La libertad de información requiere, como elementos indispensables, la voluntad y capacidad de usar y no abusar de sus privilegios, según resolvió en 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por Odeth Alvarado y Yecenia Enriquez, periodistas

En Guatemala se habla mucho sobre el derecho de respuesta, como un derecho inalienable. Sin embargo, no todos lo respetan en su sentido completo. Y en el caso de los funcionarios públicos, basándose en análisis un tanto arbitrarios de la ley, hay quienes hasta se atreven a decir que no gozan de ese derecho, aunque sus detractores recurran al insulto, la difamación y la calumnia, en una evidente actitud de abuso de la libertad de expresión.

Precisamente para conocer mayores detalles sobre este tema de obligado debate en los medios, hemos decidido abordarlo y así conocer algunas de las diversas opiniones que en torno a él existen en Guatemala.

Par empezar, debe decirse que las y los periodistas y/o las publicaciones de prensa deben incluir la obligación moral de investigar los hechos y divulgar las informaciones sin intención maliciosa. Es, entonces, obligación de todas y todos los periodistas cumplir con estos cánones apegados a la transparencia y a la ética.

Toda persona tiene como derecho inalienable ser escuchada y defenderse cuando es acusada. No obstante, muchas veces esta garantía es aplicada de forma distinta en el plano de los medios masivos, ya que no siempre atienden las solicitudes de derecho de aclaración o las cumplen de manera discrecional.

En las salas de redacción y en las facultades de Ciencias de la Comunicación se conoce parte de la teoría sobre el derecho de respuesta o aclaración, el cual va ligado estrechamente con la ética profesional. ¿Qué es realmente?, ¿qué implica?, ¿qué obligaciones se tienen al estar ya en el ejercicio periodístico?

¿Qué es?

Para algunos teóricos, el derecho de respuesta es “la posibilidad que tienen los afectados de presentar su versión de los hechos, a los fines de mantener el equilibrio informativo como elemento esencial de la misión del periodista de informar verazmente. Como se supone que el periodista o el medio no deben tomar partido sino presentar la verdad de los hechos, todo el que se sienta omitido puede reclamar una compensación informativa, que redunda en beneficio de la sociedad y la rectificación es el resultado práctico del derecho de respuesta, como garantía de que la búsqueda de la verdad es el primer interés del periodismo”.

En la legislación guatemalteca, el derecho de respuesta o aclaración se encuentra establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento, la que obliga a los medios a publicar explicaciones o refutaciones que les fueren dirigidas por cualquier persona individual o jurídica, a la que se atribuyeren hechos inexactos, se le hicieren imputaciones o se le formularen cargos.

Los afectados, ¿qué afectados?

El derecho de respuesta brinda la oportunidad para que el periodista o el medio que no equilibró la información lo hagan y presenten la otra cara de la noticia. El objetivo es que el señalado pueda dar su versión de los hechos.

Como ya es de conocimiento de las y los periodistas, las notas informativas tienen actores involucrados. Con frecuencia, las personas o fuentes informativas que brindan declaraciones que pueden llegar a ser reveladoras de ciertos intereses, se respaldan en el argumento de que su imagen ha sido dañada a raíz de determinada publicación o en que los datos publicados no son certeros. Acá se puede mencionar desde personas particulares hasta funcionarios públicos.

Por lo tanto, surgen algunas interrogantes: ¿quiénes pueden solicitar el derecho de aclaración?, ¿quedan fuera los funcionarios públicos? y ¿son sólo personas particulares o empresarios los que pueden apelar al mismo?

El derecho de respuesta es para todos, señala Gabriel Orellana, abogado y columnista del diario Siglo Veintiuno, quien cita el artículo 35 de la Carta Magna al referirse a si los funcionarios públicos tienen derecho de aclaración. “Es libre la emisión del pensamiento (…) sin censura ni licencia previa (…). Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones (…)”.

Suma a lo anterior el artículo 37 de la Ley de Emisión del Pensamiento: “Los periódicos están obligados a publicar las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones que les sean enviados por cualquier persona, individual o jurídica, a la que se atribuyan hechos inexactos, se hagan imputaciones o en otra forma sean directa y personalmente aludidas”. Orellana, experto en derecho constitucional, indica que ambas normas permiten afirmar que a los funcionarios públicos sí les asiste el derecho de respuesta o aclaración, lo cual no siempre es atendido por los medios, en particular algunos impresos.

