Félix Flores, LaVanguardia.es – Carlos Castresana (Madrid, 1957), el iniciador, como fiscal, del caso Pinochet y del proceso contra los militares argentinos, es un referente de la justicia internacional. Asimismo magistrado y juez, dirige desde el 2007, por encargo de la ONU, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Allí se ha ocupado del caso de Rodrigo Rosenberg, el abogado que dejó un vídeo grabado, antes de ser asesinado —el pasado mayo—, señalando culpables, entre ellos el presidente Álvaro Colom.

Pompeu Fabra, en Barcelona / Roser Vilallonga, LaVanguardia.es

“El caso se mixtificó como si fuera una gran crisis de Estado. Y es cierto que durante 72 horas la gobernabilidad en el país se vio afectada. Pero el caso en sí no es tan complejo. Y es un buen ejemplo de lo que hace la CICIG, que es aplicar prácticas que son habituales y funcionan con éxito en otras partes. de modo que no hacemos grandes milagros. El caso Rosenberg se resolvió porque, en vez de hacer lo que una buena parte de la opinión pública guatemalteca y mundial estaba pidiendo, y que era el gran proceso de inculpar al presidente y la primera dama, hicimos lo que es la estricta técnica policial: recuperamos las grabaciones de las videocámaras de seguridad de todas las casas del entorno del domicilio de la víctima, que, como puede pasar en cualquier barrio de cierto nivel, en cada bloque hay una cámara las 24 horas, y entonces identificamos el vehículo que persiguió a Rosenberg cuando él salió en bicicleta de su casa, el 10 de mayo.

Ese vehículo tenía unas características especiales: la matrícula era falsa, era una Mazda negro, con un spoiler trasero, con unas llantas de aleación con un círculo rojo y con una pegatina el tapón de la gasolina. Como no era un coche tan frecuente, hicimos lo que hace la policía: ir a la dirección general de tráfico a por los Mazda 6 que hay en Guatemala… Fuimos visitando uno por uno los domicilios de los dueños, y resultó ser un ex policía. Hicimos lo que se hace en cualquier país civilizado: pincharle el teléfono, y hacer el seguimiento ordinario hasta que cayó toda la banda.

Es decir, lo que hacemos es intentar llevar a Guatemala la normalidad del funcionamiento regular de instituciones transparentes y confiables. El problema es que la policía de Guatemala, hasta que nosotros llegamos, no tenía escuchas telefónicas (no quiere decir que no se hicieran; no se hacían legalmente), no tenía un sistema decente de protección de testigos y de arrepentidos… Tenía un sistema muy corrupto y muy ineficiente: los gestores del sistema se quedaban el dinero destinado a la protección de los testigos y éstos renunciaban o se marchaban, y si no los acababan matando porque no estaban protegidos. Hemos traído especialistas de Colombia, de Italia, de España…

- ¿Qué responsabilidad tiene el presidente Álvaro Colom?
- Espere a que terminemos la investigación. No puedo contestar. Nosotros hemos aportado la credibilidad que las instituciones locales no tenían, y en ese sentido la Comisión auspiciada por la ONU facilitó la recuperación de la normalidad en el momento en que instituciones muy débiles son puestas en entredicho, y no tiene mas que ver el ejemplo del país de al lado, Honduras, y la situación en que se encuentra. Un caso que sólo debería ser objeto de investigación penal, por muy alta que sea la magistratura señalada como eventual responsable es un caso que tiene que ser investigado con toda la normalidad del funcionamiento de las herramientas del estado de derecho, para bien o para mal. Como yo dije el primer día, nosotros haremos la investigación si nos dejan –y yo creo que los medios en Guatemala están cumpliendo su parte– en la distancia, de modo que podamos, con respeto y discreción, hacer el trabajo.

