Por Olga Villalta, periodista feminista

Enero ha sido un mes lleno de sorpresas. A través de los diversos medios  hemos contemplado con mucha expectación los pasos que realiza el nuevo gobierno en su instalación en todo el aparato estatal. Las primeras noticias giraban en torno al gabinete, es decir quienes encabezarían los ministerios. Algunos de estos nombramientos nos huelen a pago por el apoyo en la segunda vuelta de la campaña electoral, esto a pesar de la negación por parte del presidente Otto Pérez Molina. Luego se dieron a conocer los nombres de los que ocuparían los viceministerios y direcciones generales, también en algunos casos con olor a pago. Esta historia se repite cada cuatro años.

Quiero referirme al caso del nombramiento de la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), pues la información difundida fue escasa y  poco objetiva. Existían antecedentes que el presidente Pérez no quiso tomar en cuenta, optando por una salida autoritaria, modificando los artículos del reglamento que se refieren a la forma de elegir a la nueva Secretaria cada cambio de gobierno o si por alguna razón ésta dejara el cargo. Los antecedentes se refieren al largo camino recorrido por diversas organizaciones de mujeres que proponían un ente rector en materia de políticas públicas al más alto nivel.

Antes de existir la SEPREM, una de las propuestas era la creación del Instituto de la Mujer, como un ente autónomo. Esta propuesta se quedó congelada en el Congreso de la República, y por ello el Presidente de ese entonces, Alfonso Portillo, creó mediante acuerdo gubernativo la Secretaría de la Mujer.  Si bien esta no era el mecanismo más idóneo, precisamente porque puede ser eliminado por medio de otro acuerdo gubernativo, en los tres períodos, con altas y bajas, la existencia de la Seprem permitió impulsar una serie de acciones que apuntan a la mayor participación política, social y económica de las guatemaltecas.

Los medios de comunicación, incluso los alternativos,  transmitieron información sobre este dilema caracterizándolo como un “pleito de mujeres” ante lo cual, el jefe de gobierno toma una decisión aparentemente legal, para evitar consultar a la población aglutinada en las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres.

Es importante hacer notar que la medida de limitar el derecho de las organizaciones de mujeres en el proceso de toma de decisiones significa, no solo un gesto autoritario, sino es un retroceso ante los compromisos asumidos por el Estado guatemalteco ante los convenios  internacionales en materia de Derechos humanos, como la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.