Las autoras son estudiantes de Ciencias de la Comunicación Social de la URL.

Por: Andrea García-Gallont y Lissbeth Vásquez

La discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos en la presente campaña electoral está en boca de todos, y sin embargo, no aflora en el ámbito público. Alrededor de la propuesta de equidad electoral y a raíz de los señalamientos mutuos entre partidos políticos –que se acusan de recibir financiamiento del narcotráfico o de actividades ilícitas– resurge la propuesta de que sea el Estado quien financie las campañas electorales.

El financiamiento público se plantea como mecanismo para evitar la incursión de dinero sucio proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de personas o las ventas ilegales, así como el impacto en la política de quienes las realizan.

Inequidad de competencia

El desbalance en el financiamiento de partidos políticos afecta la  la calidad del proceso democrático, pues existe una relación directa entre la cantidad de recursos erogados y la cantidad de cargos públicos o escaños obtenidos en el Parlamento. De acuerdo con la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana, en el proceso electoral de 2007 se evidenció que los cuatro partidos políticos que más gastaron (PP, UNE, GANA, PAN) obtuvieron, sumados, un total de 120 espacios en el Congreso de la República, mientras que los cuatro que menos gastaron (BIEN, DÍA, DC, EG), únicamente cuatro puestos.

Durante el actual proceso, tan sólo en la precampaña electoral (del 1 de octubre de 2010 al 3 de abril de 2011) la diferencia de gastos en propaganda es muy marcada. Los cinco partidos con mayores gastos son el Partido Patriota (PP) cuyos gastos se elevaron durante esos meses hasta los 21 millones, seguidos por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Q17.3 millones, el Partido Unionista (PU) con Q5 millones, el Partido Líder, con Q4 millones, el partido de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), con Q.2.6 millones, y por último el Partido Alianza Nacional (PAN) con Q.2 millones.

En un rango intermedio de la tabla se situaron partidos como Visión con Valores (VIVA) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), q  qu que sumaron gastos de Q. 680,000 y Q. 400,000 respectivamente. En la escala más baja de la inversión publicitaria estuvo durante el periodo preelectoral Encuentro por Guatemala (EG), con Q.23,000, mientras que ADN mostró una me  menor inversión: Q.1,116.

Sin embargo, el informe de Acción Ciudadana expresa que estos números son meramente representativos y que haciendo el análisis a nivel nacional, la cifra total e la inversión podría ascender hasta tres veces más.

Financiamiento ilegal

Según los señalamientos entre partidos esta inquietud se debe a que algunas organizaciones políticas reciben financiamiento proveniente de actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico. Analistas opinan que la filtración de recursos provenientes de actividades ilegales no es un problema reciente, pero sí se hace ahora más visible. El politólogo Héctor Rosada afirma que “el financiamiento a campañas electorales mediante el traslado de recursos de origen criminal o ilegal es parte de la historia política de este país. Lo que cambia ahora es que al publicarse mediante los medios de comunicación los hechos y su análisis, todo ello se ha hecho mucho más evidente”.

Por otra parte, Mario Sosa, del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política, INGEP, explica que “el crimen organizado y las estructuras de narcotráfico han sido más evidentes por una serie de factores: por enfrentamientos o luchas por territorios entre los mismos carteles y que han implicado crímenes de alto impacto; la cantidad de incautaciones se han incrementado sustancialmente. Entonces, ha llegado a tal nivel de evidencia el crimen organizado, pero al mismo tiempo también se ha hecho evidente como han penetrado el sistema político”.

Para Rosada, las motivaciones de las estructuras criminales “en tanto parte de las estructuras de poder criminal, no solo persiguen acceso a mayores cuotas de poder o impunidad, sino asegurar que sus piezas dentro del sistema se mantengan en su círculo de influencia, aún al momento de renovarse los cargos electorales e independientemente del grupo político los asuma”.

