Nosotros, reporteros, reporteras y trabajadores de medios de comunicación impresos y electrónicos del país, preocupados e indignados por la escalada de violencia que afecta principalmente a nuestros compañeros y colegas de las entidades de la República, convencidos de la necesidad social de nuestra labor y de la urgencia de salvaguardar el derecho a la información y la libertad de expresión en condiciones de plena seguridad, nos dirigimos a ustedes para solicitar su apoyo y adhesión a la primera Manifestación contra las Agresiones a Periodistas en México, convocada para el próximo sábado 7 de agosto a las 12:00 horas.

Esta movilización, que partirá del Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, a la sede de la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, es la expresión y concreción de inquietudes y preocupaciones de reporteros, redactores, editores y trabajadores de los medios de comunicación de todo el país que, sin siglas ni membretes, hemos decidido demandar justicia para las víctimas de agresiones y asesinatos, condiciones de seguridad para ejercer nuestra labor cotidiana y acciones concretas a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La violencia ha sometido a distintos sectores de la sociedad mexicana. Nosotros, que todos los días lo reportamos, no hemos sido la excepción.

Como lo evidencian los acontecimientos más recientes ocurridos en Gómez Palacio, Durango, reporteros, camarógrafos y reporteros gráficos somos el eslabón más débil en la industria de la comunicación: es a nosotros a quienes agreden físicamente, a quienes amenazan, a quienes secuestran, a quienes asesinan, a quienes acosan, quienes dejamos en la indefensión a nuestras familias, quienes padecemos, día tras día, el repudio y las agresiones sólo por portar una libreta, un logotipo, un micrófono, una cámara, una grabadora: por hacer nuestro trabajo.

Convencidos de que es hora de que todos los periodistas de México se sienten a dialogar, a discutir, a buscar, con su pluralidad de posiciones y opiniones, la forma de garantizar el ejercicio pleno del oficio y el derecho de los ciudadanos a la información en cada rincón del país, lanzamos este llamado para que nos respalden, nos acompañen, en los siguientes planteamientos:

1. ¡Alto a la impunidad en torno de los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación! ¡No más agresiones!
2. Las instituciones del Estado mexicano, y los diferentes órdenes de gobierno, tienen el deber y la obligación constitucional de garantizar el pleno acceso y disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, para los periodistas y la sociedad en general, sin distinción de posiciones ideológicas o políticas. Esos derechos, que deben tener plena vigencia para todos los mexicanos, no pueden, en modo alguno, suspenderse, acotarse, negociarse o transferirse. ¡Que se cumplan! ¡Que se hagan cumplir!
3. Que se pongan en marcha, de inmediato, los mecanismos institucionales de protección a la labor de los periodistas, con pleno respeto a la pluralidad, la libertad y la independencia de todos y cada uno de los medios de comunicación.

Reconociéndonos diferentes, plurales en nuestros respectivos puntos de vista, llamamos a todos ustedes a participar en nuestro acto de solidaridad con los colegas muertos, amenazados, con los 64 reporteros cuyos crímenes no han sido resueltos, con los 11 que continúan desaparecidos.

Les convocamos, también, a dar los primeros pasos para emprender acciones transformadoras concretas, de conjunto, para defender ese bien común que, sin su participación activa y contundente, estará a la deriva: el periodismo mexicano.

Atentamente:
Periodistas, editores y trabajadores de medios de comunicación mexicanos

Una de las primeras realidades observadas es la de incomprensión generalizada sobre qué son estos fenómenos, cómo se producen y reproducen. Particularmente en este último campo, el de la reproducción, muchos aspectos quedan hasta ahora poco claros, precisamente por la falta de espacios colectivos para la reflexión social. Con el ánimo de echar luces sobre uno de los cuestionamientos escuchados con frecuencia, trasladamos a continuación las opiniones de uno de los expertos internacionales sobre racismo discursivo, Teun Van Dijk¹:.

Sala de Redacción: ¿Si una persona que es víctima del racismo reproduce el racismo porque está inmersa en esa cultura, se le puede considerar por ello también racista?

Teun Van Dijk: La pregunta es muy interesante, pero también muy difícil. En un sentido somos (casi) todos víctimas (sociales, políticas, históricas) del racismo europeo como histórico sistema de dominación étnico en el mundo, también en América Latina: lo aprendemos desde pequeños, sobre todo de los discursos dominantes (de la política, de los medios de comunicación, de la educación), como algo natural y de sentido común, casi. Y se necesita un dificil y largo proceso de desaprender ese tipo de racismo en nuestras ideología y prácticas sociales. Igual como el sexismo.

Sin embargo, a pesar de que en un sentido somos tod@s “víctimas” del sistema dominante, lo somos de manera muy diferentes. Una vez que se sabe lo que es el racismo (y el sexismo), sobre todo entre la gente educada, por una larga tradición antirracista, uno ya no es “inocente” y si igual uno sigue con la (re)producción de discursos y otras prácticas racistas, uno ya no es víctima sino corresponsable de la reproducción del sistema dominante de racismo. Eso se aplica, en mi opinión, a la gran mayoría de las élites simbólicas (los tres P: políticos, periodistas, profesores) de hoy en día. Ya no tienen la excusa (notoria porque lo usaron los nazis después de la guerra) “No lo sabíamos”  (Wir haben es nicht gewust).

Para la gente (blanca) común y corriente eso se aplica, por supuesto, también, pero en un sentido menos “grave” porque participan menos activamente en la reproducción del racismo, y son receptores de los discursos dominantes. Sin embargo, también porque hay bastante información pública sobre lo que es racismo, ellos también pueden saber, en general, lo que es discurso o práctica racista, y lo que no lo es. Por desgracia ese racismo “popular”, una vez aprendido de las élites simbólicas y sus discursos públicos, funciona como la base e incluso la legitimación del racismo elitario: que defiende su racismo con el argumento que están solamente expresando lo que piensa y quiere el “pueblo”.