- ¿La Comisión fue bien recibida por las autoridades?
- Han sido bastante respetuosos y nos han dado el tiempo necesario. Aunque la verdad es que fuimos recibidos al principio por un sector con mucho escepticismo e incluso con una resistencia por razones de soberanía, de patriotismo a mi modo de ver mal entendido. Porque fue Guatemala quien llamó a Naciones Unidas; no hubo ninguna modalidad de injerencia, y ahora nos hemos ganado el respeto. La mayor parte de la gente la percibe como una garantía. En cuanto al Gobierno, para ser muy sinceros, hemos tenido idas y venidas. Hay una relación de cooperación que yo creo que es correcta en lo institucional; es decir, en un país donde faltan recursos nunca ponen todos los vehículos y todo el personal o hacen las reformas e implementan las técnicas con la celeridad que nosotros quisiéramos, pero ahí vamos. Y en la cuestión de la cooperación creo que hasta ahora ha sido linealmente positiva, sin que eso signifique que no haya tenido pasos atrás, y ha habido algunas crisis, una de ellas con nuestra contraparte principal, el Ministerio de la Gobernación, que fue muy bien en el 2008 y empezó a ir muy mal en el 2009 con el cambio de ministro, que estuvo desde enero hasta julio-agosto, y ahora retomando esa relación con el ministro actual. Con la presidencia, o con el partido del gobierno, para ser más precisos, acabamos de tener una crisis porque hizo unas propuestas para magistrados de la Corte Suprema que incluían, en la lista que salió elegida, ocho de trece que nosotros considerábamos poco idoneos, por decirlo en términos diplomáticos. Esto se está resolviendo precisamente esta madrugada con la salida de cinco de esos ocho; de manera que es casi media Corte Suprema que se está rediseñando siguiendo las recomendaciones, que no pueden ser otra cosa, de la Comisión Internacional y de las embajadas, que nos están ayudando mucho.

- En el último informe de la organización de derechos humanos guatemalteca Grupo de Apoyo mutuo se lee: “El acontecimiento violento de hoy supera al de ayer y el de mañana seguramente hará olvidar los que transcurran después”. Más adelante, afirma: “Hoy por hoy, tenemos una Guatemala más violenta, que está llegando a índices de criminalidad incluso más elevados que los vividos en 36 años de guerra”. ¿Usted lo ve esta manera?
- Sí. Sin querer dramatizar, lo cierto es que los problemas que no se solucionan tienden de manera natural a empeorar. El número de muertes violentas no ha dejado de crecer desde los acuerdos de paz. Durante la presidencia de Arzú hubo unos 12.000 asesinatos, en la de Portillo, unos 14.000; en la de Berger nos pusimos en 21.000, y la de Colom puede terminar con 25.000 asesinatos. En cuatro años. Son cifras prácticamente de conflicto; no son cifras de un país en paz, teniendo en cuenta que no llega trece millones de habitantes. Y los indicadores en otros rubros son en el mismo sentido. Me preocupa un dato muy significativo que me gusta repetir: el país consume el doble de munición que durante la guerra; en aquella época eran 25 millones de balas al año y ahora son 50 millones. ¿Dónde se disparan? Es obvio que una buena parte se destina al contrabando pero otra se dispara en el país, y eso significa que hay un conflicto, que no lo es en el sentido legal y político del término pero sí de otra naturaleza que está pendiente de resolver.

- ¿Guatemala es ahora un país más violento que El Salvador, que tuvo la reputación de ser el más violento de América Latina?
- Yo diría que cualitativamente sí, quizá no en términos absolutos de estadística criminal pero sí en términos de respuesta del Estado. En El Salvador el índice de impunidad ronda el 50% y Guatemala es del 98%. El proceso histórico fue similar; un conflicto armado brutal, unos acuerdos de paz que más o menos fueron implementados y institucionalidad que funciona a medio gas pero funciona. En Guatemala el sistema de justicia se puede considerar casi colapsado. Si sólo son capaces de resolver dos de cada cien casos, eso significa que el disfrute de los derechos fundamentales es más teórico que otra cosa porque el Estado no es capaz de garantizar unos mínimos de libertad y seguridad que permitan vivir con normalidad.