De igual forma, por medio del financiamiento de campañas, las estructuras criminales persiguen la inacción del Estado, así lo afirma Delia Ferreira Rubio, consultora internacional en temas de transparencia y financiamiento de partidos políticos para La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

En su texto Crimen organizado y financiamiento de partidos afirma que “lo que el crimen organizado u otras fuentes vinculadas con actividades ilícitas esperan a cambio de las contribuciones de campañas es la inacción del Estado, su ineficacia, la pasividad de las autoridades, la ausencia de control. En  síntesis, lo que compran a cambio de aportes de campaña es protección; que los dejen en paz.”

Ferreira indica que la pasividad del Estado es fácil de escudar detrás del argumento de no contar con recursos suficientes. “Estas contraprestaciones son mucho más fáciles de justificar y disimular por parte de las autoridades. Se escuchará -ya escuchamos- a los funcionarios decir: “Estamos haciendo todos los esfuerzos del caso para controlar el tráfico de drogas, efedrina, personas, etc., pero no tenemos suficientes recursos”, o “Tenemos recursos limitados, por lo tanto priorizamos el gasto en salud, escuelas, infraestructura. De todas formas el crimen organizado no es una amenaza aún en nuestro país”. Ante este panorama empiezan a surgir propuestas orientadas a modificar el régimen de financiamiento de partidos políticos, aumentando el aporte que proviene del Estado de forma significativa.

Financiamiento público

El concepto de financiamiento público entiende que se destina el dinero público en beneficio de los partidos políticos, y su objetivo principal es otorgarle a todas las organizaciones de carácter político un mínimo de recursos como denominador común, que aminore la brecha entre uno y otro.

En la publicación: Grandes Temas para un Observatorio Electoral Ciudadano, de la División de Estudios Políticos del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), los investigadores mexicanos Javier Aparicio Castillo y Jacaranda Pérez Martínez afirman que las tres principales motivaciones y justificaciones del financiamiento público en campañas electorales son:

Primero, ofrece igualdad de condiciones y equilibra la competencia entre el partido en el poder y los partidos de oposición. Segundo, ayuda a reducir la posible influencia de diferentes grupos de interés, desde el sector empresarial hasta el crimen organizado, y la necesidad de “devolución de favores” a largo plazo. Por último, el financiamiento público provee una base sólida de recursos para que los partidos que surgen y los que no son muy grandes tengan la oportunidad de organizarse y competir contra los demás. Por el otro lado, plantean posibles desventajas, dentro de las cuales destaca que los partidos políticos podrían volverse demasiado dependientes de los fondos públicos.

Gustavo Berganza, de la asociación para el Desarrollo, la Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES) ve como una de las medidas para evitar la incursión de dinero ilícito y el clientelismo político el darle más instrumentos al Tribunal Supremo Electoral para que fiscalice: “La otra forma es modificar el sistema y que la mayor carga de financiamiento sea pública y sólo una parte menor sea privada.”

Actualmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) eroga a los partidos políticos dos dólares por cada voto que reciben a favor de su candidatura a la presidencia o vicepresidencia, o en ausencia de estos, los votos recibidos por diputados en el Listado Nacional. De acuerdo con datos publicados por Acción Ciudadana, el peso del financiamiento público para el año 2003 fue de 0.2%, para el año 2007 de 0.28% y se estima que en estas elecciones alcance al 8%. Es por ello que las propuestas se orientan a que el financiamiento público prime sobre el privado, de forma que se revierta sustancialmente la situación actual. Mario Sosa, del INGEP  opina que el financiamiento público “es un factor que tendería a disminuir la influencia de élites u organizaciones legales o ilegales que persiguen permear al Estado en función de sus intereses particulares, eliminando el interés común”.

Según Sosa, el financiamiento público debería garantizar los procesos de fortalecimiento institucional de los partidos políticos, el proceso de formación política e ideológica y los procesos de organización y campaña electoral. Propone además, que sea el Estado quien directamente pague a los medios de comunicación por los espacios a los que cada partido político acceda para garantizar transparencia y equidad durante la competencia. “Esta medida garantizaría que el partido no contrate por sí mismo un tipo de servicio, que es donde finalmente se logra la penetración financiera por parte de estas élites, que también son los propietarios de los medios de comunicación”.