Finalmente, de la misma manera que mujeres pueden ser machistas (por inculcación del sistema dominante), miembros de grupos dominados pueden participar en el sistema de dominación racista cuando ellos mismos expresan y reproducen opiniones racistas y discriminan contra otra gente de grupos discriminados. Pero aplica la misma regla como para tod@s: una vez que han aprendido lo que es racismo ya no son inocentes, sino responsables de la reproducción del racismo. De hecho, porque pueden conocer los efectos del racismo de muy cerca, uno puede decir que tienen aún más responsabilidad para participar en la lucha contra el racismo.

Por tanto, por principio teórico (y político), en general no hablo de gente racista, sino de prácticas (anti)racistas en las cuales tod@s podemos participar más o menos. O sea, también gente que en general es antirracista a veces puede cometer o participar en una práctica racista (sin darse cuenta o no), y la gente que a menudo se llama racista no siempre está actuando de una manera racista.

Teun Van Dijk es lingüista, doctorado, nacido en los Países Bajos, quien ha dedicado gran parte de su tarea como científico social a estudiar teoría literaria, pragmática del discurso, la psicología del procesamiento del discurso, las noticias, el discurso racista, la ideología, el conocimiento y el contexto. Una de sus mayores contribuciones es una metodología de Análisis Crítico del Discurso (ACD). Van Dijk es también fundador de la revista en Internet Discurso y Sociedad.

Publicado originalmente en ElMundo.es:

Hace tres años, 11 iraquíes —entre ellos, el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su conductor, Saeed Chmagh— murieron en un ataque aéreo de las fuerzas de EEUU. Entonces, el ejército estadounidense dijo que habían respondido a un ataque “contra una fuerza hostil”. Un vídeo hecho público este lunes por la ONG Wikileaks cuestiona esta versión.

El ataque, perpetrado por dos helicópteros de EEUU, se produjo el 12 de julio de 2007. Las imágenes tomadas desde el helicóptero que se dispone a atacar muestran a un grupo de hombres, entre ellos los dos trabajadores de la agencia —quienes habían ido a la zona tras oír hablar de un ataque militar a un edificio—, en un suburbio de Bagdad. “Cinco o seis” llevan armas, según informa uno de los soldados en la grabación, pero ninguno de ellos ataca a las tropas estadounidenses. Ni siquiera parecen reparar en su presencia.

Los soldados comentan la presencia de armas y piden permiso para disparar. Uno de ellos indica que uno de los iraquíes está disparando, extremo que no queda claro en las imágenes, donde únicamente se ve a los hombres hablando entre ellos.

“Avísame cuando los tengas [a tiro] y dispara”, ordenan al soldado que se encuentra en el helicóptero. A continuación, las tropas también disparan contra los ocupantes de una furgoneta que se acerca a recoger a un herido (único superviviente), identificado en el vídeo como el trabajador de Reuters Saeed Chmagh.

Una versión cuestionada

Al día siguiente, el Ejército de EEUU dijo que los periodistas habían fallecido durante un enfrentamiento de sus helicópteros con tropas insurgentes. “No hay duda de que las fuerzas de la coalición estaban claramente en el medio de operaciones de combate contra una fuerza hostil”, dijo al día siguiente un portavoz militar a ‘The New York Times’ acerca de su intervención militar.

La agencia Reuters siempre ha cuestionado esta versión y hace dos años solicitó, sin éxito, que el ejército de EEUU le facilitase las imágenes. Tras el ataque, los editores de la agencia vieron las imágenes en una reunión ‘off the record’, pero el Gobierno no les entregó la grabación.

Finalmente, el vídeo ha sido difundido por Wikileaks —una ONG que filtra documentos a través de su web— y ha sido presentado este lunes por la mañana en Washington, en la sede del National Press Club. Según Wikileaks, las imágenes han sido filtradas por fuentes militares.

En un comunicado recogido por The Huffington Post, la agencia Reuters ha confirmado la veracidad de las imágenes: “El vídeo difundido hoy [por este lunes] a través de Wikileaks es una evidencia gráfica de los peligros que implica el periodismo y las tragedias que pueden producirse”

Declaración conjunta

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP),

Reunidos en Washington, D.C. el 2 de febrero de 2010, con la colaboración de Artículo 19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión (Article 19, Global Campaign for Free Expression) y el Centro para la Libertad y la Democracia (Centre for Law and Democracy);

Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, 30 de noviembre de 2000, 20 de noviembre de 2001, 10 de diciembre de 2002, 18 de diciembre de 2003, 6 de diciembre de 2004, 21 de diciembre de 2005, 19 de diciembre de 2006, 12 de diciembre de 2007, 10 de diciembre de 2008 y 15 de mayo de 2009;

Enfatizando, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión, que incluye los principios de diversidad y pluralismo, tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos y elemento fundamental de la democracia;

Reconociendo que en los últimos diez años, desde la adopción de nuestra primera Declaración Conjunta en noviembre de 1999, se han logrado significativos avances encaminados a lograr el respeto de la libertad de expresión, incluso en lo que respecta al derecho de acceso a la información y al acceso masivo a Internet;

Preocupados ante los enormes desafíos que aún persisten para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como la existencia de sistemas jurídicos restrictivos, presiones comerciales y sociales, así como la falta de tolerancia a la crítica de parte de los sectores que detentan el poder;

Advirtiendo que algunos de los desafíos históricos de la libertad de expresión aún no han sido abordados con éxito, y a la vez han surgido nuevos obstáculos como resultado de cambios tecnológicos, sociales y políticos

Conscientes del gigantesco potencial que ofrece Internet como herramienta para ejercer la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información;

Atentos a las medidas adoptadas por algunos gobiernos para restringir el acceso a Internet y su negativa a reconocer el carácter único de este medio, así como a la necesidad de que las normas que lo regulen respeten la libertad de expresión y otros derechos humanos;

Destacando que, si bien en los últimos diez años se han incrementado notablemente los esfuerzos globales de protección y promoción de la libertad de expresión, resulta necesario que los gobiernos y otros actores oficiales, las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional presten más atención a estos esfuerzos

Celebrando el significativo desarrollo de los estándares internacionales relativos a la promoción y protección de la libertad de expresión durante los últimos diez años alcanzado por las organizaciones internacionales y la sociedad civil;