- ¿En qué proporción podemos hablar de delincuencia común, de maras y de violencia política?
- Yo diría que sólo se puede contemplar el fenómeno en ese sentido: el de un problema que, al no ser solucionado, va él solo empeorando de manera progresiva… en un momento de gran esperanza… la convivencia se va viendo deteriorada por un fenómeno de delincuencia común creciente que el Estado no sabe o no puede atacar. Eso empieza a complicarse con la llegada de muchos deportados de EE.UU. que son delincuentes jóvenes y que encuentran en las barriadas del extrarradio de la capital y los centros principales de población y caldo de cultivo extraordinario. Es una delincuencia común pero relativamente organizada. Eso viene a encontrarse con la delincuencia organizada, ya sin apellidos, y finalmente, con la delincuencia organizada transnacional, de manera que el fenómeno se agrava por sí sólo.

“En ese contexto se inscribe la Comisión Internacional. Nosotros somos creados al principio con un objetivo muy preciso, que es ayudar a Guatemala a desmantelar lo que en nuestro tratado de creación se llaman cuerpos ilegales de aparatos clandestinos de seguridad. Con ese nombre tan solemne se describen los restos de lo que fue el paramilitarismo durante el conflicto armado y, sobre todo, las estructuras clandestinas de la contrainsurgencia que durante la guerra funcionaron al interior de todas las instituciones y estaban controladas por el Estado, básicamente por el ejército; es decir, eran contrainteligencia que hacía la guerra sucia para destruir a la guerrilla. Cuando se firma la paz, en los acuerdos se establece que han de ser desmantelados, pero no se disuelven espontaneamente. Hay que desmantelarlos, y si no se desmantelan, efectivamente, se reciclan en delincuencia común y, al final, en delincuencia organizada.

- ¿Se ocupan ustedes también de los asesinatos de mujeres? ¿Es un caso más grave que el de Ciudad Juárez, en México?
- Es más grave… En Ciudad Juárez el Estado es fuerte, aunque haya un alto nivel de corrupción, pero en todo caso allí el fenómeno es la impunidad, no el número de muertes. Pero en Guatemala las cifras superan todas las expectativas: 700 mujeres asesinadas al año en un país de doce millones de habitantes. Con un índice de éxitos del 2%. En tres años han asesinado 2.000 mujeres y ha habido 43 condenas. La impunidad es casi completa… Eso, para empezar, es una invitación a la reiteración del crimen: porque un crimen tan execrable que no recibe respuesta por parte del Estado quiere decir que es un crimen que casi se despenaliza: se pueden matar mujeres porque no pasa nada; ese es el mensaje que el Estado envía a la sociedad. En Ciudad Juárez estamos hablando de 400 mujeres en diez años. Yo pregunté esto mismo en Catalunya, que es como media Guatemala, es decir, ustedes son seis millones: aquí había unos 37 casos al año y se resolvían todos. Allí hay 700 y no se resuelve casi ninguno.

