Persecución

Un juez colombiano pidió, el 6 de septiembre, la captura del periodista William Parra Jaimes, sindicado de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Parra fue jefe de prensa del entonces presidente colombiano Ernesto Samper (1994-98) y trabajó en varios de los principales medios de comunicación de su país. Desde 2007 reside en Caracas, Venezuela, y labora en la cadena Telesur.
Organizaciones de prensa locales e internacionales rechazaron la decisión judicial.

Bolivia

Polémica

El Senado boliviano, donde tiene mayoría el partido del presidente Evo Morales, convocó a periodistas de ese país, el 15 de septiembre, para analizar una normativa que penaliza la difusión de mensajes racistas o discriminatorios en los medios. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), rechazan la ley, pues consideran que impone una censura de prensa previa que viola la libertad de expresión, considerada por las normas internacionales, como base fundamental de la democracia.

El polémico proyecto de ley establece: “El medio de comunicación que autorizare o publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento sujetas a reglamentación”.

México

Asesinato

Luis Carlos Santiago, reportero gráfico de El Diario, de Ciudad Juárez, en la frontera de México con EE. UU., fue asesinado a balazos el 16 de septiembre. En el hecho también resultó herido su colega Carlos Manuel Sánchez Colunga.
En su editorial del 19 de septiembre, el medio resaltó: “Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”, en un mensaje dirigido a los “señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez”.

Terrorismo

Las acciones del crimen organizado contra medios mexicanos persisten. En la tarde del 15 de agosto, desconocidos lanzaron una granada frente a la sede en Monterrey, al norte de México, de Televisa.

Dos semanas después, la noche del 1 de septiembre, las instalaciones del periódico Noroeste de Mazatlán, Sinaloa, fueron atacadas a balazos, sin que se reportara víctimas. En febrero, dos “narcomantas” fueron halladas frente a las oficinas del diario.

Honduras

Asesinato

Israel Zelaya Díaz se convirtió en el noveno periodista hondureño asesinado en lo que va del año. El cadáver de Zelaya fue encontrado cerca de una plantación de caña de azúcar en San Pedro Sula, al norte de la capital de Honduras, el 24 de agosto.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), Zelaya, de 62 años, fue muerto de tres balazos en la cabeza. Aunque aparentemente no había recibido amenazas de muerte, hace tres meses su domicilio fue devastado por un incendio intencional.

Argentina

Pugna

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, acusó el 25 de agosto a los diarios La Nación, y Clarín de haberse apropiado durante la dictadura militar de Papel Prensa, el mayor fabricante de papel para periódicos del país.

Ambos periódicos publicaron, poco antes de que se presentara el informe oficial, un comunicado conjunto en el que denunciaron que “desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre”.

Por Darío Ramírez Salazar (*)

José Antonio editaba un pequeño periódico en la región de Tierra Caliente en Michoacán; alrededor de las siete de la noche llamó desde su celular para avisarle a su hijo que iba de regreso a casa. En medio de la conversación, éste escuchó una voz masculina que le preguntaba al periodista quién era y qué hacía. “Tranquilo, no traigo nada”, respondió José Antonio. Se escuchó un forcejeo antes de que se cortara la comunicación. Ese fue el último contacto que tuvieron. José Antonio García Apac desapareció el 20 de noviembre de 2006 y su familia sigue editando el semanario para mantener vigente su recuerdo y compromiso.

La violencia que hoy padece la prensa la ha obligado a soportar la censura como un mecanismo de protección. No se elige callar. Se es obligado a callar. Pero el silencio nunca será el camino, y menos para un medio de comunicación. La violencia contra la prensa, que no comenzó con el secuestro de los periodistas de Televisa y Milenio, se ha asentado en México desde hace varios años. El deterioro del ejercicio de la libertad de prensa ha sido constante desde 2006. Las cifras de periodistas asesinados y desaparecidos dan cuenta de ello.

La desaparición, así como cualquier otra forma de agresión contra periodistas, tiene efectos concretos en las comunidades a las que informan. Cuando la incertidumbre cunde en las comunidades de periodistas, la calidad (y cantidad) de información que entra (y sale) de esas regiones se ve severamente afectada.

Las agresiones físicas contra periodistas constituyen la forma más extrema de censura. El objetivo último de este tipo de actos es imponer el silencio y así afectar el libre flujo de ideas, información y opiniones. Hoy existen “zonas de silencio” en varios puntos del territorio mexicano. La censura generada por la violencia ha sido la única opción para quienes colaboran en medios locales. La lista de historias que no salen a la luz pública crece a diario. El silencio comienza a ser la regla.

La dañina relación entre violencia y censura se ha construido a través de los años al calor de la indiferencia gubernamental, la falta de solidaridad gremial y una sociedad que ve con recelo a su prensa. Sólo en 2009, 11 homicidios de periodistas. Más de 70 por ciento de éstos están ligados directamente con la labor periodística de la víctima. Respecto al 30 por ciento restante, aún no se puede descartar esa posibilidad. La gran mayoría permanece en total impunidad y ésta, a su vez, se transforma en señal de aliento para futuros actos violentos contra la prensa.

Lo diferente en el caso de los periodistas de Televisa y Milenio es la intención de los captores de influir en las líneas editoriales de los medios. Es la primera vez que le ocurre a un medio nacional, pero no así a medios locales. Existen ejemplos de diarios, revistas, radios y televisoras estatales que han sufrido esta tenaz presión de grupos criminales. Para muchos de ellos es común recibir una llamada “avisando” si alguna información debe o no salir. Los medios optan muchas ocasiones por no cubrir cierto tipo de información para evitar ser sujetos de chantaje y extorsión.

