Señores integrantes de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala

(Avemilgua):

Ante el campo pagado que publicaron el viernes 22 de julio, en nuestra calidad

de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos en pleno disfrute de nuestros

derechos y libertades, hacemos uso de nuestro derecho de respuesta a los

conceptos vertidos en el texto de marras.

Durante más de tres décadas, la población guatemalteca sufrió la agresión del

Estado y las fuerzas de seguridad (civiles y militares), cuya obligación era

protegerla. Lejos de cumplir con dicha responsabilidad, tal y como lo evidencian

testimonios de decenas de miles de víctimas, documentos oficiales de los

gobiernos de Guatemala y otros estados -finalmente accesibles al público-,

informes nacionales e internacionales sobre las graves violaciones a los

derechos humanos que sufrió la población, así como declaraciones en procesos

judiciales por crímenes de lesa humanidad; las autoridades, funcionarios e

integrantes de las fuerzas de seguridad, cometieron actos de genocidio contra

la población indígena, realizaron ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura,

violaciones y abusos sexuales, desaparición forzada, exilio y desplazamiento

interno. Actos y crímenes que en su mayoría continúan en la impunidad.

En los últimos meses, procesos judiciales que estuvieron estancados por largos

años en los tribunales, han avanzado, llegando incluso a la detención para su

procesamiento en el marco de la ley, de algunos altos mandos militares del

período en el que el genocidio se aplicó como política de Estado. A diferencia

de la acción del Ejército y sus oficiales (quienes violaron la propia ley vigente y

actuaron con criminal crueldad contra sus víctimas), las familias de estas y

algunas víctimas sobrevivientes, han recurrido al estado de derecho y le han

ofrecido a los criminales el derecho de defensa y el juzgamiento con todas las

garantías que a estas víctimas siempre les fue negado. Esta actitud valiente de

parte de aquellas personas a las cuales el Estado les anuló todos y cada uno

de sus derechos de forma violenta y cruel, dista mucho de la acción cobarde de

quienes en la negación de los hechos pretenden ocultar su responsabilidad por

los actos cometidos.

Luchar porque se recupere la memoria histórica -perversamente acallada-,

porque se permita surgir libre a la verdad -tergiversada con el silencio y la

cobardía-, porque impere la justicia -adormecida por la impunidad-, lejos de ser

una insensatez, es una obligación de cualquier ciudadana o ciudadano que

aspire a vivir en una sociedad digna, justa y democrática. Algo obviamente

ajeno a los intereses y motivaciones de la agrupación que ustedes representan.

Plenamente convencidas y convencidos del valor de la paz y la democracia,

respaldamos rotundamente a las personas y entidades cuya valentía les ha

llevado a demandar justicia ante el sistema que tradicionalmente se las negó.

Respaldamos plenamente a la institucionalidad del Estado que ha empezado a

cumplir con su rol y ha llevado ante los tribunales, en el marco de la ley, a

quienes son responsables de los crímenes de lesa humanidad, profusamente

documentados.

La verdad, la memoria y la justicia, son un derecho irrenunciable de toda

persona humana que aspire a la vida con dignidad y en democracia. Nosotras y

nosotros aspiramos a esa vida y por ello, rechazamos sus afirmaciones y

reiteramos nuestra disposición de luchar por la verdad, la memoria y la justicia,

contra la impunidad, el olvido y el silencio.

Guatemala, 22 de julio de 2011

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Fundación Sobrevivientes

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Guatemala (UDEFEGUA)