Por Sala de Redacción

Anaya fue consultado en la conferencia sobre si había podido formarse opinión del comportamiento de la prensa, no sólo en cuanto a la extendida exclusión de sus páginas de las voces de representantes de las comunidades afectadas por las industrias transnacionales extractivas, sino que también sobre las denuncias hechas el año pasado, en septiembre, por organizaciones sociales, en cuanto a una presunta participación de medios impresos en intentos de obstaculizar procesos de consulta comunitaria.

El relator Anaya dijo no haber recibido información al respecto, pero destacó el importante papel de la prensa para vigilar el cumplimiento de los convenios internacionales signados por Guatemala, como el 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes.

Sobre los discursos de los medios de comunicación sobre las consultas comunitarias, el Observatorio Racismo en los Medios, uno de los proyectos de la Alianza contra el racismo y que opera en la Universidad Rafael Landívar, señala en un informe finalizado en 2009 que “los medios de prensa (analizados) no muestran estas acciones (las consultas) como una alternativa y una manera de ejercer la democracia como ciudadanos y ciudadanas, aunque muchas veces sea hasta el 98% de la población el que muestra su negación (sic) a dichos proyectos”.

Por otro lado, también el año pasado el Colectivo Madre Selva denunció una campaña negra en su contra, que pretendía su descalificación como movimiento social, ante la cercanía de la consulta popular realizada en agosto de 2009, en el municipio de Chuarrancho, sobre la construcción de una hidroeléctrica. Días antes, además, ejemplares de publicaciones de prensa lesivas a la imagen del Colectivo fueron distribuidas en la zona de la consulta.

Al trasladar la cobertura de la consulta realizada, cuyo resultado fue contrario a los intereses de la hidroeléctrica, diario elPeriódico no destacó dichos resultados sino que había votado el 19.5 de los vecinos de Chuarrancho. Si bien se consigna que el 83% de los comunitarios votaron contra la hidroeléctrica, la noticia cierra con la observación de que en 2007 la Corte de Constitucionalidad resolvió que dichas consultas no son de carácter vinculante.

José Cruz, del Colectivo Madre Selva, señala la existencia de medios que los vetan, entre éstos elPeriódico, pero también Prensa Libre, cuyos reporteros de medio ambiente los llaman y asisten a sus conferencias de prensa, pero nunca los citan. A esto se suma que cuando intentaron comprar espacio en Emisoras Unidas, personal administrativo de esa empresa de radio les indicó que a Madre Selva no se le vendía.

“Estas son violaciones a nuestra libertad de expresión. En elPeriódico estoy vetado, si quiero hace un comentario en el blog nunca lo aceptan y eso sucede también con el resto de miembros del Colectivo. Sufrimos censura, pero lo más claro ha sido la campaña negra que personalmente hizo Jose Rubén Zamora en contra mía y del colectivo, acusándonos de terroristas. Consideramos que es muy importante la exposición mediática de los problemas que tratamos y por eso acudimos a los medios, pero casi sólo los alternativos nos cubren”, expresa Cruz.

James Anaya finalizó el viernes 18 su visita a Guatemala, específicamente para observar las actuaciones en torno a los procedimientos de consulta con pueblos indígenas sobre el desarrollo de proyectos de industrias extractivas.

El relator recomendó al gobierno guatemalteco la creación de espacios de diálogo con los pueblos indígenas, una actuación respetuosa y de buena fe por parte del Estado, el traslado de información objetiva y completa a las comunidades, así como la elaboración de un estudio independiente para adoptar las decisiones correctas.

Redacción: Evelyn Blanck
Transcripción: Teresa Laines

Con ocasión de la entrevista con esta defensora de defensores, es fácil observar los impactos de la violencia política que sufren las y los activistas de derechos humanos en Guatemala. Ella misma ha tenido que tomar medidas excepcionales, visibles, para resguardar su seguridad, ante las amenazas e intimidaciones recibidas recientemente.

Sus gestos de preocupación constituyen el marco en el que se desarrolla la charla con Sala de Redacción, durante la cual informa sobre los hallazgos del último censo sobre agresiones, amenazas, acosos e intimidaciones que afectan a las y los defensores en Guatemala.

