El acceso libre a la información pública, legislado en Guatemala en 2008, es una condición necesaria para la construcción de ciudadanía, pues le permite a esta informarse y fiscalizar las acciones de sus gobernantes, dos condiciones que son básicas de la democracia. Esta norma se fundamenta en los principios de garantía de acceso para toda persona, transparencia y máxima publicidad. Asimismo, sencillez, celeridad y prontitud en las acciones del Estado para el acceso libre a la información generada por este.

El 29 de abril pasado, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos hizo público el informe anual 2012 sobre el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones del Estado. En este se consiga que los sujetos obligados no cumplen en su totalidad con las disposiciones del referido decreto, lo que contribuye a que “permanezca una cultura de opacidad en el manejo de fondos públicos”.

También sobresale en el reporte la disminución de entidades que informaron al Procurador sobre el cumplimiento de la norma, pues en 2012, 342 instituciones  entregaron su informe anual, en comparación con las 409 que lo hicieron en 2011.

Otras fallas de las entidades públicas que describe el informe están relacionadas con el manejo de los portales electrónicos, pues mucha de la información ahí publicada está desactualizada o ha sido omitida información sobre procesos de compras y licitaciones. Asimismo, es escasa la información financiera y contable de las entidades.

Por otro lado, señala que existe interpretación errónea de la ley, “debido al desconocimiento que los funcionarios tiene sobre la misma”. También expone que muchos de los funcionarios no hablan los idiomas maternos de la localidad, “lo que provoca una inadecuada atención de las solicitudes de información, debido a la falta de comprensión entre el solicitante y el encargado de recibirlas”.

A ello se suman los problemas de fondo señalados por quienes hacen uso sistemático de los mecanismos que permite esta legislación, entre los que se advierte la burocracia, falta de personal capacitado, falta de voluntad por parte de los sujetos obligados –lo que redunda ocultamiento de información-, cobros indebidos y retrasos en la facilitación de la información.

El trabajo que Centro Civitas y Sala de Redacción han desarrollado con periodistas de los diferentes departamentos desde hace varios años ha permitido observar que las y los colegas tienen como una de las  principales limitaciones para el ejercicio en libertad de su profesión el poco acceso a la información pública en las instituciones locales.

Los periodistas indican que muchos de los funcionario estatales desconocen los procedimientos o utilizan de manera malintencionada los plazos que dispone la ley para retrasar la entrega de información que los periodistas requieren de manera inmediata para su labor cotidiana.

Este panorama muestra la necesidad de discutir, revisar y modificar la normativa, para que pueda ser promovida efectivamente una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo para que no se repita ni quede impune la acción del Estado de ocultar información. A diferencia de Guatemala, existen experiencias en otros países donde entidades autónomas e independientes del Estado son quienes verifican el cumplimiento de esta norma.

Por ahora, la tarea de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos es asumir un papel más activo en la formación de funcionarios públicos, para que conozcan y apliquen correctamente las disposiciones de ley. También tiene el reto de investigar y denunciar a quienes ocultan información, con el fin de que haya una sanción moral pública desde la ciudadanía.