La agudización de la violencia en México ha llegado a los medios, ahora sí, a todos. Los grupos del crimen organizado saben de la importancia de los procesos comunicativos. Saben que un contexto de zozobra entre la prensa beneficia a sus intereses. A esto hay que sumar las amenazas, intimidación y violencia física que sufren reporteros y camarógrafos por parte de agentes del Estado, de manera particular a manos de policías municipales e incluso de miembros de fuerzas de seguridad federal. La impunidad también beneficia los actos de corrupción y el mal gobierno. La prensa se encuentra en la peor posición, a fuego cruzado.

Todo acto de censura implica no sólo la violación de los derechos de la víctima, sino también la vulneración del derecho de la sociedad a estar informada. Cada vez es mayor el número de medios que han decidido dejar de dar cobertura a temas de seguridad pública, crimen organizado y corrupción. “Aquí ya sólo le damos champú a los comunicados de prensa del gobierno”, me explicó un editor de la frontera norte. “No investigamos porque es muy peligroso”, sentenció.

Además de la ausencia misma, la familia y los amigos de periodistas desaparecidos o asesinados tienen que enfrentar la indolencia e ineficacia de las autoridades encargadas de las investigaciones. Prácticamente todos los casos reposan en un limbo jurídico. No se cierran las investigaciones, pero tampoco se continúa con nuevas líneas. Los ministerios públicos traspasan a familiares y colegas la responsabilidad de aportar nuevas pruebas. Los casos de periodistas, en su mayoría, no son investigados. En otros países están preocupados por capacitar a jueces para obtener sentencias condenatorias contra los perpetradores. Aquí estamos preocupados porque no se integran correctamente las averiguaciones. La justicia se ve lejana cuando estamos cerca de un expediente.

La incapacidad de la prensa para generar presión y exigir el esclarecimiento de los casos se origina en la fragmentación y la desconfianza dentro de los propios medios. Parte de la poca atención de la prensa de circulación nacional a la realidad de la prensa local en un contexto de violencia generalizada. La desconfianza entre colegas ha descompuesto la solidaridad necesaria para hacer frente a este problema. Una desconfianza que se basa en rumores y no en investigaciones eficaces que señalen el móvil de la agresión. El resultado es que, al final, a las víctimas se les niega no sólo dicha condición sino además la presunción de inocencia.

La etapa de diagnóstico, tal vez por el incremento exponencial en los casos o por los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, ha sido superada. Sobran ya cifras, análisis y pronunciamientos. Faltan acciones concretas, en especial aquellas provenientes del Estado mexicano, que tiene la obligación de proveer seguridad para el ejercicio de la libertad de prensa.

Se ha probado que el contexto de la violencia contra la prensa es complejo y, por ello, merece una respuesta integral. Esto debe partir del reconocimiento de la responsabilidad compartida: del Estado, medios, periodistas y sociedad. El trabajo de cada uno es vital para encontrar respuestas y eventualmente soluciones.

Para revertir la situación por la que atraviesa la libertad de expresión en México, es necesaria la actuación del Estado en tres vías:

1) Abstenerse de interferir el libre flujo (buscar, recibir y difundir) de ideas, información y opiniones. Eso incluye sancionar a los agentes que atenten contra la integridad física y la seguridad jurídica de periodistas.

2) Garantizar el ejercicio de este derecho a través de una política de prevención y protección de periodistas en riesgo, instalando un mecanismo nacional en el que se asegure la participación de periodistas y organizaciones civiles expertas en el tema. No se necesita reinventar la rueda, ahí está la experiencia colombiana.

3) Combatir la impunidad a través de investigaciones efectivas y diligentes de los casos. La ineficacia está tanto en el fuero federal como en las procuradurías locales.

4) Modificar el marco legal para dar mayores atribuciones a la Federación para investigar. En otras palabras, aprobar la “federalización” de los delitos contra periodistas.

Las empresas deben adoptar protocolos de seguridad y administración de riesgos, así como capacitar a la planta de reporteros en materia de seguridad y autoprotección. El sentido común no es tan común. Una emergencia es el peor escenario para tomar decisiones. Elaborar y adoptar un protocolo de seguridad permite a los periodistas identificar con antelación los posibles riesgos o amenazas potenciales. Pero sobretodo permite planear y saber qué tiene que hacer cada quién (editores, colegas y familiares) en caso de una emergencia.

Los medios deben revisar sus líneas editoriales sobre la cobertura de la violencia. Emprender una reflexión expedita y de cara a la sociedad. Sigue siendo una tarea pendiente.

La unión de la prensa es un elemento sine qua non para revertir la realidad. El interés compartido es tener un contexto seguro para ejercer la profesión. No hay discusión ni puntos encontrados. La unión pone los cimientos para generar una voz que presione y exija un total alto a las agresiones. De esta manera, la prensa debe buscar mecanismos, ya sea en conjunto o por separado, para asegurar coberturas con seguridad y así no dejar morir la información.

Finalmente, la sociedad tiene que expresar solidaridad con sus mensajeros. Debe de ser firme y demandar a la prensa una cobertura equilibrada y oportuna. Corresponde a la sociedad interesarse más en el tema, sabiendo que sus intereses y su derecho a la información también son vulnerados cada vez que se ataca a la prensa.

(*) Director de Artículo 19 México, organización internacional dedicada a la defensa y promoción de la libertad de información en todo el mundo. El texto fue descargado de http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/234/44.pdf, el 12 de agosto de 2010