Los gestos son comprensibles, las cifras muestran que durante 2009 hubo un agravamiento de la violencia política especializada, que no es explicable por un incremento vegetativo en el número de las denuncias, sino por la existencia de fenómenos sociales diferenciados. Es muy notable la brecha en el aumento de los índices agresiones con respecto a los de delincuencia común.

Los grupos más afectados, indica Samayoa, son de periodistas (con el porcentaje ya indicado y que se producen en su mayoría en los departamentos), pero también los defensores de la verdad (303%) y sindicalistas (255%). Las mujeres organizadas que luchan contra la violencia también son perjudicadas de manera significativa. “Y eso que ya el año pasado pusimos el grito en el cielo porque en 2008 el porcentaje de agresiones a sindicalistas llegó a un 84%, uno de los mayores registrado en los 10 años que tenemos de hacer el censo”, menciona la dirigente de la Udefegua.

Respecto de los casos de periodistas, Samayoa informa que han levantado una voz de alarma tanto en Guatemala como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han solicitado que la Relatoría de Libertad de Expresión esté muy atenta, pues consideran que muchos de los hechos acontecidos en 2009 pueden ser atribuidos a poderes políticos con intereses electorales, fenómeno muy evidente en regiones como Petén.

En ese departamento circuló en septiembre una lista con nombres de 11 periodistas amenazados, luego de publicadas algunas informaciones sobre presuntos casos de corrupción que involucraban la construcción de un centro comercial y afectaban recursos naturales.

“Fueron las típicas amenazas de cuando un poder desea enviar un mensaje. Agredieron a todos para distraer, incluyendo a periodistas que no cubrían notas de corrupción, pero de todos modos el mensaje fue claro y llegó, porque muchos dejaron de cubrir ese tipo de informaciones”.

Otra de las situaciones curiosas en el caso de las y los periodistas es que por lo general, alerta Samayoa, la violencia política se incrementa en el año electoral, pero acá ya estamos viviendo ese tipo de violencia dos años antes de las elecciones: “Esperamos que la situación no se agrave durante éste y el próximo año, ya que durante los periodos electorales suele agredirse a periodistas para provocar climas de inestabilidad”, expresa la defensora.

Por sus denuncias y sus logros

En los casos de las y los defensores de la verdad, la agudización de la violencia puede ser explicada por los logros de ellas y ellos durante 2009, estima Samayoa. Si bien no son todavía los resultados deseables, ella señala que sí hubo importantes logros en casos judiciales como el de Chuatalum, Chimaltenango, la primera sentencia contra un ex comisionado militar por desaparición forzada, pero que además abrió el paso a la sentencia contra un alto mando militar, por la desaparición de varios campesinos de la aldea El Jute, Chiquimula.

Otros logros durante 2009 fueron la desclasificación de archivos con planes militares como el Sofía y el Victoria ‘82, así como las transmisiones masivas y directas de testimonios de víctima de genocidio. Junto a esto, es notorio también que las agresiones contra las y los defensores de la verdad se producen durante un año de múltiples actividades de conmemoración del décimo aniversario del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

De otro lado, la violencia contra sindicalistas parece obedecer a la denuncias de corrupción interna particularmente en instituciones públicas, como hospitales y alcaldías. De los 16 asesinatos registrados por la Udefegua el año pasado, la mitad son de sindicalistas. El número puede ser mayor, pues la Unidad no tiene aún capacidad para dar seguimiento a los casos de personas que son heridas y recluidas en hospitales.

En este punto de las agresiones contra sindicalistas, señala la defensora, es donde revisten importancia las acciones de presión alrededor de tratados comerciales con otros países como el Central America Free Trade Agreement (Cafta-DR), con Estados Unidos.

Otro de los fenómenos que se analiza es el de la violencia contra las defensoras, pues se repite el patrón observado en el caso de ejecuciones sumarias o arbitrarias durante el enfrentamiento armado, cuando uno de cada cuatro de estos casos fueron de mujeres.

Samayoa indica que los picos en gráficas de ataques contra mujeres se ven en 2006 y 2009. El primero de los años mencionados es cuando se logran importantes avances para la tipificación del feminicidio como delito, esfuerzos que culminan en 2008 y 2009 cuando surge y se comienza a aplicar la ley respectiva (decreto legislativo 22-2008).

