Dos semanas después de los violentos sucesos entre periodistas en Quiché pareciera que la calma ha vuelto. Pero, ¿fue esto en realidad un torbellino que ha desaparecido? Formularse la pregunta es válido, sobre todo por la violencia mostrada en los hechos acontecidos: Violencia verbal, violencia física, intimidaciones y amenazas.

En torno a los incidentes desatados el 15 de enero pasado, durante una visita del dirigente del Partido Patriota. Otto Pérez Molina, hay varios fenómenos que revelan características actuales del quehacer periodístico guatemalteco –y de las y los periodistas–, las cuales abrirían interesantes fuentes de discusión en cualquier sociedad democrática.

Una de estas características es el trato discriminatorio de las y los periodistas capitalinos hacia los departamentales, problema que fue mencionado en las discusiones generadas en este espacio a raíz de los incidentes.

No es la primera vez que escuchamos las molestias de los colegas departamentales por las expresiones discriminatorias. Durante una reunión realizada a finales de 2010 con amigos chiquimultecos, uno de ellos compartía sus experiencias: “(…) por ejemplo, los periodistas de provincia –que nos dicen en la capital, verdad–, y nos ven hasta así despectivamente, porque yo he ido cuando vamos, por ejemplo, al Congreso, a una cobertura periodística, ellos hasta tienen marcados sus espacios y quieren privilegios que no hay. Aquí hay compañeros que no se olvidarán de la experiencia última que tuvimos cuando fuimos al Congreso, nos trataron muy mal, bien abusivos y… (…) ahí si que nuestros derechos nosotros los defendimos, y tan periodistas son ellos, que pueden tener una gran cámara, como tan periodista soy yo. que puedo tener una cámara pequeña”.

Otros colegas en el Occidente del país han relatado cómo las y los periodistas capitalinos muestran desdeño por sus colegas en los departamentos –y por el apoyo que éstos puedan ofrecerles–, cuando son enviados a realizar coberturas excepcionales. Sin ánimo de generalizar, no cabe duda de que muchos de estos comportamientos de los capitalinos tienen su origen en la creencia de que trabajar para un medio masivo “importante” les concede estatus.

¿Qué propuestas cabrían para comenzar a entendernos mejor? Necesariamente comunicarnos. Es decir, pensar en el desarrollo de encuentros que nos permitan conocernos unos a otros y reflexionar en que, al final de cuentas, somos más parecidos de lo que pensamos y enfrentamos los mismos problemas, sin importar enmedio para el cual laboremos. La receta iría por el camino de trabajar para una verdadera unidad gremial.

Periorrelacionistas

Otro de los grandes campos de fricción entre periodistas que salió a luz durante estos incidentes es la ausencia de comprensión de los distintos roles que puede llegar a ejercer un periodista.

Lamentablemente, en Guatemala vivir del periodismo, y vivir bien, es un privilegio del cual disfrutan sólo unos pocos, y casi todos ellos capitalinos. Y en el caso de los medios más establecidos, mucha distancia hay entre los dueños y sus trabajadores. Una enorme cantidad de periodistas en todo el país han migrado en los últimos años a entidades estatales, internacionales y privadas para servir como relacionistas públicos. Pareciera que cada día que pasa un periodista en activo se da de baja y pasa a engrosar la fila de los relacionistas.

¿Es ético, no es ético? En países como el nuestro esa discusión no ocurre, pues migrar es cuestión de supervivencia; los gastos de fin de mes hay que pagarlos.

Sobre todo en los departamentos, hay quienes luchan por alimentar su vocación de periodistas, pero sobreviven de sus tareas como relacionistas. El campo está sembrado para los conflictos de intereses: “Cuando soy periodista no te publico, sobre todo, si haces mal tu tarea. Cuando soy relacionista me quejo de que no me publicas, te conviertes en molesto y a veces hasta me olvido cómo era ser periodista”.

El periodismo y las relaciones públicas son dos campos muy distintos de la comunicación. Afortunados quienes dominen ambos. Las y los periodistas en Guatemala tomamos ventaja de que no haya tantos buenos relacionistas y de que quienes contratan nuestros servicios tampoco entienden mucho sobre los campos comunicativos. Ingresar a ese otro campo nos permite escaparnos de un panorama laboral marcado por los bajos salarios y el incumplimiento de nuestros derechos laborales.

Las crisis surgen sobre todo durante el año electoral, donde también en función de la sobrevivencia muchos periodistas o trabajan para determinados candidatos o escogen abiertamente partido, desde sus medios. Porque los políticos, al parecer, entienden más la importancia de los medios que muchos de nosotros.