Adoptamos, el 3 de febrero de 2010, la siguiente Declaración sobre Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década:

1. Mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación

El ejercicio de facultades ilegítimas que permiten la indebida injerencia de los gobiernos en los medios de comunicación, pese a ser una modalidad histórica de restricción a la libertad de expresión, continúa representando un grave problema. Si bien este control se manifiesta de diversas maneras, algunos de los aspectos más preocupantes incluyen:

a) Influencia o control político sobre los medios de comunicación públicos, de modo que éstos funcionen como portavoces del gobierno en lugar de medios independientes encargados de fomentar el interés público.

b) Los requerimientos de registro para los medios impresos o para el uso o acceso a Internet.

c) El control directo del gobierno sobre el otorgamiento de licencias o la regulación de la radiodifusión, o la supervisión de estos procesos por un organismo que no mantiene, tanto en la ley como en la práctica, una real independencia respecto del gobierno.

d) El abuso en la distribución de la publicidad del Estado o en el ejercicio de otras facultades estatales para influir en la línea editorial.

e) La propiedad o control significativo de los medios de comunicación por parte de líderes políticos o partidos.

f) Los procedimientos abiertos contra medios de comunicación independientes basados en motivaciones políticas.

g) El mantenimiento de normas obsoletas —como las leyes de sedición o la exigencia de la “veracidad” de las noticias— destinadas a criminalizar las críticas al gobierno.

2. Difamación penal

Otra amenaza habitual a la libertad de expresión son las leyes penales que criminalizan la difamación, como las leyes de desacato, o las que penalizan la calumnia y la injuria. Pese a que la difamación ya ha sido despenalizada en cerca de diez países, estas normas aún continúan vigentes en otros Estados. Si bien todas las leyes que criminalizan la difamación son problemáticas, los principales rasgos de estas leyes que nos preocupan son los siguientes:

a) Estas normas no suelen exigir a quienes las invocan que prueben elementos claves del delito, como la falsedad de las afirmaciones y la intención dolosa.

b) Se trata de leyes que sancionan incluso declaraciones respecto de hechos verdaderos, la mera publicación de reportes fieles sobre declaraciones de entes oficiales, o la simple expresión de opiniones.

c) Algunas de estas leyes protegen la ‘reputación’ de organismos públicos, de símbolos patrios o del Estado mismo.

d) Estos regímenes jurídicos no exigen a las figuras y funcionarios públicos que muestren frente a la crítica un grado de tolerancia mayor al que se espera de los ciudadanos comunes.

e) En otras oportunidades, las leyes de difamación protegen creencias, escuelas de pensamiento, ideologías, religiones o símbolos religiosos, e ideas.

f) El uso del concepto de difamación colectiva para penalizar expresiones que no se encuadren en la categoría estrecha de instigación al odio.

g) La existencia de sanciones excesivamente severas, como penas de prisión o condenas en suspenso, pérdida de derechos civiles —incluyendo el derecho a ejercer el periodismo— y multas exorbitantes.

3. Violencia contra periodistas

La violencia contra periodistas continúa representando una amenaza muy grave para la libertad de expresión. En 2009 se registraron más asesinatos de periodistas por razones políticas que en cualquier otro año de la última década. Particularmente, se encuentran en riesgo los periodistas que cubren problemas sociales, incluyendo crimen organizado o narcotráfico, que critican al gobierno o a los sectores de poder, que cubren violaciones a los derechos humanos o corrupción, o que trabajan en zonas de conflicto. Reconociendo que la impunidad genera más violencia, estamos particularmente preocupados por lo siguiente:

a) Estas agresiones no reciben la atención que merecen y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas o —cuando se producen— investigarlas y juzgar a quienes las perpetran.

b) No se reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales para abordar estas agresiones, que no sólo suponen un ataque contra la víctima sino que además vulneran el derecho de las demás personas a recibir información e ideas.

c) La ausencia de medidas de protección para periodistas que han sido desplazados como resultado de estas agresiones.

4. Límites al derecho de acceso a la información

Durante los últimos diez años, el derecho de acceso a la información ha sido reconocido ampliamente como un derecho humano básico, incluso por los tribunales regionales de derechos humanos y otros organismos autorizados. Actualmente, existe una cantidad récord de países que han sancionado leyes que hacen efectivo este derecho. La adopción de cerca de 50 leyes en los últimos diez años demuestra que esta tendencia positiva continúa. No obstante, aún subsisten importantes desafíos. Las cuestiones que nos preocupan particularmente son:

a) El hecho de que la mayoría de los Estados no ha aprobado leyes que garanticen el derecho a la información.

b) Las leyes deficientes que se encuentran vigentes en numerosos Estados.

c) El enorme desafío que supone la implementación práctica del derecho a la información.

d) La falta de transparencia en torno a las elecciones, en un contexto electoral en el que la necesidad de transparencia es particularmente importante.

e) El hecho de que muchas organizaciones intergubernamentales no han hecho efectivo el acceso a la información respecto de la información que poseen en tanto organismos públicos.

f) La aplicación de leyes de reserva a periodistas u otras personas que no son funcionarios públicos, por ejemplo, para responsabilizarlos por publicar o diseminar información reservada que les ha sido entregada.

5. Discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

La igualdad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión continúa siendo la excepción, en tanto los grupos históricamente menos favorecidos —como mujeres, minorías, refugiados, personas indígenas y minorías sexuales— aún luchan para que se tengan en cuenta sus opiniones y para poder acceder a la información que les concierne. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Los obstáculos a la creación de medios de comunicación por grupos históricamente menos favorecidos.

b) El uso indebido de leyes sobre expresiones que instigan el odio para impedir que grupos históricamente menos favorecidos participen en debates genuinos sobre sus problemas e inquietudes.

c) La ausencia de medidas de autorregulación adecuadas para abordar:

i. La reducida proporción de miembros de los grupos históricamente menos favorecidos entre los trabajadores de los principales medios de comunicación, incluidos los medios públicos.

ii. La cobertura insuficiente por parte de medios de comunicación y otras organizaciones de temas relevantes para los grupos históricamente menos favorecidos.

iii. La difusión masiva de información estereotipada o peyorativa respecto de grupos históricamente menos favorecidos.