La violencia contra las defensoras de derechos humanos también se observa en contra de mujeres que acompañan a víctimas de trata y violencia por narcotráfico. No obstante, la Udefegua advierte que hay un gran subregistro de estos casos, pues, en forma similar a lo que sucede con los periodistas, pocas denuncian las agresiones.

En cuanto a por qué los periodistas no denuncias los actos violentos en su contra, la coordinadora de la Udefegua estima que es por causas como miedo al ridículo ante sus colegas y autoridades, certidumbre de que no prosperarán los casos judiciales y falta de apoyo de las empresas de medios. “Por lo que ven durante las coberturas, ellos saben cómo operan el Ministerio Público y la Policía, así como el tiempo que implica seguir una denuncia, pero en la Unidad podemos apoyar”, expresa.

No se reporta

Un interés especial de Sala de Redacción al realizar esta entrevista era conocer si las y los periodistas difunden este informe y permiten que la sociedad guatemalteca esté enterada de la gravedad de la situación que enfrentan las y los defensores de Derechos Humanos, categoría que incluye a las y los periodistas.

Samayoa indica que aún cuando la Udefegua siempre está dispuesta a proporcionar la información requerida y atender los llamados de periodistas tanto departamentales como capitalinos interesados en obtener datos de sus localidades, pocos los solicitan.

“Sólo hay un medio nacional, dos internacionales y un corresponsal departamental de Cerigua, quienes nos piden constantemente información y difunden el reporte anual y los bimensuales que producimos. Es importante que cubran, porque esta información estadística pertenece a la sociedad y hay que colaborar para trasladársela, es útil incluso para que las y los periodistas puedan prevenir y protegerse, saber cuáles son las áreas de riesgo” responde.

La entrevista concluye y deja muy claro un panorama de represión agobiante y desolador, donde hasta ahora la prensa parece poco interesada en informar, alertar, analizar y trasladar propuestas de solución.

Informe UDEFEGUA 2009

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Acerca de esta descarga: INFORME SOBRE SITUACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Guatemala, enero a diciembre de 2009. Versión PDF Descargado 49 veces Tamaño del Archivo: 3.04 MB

Por Mirza Colindres, estudiante de la Universidad Mariano Gálvez

El silencio en sus amplias salas, siempre colmadas, es interrumpido por el suave movimiento de las hojas de periódicos centenarios y por el “shhh” de los encargados de atender a quienes buscan descubrir o reencontrarse con los hechos reportados por la prensa de Guatemala.

Así lo cuenta su directora, María Eugenia Gordillo, quien añade que este recinto guarda más de 280 años de historia en sus anaqueles de hierro y altas paredes de concreto, ornadas con fotografías de periodistas y escritores.

La Hemeroteca fue fundada el 28 de octubre 1960, por el periodista Rigoberto Bran Azmitia, con la ayuda de sus colegas David Vela y Clemente Marroquín Rojas. Bran Azmitia estuvo al frente de la institución, a la cual consideraba su niña bonita, por casi 40 años. Como hombre de tiempos pasados, se rehusó a buscar y a utilizar la tecnología, lo que hubiera permitido conservar en mejores condiciones los ejemplares más antiguos. Era tal su animadversión por lo novedoso que, según Gordillo, “utilizaba una máquina de escribir mecánica, ya que le daba miedo la computadora”. Incluso, durante el régimen de facto de facto Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986) fue donada una microfilmadora, pero Bran Azmitia no autorizó su utilización.

El paso de los años, la falta de interés de las autoridades, el presupuesto limitado, la falta de personal y la nula tecnología comenzaron a pasar factura, ya que mucho de la historia del país está impresa en letras que desaparecen al solo tocar sus hojas deterioradas.

Nuevos aires

En junio de 2000 Gordillo asumió la dirección de la Hemeroteca y con ello enormes retos: realizar un inventario de los medios existentes, mejorar las condiciones para preservar periódicos y adquirir equipo de cómputo.

Una de sus primeras acciones fue buscar apoyo entre particulares y empresas, para no depender sólo del Ministerio de Cultura y Deportes. Con ello coincidió la creación de la Asociación Amigos de la Hemeroteca, por iniciativa de Paul Dougherty, argentino radicado en Guatemala, quien visitaba el lugar hasta tres veces por semana.

