Editorial
Cobertura de violencia y libertad de expresión
Divulgar en su portada, el 13 de agosto, una imagen sensacionalista con cadáveres apilados en una morgue le costó ser sancionado al diario venezolano El Nacional. A ese y a otros periódicos un tribunal les prohibió, cuatro días más tarde, “publicar imágenes de contenido violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral” de menores de edad, de lo cual El Nacional informó en su página principal con varios rótulos de “censurado”.
“La protección del bienestar físico y emocional de la infancia es un objetivo central de la comunidad de naciones, pero este propósito no puede dar lugar a la imposición de medidas de censura previa por fuera del marco establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, o a restricciones tan ambiguas que puedan servir de pretexto para impedir la publicación de informaciones e ideas que la sociedad tiene derecho a recibir, pese a ser molestas o incómodas para algunos funcionarios públicos”, anotaron al respecto los relatores de la ONU y la OEA en materia de libertad de expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, respectivamente.
La prensa, ya se sabe, no inventa los hechos violentos, aunque por la forma en que los reporta muchas veces es acusada de promover el morbo y el miedo social. Casos con el de El Nacional sirven para confirmar que los medios nos equivocamos con frecuencia y que las y los periodistas incurrimos en algunas prácticas que son adversadas por sectores ciudadanos. Sin embargo, los mecanismos para corregir las malas prácticas que cometemos deberían ser propuestos y discutidos dentro del gremio, y no impuestos por ninguna entidad oficial.
Aunque no resolvería de una vez los problemas, consideramos que la elaboración y adopción de códigos deontológicos robustecerían a la prensa y a los y las periodistas. Seguir postergando esta discusión alimenta los deseos de diversos sectores —empresariales, religiosos o políticos— de controlar lo que consideran, como en Venezuela, “desbordes periodísticos”.
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