consejo es propuesto como un canal de participación ciudadana, que da espacios para la diversidad, pues contempla entre sus integrantes a autoridades indígenas y a académicos, por ejemplo, tal como es posible observar en los dos primeros artículos que disponen su funcionamiento:

Artículo 9. Se crea el Consejo Nacional de Medios de Comunicación Comunitaria el cual trabajará conjuntamente con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para la elaboración del reglamento de esta ley, los procedimientos y mecanismos de asignación de frecuencias en el proceso de solicitud, asignación, renovación o revocación de las mismas del Servicio de Medios de Comunicación Comunitaria y otros aspectos que señale la presente ley o su reglamento.

Artículo 10. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación Comunitaria estará integrado por un miembro representante de cada una de las organizaciones participantes en la Mesa Nacional de Dialogo, un representante de las autoridades tradicionales indígenas, un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, un representante de la Procuraduría de Derechos Humanos y un representante de la Asociación de Periodistas de Guatemala.

Podrá contar con la presencia sin votos en las reuniones de un representante del equipo técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de un técnico por el Consejo Nacional de Medios de Comunicación Comunitaria. La reglamentación determinará las condiciones de funcionamiento de las autoridades y estructura de misiones y funciones del Consejo de acuerdo a los principios de la presente ley y para garantizar el cumplimiento de sus fines.

¿Cómo han sido las discusiones en esa mesa técnica?

Complicadas. Los integrantes de la comisión fueron designados por junta directiva, no es una representación partidaria. Sí hay dos personas cono conocimientos técnicos; una es Oscar Chinchilla, ex superintendente de la SIT, y la otra es un otro diputado que presidió la Comisión de Telecomunicaciones. Está la diputada María Eugenia Tabush, ponente de la Comisión, quien luego de proponerla quiso renunciar, pero no la dejaron. También está el diputado Amílcar Pop, quien ha venido actuando en favor de la legalización de la radio comunitaria desde el ámbito legal, y el diputado Edwin Avin Maldonado, quien, tengo entendido, es empresario de televisión por cable.

El asunto es que hay mucha oposición a la iniciativa. Representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) han argumentado que no hay más vacíos en el espectro radioeléctrico, algo que rebate un informe anteriormente producido por el ex superintendente (Oscar) Chinchilla. También se ha dicho que eso sucede porque existen empresarios que compran espacio (frecuencias) y no los usan, algo así como lo que sucede con las tierras ociosas. Otro asunto que la SIT advierte como dificultad es la figura legal con la cual se otorgan los usufructos en Guatemala, que concede amplias facultades a los beneficiarios, a diferencia de otros casos, y que para cambiar eso habría que modificar la Ley de Telecomunicaciones.

A este argumento hemos dicho que si es necesario modificar esa ley, pues debe hacerse. Otro de los argumentos utilizados para detener el avance de la iniciativa es el del funcionamiento de radios que operan ilegalmente, las cuales, dicen, deberían ser detenidas antes de discutir una ley. Se argumenta que estas son las que ocupan el espacio disponible. Eso nos pone delante un problema, pues ¿qué hacemos con la gente que opera sus radios ahorita? Se ha dicho en ese espacio que incluso con la promesa de legalización hay radios nuevas que salieron a operar, también ilegalmente. Hubo además una reunión donde la señora Ileana Archila llegó a somatarnos la mesa a los diputados mientras nos decía “¡Esa ley no va, porque no va!”, y ahí sí nos pusimos fuertes.

¿Pero la Cámara también ha lanzado una campaña descalificadora de la iniciativa por radio y ha realizado otras acciones fuera del Congreso, verdad?

Sí, invitaron a una cena a los jefes de bloque para exponer sus argumentos y el asunto acá es que no hay que olvidar que e Congreso está conformado en su mayoría por gente conservadora.

En esa ocasión les dijeron que ellos presentarán su propia iniciativa y que la que está en discusión actualmente no va.

Veo la situación complicada. De momento consideramos urgente solicitar que se amplíe el pazo dado a la comisión para emitir un dictamen, que era de un mes y que vence la otra semana. En suma le diría que hay situaciones técnicas complejas que es importante solucionar, como la de a quiénes se elige para administrar las frecuencias de radio comunitaria, ¿a los alcaldes, a los COCODES -Comités Departamentales de Desarrollo-?

Asuntos como estos deben ser resueltos, porque no se puede obviar que en las comunidades hay muchos y diversos intereses. Hay nudos que desatar como ése y otro, que se refiere a la creación por ley del Consejo Nacional de Medios de Comunicación, entidad que trabajaría conjuntamente con la SIT para elaborar el reglamento de la ley y establecer los mecanismos de asignación, renovación y revocación de frecuencias, y cuyo integración queda establecida en el artículo 10 de la iniciativa (http://observacom.org/iniciativa-4087-ley-de-medios-de-comunicacion-comunitaria/). En contra de la creación de este consejo se argumenta que es innecesario porque ya existe la SIT y que no hay presupuesto para su funcionamiento. A esto último, el diputado Amílcar Pop ha respondido que el nombramiento de los comisionados puede ser ad honorem.

¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil organizada en este proceso?

Desde el Congreso les hemos propuesto que se unifiquen para dar la lucha por todas las iniciativas de ley cuya aprobación es importante para las transformaciones que el país necesita, porque somos pocos diputados los que estamos en esa corriente, no nos damos abasto para dar seguimiento a cada una de las iniciativas por separado y además atender todas las reuniones con sociedad civil. Pero finalmente el asunto es que a mí sí me preocupa el tema de radios comunitarias, porque pienso que aún no hay respuestas para desatar esos nudos de los que hablaba.

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