En la actualidad, forman parte de la entidad la Fundación G&T Continental, el Bufete Cuestas y Asociados, el Banco Agromercantil, la Asociación Tikal, la Universidad de Harvard y Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca). Asimismo, Francisco Ralón Afre, Irvin Cohen y María Mercedes Girón de Blank.

Con el apoyo de esas instituciones, empresas y personas, se ha logrado climatizar la sala de lectura Rigoberto Bran Azmitia, instalar el vidrio que divide la sección de lectura con los periódicos y restablecer el funcionamiento de la microfilmadora, así como la compra de computadoras y uniformes.

Norma López, encargada de la Sala Salvador Girón Collier (donde se ubican las revistas), cuenta que antes los ejemplares se colocaban en cajas y luego en anaqueles. Cuando eran solicitadas para consultarlos, se entregan “sueltas” y muchas veces era mutiladas o hurtadas. Ahora se empastan por trimestre o semestre, para lo cual se utilizan materiales resistentes. Las revistas están en un ambiente adecuado que contribuye a preservar mejor el material, puntualiza López.

Microfilmación

En silencio y fuera del bullicio, el equipo de la Hemeroteca efectúa una intensa labor por rescatar casi tres siglos de periodismo guatemalteco. Uno de los primeros pasos ha sido microfilmar los ejemplares, trabajo que comenzó con el periódico La República, fundado en 1891. Eso se pudo lograr gracias al aporte de US$10 mil de la Universidad de Harvard, el cual se obtuvo después de tres años de gestiones.

La única máquina que transforma la microfilmación en disco compacto está ubicada en la Hemeroteca y fue donada por Pro Quest, de Michigan, Estados Unidos. En la actualidad, un técnico contratado por la Fundación G&T lleva a cargo esa tarea, cuyo fin es salvar parte de la historia impresa, pues se estima que el material microfilmado dura más de 500 años.

Otra medida es la búsqueda digital de información, como ocurre en otros países. Por ello, el grupo Prensa Libre ha ofrecido donar tres computadoras que estarán a disposición del público para consultar el diario en su versión digital.

Entre las carencias de la Hemeroteca se incluye la falta de personal suficientemente capacitado. De hecho, no hay ninguna persona especializada en restauración. Hasta ahora, ese trabajo se efectúa de forma tradicional, con hilo de maguey y plomos. “Incluso las maquinas que se utilizan para esta labor son de las pocas que quedan en Guatemala”, explica Beatriz Cosillo, del taller de encuadernación.

Pese a los logros obtenidos durante la gestión de Gordillo, aún falta mucho por hacer. Por lo tanto, es importante que los ministerios de Cultura y Educación apoyen al mantenimiento de la Hemeroteca Nacional, la que almacena casi tres décadas de historia de Guatemala, contada desde la visión periodística.

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La Hemeroteca se ubica en la 5ª. avenida y 7ª. calle, zona 1, a dos cuadras del Palacio Nacional de la Cultura, en el interior del edificio de la Biblioteca Nacional.

Por Ricardo Andrada, de Periodismo Social, Argentina

Desde su nacimiento hasta la actualidad, la Red ha superado numerosos desafíos y se ha constituido como una instancia de referencia nacional e internacional en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en alianza con los medios de comunicación.

Los comienzos

La Red Andi América Latina tuvo su nacimiento formal en 2003, en Brasilia, Brasil. Allí, representantes de nueve organizaciones sociales de larga trayectoria en sus respectivos países decidieron trabajar juntos para promover y difundir, con base en la metodología desarrollada por la ONG brasileña Andi, los derechos de la infancia y la adolescencia en alianza con los medios.

Cada organización miembro aportaba a la Red una destacada experiencia y reconocimiento en las áreas de los derechos humanos, la comunicación y el desarrollo. Al conformarse como Red, desde la convicción de que los medios de comunicación son herramientas fundamentales para la transformación social, las organizaciones se pusieron como misión apoyar, en América Latina, la consolidación de una cultura periodística que fortalezca la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, y contribuya para el desarrollo humano y social, la igualdad y la equidad.

