A cuatro meses de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), los periodistas y ciudadanos que han requerido información se han tropezado con el silencio de funcionarios y empleados públicos. Eso tipo de comportamientos impiden que se ejerza la fiscalización y que persistan las sospechas de malos manejos en el uso de los recursos públicos.

Por Yecenia Enriquez, periodista

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y una de las ponentes de la Ley, señala que en Guatemala lo que hace falta es una cultura de un ciudadano informado y empoderado.

En esta entrevista Montenegro hace una revisión sobre el estado de cumplimiento de esta normativa y resalta la importancia de que los ciudadanos se den cuenta de que tienen un instrumento para exigir que les rindan cuentas.

¿Se ha apropiado de la LAIP la población?

Muchos saben que existe una, ley pero no se han apropiado de ella. Otros, en cambio, han encontrado un escollo muy fuerte y han interpuesto recursos en la Corte de Constitucionalidad, ya que consideran que es inapropiado que la sociedad se entere cuánto devengan en dietas, salarios, viáticos. Otra vez el manto de la oscuridad se apropia del país con estos recursos de inconstitucionalidad, que representan obstáculos para crear una verdadera cultura de transparencia en Guatemala.

Y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), ¿ha desempeñado su papel como garante?

Hasta el momento, el accionar de la PDH, órgano encargado de verificar su cumplimiento, ha sido casi nulo: no ha hecho nada en contra de los responsables de negar información. Estos son grandes obstáculos a superar por parte de la sociedad y las autoridades que se esconden en un manto de oscuridad.

Algunos alcaldes argumentan que la LAIP afecta la autonomía municipal.

Estas argumentaciones son inválidas y sólo buscan generar un mayor clima de impunidad. Similares excusas surgen no sólo de las comunas, sino también de instituciones que cuentan con leyes orgánicas, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto de Previsión Militar y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les sirve como un escudo protector para no hacer transparentes las cosas. La transparencia no escapa a nadie que maneja dinero público.

¿Cómo se puede lograr que la población se apropie de la ley y así evitar malas prácticas?

El Ministerio de Educación debe incluirla en los programas de estudios y así aplicarla en todos los niveles educativos. El día que como ciudadanos entendamos que el ejercicio de la ciudadanía va más allá de votar o ser votado, de cuestionar y lamentarnos, las cosas van a cambiar y tendremos un país distinto.

¿El problema es la ley o hace falta voluntad política?

La ley sí funciona, el problema radica en las instituciones y las personas que las manejan. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Cohesión Social que dirige la esposa del presidente de la República, Sandra Torres, se niega a dar informes sobre los beneficiarios de sus programas y se escuda en el principio de confidencialidad. En tanto, el Fondo Nacional para la Paz, el Ministerio de Comunicaciones y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda se amparan en los fideicomisos. Es obvio que durante muchos años el Estado ha sido una maquinaria de crear nuevos ricos a través de actos impunes.

El que calla otorga, así que no hay razón para ocultar lo que debe ser transparente. Es un dinero público que viene de nuestros impuestos y tenemos derecho a saber a quién se le da.

¿Qué cambios se pueden esperar con una implementación real de la LAIP?

Lo importante es que, a pesar de los obstáculos, la sociedad se organice y se identifique con su legislación, apropie de ésta y la haga suya. Sólo así vamos a tener la Guatemala del siglo XXI que necesitamos.

¿Qué papel deben desempeñar los medios de comunicación?

Resaltar la importancia que tiene este tipo de legislaciones, que busca erradicar la corrupción. Tienen el reto de darla a conocer mediante métodos popularizados que ayuden a los ciudadanos a apropiarse de esta ley.

Los medios deben divulgar la ley y contribuir a fiscalizar, así como contribuir a impulsar una cultura ciudadana de transparencia.

Acerca de la entrevistada

Nineth Montenegro participó en la revisión y análisis del cuerpo de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso de la República el 23 de septiembre de 2008 y que cobró vigencia plena el 21 de abril de este año. En junio pasado, presentó en el Ministerio Público una denuncia por el delito de retención de información en contra de la titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), Silvia Palomo, y del director ejecutivo del Fideicomiso del programa Mi Familia Progresa, Óscar Pineda Garay.