6. Presiones económicas

Existen distintas presiones comerciales que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público, que usualmente son costosos de producir. Las cuestiones más preocupantes son:

a) La creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con posibles y preocupantes graves consecuencias para la diversidad de los contenidos.

b) La fractura del mercado publicitario, y otras presiones comerciales que se traducen en la adopción de medidas de reducción de costos, como menor proporción de contenido local, entretenimiento de bajo nivel intelectual y reducción del periodismo de investigación.

c) El riesgo de que los beneficios de la transición a las frecuencias digitales sean absorbidos en gran parte por los medios existentes, y de que otros usos, como las telecomunicaciones, operen en detrimento de una mayor diversidad y acceso, y de los medios de interés público.

7. Apoyo a emisoras públicas y comunitarias

Las emisoras públicas y comunitarias pueden desempeñar un rol sumamente importante al ofrecer una programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales. De este modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la necesidad de información del público. Sin embargo, ambas enfrentan obstáculos. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Los obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público de las emisoras públicas.

b) La existencia de numerosos medios públicos que no tienen una misión pública claramente definida.

c) La falta de reconocimiento legal específico para el sector de las emisoras comunitarias sobre la base de criterios adecuados para dicho sector.

d) La decisión de no reservar frecuencias suficientes para las emisoras comunitarias ni crear mecanismos adecuados de financiamiento.

8. Seguridad y libertad de expresión

Si bien históricamente se ha abusado del concepto de seguridad nacional con el fin de imponer restricciones injustificadamente amplias a la libertad de expresión, este problema se ha agravado como resultado de los atentados de septiembre de 2001 y las consiguientes iniciativas de lucha contra el terrorismo. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Las definiciones vagas y/o excesivamente amplias de términos clave como seguridad y terrorismo, así como de las actividades que se prohíben (como brindar apoyo en materia de comunicaciones al “terrorismo” o al “extremismo”), la “apología” o “promoción” del terrorismo o extremismo, y la mera repetición de las declaraciones formuladas por terroristas.

b) El abuso de términos vagos con el fin de restringir expresiones críticas u ofensivas, como la protesta social, que no suponen incitación a la violencia.

c) Las presiones formales e informales a los medios para que no difundan información sobre terrorismo, con el argumento de que esto podría promover los objetivos de los terroristas.

d) El uso más amplio de técnicas de vigilancia y un menor control de los operativos de vigilancia, que inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes confidenciales.

9. Libertad de expresión en Internet

El inmenso potencial que ofrece Internet como herramienta para promover el libre intercambio de información e ideas aún no ha sido aprovechado plenamente dados los esfuerzos de algunos gobiernos para controlar o limitar este medio. Las cuestiones más preocupantes son:

a) La fragmentación de Internet a través de la imposición de cortafuegos (firewalls) y filtros, y de requisitos de registro.

b) El bloqueo estatal de sitios Web y de dominios que permiten el acceso a contenidos generados por usuarios o redes sociales, por razones sociales, históricas o políticas.

c) El hecho de que ciertas corporaciones que proveen servicios de búsqueda, acceso, mensajería instantánea, publicación u otros servicios de Internet no realizan esfuerzos suficientes para respetar el derecho de quienes usan esos servicios a acceder a Internet sin interferencias, por ejemplo, por razones políticas.

d) Las normas que permiten que ciertos casos, particularmente sobre difamación, puedan ser juzgados en cualquier sitio, lo cual conduce a una situación de “mínimo común denominador”.

10. Acceso a tecnologías de información y comunicación

Si bien Internet ha ofrecido a miles de millones de personas posibilidades de acceso a la información y a herramientas de comunicación sin precedentes, la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo aún no tienen acceso a Internet o sólo tienen un acceso limitado. Las cuestiones más preocupantes son:

a) Las estructuras de precios que imposibilitan el acceso de los sectores pobres a Internet.

b) La omisión de extender la conectividad a todo el territorio, lo que deja a los usuarios rurales sin acceso.

c) La asistencia limitada a centros de tecnologías de la información y comunicación comunitarios y otras opciones de acceso público.

d) Esfuerzos insuficientes de capacitación y educación, en especial en sectores pobres, rurales y entre la población mayor.

Frank LaRue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión

Miklos Haraszti, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación

Catalina Botero, Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión

Faith Pansy Tlakula, Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información

Save the Children organiza anualmente el Concurso Iberoamericano de Fotografía en Blanco y Negro. En esta ocasión, la finalidad es que los participantes retraten el derecho y la oportunidad de cada niño y niña a sobrevivir de manera digna y en un entorno de respeto y afecto.

El tamaño mínimo requerido para participar es de 1400 píxeles por 900 píxeles, sea horizontal o vertical, y/o con una resolución no menor de 200 dpi. No hay límite máximo para el tamaño y la resolución de las fotografías. Las fotografías deben enfocar el tema del concurso “Todos contamos” mostrando de manera creativa la participación y el derecho de los niños a ser tomados en cuenta.

Se recomienda mostrar la riqueza de razas, culturas, edades y actividades en relación al tema que desarrollan los niños y las niñas de la región. De igual manera, se recomienda no mostrar imágenes de niños en situaciones desfavorables, bajo amenaza de peligro, violencia o muerte.

La fecha límite para recibir fotografías es el viernes 30 de abril. El primer premio obtendrá US$800. La información completa del concurso está disponible en el sitio web de Save The Children Guatemala.

Por Odeth Alvarado y Yecenia Enriquez, periodistas

En Guatemala se habla mucho sobre el derecho de respuesta, como un derecho inalienable. Sin embargo, no todos lo respetan en su sentido completo. Y en el caso de los funcionarios públicos, basándose en análisis un tanto arbitrarios de la ley, hay quienes hasta se atreven a decir que no gozan de ese derecho, aunque sus detractores recurran al insulto, la difamación y la calumnia, en una evidente actitud de abuso de la libertad de expresión.

Precisamente para conocer mayores detalles sobre este tema de obligado debate en los medios, hemos decidido abordarlo y así conocer algunas de las diversas opiniones que en torno a él existen en Guatemala.