La niñez, en primer plano

En muy poco tiempo, la Red creció hasta abarcar actualmente 12 países, en los que cada agencia, como parte de una organización social líder a nivel local, inició el desarrollo de sus acciones a partir de tres ejes estratégicos: monitoreo y análisis de medios, movilización social y calificación de periodistas y fuentes de información.

Entre otros logros, las agencias de la Red Andi América Latina han alcanzado, a lo largo de estos seis años el monitoreo diario de 130 periódicos, la edición de 24 informes nacionales —con datos y análisis sobre la cobertura periodística de los temas de infancia y adolescencia en cada país— y 87 publicaciones temáticas con foco en periodismo y derechos de la niñez y la adolescencia.

Además, dos informes regionales —con datos comparativos de todos los países de la región—,  cerca de cinco mil periodistas capacitados mediante más de 280 talleres y seminarios, más de 15 mil periodistas y fuentes de información contactados regularmente y más de 16 mil boletines diarios distribuidos con noticias sobre infancia y adolescencia.

Los desafíos

Si bien se han observado en estos seis años numerosas mejoras cuantitativas y cualitativas como resultado del trabajo realizado, es claro que existe todavía un largo camino por recorrer.

En una de las regiones menos equitativas del planeta, donde 56 millones de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza extrema, y donde uno de cada cuatro jóvenes pertenecientes a los segmentos más pobres de la sociedad no terminan la educación primaria, instalar en la agenda pública la necesidad de garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia sigue siendo un reto mayor.

Los logros alcanzados en materia de cobertura periodística, las numerosas articulaciones sociales que la Red y sus agencias han impulsado y el apoyo manifestado por periodistas, medios de comunicación y fuentes de toda la región muestran que el desafío es posible.

A seis años de su nacimiento, la Red Andi América Latina reafirma su compromiso con este objetivo y renueva su decisión de seguir ayudando a colocar los derechos de niños, niñas y adolescentes en primer plano.

En Guatemala, la Red Andi es representada por La Agencia de Noticias a favor de la Niñez y la Adolescencia (La Nana), adscrita a la Asociación Centro Civitas

Por Salvador Santiesteban Merlos, comunicador social español

En este estudio, sostengo que los principales periódicos guatemaltecos dividen la autoría del delito en dos formas polarizadas: cuando el delito se comete contra un marero, la autoría queda oscurecida y justificada por metáforas, expresiones como “ejecuciones” o “muerte”, imágenes, énfasis en los antecedentes de la víctima y la elusión de los verbos que podrían implicar intencionalidad. Por el contrario, cuando es un marero quien comete un crimen, se hace hincapié en la autoría con verbos que definen el asesinato y la premeditación y se utilizan declaraciones e imágenes proporcionadas por la Policía y los cuerpos de bomberos como principales fuentes de información. En este juicio mediático, a los mareros no se les ofrece ninguna oportunidad de expresar su versión de los hechos, excepto a través de sus cuerpos y de sus tatuajes fotografiados.

Discurso uniforme

Guatemala, como gran parte de Centroamérica, ha experimentado en las últimas dos décadas un reordenamiento de las relaciones de poder entre las élites. Esta tendencia también se ha observado en la propiedad de los medios. A pesar de ello, la unidad del discurso sobre las maras es notable en toda la prensa escrita. Esta falta de uniformidad en las élites explica en parte porqué la relación de los medios con los gobiernos es siempre tensa, dependiendo de qué grupo se vea favorecido o dañado, como muestra el ejemplo del boicot publicitario de la era Arzú a los medios díscolos.

Al mismo tiempo, el inesperado comportamiento de la prensa durante el intento de autogolpe de Serrano en 1993 demuestra que las iniciativas individuales son importantes y que, por tanto, deben ser tenidas en cuenta, más allá de las estructuras, la represión y los reordenamientos de las élites, para tratar de entender de forma global cómo funcionan los medios de comunicación en Guatemala.

Es importante remarcar que las privatizaciones de los medios controlados por el Ejército y el Estado, así como la reorganización de las élites de Centroamérica y de Guatemala durante la década de los noventa, han contribuido a aumentar la concentración de la propiedad de los medios. Así, el grupo Prensa Libre controla el 80% de la distribución de la prensa guatemalteca.

