El Encuentro Nacional de Periodistas que se llevó a cabo el 7 y 8 de julio en el campamento Monte Sión, Amatitlán, fue exitoso. A la actividad asistieron casi 125 colegas de 20 departamentos del país, quienes trabajan o colaboran en más de 60 medios nacionales, regionales y locales, convocados por el Centro Civitas y Sala de Redacción.

En un 70 por ciento, el amplio grupo provino de fuera de la capital, incluido un tercio de mujeres, y en su mayoría no rebasa los 35 años. El cónclave fue la culminación de cinco actividades regionales realizadas de enero a mayo, con el apoyo de Hivos y Guatevisión y en su última fase por la Embajada de Canadá, la Fundación Friedrich Ebert y el Banco de los Trabajadores (Bantrab).

Durante el encuentro se intercambiaron criterios sobre ética, organización y cohesión gremial, así como entorno a derechos laborales, a la justicia y a la información pública, entre otros temas para los que se conformaron mesas de trabajo (periodistas mujeres, periodistas jóvenes, periodistas indígenas, seguridad, formación y capacitación, asociaciones de prensa/previsión social y ética).

Resaltó la necesidad de llevar a cabo diplomados o cursos de redacción, locución, nuevas tecnologías y derechos humanos, pues —en general— los medios no se preocupan o no cuenta con suficientes recursos para capacitar o actualizar a su personal. Las mujeres participantes coincidieron en que se debe promover la equidad salarial, el discurso incluyente y el respeto de sus derechos laborales, aun no ser despedidas por embarazo.

Tampoco quedó fuera la necesidad de fortalecer a la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), revisar la Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista y promover una instancia de asociaciones prensa, así como el diseño de un código nacional de ética.

Los periodistas indígenas y los/as jóvenes también plantearon sus necesidades. Los primeros, promover sus propia organización e incidir en los medios para el conocimiento de las culturas de los pueblos que conforman Guatemala, así como en derecho consuetudinario. Los otros, mayor formación ética, flexibilidad para ingresar en organizaciones periodísticas y respeto a sus derechos labores, entre otros.

Uno de los resultados más relevantes fue la “Declaración de Amatitlán”, documento de ocho puntos en donde se resume la mayor parte de los contenidos discutidos durante el encuentro, el cual tuvo como base los artículos 5, 34 y 35 de la Constitución de la República de Guatemala, los cuales reconocen la libertad de acción, el derecho de libre asociación y la libertad de emisión del pensamiento:

1. “Que reconocemos el papel fundamental de la prensa en sus distintos formatos, las y los periodistas para la vigencia de las libertades y derechos ciudadanos como las de Expresión y Opinión, y los de informar, ser informados y acceder a la información pública.
2. Que con esa comprensión, lanzamos una invitación pública al relator y relatora de la ONU y la OEA en materias de Libertad de Opinión y Expresión a enfocarse en la situación de inseguridad y censura que afecta a los/as periodistas de Guatemala y a pronunciarse al respecto. Además, a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos para que vigile el cumplimiento del precepto legal de Libre acceso a la información y sancione moralmente de forma pública a quienes lo violenten.
3. Que exhortamos al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público y al Procurador de los Derechos Humanos para que investiguen los actos encaminados a hostigar y acallar periodistas en todo el país, sobre todo en los departamentos. Además, que el Ministerio Público sea más ágil para presentar acusaciones en caso de agresiones a periodistas. Urgimos a esas tres instituciones a conformar un sistema de alerta para la protección de periodistas, de manera que, al verse amenazados, ellas y ellos puedan contar con asistencia inmediata.
4. Que solicitamos a los propietarios de medios el cumplimiento de la legislación nacional en materia de Derechos laborales, específicamente lo que atañe al pago de salarios dignos, la dotación del equipo de trabajo, la contratación de seguros de vida y cobertura de seguridad social. Asimismo, exigimos al Ministerio de Trabajo verificar el cumplimiento de dichas normas. También urgimos a las empresas de medios a desarrollar protocolos de seguridad y ponerlos en práctica, suministrando los recursos técnicos y logísticos.
5. Que exhortamos a los medios de comunicación social y asociaciones de prensa a diseñar y divulgar códigos de ética y a velar por una práctica periodística que no riña con los intereses ciudadanos.
6. Que instamos a los/as periodistas y comunicadores sociales organizados o no a generar solidaridad y apoyo mutuo para ampliar los esfuerzos de sensibilización sobre los abusos contra las libertades de Prensa y Expresión.
7. Que hacemos un llamado para crear una red nacional de defensa y promoción del periodismo, que investigue y lleve registros de las violaciones a las libertades de Prensa y Expresión. Asimismo, para que organicen foros de debate sobre las violaciones a la Ley de acceso a la información pública y las libertades de Expresión y de Prensa, y creen una plataforma digital para divulgarlos.
8. Que invitamos a las universidades que cuenten con escuela, departamento o facultad de Periodismo o Comunicación a que revisen y actualicen sus programas de estudios en vías de formar periodistas y comunicadores/as con mayores fundamentos éticos y tecnológicos, profesionales que realmente aporten al desarrollo del país”.

Esa declaración reafirma el axioma: “Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia”. Por lo tanto, ya estamos actuando para mejorar las condiciones del gremio, pero el resto de actores también tiene un papel central. Y eso incluye a propietarios de medios, autoridades de Gobierno y a las audiencias.