Por Iris López (*)

Jhoanna Castillo, asesora del procurador de los Derechos Humanos, declaró públicamente hace poco que las estadísticas de la epidemia de VIH cuando empezó en Guatemala era por cada cinco hombres, una mujer era diagnosticada. Sin embargo, cuando se inició la epidemia de VIH y sida en el país, en 1984 era por cada 10 hombres una mujer, según la información de datos acumulados del Centro Nacional de Epidemiología. El reporte de 2010 evidenció la existencia de 22,647 personas con VIH. De esa cantidad, 8,553 (38%) eran mujeres y 14,068 (62%) hombres; las estadísticas indicaban por cada dos hombres una mujer diagnosticada. El año pasado se contabilizó un dato acumulado de 27,055 casos de VIH, de los cuales 2,281 fueron nuevos.

Los departamentos que tenían la mayor tasa de VIH eran Quetzaltenango, Izabal y Escuintla. El 61.3% estaba concentrado en el sexo masculino, es decir 1.59 mujeres diagnósticadas por cada hombre. Se estima que para el 2012 se contarán 74,508 infecciones por el VIH. Por lo tanto, si se dan a conocer estadísticas irreales, haciendo parecer que la población de personas con VIH es menor a las reales, se corre el riesgo de que la adquisición de medicamentos, sea en una menor proporción a la necesidad real que existe en el país.

El tratamiento médico que se necesita en Guatemala para las personas con VIH o VIH avanzado (sida) se ha adquirido por compra a través del Fondo Estratégico Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo cual ha permitido que los medicamentos posean las medidas de bioseguridad, bioequivalencia y menor costo. La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) no ha manifestado su postura para que se continúe con este sistema de adquisición de medicamentos, lo que garantizaría el derecho a la salud y a la vida de las personas con VIH.

Las compras de medicamentos e insumos para pruebas y para medición de glóbulos blancos en pacientes con VIH se adquieren a través de un mecanismo de compras establecido por el Fondo Mundial (FM), a través del mecanismo de adquisiciones conjuntas —VPP, por sus siglas en inglés—. Aunque es beneficioso para el país que se cuente con la subvención de Fondo Mundial, la PDH debería buscar estrategias para que el Estado de Guatemala pueda dar respuesta a la población cuando ya no se cuente con este aporte que ha venido a apoyar y beneficiar a las poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad ante el VIH. Lo anterior, con el afán de prevenir posibles contingencias si no se establecen planes a mediano plazo para la situación que pone en riesgo la vida de las personas que viven con VIH.

En 2009 personas con VIH, activistas y organizaciones que trabajan en la temática de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH demandaron que se continuara la adquisición de medicamentos antirretrovirales por medio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, el procurador de los Derechos Humanos no había comprendido que la epidemia de VIH y sida es un problema social de urgencia nacional, según lo establece el artículo 1 de Decreto 27-2000, pues no se pronunció al respecto.

Se espera que ahora responda a los compromisos que el mismo decreto le designa para reducir estigma y discriminación, un entorno favorable al núcleo familiar de las personas con VIH, pero sobre todo la actualización de la misma normativa.

Quien asuma como procurador de los Derechos Humanos para el próximo período debe buscar el bien común y contar con planes de trabajo que reflejen a las poblaciones en mayor riesgo y poblaciones vulnerables con cambios de fondo y no en forma superficial. Deberá tomar en cuenta las necesidades de las comunidades, las poblaciones, sin descuidar el enfoque de género, pertinencia cultural y etnicidad. Asimismo, que su función no es buscar protagonismo personal, sino un protagonismo de Guatemala como país y beneficiando a la persona humana, a la familia y a la comunidad.

(*) Mujer con VIH y representante Asociación de Mujeres Gente Nueva (Amugen)