Par empezar, debe decirse que las y los periodistas y/o las publicaciones de prensa deben incluir la obligación moral de investigar los hechos y divulgar las informaciones sin intención maliciosa. Es, entonces, obligación de todas y todos los periodistas cumplir con estos cánones apegados a la transparencia y a la ética.

Toda persona tiene como derecho inalienable ser escuchada y defenderse cuando es acusada. No obstante, muchas veces esta garantía es aplicada de forma distinta en el plano de los medios masivos, ya que no siempre atienden las solicitudes de derecho de aclaración o las cumplen de manera discrecional.

En las salas de redacción y en las facultades de Ciencias de la Comunicación se conoce parte de la teoría sobre el derecho de respuesta o aclaración, el cual va ligado estrechamente con la ética profesional. ¿Qué es realmente?, ¿qué implica?, ¿qué obligaciones se tienen al estar ya en el ejercicio periodístico?

¿Qué es?

Para algunos teóricos, el derecho de respuesta es “la posibilidad que tienen los afectados de presentar su versión de los hechos, a los fines de mantener el equilibrio informativo como elemento esencial de la misión del periodista de informar verazmente. Como se supone que el periodista o el medio no deben tomar partido sino presentar la verdad de los hechos, todo el que se sienta omitido puede reclamar una compensación informativa, que redunda en beneficio de la sociedad y la rectificación es el resultado práctico del derecho de respuesta, como garantía de que la búsqueda de la verdad es el primer interés del periodismo”.

En la legislación guatemalteca, el derecho de respuesta o aclaración se encuentra establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento, la que obliga a los medios a publicar explicaciones o refutaciones que les fueren dirigidas por cualquier persona individual o jurídica, a la que se atribuyeren hechos inexactos, se le hicieren imputaciones o se le formularen cargos.

Los afectados, ¿qué afectados?

El derecho de respuesta brinda la oportunidad para que el periodista o el medio que no equilibró la información lo hagan y presenten la otra cara de la noticia. El objetivo es que el señalado pueda dar su versión de los hechos.

Como ya es de conocimiento de las y los periodistas, las notas informativas tienen actores involucrados. Con frecuencia, las personas o fuentes informativas que brindan declaraciones que pueden llegar a ser reveladoras de ciertos intereses, se respaldan en el argumento de que su imagen ha sido dañada a raíz de determinada publicación o en que los datos publicados no son certeros. Acá se puede mencionar desde personas particulares hasta funcionarios públicos.

Por lo tanto, surgen algunas interrogantes: ¿quiénes pueden solicitar el derecho de aclaración?, ¿quedan fuera los funcionarios públicos? y ¿son sólo personas particulares o empresarios los que pueden apelar al mismo?

El derecho de respuesta es para todos, señala Gabriel Orellana, abogado y columnista del diario Siglo Veintiuno, quien cita el artículo 35 de la Carta Magna al referirse a si los funcionarios públicos tienen derecho de aclaración. “Es libre la emisión del pensamiento (…) sin censura ni licencia previa (…). Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones (…)”.

Suma a lo anterior el artículo 37 de la Ley de Emisión del Pensamiento: “Los periódicos están obligados a publicar las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones que les sean enviados por cualquier persona, individual o jurídica, a la que se atribuyan hechos inexactos, se hagan imputaciones o en otra forma sean directa y personalmente aludidas”. Orellana, experto en derecho constitucional, indica que ambas normas permiten afirmar que a los funcionarios públicos sí les asiste el derecho de respuesta o aclaración, lo cual no siempre es atendido por los medios, en particular algunos impresos.

La omisión de solicitudes

En su edición de septiembre pasado (No. 76), Sala de Redacción hizo referencia a una aclaración que solicitó el abogado Alejandro Argueta, pero que no fue publicada por el diario Prensa Libre.

El 22 de agosto, ese medio divulgó una noticia sobre que Argueta había sido denunciado en el Ministerio Público y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala por intimidar a jueces. Cuatro días más tarde, Argueta envió una aclaración, pero hasta principios de octubre no había sido atendida.

¿Cuáles son las normas que aplican los medios en cuanto al derecho de respuesta? Según Haroldo Sánchez, director de Noticiero Guatevisión, cualquier persona que sea objeto de una nota, comentario o implicación noticiosa sin ser responsable de nada, tiene derecho a un espacio para aclarar la acusación, el señalamiento o el involucramiento que la prensa haga de aquélla.

“En el caso de Guatevisión, en los seis años que tenemos de estar al aire, tan sólo en una oportunidad hemos tenido que rectificar una noticia: se le otorgó el mismo espacio (o tiempo) a la persona agraviada”. Agrega que cuando han hecho algún tipo de señalamiento “visual” sobre un personaje y si han ofendido la dignidad de éste, tampoco han tenido empacho en disculparse públicamente.

“Yo, como director, he ofrecido las disculpas porque todo lo que aparece publicado en el medio que dirijo es de mi completa responsabilidad. De esa forma asumo mi compromiso con el público y con mi propia sala de redacción”, puntualiza.

¿Y el periodista?

Repor

teros consultados afirman que los medios deben cumplir con el derecho de aclaración, siempre y cuando las solicitudes tengan fundamento. “El periodista debe tener oportunidad de revisar la rectificación y analizarla para determinar si procede, ya que muchas veces hay personas que quieren únicamente emitir su criterio sobre determinada noticia”, afirma Marvin del Cid, del módulo de investigación de elPeriódico.

Mientras tanto, Ana Sofía García comenta que en una ocasión el telenoticiero para el cual laboraba tuvo que rectificar una información. Se trató de una noticia en donde ofreció declaraciones un abogado que dijo representar al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Sin embargo, al día siguiente recibió una llamada de la cúpula del sector empresarial donde se aclaraba que el jurista no pertenecía a ésta. En respuesta, el medio divulgó una nota breve donde aclaró la situación.