Mucho dinero corre entre periodistas durante años como éste, aseguran allegados a partidos. También resuman los favores, para “quedar bien” con los posibles ganadores. Hay periodistas que están en desacuerdo con estas prácticas, pero las empresas para las cuales trabajan las y los obligan. Si el candidato apoyado gana, las cosas irán de maravilla. Si el favorecido es el opositor, periodistas y medios verán obstaculizadas las coberturas y los reporteros serán agredidos.

La pregunta que surge en este punto es: ¿Y quién trabaja para las y los ciudadanos?

Resolver problemas como estos no es fácil, pero habría que intentar establecer reglas claras entre prensa y relacionistas. Preguntarse, además, cuánto perdemos en materia de credibilidad cuando decidimos trabajar para los políticos y no para la ciudadanía.

Esto sí es grave

El tercer fenómeno observado es el de la cultura de la violencia y la impunidad enseñoreándose entre periodistas. No podemos taparnos los ojos. Ha crecido el número de periodistas que “trabajan” para o con el crimen organizado, pero que siguen reportando noticias.

¿También esto es cuestión de sobrevivencia? No, porque acá pasamos del campo de la ética al de las acciones delictivas. Narcos, linchadores, pandilleros, nosotros a su servicio, ellos al nuestro.

El fenómeno no es nuevo. Hace pocos años la Cicig denunciaba a una red de periodistas corruptos en el medio donde éstos se desempeñaban. El medio despidió a varios, que ahora están colocados de nuevo, incluso como relacionistas públicos. Este fenómeno de periodistas vinculados al crimen organizado está relacionado con el de la “fafa”. El narco es una nueva área económica donde periodistas corruptos pueden solicitar sobornos, e incluso trabajo.

Es al Estado al que corresponde combatir estos hechos, pero a nosotros como periodistas y a los medios también nos conviene discutirlo y combatirlo, pues unos cobran, pero el desprestigio alcanza a todos.

Finalmente observamos también cómo la cultura machista se expresó también en estos incidentes, no simplemente porque la primera agredida fuera una mujer, sino porque el hecho de que una mujer se atreviera “faltar el respeto” a un hombre simplemente no es tolerable.

La creencia de que las mujeres deben ser sumisas, callar, obedecer a los hombres y no revelarse es la causa de muchas de los hechos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en el país. Las mujeres y los hombres no estamos al mismo nivel, acá no todas las personas pueden expresarse en igualdad de condiciones.

Ciertamente, como lo ha reconocido Éricka Marroquín, las respuestas inadecuadas vinieron de las dos partes, las dos partes se irrespetaron, pero allá muy en el fondo están esas pequeñas creencias, que provocan que el irrespeto de las mujeres, cuando en efecto lo es, sea detenido a golpes.

La cultura guatemalteca del miedo y del conformismo dictaría que lo que procede en este caso es callar, no agitar más las aguas. Algunos de quienes han comentado en nuestros espacios incluso se han preguntado a qué obedece nuestro interés de continuar con el asunto. Como Sala de Redacción pensamos que las y los periodistas éticos tenemos que comenzar a asumir nuestra responsabilidad gremial, denunciar las cosas que están mal y reconocer las buenas.

Frente a nosotras y nosotros, alrededor nuestro, hay una ciudadanía que nos sigue, que nos cree, que incluso nos admira. Comprendamos que eso no es sólo “chilero, porque me da estatus y puedo salir del común”. Eso es, sobre todo, una gran responsabilidad. Y además reflexionar en que de la mala calidad de la información y de las malas prácticas, queridos colegas, hasta nosotros y nuestros hijos salimos afectados. Un llamado a que nos preocupemos más por el prestigio de nuestro gremio.



Intercambios con directivos de medios, así como con activistas en pro de la transparencia en el uso de los recursos públicos y participación en un foro sobre libertad de expresión, diversidad y pluralismo fueron parte de su apretada agenda.
Sin embargo, pese a varias solicitudes públicas, Botero no pudo conversar con reporteros y conocer las dificultades a las que éstos se enfrentan, día a día, en el ejercicio de su labor.

Así, algunos periodistas de regiones fronterizas con México, del oriente y del atlántico guatemalteco no pudieron comentarle a la abogada colombiana que han tenido que autocensurarse para no ser víctimas de las represalias de sectores vinculados al crimen organizado, el narcotráfico en particular.