Pocas fuentes

Los resultados de los grupos focales guatemaltecos consultados para este artículo muestran que la audiencia considera una necesidad la existencia del periodismo de investigación. Además, dichos grupos definen como de mala calidad a las fuentes utilizadas por los periodistas y tienen una opinión negativa de la formación académica de los profesionales de la comunicación.

Estas conclusiones entran en contradicción con lo que los editores y redactores entrevistados exponen como razón para basar la línea editorial de sus periódicos: encuestas de opinión pública en las que se expresan los deseos de su grupo meta. El estudio crítico del contexto aplicado a las noticias de crímenes y delincuencia pone de manifiesto que no se contrastan las fuentes de las noticias y que algunos discursos en los medios tratan de imponer una visión incompleta de los hechos, en los que los mareros quedan estereotipados y prejuzgados por la policía y los periodistas.
La presencia de “empíricos” (periodistas sin formación académica contratados mayoritariamente en el cuerpo de bomberos) sigue siendo importante en la prensa guatemalteca, tal como asumen los entrevistados. Algunos de los empíricos todavía ocupan altos cargos dentro de los medios, lo que conduce en muchos casos a una falta de profesionalidad y de conocimientos de la comunicación y de los géneros del periodismo.

Los bomberos y oficiales de Policía continúan siendo las principales fuentes consultadas en noticias sobre delitos. Al mismo tiempo, tanto editores como reporteros afirman que la educación académica universitaria de los periodistas carece de calidad en todos los campos. Además, la mayoría de los entrevistados asume que, con objeto de evitar represalias, es conveniente no investigar ciertos temas en torno a las maras.

Al renunciar a la investigación de estos asuntos, los profesionales entrevistados entran en contradicción con la defensa de la prensa guatemalteca como cumplidora de su función informativa. Una de las razones de esta renuncia podría estar en la violenta represión que sufrieron los periodistas en Guatemala, especialmente a principios de la década de los 80, que habría instaurado la cultura del miedo y de la autocensura.

Este artículo abre también una vía de investigación para futuros estudios. Teniendo en cuenta el fuerte tejido político de los jóvenes guatemaltecos en los años 70 y 80 silenciado por las acciones militares, así como el modo de represión que el Estado ha utilizado históricamente para contestar a las demandas sociales, y asumiendo que más allá de los medios todavía hay pocos canales alternativos para intercambiar información en la Guatemala actual, debemos plantearnos si miles de jóvenes tatuados pueden estar utilizando sus cuerpos, conscientemente o bien manipulados, con el fin de obtener un espacio en los medios de comunicación y, por tanto, en el debate social.

Poco contexto

Nordström (2004) sostiene que los límites entre guerra y paz en países en situación postbélica están construidos socialmente. Este argumento lleva al análisis del consenso en la sociedad guatemalteca y, en consecuencia, también al de la ruptura del mismo.

La expresión “impuesto de guerra” se utiliza con frecuencia para describir una cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar regularmente a los mareros para no ser asesinados. En la sociedad guatemalteca de postguerra —con más de  seis mil homicidios anuales y sólo 37 mil licencias de los dos millones de armas en manos de los ciudadanos—, la violencia es uno de los principales temas en la agenda de los medios, aunque muy rara vez se le contextualiza con las causas y consecuencias del reciente conflicto armado, sino con los jóvenes. Los mareros se convierten, así, en la metáfora de los debates sociales pendientes, al tiempo que sus cuerpos tatuados se utilizan como campo de operaciones tanto para el discurso oficial como el mediático.

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(*) El artículo resume las conclusiones de una tesis de maestría centrada en el tratamiento informativo de las maras por parte de la prensa guatemalteca. El autor realizó entrevistas a editores y redactores de Prensa Libre, Al Día, La Hora, Siglo Veintiuno, Nuestro Diario y El Periódico en marzo de 2005 en la ciudad de Guatemala. La tesis, escrita originalmente en inglés para la Universidad de Estocolmo, lleva el título de Cuerpos silenciosos, tatuajes parlantes, y en ella se analizan noticias aparecidas en la prensa guatemalteca entre enero y marzo de 2005 a partir de los estudios críticos del contexto desarrollados por Teun A. van Dijk.