Tanto para Del Cid como para García, los medios deben ser cuidadosos con las aclaraciones solicitadas y analizar si realmente hubo error en el contenido y de dónde surgió la información. Las aclaraciones son una especie de balance para que el periodista vea en qué se está equivocando, como una llamada de atención y si en efecto está publicando cosas que no están apegadas a toda la realidad y “son valiosas siempre y cuando tengan fundamento”, coinciden los dos reporteros.

Perspectiva académica

Las escuelas o facultades de Ciencias de la Comunicación tienen a su cargo instruir a los y las estudiantes que ocupan plazas en los medios o las ocuparán. Por lo tanto, el enfoque ético debe ser indispensable.

En la Universidad Rafael Landívar (URL), por ejemplo, la formación ética constituye un eje transversal, comenta Nancy Avendaño, directora del Departamento de Comunicación de esa casa de estudios.

Los profesores plantean casos para que los estudiantes fijen posturas y argumenten a favor o en contra de éstos. Además, a través de actividades extracurriculares, expertos en el tema comparte y debaten sobre el componente ético de la comunicación, sostiene Avendaño.

En la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), las y los estudiantes reflexionan sobre el papel ético que deben desempeñar los periodistas. Se les instruye para informar con veracidad y en el marco del respeto de la persona humana, sea o no funcionaria pública, declara Gustavo Bracamonte, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la carolina.

En suman, periodistas y medios tiene la responsabilidad y el deber ético de atender las solicitudes de rectificación formuladas por las personas que se sientan afectadas por la divulgación de informaciones inexactas.

Un buen periodista es aquel que siempre busca la verdad y deja de lado sus bajos instintos, señaló Adrián Uribarri, periodista estadounidense, miembro del comité de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales de Estados Unidos, quien sostuvo que es mejor abandonar el periodismo y dedicarse a otra cosa que ejercerlo sin ética.

Este tema fue abordado recientemente en una serie de  seminarios y encuentros que Uribarri sostuvo con estudiantes de ciencias de la comunicación y periodistas. El conferencista y periodista, actualmente, labora en el Chi-Town Daily News, en la Florida, Estados Unidos y fue invitado por la Embajada de ese país en Guatemala.

Influencias empresariales

Muchas veces se dice que todo periodista debe conducirse sobre principios éticos, además ser objetivo y transparente, pero algunos se preguntan cómo lograr cumplir esos valores cuando hay jefes o dueños de medios que responden a intereses que distan mucho de la verdad o bien, muchas veces inciden para que los intereses comerciales se impongan.

Para Uribarri es necesario dividir el interés empresarial del periodístico en los medios de comunicación, ya que si prevalece el aspecto comercial sobre la línea informativa poco a poco la ética pierde terreno y por ende la credibilidad del medio queda en riesgo. Por ejemplo, si tenemos que escribir sobre una empresa minera que se anuncia en el medio tenemos que hacerlo de forma imparcial, señala.

El empresario tiene que tener claro que no por comprar un anuncio puede influir en la línea editorial, porque a la larga daña  la democracia y sólo contribuye a la manipulación. Para cambiar estas estructuras hay que empezar en las universidades, pero sin dueños, directores, editores o  jefes que desconocen cómo no ser éticos, los cambios son difíciles. El estudiante puede ser idealista al salir de la universidad, pero si no existe el deseo de desarrollar esa ética desde arriba, ese ideal desaparece.  Hay que integrar la ética como estudio dentro de las universidades, que forme parte de cada proceso, tomando en cuenta a las cabezas de los medios.

Lo ético es ser ético y transparente

Pueden existir códigos de ética que tipifiquen cada caso posible, pero sin deseos de una prensa libre dispuesta a dejar viejas prácticas, no va existir periodismo comprometido, señala Uribarri y reconoce que aunque es un problema estructural que se padece a nivel latinoamericano, que no se puede cambiar de la noche a la mañana,  hay que hacer esfuerzos a favor de un mejor periodismo.

La transparencia en el periodismo es tan importante como en el gobierno.  Como periodistas tenemos que buscar y encontrar la verdad más completa posible, hay que tratar de ser  objetivos y balancear la información, añade. No ser objetivo no es necesariamente malo, pero presentar algo como balanceado cuando no existe, ese es el pecado. Cada periodista debe sopesar el costo de producir periodismo falto de ética, pero hay poco honor o servicio al producirlo.

La ética y las NTICS

Cuando empieza la radio se da el dilema de la rapidez contra la verificación y con el internet ocurrió el mismo fenómeno. Ante esto surge la interrogante, qué es más importante pegar primero o pegar bien. Sin la ética se puede ser un escritor o un blogger, pero un periodista antes de publicar tiene que pensar en la verdad y la responsabilidad, corregir los errores, minimizar el daño.

Bajos instintos

En ocasiones, como periodistas trabajamos más para las fuentes y los políticos que para la gente. Es importante poner en contexto a la ciudadanía de lo que escucha, lee o mira.

Precisa entonces, la investigación y como periodistas hay que desconfiar de todo porque sin eso no tenemos motivación de investigar, ése es el trabajo: desconfiar.

Alguien que hace sus informes con ética, que se distingue con ella, busca la verdad, es responsable y no se deja manipular, es periodista.

Consejos

Los periodistas con ética tratan a las fuentes, a los protagonistas de la noticia y a los colegas como seres humanos merecedores de respeto.

Los periodistas debemos:

Compadecerse de los que pueden ser afectados adversamente por la cobertura noticiosa. Mostrar una especial sensibilidad al tratar con niños y con fuentes o protagonistas de la noticia inexpertos.

• Reconocer que buscar o reportar información puede causar perjuicio o malestar. La búsqueda de la noticia no da permiso para la arrogancia.
• Mostrar sensibilidad al solicitar o utilizar entrevistas o fotos de personas afectadas por la tragedia y la desgracia.
• Proceder con buen gusto. Evitar ceder a la curiosidad sensacionalista.
• Ser cautos en cuanto a identificar a sospechosos menores de edad o a víctimas de delitos sexuales.
• Ser juiciosos en cuanto a nombrar a los sospechosos de delitos antes de la formulación oficial de cargos.
• Contrapesar el derecho de un sospechoso de un delito a un juicio justo con el derecho del público a estar informado.