Botero tampoco pudo escuchar que el monopolio de hecho en la televisión abierta es fortalecido por el Organismo Ejecutivo, que destina la mayor cantidad de sus recursos para propaganda en el consorcio cuyo propietario es Ángel González, definido en algunos sectores del partido oficial como “el ángel de la democracia”.

Debido a la naturaleza de su visita, la Relatora no pudo anotar que las agresiones contra periodistas se han incrementado y que el Ministerio Público demuestra inoperancia para investigarlas y acusar a quienes las perpetran. Por ejemplo, los allanamientos a las oficinas de Centro Civitas y a la casa del periodista Marvin del Cid, en mayo y junio, respectivamente. O la retención y la amenaza de ser linchados —el 28 de junio, en Retalhuleu— que sufrieron cuatro periodistas a manos un grupo de pobladores que bloqueaba un tramo carretero.

Hoy por hoy, señora Relatora, Guatemala se está convirtiendo en una de las naciones más peligrosas para el ejercicio del periodismo, quizá sólo superada por México y Honduras. Es imprescindible que usted visite oficialmente el país.

“La protección del bienestar físico y emocional de la infancia es un objetivo central de la comunidad de naciones, pero este propósito no puede dar lugar a la imposición de medidas de censura previa por fuera del marco establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, o a restricciones tan ambiguas que puedan servir de pretexto para impedir la publicación de informaciones e ideas que la sociedad tiene derecho a recibir, pese a ser molestas o incómodas para algunos funcionarios públicos”, anotaron al respecto los relatores de la ONU y la OEA en materia de libertad de expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, respectivamente.

La prensa, ya se sabe, no inventa los hechos violentos, aunque por la forma en que los reporta muchas veces es acusada de promover el morbo y el miedo social. Casos con el de El Nacional sirven para confirmar que los medios nos equivocamos con frecuencia y que las y los periodistas incurrimos en algunas prácticas que son adversadas por sectores ciudadanos. Sin embargo, los mecanismos para corregir las malas prácticas que cometemos deberían ser propuestos y discutidos dentro del gremio, y no impuestos por ninguna entidad oficial.

Aunque no resolvería de una vez los problemas, consideramos que la elaboración y adopción de códigos deontológicos robustecerían a la prensa y a los y las periodistas. Seguir postergando esta discusión alimenta los deseos de diversos sectores —empresariales, religiosos o políticos— de controlar lo que consideran, como en Venezuela, “desbordes periodísticos”.

Uno de los mensajes de la Campaña publicada por La Hora.

“Porque si algo nos falta como país es tener un pueblo capaz de reaccionar, de ser solidario con el dolor y la necesidad ajena, que pueda ejercer la necesaria presión para que los funcionarios sientan que no pueden seguir actuando con tan grave indiferencia porque enfrente hay un colectivo dispuesto a exigirles que cumplan con su deber”, explicó ese día en su columna de opinión el director general de ese medio, Oscar Clemente Marroquín.

La campaña cívica de La Hora —el diario privado más antiguo del país, en la calle desde 1920— fue ideada en el marco de la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público, en medio de la preocupación ciudadana por los altos índices de hechos delictivos.

Cada uno de los mensajes del vespertino insta a lectores y lectoras a no quedarse de brazos cruzados frente a la impunidad y actuar de cualquier manera, siempre dentro del marco de la legalidad. Por ejemplo, con el fondo de una noticia sobre el incremento de los femicidios en los últimos seis años, se pregunta: “¿Cuántas personas sufren al perder a una esposa, hija o madre?, ¿Cuántas encuentra la justicia en Guatemala?”.

La iniciativa es oportuna y sirve para reafirmar que las y los periodistas, como parte de la ciudadanía, nos debemos a quienes nos leen, nos ven en la televisión o nos escuchan por la radio, pues compartimos intereses, aspiraciones y necesidades. Sin embargo, en medio de estos mensajes pertinentes, hay otros cuya formulación, creemos, debe ser mejor estudiada, debido a que son difundidos en una sociedad en donde aún se utiliza el linchamiento, como forma desesperada de combatir a la delincuencia. Por ejemplo, al inicio de la campaña de La Hora, no faltó quienes consideraran que era un llamado a tomar la justicia de mano propia por el lema “De nosotros depende. Pasemos la voz, es la hora de reaccionar”.

Fuera de esto, consideramos que el aporte del periódico es invaluable, en momentos en que la impunidad provoca que amplios sectores, atizados por políticos oportunistas, clamen por la aplicación de la pena muerte y aplauden las ejecuciones extrajudiciales. Lo que la ciudadanía guatemalteca requiere es esperanza y no mensajes que la polaricen más. Bien por La Hora.