La omisión de solicitudes

En su edición de septiembre pasado (No. 76), Sala de Redacción hizo referencia a una aclaración que solicitó el abogado Alejandro Argueta, pero que no fue publicada por el diario Prensa Libre.

El 22 de agosto, ese medio divulgó una noticia sobre que Argueta había sido denunciado en el Ministerio Público y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala por intimidar a jueces. Cuatro días más tarde, Argueta envió una aclaración, pero hasta principios de octubre no había sido atendida.

¿Cuáles son las normas que aplican los medios en cuanto al derecho de respuesta? Según Haroldo Sánchez, director de Noticiero Guatevisión, cualquier persona que sea objeto de una nota, comentario o implicación noticiosa sin ser responsable de nada, tiene derecho a un espacio para aclarar la acusación, el señalamiento o el involucramiento que la prensa haga de aquélla.

“En el caso de Guatevisión, en los seis años que tenemos de estar al aire, tan sólo en una oportunidad hemos tenido que rectificar una noticia: se le otorgó el mismo espacio (o tiempo) a la persona agraviada”. Agrega que cuando han hecho algún tipo de señalamiento “visual” sobre un personaje y si han ofendido la dignidad de éste, tampoco han tenido empacho en disculparse públicamente.

“Yo, como director, he ofrecido las disculpas porque todo lo que aparece publicado en el medio que dirijo es de mi completa responsabilidad. De esa forma asumo mi compromiso con el público y con mi propia sala de redacción”, puntualiza.

¿Y el periodista?

Repor

teros consultados afirman que los medios deben cumplir con el derecho de aclaración, siempre y cuando las solicitudes tengan fundamento. “El periodista debe tener oportunidad de revisar la rectificación y analizarla para determinar si procede, ya que muchas veces hay personas que quieren únicamente emitir su criterio sobre determinada noticia”, afirma Marvin del Cid, del módulo de investigación de elPeriódico.

Mientras tanto, Ana Sofía García comenta que en una ocasión el telenoticiero para el cual laboraba tuvo que rectificar una información. Se trató de una noticia en donde ofreció declaraciones un abogado que dijo representar al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Sin embargo, al día siguiente recibió una llamada de la cúpula del sector empresarial donde se aclaraba que el jurista no pertenecía a ésta. En respuesta, el medio divulgó una nota breve donde aclaró la situación.

Tanto para Del Cid como para García, los medios deben ser cuidadosos con las aclaraciones solicitadas y analizar si realmente hubo error en el contenido y de dónde surgió la información. Las aclaraciones son una especie de balance para que el periodista vea en qué se está equivocando, como una llamada de atención y si en efecto está publicando cosas que no están apegadas a toda la realidad y “son valiosas siempre y cuando tengan fundamento”, coinciden los dos reporteros.

Perspectiva académica

Las escuelas o facultades de Ciencias de la Comunicación tienen a su cargo instruir a los y las estudiantes que ocupan plazas en los medios o las ocuparán. Por lo tanto, el enfoque ético debe ser indispensable.

En la Universidad Rafael Landívar (URL), por ejemplo, la formación ética constituye un eje transversal, comenta Nancy Avendaño, directora del Departamento de Comunicación de esa casa de estudios.

Los profesores plantean casos para que los estudiantes fijen posturas y argumenten a favor o en contra de éstos. Además, a través de actividades extracurriculares, expertos en el tema comparte y debaten sobre el componente ético de la comunicación, sostiene Avendaño.

En la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), las y los estudiantes reflexionan sobre el papel ético que deben desempeñar los periodistas. Se les instruye para informar con veracidad y en el marco del respeto de la persona humana, sea o no funcionaria pública, declara Gustavo Bracamonte, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la carolina.

En suman, periodistas y medios tiene la responsabilidad y el deber ético de atender las solicitudes de rectificación formuladas por las personas que se sientan afectadas por la divulgación de informaciones inexactas.