Fuente: Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales

El periodista tiene la responsabilidad de verificar todo. No tiene sentido hacer periodismo sin ética. El principal principio de la ética es buscar la verdad, encontrarla y reportarla. Si bien es cierto a veces no da tiempo de verificar todo.

Por Yecenia Enriquez, periodista

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y una de las ponentes de la Ley, señala que en Guatemala lo que hace falta es una cultura de un ciudadano informado y empoderado.

En esta entrevista Montenegro hace una revisión sobre el estado de cumplimiento de esta normativa y resalta la importancia de que los ciudadanos se den cuenta de que tienen un instrumento para exigir que les rindan cuentas.

¿Se ha apropiado de la LAIP la población?

Muchos saben que existe una, ley pero no se han apropiado de ella. Otros, en cambio, han encontrado un escollo muy fuerte y han interpuesto recursos en la Corte de Constitucionalidad, ya que consideran que es inapropiado que la sociedad se entere cuánto devengan en dietas, salarios, viáticos. Otra vez el manto de la oscuridad se apropia del país con estos recursos de inconstitucionalidad, que representan obstáculos para crear una verdadera cultura de transparencia en Guatemala.

Y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), ¿ha desempeñado su papel como garante?

Hasta el momento, el accionar de la PDH, órgano encargado de verificar su cumplimiento, ha sido casi nulo: no ha hecho nada en contra de los responsables de negar información. Estos son grandes obstáculos a superar por parte de la sociedad y las autoridades que se esconden en un manto de oscuridad.

Algunos alcaldes argumentan que la LAIP afecta la autonomía municipal.

Estas argumentaciones son inválidas y sólo buscan generar un mayor clima de impunidad. Similares excusas surgen no sólo de las comunas, sino también de instituciones que cuentan con leyes orgánicas, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto de Previsión Militar y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les sirve como un escudo protector para no hacer transparentes las cosas. La transparencia no escapa a nadie que maneja dinero público.

¿Cómo se puede lograr que la población se apropie de la ley y así evitar malas prácticas?

El Ministerio de Educación debe incluirla en los programas de estudios y así aplicarla en todos los niveles educativos. El día que como ciudadanos entendamos que el ejercicio de la ciudadanía va más allá de votar o ser votado, de cuestionar y lamentarnos, las cosas van a cambiar y tendremos un país distinto.

¿El problema es la ley o hace falta voluntad política?

La ley sí funciona, el problema radica en las instituciones y las personas que las manejan. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Cohesión Social que dirige la esposa del presidente de la República, Sandra Torres, se niega a dar informes sobre los beneficiarios de sus programas y se escuda en el principio de confidencialidad. En tanto, el Fondo Nacional para la Paz, el Ministerio de Comunicaciones y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda se amparan en los fideicomisos. Es obvio que durante muchos años el Estado ha sido una maquinaria de crear nuevos ricos a través de actos impunes.

El que calla otorga, así que no hay razón para ocultar lo que debe ser transparente. Es un dinero público que viene de nuestros impuestos y tenemos derecho a saber a quién se le da.

¿Qué cambios se pueden esperar con una implementación real de la LAIP?

Lo importante es que, a pesar de los obstáculos, la sociedad se organice y se identifique con su legislación, apropie de ésta y la haga suya. Sólo así vamos a tener la Guatemala del siglo XXI que necesitamos.

¿Qué papel deben desempeñar los medios de comunicación?

Resaltar la importancia que tiene este tipo de legislaciones, que busca erradicar la corrupción. Tienen el reto de darla a conocer mediante métodos popularizados que ayuden a los ciudadanos a apropiarse de esta ley.

Los medios deben divulgar la ley y contribuir a fiscalizar, así como contribuir a impulsar una cultura ciudadana de transparencia.

Acerca de la entrevistada

Nineth Montenegro participó en la revisión y análisis del cuerpo de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso de la República el 23 de septiembre de 2008 y que cobró vigencia plena el 21 de abril de este año. En junio pasado, presentó en el Ministerio Público una denuncia por el delito de retención de información en contra de la titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), Silvia Palomo, y del director ejecutivo del Fideicomiso del programa Mi Familia Progresa, Óscar Pineda Garay.

El 16 de junio pasado, Ben Gharbia participó como conferencista en el seminario “Expresión y Comunicación en Centroamérica: medios para construir ciudadanía”, organizado por Hivos en Guatemala.

Por Evelyn Blanck y Miguel González Moraga, periodistas

¿Cómo se inició Global Voices?

Fue en diciembre de 2004, durante una reunión internacional de bloggers en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Uno de los fundadores fue Ethan Chicoman, quien mientras vivía en África se interesó en conocer por qué los medios cubrían tan poco una parte tan grande del mundo.

Cuando se habla de blogs suele hablarse también de periodismo ciudadano, pero no parece haber todavía consenso para definir esta práctica, cada vez más difundida. ¿Cuál es su criterio?

Yo personalmente no creo en el periodismo ciudadano. Sin embargo, veo que cada vez más personas tienen un medio para expresarse —blogs, Twitter, YouTube, correo electrónico—, aunque lo hacen sin formas periodísticas.

Pero la apertura de nuevos espacios para comunicar no necesariamente significa que haya mensajes distintos, democratizadores.

En la actualidad, se puede hablar de dos prácticas, analizadas por estudiosos de medios. La primera es que muchos bloggers, en lugar de crear nuevos contenidos, se enlazan con medios en línea ya tradicionales, como New York Times, Washington Post o LeMonde, lo cual ocurre en Estados Unidos o Francia.

Otra práctica es la que se lleva a cabo en otros países, como Egipto, donde los bloggers cubren tópicos sociales que son poco abordados por los medios tradicionales, como el acoso sexual o la corrupción.

¿Qué recomienda para que más personas use nuevos medios, nuevas tecnologías?

Depende de qué buscas y quién será tu audiencia: se puede recurrir a los blogs, Facebook, Twitter, sitios para colgar fotos. Se debe tener claro que si un tema no le interesante al ciudadano, difícilmente éste va a ingresar en los medios online.