Berganza opina que los principales reclamos pueden ser de los empresarios de la comunicación: “Dicen que cuando el gobierno se mete a otorgar o comprar espacios está violando la libertad de empresa y de emisión de pensamiento.” Concluye en que el costo de la democracia es alto y la única forma de evitar que caiga en manos de grupos de intereses es que “todos paguemos por ella.”

Para determinar la cantidad de recursos que correspondería a cada partido político, Sosa indica que se combinarían variables para conformar un “nivel intermedio”, que sea más equitativo.  “Una variable tendría que ser el número de votos obtenidos, que en todo caso es importante para trasladar el financiamiento, pero hay otras. Si partimos del hecho que el ideal es que los partidos tengan organización política en todos los municipios de Guatemala, está se constituiría en otra variable, la territorial”. Resalta también la necesidad de otorgar financiamiento para las Asambleas Departamentales y Nacionales del partido, “porque es aquí donde también penetra, no solo el financiamiento del crimen sino también esa lógica del clientelismo político”.

Sobre las consideraciones a tomar en cuenta para determinar la cantidad de recursos que cada partido recibiría, Berganza describe que podría ser una mezcla entre afiliados y delegaciones territoriales. “En la medida en la que se expande el partido territorialmente  y tiene más filiales demostradas, se le puede ir asignando una determinada cantidad para el mantenimiento de esas filiales.” De acuerdo con Gustavo Berganza, aplicaría también la cobertura territorial, el número de afiliados y  la aceptación social.

No obstante, la idea de cambiar el régimen de financiamiento de los partidos políticos enfrenta las limitaciones del Estado en términos financieros y las probabilidades de aprobación en el Legislativo. “Tiende a haber excepciones, pero en general los partidos políticos y los políticos están articulados a partir del fenómeno del clientelismo político”, indica Sosa. Además, advierte que esta medida podría no gozar de popularidad en la población. “En este contexto esta es una propuesta con alto nivel de rechazo social, porque la política y los partidos políticos están desprestigiados. Si le decimos a un ciudadano guatemalteco que la propuesta es que el Estado financie a los partidos políticos, sin duda habrá rechazo. Todo esto debe ser producto de un proceso de información, discusión y debate nacional”.

Pregunta abierta y medidas inmediatas

Mientras que para algunas personas el financiamiento público de partidos políticos se convertiría en la panacea de los problemas actuales, otras son escépticas. La pregunta está abierta a discusión: ¿En qué medida el financiamiento público solucionaría el problema? Para Héctor Rosada, la modificación en el régimen de financiamiento sería tan solo un paliativo. “Es histórica la penetración de capitales ilegales y criminales en los eventos electorales, y tomando en cuenta que mucho del origen ilegal de esos recursos devienen de prácticas corruptas e impunes, la aplicación de la política de financiamiento estatal es tan sólo un pequeño paliativo que, en mi opinión, poco impacta en la realidad que se quiere o se pretende revertir. El objetivo estratégico en este caso sería lograr más controles democráticos –sociedad y Estado-, mayor transparencia en las finanzas partidarias y, esencialmente, un combate frontal en contra de la corrupción e impunidad”.

Delia Ferreira afirma que “el efecto disuasorio de la prohibición es nulo frente a quienes hacen de la ilegalidad la esencia de su negocio”. Asimismo enfatiza en que se deben realizar esfuerzos coordinados para garantizar la transparencia en el financiamiento de partidos políticos. “El fenómeno del crimen organizado es un fenómeno global y controlar el financiamiento político de ese origen requiere una respuesta coordinada. Primero entre las distintas autoridades del país; el órgano electoral necesita independencia, capacidad y competencia para llevar adelante su tarea y no puede hacerlo en soledad. Es indispensable que cruce información con las autoridades impositivas, las encargadas de la supervisión de bancos y las unidades de control de lavado de dinero. Y estas agencias deben coordinar su labor a nivel internacional; muchas veces la evidencia del origen ilegal de los fondos de campaña estará en otros países”.