Por Yecenia Enriquez, periodista

Quetzaltenango, marzo de 2009. Por: Yecenia Enríquez

La vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) significa un avance para asegurar la transparencia, pero hace falta que la prensa la utilice como un instrumento de investigación. Además, que los funcionarios y empleados públicos comprendan su contenido, y que cualquier persona la conozca y utilice como un instrumento para la auditoría social.

Para apoyar los esfuerzos que se realizan a favor de la divulgación, conocimiento y cumplimiento de esa norma, el Centro Civitas y la revista Sala de Redacción, con el apoyo de la Fundación Soros Guatemala, iniciaron una serie de conversatorios con periodistas, columnistas, líderes sociales y funcionarios y empleados públicos, con el objeto de profundizar el conocimiento y discusión de la temática.

El trabajo con periodistas y columnistas se basa en la importancia de que éstos inciden en la formación de modelos mentales y actitudes sociales respecto de temas fundamentales para el desarrollo social. En ellos recae la tarea de divulgar y fiscalizar el cumplimiento de la LAIP, así como contribuir a la formación e impulso de una cultura ciudadana de transparencia.

Dichos espacios de discusión han sido desarrollados en los departamentos de Guatemala (diciembre), Quetzaltenango (marzo), Alta Verapaz (mayo) y Retalhuleu (junio). Para el 1 de julio se planificó la última actividad en Chiquimula.

Criterios diversos

Cobán, Alta Verapaz, mayo de 2009. Por: Yecenia Enríquez

Periodistas de Alta Verapaz, como Ángel Martín Tax y Edín Maas, aseguran que el mayor desafío de la LAIP es que la población la use como herramienta para fiscalizar el uso de los fondos públicos. Asimismo, consideran que los comunicadores tienen la tarea de divulgarla y utilizarla como un recurso de investigación periodística.

A juicio de Jorge Rolando Barrientos Pellecer, alcalde de Quetzaltenango, participante en el conversatorio realizado en la ciudad altense, uno de los pilares fundamentales de un estado de Derecho es la transparencia en todos los niveles de la administración pública, la cual debe reflejarse en proporcionar toda la información que sea requerida por los ciudadanos.

Los periodistas son la base principal para la promoción de esta ley, señaló Guillermo Caal Rax, miembro del Concejo de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. “Cuando llegamos a la municipalidad ni siquiera nosotros teníamos acceso a la información financiera, menos la gente; todo era secreto”, aseguró Caal durante el conversatorio desarrollado en Cobán. Para Débora Archila, encargada de la Unidad de Información de la Municipalidad de Cobán, en Guatemala hace falta mayor divulgación de la norma, pues existe desconocimiento sobre su contenido.

Retalhuleu, junio de 2009. Por: Yecenia Enríquez

Uno de los aspectos que más preocupan a Archila y a Caal tiene que ver con los archivos, ya que se encuentran desordenados, deteriorados o, en el peor de los casos, no existen. Archila cuenta que al ayuntamiento cobanero se acercó un grupo de estudiantes que solicitó información sobre planos y documentos históricos. Luego de revisar los requerimientos, se dio cuenta de que existe una bodega con algunos documentos húmedos.

“Las personas que le temen a esta ley es porque esconden cosas y evitan que la población lo sepa. Sin embargo, con su aprobación esas justificaciones se terminaron y todos están obligados a rendir cuentas sobre la manera en que se están invirtiendo los recursos, pero para ello también será necesaria la exigencia de los ciudadanos”, comenta Caal.

Otra de las asistentes a estos eventos fue la gobernadora departamental de Retalhuleu, Olga Maritza Reyes Chinchilla, quien en una de sus intervenciones dijo que la norma presenta ciertas lagunas que deben ser corregidas, como la falta de un reglamento o la falta de procedimientos estandarizados.

Una ley para todos

En su reciente informe, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señala que la práctica ha demostrado que la existencia de leyes de acceso a la información es insuficiente para garantizar el derecho de acceso. Por lo tanto, recomienda adoptar medidas de implementación sobre asuntos como la custodia, archivo y administración de la información en poder del Estado.

La Relatoría señala la necesidad de implementar políticas y programas adecuados de capacitación para funcionarios públicos y la ciudadanía en general, orientados hacia la práctica, para desterrar definitivamente la cultura del secreto.