Hay un problema cultural para manejar la nueva tecnología, por eso es más común que cualquier persona consulte los medios tradicionales.

A propósito de Twitter, en mayo, tras expresarse por esa red social, el guatemalteco Jean Ramsés Anleu Fernández fue detenido bajo los cargos de pánico financiero.

Es el primer caso en donde un usuario de redes sociales es llevado a una corte. A nivel mundial no hubo tanta trascendencia, pues faltaron traducciones al inglés sobre el asunto. Contrario a su práctica, Global Voices no fue un medio para difundir el caso y darle mayor perspectiva.

Por Odeth Alvarado, comunicadora social

Con casi 19 años de funcionamiento, pese a los múltiples beneficios que ofrece, el IPSP es poco conocido en el gremio guatemalteco, en particular por  quienes ejercen en los departamentos.

En la actualidad, cuenta con alrededor de 400 miembros, cantidad mínima si se considera que en el país se dedican a actividades relacionadas con el periodismo unas tres mil personas, según estimaciones extraoficiales.

Beneficios

Las prestaciones aprobadas en un principio por el Congreso, según el decreto 56-90, eran auxilio por enfermedad, auxilio por cesantía, pensión por invalidez, jubilación y auxilio por fallecimiento. No obstante, los beneficios del IPSP se han diversificado y los que ya existían fueron regulados.

Después de un año de afiliación se reciben Q300 en medicina, así como servicios médicos y odontológicos. En los inicios del IPSP estaba contratado un médico para atender enfermedades comunes, pero cuando se requería de un especialista el afiliado lo buscaba y se le reembolsaba el dinero. A raíz de que algunos presentaban gastos que no eran reales, ahora se visita al médico que refiera el Instituto.

Luego de dos años de tributar el afiliado recibe todos los beneficios, como el cien por ciento en intervenciones quirúrgicas que no sobrepasen los Q20 mil, y auxilio por accidente, maternidad e invalidez.

Ayuda por despido

En el caso de despido, el Instituto cubre durante seis meses el salario del periodista desempleado, que puede llegar hasta Q5 mil mensuales. Inicialmente, el monto no estaba estipulado, pero tras los abusos de algunos y mentiras sobre su estado laboral, se recurrió a la regulación del monto a recibir.

También se otorga un bono escalonado, el cual se aprobó en asamblea mensual. Eso provocó diferencias entre los afiliados, pues sólo perciben quienes han tributado durante más de 10 años.

También existe el aguinaldo, el cual depende de la cantidad que se tribute. Otros bonos son el de fundador y el de emergencia.

El Centro Recreativo ubicado en el kilómetro 76.5 de la antigua carretera a Puerto San José, en jurisdicción de Masagua, Escuintla, es otro beneficio. La Comisión de Recreación y Deportes organiza excursiones o viajes al lugar.

Cuando fallece un afiliado el IPSP  corre con los gastos de servicios funerarios hasta por Q22 mil. Además, entrega a los beneficiarios el seguro de vida correspondiente. Se descuenta Q20 a todos los afiliados por cada deceso.

¿Y la prensa departamental?

En los departamentos de Guatemala existen cientos de personas que se dedican a labores periodísticas. Sin embargo, pocos conocen los beneficios del IPSP, como el amatitlaneco Roberto Morales y el quetzalteco Carlos Barrios. Ambos están dispuestos a solicitar ser admitidos en el Instituto.

Mientras tanto, el periodismo quetzalteco César Pérez considera que las acciones de la entidad gremial se han centralizado lo cual ha impedido que haya más miembros de la provincia.

“De Quetzaltenango sé que sólo hay dos afiliados y ni siquiera ejercen. Puede ser un ente muy importante que sirva a todos, aunque deben darlo a conocer más”, declara Pérez.

Tanto Pérez como el petenero Vinicio Pacheco opinan que los requisitos son una limitante. Por ejemplo, viajar cada mes para asistir a las asambleas genera gastos y muchas veces no se cuenta con los recursos económicos para sufragarlos. Otra barrera es la poca información hacia el gremio, considera Pacheco: “Hay una nueva camada de periodistas jóvenes que, al igual que nosotros que llevamos 15 años o más en la profesión, desconocemos del Instituto”

Los requisitos

Los requisitos que debe cumplir el postulante son dos años como mínimo de ejercicio periodístico, fotocopia legalizada de la cédula de vecindad, formulario lleno y legalizado y constancia de trabajo del medio para el cual labora, acompañado de un documento de contabilidad o planilla que confirme la constancia. Al llenar estos requerimientos se inicia un proceso de calificación por parte del Consejo Directivo, previo a la juramentación e los nuevos miembros.

Los afiliados tienen un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que se presentan las solicitudes de afiliación, para objetar el ingreso de algún aspirante. Los nuevos miembros deben cancelar una cuota única de Q500 por inscripción. Posteriormente, deben realizar un aporte del 3% mensual de su salario nominal (sin bonificaciones) y participar en las asambleas mensuales.

Hace falta proyección

Si bien el IPSP es un asidero importante de la previsión social para los periodistas, se ha avanzado poco comparado con otros países, como Honduras o Colombia. Algunos colegas proponen un intercambio de experiencias con miembros de esos institutos para enriquecer al guatemalteco.

De acuerdo con Mario Recinos, es necesario convocar a todos los afiliados a una jornada de evaluación para valorar los avances y determinar en qué se ha estancado la entidad, así como visualizar oportunidades de crecimiento. Considera que debe montarse un centro de capacitación con equipo y servicios —como Internet—, en donde los jubilados compartan sus conocimientos, entre otras cosas.

A juicio de Recinos, las próximas autoridades del IPSP deberán ser propositivas, con ideas que lleven al Instituto a un buen nivel de ingresos, evaluar las prestaciones y que esté a la altura de otros. Además, deberían desarrollar un agresivo plan para dar a conocer más al Instituto y promover que crezca la cantidad de afiliados jóvenes y de los departamentos.

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La sede del IPSP está en la 11 calle 1-46, zona 1, ciudad de Guatemala. Los teléfonos son (502)  22 510 535 y 22 535 829. Correo electrónico: cd_ipsp@hotmail.com