- ¿Cuál es el perfil de estos casos?
- El índice de asesinatos no resueltos, en general, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, menores… es equivalente: muere más o menos el mismo porcentaje de hombres y se resuelve más o menos el mismo porcentaje de casos. La estadística es más o menos la misma pero entre los asesinatos de hombres y mujeres hay una diferencia crítica. A los varones se les asesina normalmente por lo que hacen, mientras que a las mujeres se las mata por lo que son. Y la diferencia es que los hombres pueden dejar de hacer, mientras que las mujeres no pueden dejar de ser. Necesitan una especial protección porque sufren una especial agresión, y tendría que ser correlativa la respuesta del Estado. Pero es que además en tres de cada cuatro casos, alrededor de dos terceras o tres cuartas partes de los casos el asesino es perfectamente conocido; porque es violencia doméstica, es violencia del entorno. A la mujer no la mata un extraño, la mata su marido, su novio, su padre, su conviviente, su compañero de trabajo, su jefe… En ese contexto, en tres de cada cuatro casos el asesinato de las mujeres no tiene ningún chiste desde el punto de vista de la investigación policial porque el asesino es conocido muchas veces antes de que cometa el asesinato. La mayor parte de los asesinatos se cometen en el contexto de una separación matrimonial en el momento preciso en que el juez va a dictar las medidas que dicen que el señor se va de la casa, tiene que pagar una pensión o que el señor tiene que quedar divorciado de su mujer, que ya no le soporta más. De 400 asesinatos, 300 son violencia doméstica. En tres de cada cuatro casos no tienes que investigar mucho… La impunidad en el asesinato de mujeres es mucho más grave que en el hombres. El hecho de que las cifras sean iguales da idea de una gran desigualdad, aunque parezca una paradoja.

- El intento de procesar en España al ex ministro de Defensa israelí, Beniamin Ben Eliezer, y varios oficiales por un bombardeo en Gaza en el 2002 fue detenido por el Gobierno impulsando en el Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ayer fue aprobada por el Senado. ¿Qué le parece?
- Pues muy mal. Primero, porque se está produciendo una reforma que yo creo que no es procedente ni necesaria, y luego porque se está haciendo con una técnica legislativa, hasta donde se me alcanza, muy defectuosa. La cuestión fundamental es: España ha sido pionera, desde 1996, en que la Unión Progresista de Fiscales denunció, primero a la junta militar argentina y después a la junta militar chilena y abrimos lo que se conoce como el caso Pinochet. Eso fue un precedente no sólo de justicia sino de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Eso hoy tiene marchamo español. Me parece que, políticamente, destruir ese haber de la jurisdicción española es destruir la única aportación significativa que hemos hecho a la jurisdicción internacional practicamente en toda la historia, desde la Inquisición quizá, que también fue un referente español muy mencionado. Hemos hecho un aporte y primero debería ser valorado en España al menos tanto como lo es fuera de España. Desgraciadamente, nunca ha sido tomado en cuenta desde su vertiente positiva, siempre ha sido considerado desde los inconvenientes político-económico-diplomáticos que puede suscitar. Lo que se hace ahora es reformar la ley destruyendo la jurisdicción universal y violando los compromisos contraídos por España, que es lo peor que se podría hacer.

- ¿Qué compromisos?
- Los tratados que España tiene suscritos. La jurisdicción universal no es lo que España decida que es, es lo que derecho internacional decide que es. España firma el convenio contra el genocidio, firma el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y muchos otros convenios que protegen a los ciudadanos y persiguen los crímenes internacionales con jurisdicción universal desde las convenciones de Ginebra, la convención contra la tortura… España tiene que hacer honor a esos compromisos. No hay que incurrir en excesos pero tampoco quedarse a mitad de camino… Si ahora la jurisdicción universal en nuestro país se reduce a las víctimas españolas significa que la jurisdicción universal se deroga, lo cual es un disparate. Porque todos podemos entender que haya que limitar el ejercicio de la jurisdicción por razones prácticas derivadas de imperativos políticos, pero entonces póngase un filtro de discrecionalidad política, lo mismo que existe en materia de extradición y que sea el Gobierno el que asuma el coste de decir que a los responsables del genocido del Tibet no se les persigue porque este Gobierno decide que ese procedimiento no debe continuar. O hágase lo propio con el caso de los mandatarios israelíes, pero es una decisión política que debe estar en sede política, no les hagamos a los jueces hacer aquello que no les corresponde. Que cada cual haga lo suyo: el juez aplica la ley, el gobierno hace política.

