Las acciones del Gobierno de facto de Honduras contra los medios masivos muestran que la libertad de expresión es amenazada en América Latina, tanto por los regímenes de tinte socialista como por los de derechas.

Por Evelyn Blanck, periodista

América Latina parece un polvorín hoy día. Como muestra, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha manifestado abiertamente su descontento por la decisión del mandatario colombiano, Álvaro Uribe, de autorizar a EE.UU. que sea instalada una base militar en La Guajira, área fronteriza entre Venezuela y Colombia. Al parecer, Chávez se ha enfurecido más porque el jefe de las fuerzas militares colombianas declaró a finales de agosto que su país está dispuesto a acoger hasta siete bases estadounidenses.

Hugo Chávez y Roberto Micheletti, presidentes de Venezuela y Honduras, respectivamente, representan extremos ideológicos.

El Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está ocupado estudiando el problema suscitado por la decisión de Colombia y también por el rechazo a la misma. El gobernante venezolano se opone porque asegura que EE.UU. desea controlar y espiar a los países vecinos de Colombia, ya que cuenta con claros intereses geopolíticos en la región. Uno, indica Chávez, es el Orinoco, que representa la reserva de petróleo más grande del mundo; otro, la Amazonía, de enorme riqueza en material de recursos naturales, y el tercero, la zona fronteriza compartida entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, donde se haya la reserva de agua dulce más grande del planeta.

Colombia y otros países suramericanos, que intentan bajar el nivel de tensiones, aducen que la presencia estadounidense es necesaria para acabar de una vez por todas con la amenaza del narcotráfico y que no hay fines ocultos de la ayuda, que convirtió a Colombia en el tercer país en recibir más asistencia por parte de EE. UU.

Sin embargo, no son nuevas las resistencias al Plan Colombia, que data de 2000 y que es presentado por EE.UU. y los colombianos para procurar la paz en la región y combatir de manera efectiva el narcotráfico. Desde hace varios años, regímenes como el cubano lo definen como un plan imperialista, cuyos fines verdaderos son controlar valiosos recursos en América del Sur y acabar con las resistencias de los llamados regímenes neopopulistas o impulsores del Socialismo del siglo XXI.

Si algo dejan claro las situaciones descritas es que hoy el panorama es distinto al de finales de la Guerra Fría (1989). América Latina ha comenzado a llamar la atención de otras potencias, pues ya no se le ve como un área completamente influida por EE.UU. y porque se considera, además, que la relevancia de la nación del Norte va hacia la baja.

Otra circunstancia relacionada con el despegue de América Latina es que su empresariado protagoniza más en el escenario continental, modificando los que hasta ahora eran los comportamientos de intercambio comercial de la región. De hecho, las ideas originales de la fundación de la Unasur estaban orientadas a desarrollar acuerdos para infraestructura, energía y libre comercio. Ahora, con los presidentes Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales predominan los temas políticos.

Para los conservadores, América Latina enfrenta un período de recesión democrática, como lo ha dicho recientemente el canciller chileno, Mariano Fernández. Para otros, está en una etapa decisiva de su empoderamiento.

Los efectos

Este nuevo panorama regional afecta a todos los países de distinta manera. En América Central, uno de los ejemplos más recientes es el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya. A su llegada a la presidencia, en 2006, ese político era concebido también como un partidario de la libre empresa, miembro y presidente de cámaras y asociaciones industriales; una opinión errada dicen quienes recuerdan su papel en el Fondo Hondureño de Inversión Social. Una vez en el Gobierno, Zelaya y algunos miembros de su partido —incluso Micheletti, según fuentes diplomáticas— mostraron simpatías hacia la izquierda, que los llevaron a adherirse en octubre de 2008 a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y a sostener una relación amistosa con Chávez.

Para ciertos sectores poblacionales hondureños, la adhesión al ALBA significó recibir beneficios por combustibles proporcionados con facilidades de pago, préstamos blandos y la donación de 100 tractores agrícolas, además de US$100 millones para las pequeña y mediana empresas, viviendas y servicios médicos para familias de escasos recursos.

Sin embargo, la influencia de las naciones bolivarianas y de sus mandatarios, que han empezado a combatir con acciones legales un sistema que según ellos ha permitido el imperialismo estadounidense, originó la reacción violenta de la derecha hondureña y provocó oleadas en la región.

Analistas consideran que en el continente se libra una lucha ideológica, que no es ajena a los fuertes intereses económicos ni al armamentismo suramericano. Esta pugna ha provocado que los Estados y grupos de poder en toda América Latina asuman posiciones.

Algunos de estos posicionamientos son explicados no sólo por la coyuntura, sino por los procesos históricos de cada región. En Colombia, por ejemplo, priman más los intereses de acabar con el narcotráfico y la guerrilla que los de desprenderse de la influencia de EE.UU. En Chile, donde no ha dejado de prevalecer el pensamiento conservador, privilegian los intereses de continuar marcando el paso del desarrollo económico en la región, con base en un modelo neoliberal.

En países como Guatemala y Honduras, por ejemplo, hay sectores con poder donde todavía impera la idea de que el capitalismo significa desarrollo y el comunismo o socialismo, atraso y dictadura. El capitalismo es visto, pues, como sinónimo de democracia, una idea fuertemente impulsada en la década de 1960 y antes, en espacios como la Alianza para el Progreso, una propuesta de John Kennedy.

El rechazo se extiende a cualquier cosa que parezca con tinte socialista: los grupos de izquierda, las ONG y la comunidad internacional, principal impulsora, por lo menos en el discurso, de modelos de gobierno que respeten y promuevan los derechos humanos.

Panorama

“Salida es política”

La crisis en Honduras, eminentemente política, no justifica la presencia de fuerzas multinacionales, considera un alto funcionario de la ONU que solicitó no ser nombrado.

A su juicio, en el país centroamericano “no hay guerra civil, no hay conflicto interno, no hay grupos armados enfrentándose unos contra otros, no hay rebeldes armados desestabilizando al Gobierno, no hay presencia de ejércitos agresores extranjeros en suelo hondureño ni hay grupos distintos ocupando diferentes partes del territorio”.

Debido a que ninguna de las situaciones anteriores existe, el diplomático sostiene que la crisis se puede resolver mediante la negociación política, sin que la ONU envíe un contingente de Cascos Azules.

La salida ocurrirá, prevé, en las próximas semanas, “con la realización de elecciones generales que, dicho sea de paso, ya habían sido convocadas con anterioridad a la salida de Zelaya, con el agregado que no es el Gobierno el que convoca, sino el Tribunal Electoral Independiente, entidad completamente autónoma”.

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