“España puede modular políticamente el ejercicio de la jurisdicción, lo cual cualquier persona sensata entiende que puede ser necesario o razonable y al mismo tiempo puede tener una actitud proactiva en la Corte Penal Internacional y en los foros internacionales promoviendo otras iniciativas y procurando extender el ejercicio de la jurisdicción universal para que efectivamente sea universal y todos los países con condiciones para dar asistencia a las víctimas hagan aquello que han prometido cumplir en los tratados. Pero en vez de hacer eso nos salimos, y en condiciones que me parecen penosas, y que destruyen precedentes de los que cualquier español podría sentirse razonablemente orgulloso. Nos vuelven a llevar al rincón de la historia después de que fuimos nosotros los que sacamos el derecho de Nuremberg del congelador y lo pusimos en aplicación 50 años después.

“En fin. Podemos entender sus razones, pero hay cauces que, salvando los principios, permiten soluciones prácticas que sean acordes con el derecho internacional y que no constituyan violaciones de los compromisos y menos aún pasos atrás en las conquistas que han costado un enorme esfuerzo y el sufrimiento de millones de víctimas.

- ¿No es cierto que a fin de cuentas a quien se acaba procesando en La Haya es al paria, léase el presidente sudanés, o a los derrotados de la antigua Yugoslavia, sin pasar de cierto nivel?
- Sí se pasa de cierto nivel, pero no se puede estar en la azotea sin pasar por el primer piso y el segundo. Hay que ser realistas, posibilistas, y entender que esto es una evolución que tiene pasos necesarios e imprescindibles. Partimos en 1945 de la justicia de los vencedores, que de todas maneras fue justicia, no creo que nadie lo discuta, aunque hubo crímenes en el otro bando. que nunca fueron juzgados y eran al menos tan merecedores de reproche penal como los de los vencidos. Pero fue un primer paso y ha tenido continuidad. A menudo se olvida que en el caso Pinochet se procesó y se encarceló a alguien que no había sido previamente derrotado, ni militar ni políticamente. Eso permitió después que el procesamiento y condena de Fujimori fuera mucho más fácil. Se van dando pasos y hay que tener paciencia. Juzgar a las potencias del primer mundo por bombardeos es todavía una ficción, pero se llegará si somos capaces de ir consolidando los escalones que hemos conseguido subir.

- Usted debe tener en mente algún que otro personaje al que se debería llevar a los tribunales…
- Sí. Pero la cuestión es esa. Después del 11-S las condiciones para la justicia universal en el 2002, 2003 y 2004 fueron malísimas. Hoy estamos un poquito mejor. La cuestión, por ejemplo para la Corte Penal Internacional, hay que ser paciente pero pedir resultados. Sí si puede y sí se va a hacer. El estatuto de Roma, una herramienta casi sin estrenar, tiene todavía un potencial que tenemos que ver en acción en los próximos años.

- ¿Hay esperanza en que EE.UU. suscriba el Tribunal Penal Internacional?
- Sí, sin duda. Lo va a hacer y es posible que lo haga durante la presidencia de Obama.

- ¿Tiene usted indicios de ello?
- No tengo ninguno, pero creo que en un año o dos pueden estar dadas las condiciones. EE.UU. de hecho ya está dentro, pero por razones políticas no lo ratificó, incluso retiró su firma, pero de alguna manera actúa por persona interpuesta a través de los países más cercanos, llámese Gran Bretaña o algunos países de la Europa occidental, o Canadá, que tiene mucha presencia en la justicia internacional. Simplemente por razones políticas no está ahí en un primer nivel. Rusia y China, India y Pakistán son los otros países del mundo cuantitativamente más representativos es más difícil. Pero en EE.UU. empiezan a darse las condiciones y seguramente lo vamos a ver en un plazo corto.

- ¿Puede quedar mucha gente expuesta?
- No tiene efectos retroactivos. Pero en cualquier caso la Corte tiene que arrancar. Ahora mismo está en una fase incipiente de rodaje, tiene que dar resultados. Pero sí se puede hacer. Hay que trabajar para que cuando las circunstancias políticas sean propicias tú estés preparado. Sí se puede.