Entre la tercera semana de abril y la segunda de mayo ocurrió una serie de acciones contra periodistas y pequeños medios departamentales guatemaltecos, las que no merecieron más que aislados comentarios o mínimas muestras de repudio. Preocupa, pues quienes se sienten incómodos con la labor de prensa y reporteros –en particular autoridades, políticos y empresarios coludidos con estos– podrían verse animados a replicar ese tipo de hechos en el resto del país, lo cual es inconveniente para el desarrollo democrático.

El 20 de abril, Julio Sicán, director del quincenario Proceso, que circula en Sacatepéquez, denunció haber sido agredido físicamente por el alcalde de La Antigua, Adolfo Vivar Marroquín, reelecto por el oficialista Partido Patriota (PP). El colega Sicán presentó la denuncia en el Ministerio Público (MP), al mismo tiempo que Vivar negaba los hechos. Con el correr de los días el asunto pareció disolverse.

Menos de una semana después, el jueves 25, trascendía que los dueños deCable DX –que opera en Suchitepéquez­ y Quezaltenango– habían decidido supender las transmisiones de seis programas que pagaban tiempo en su red de Mazatenango, cabecera del primer departamento mencionado. Los perjudicados atribuyeron la acción a presiones del alcalde local, Roberto Lemus, también del PP, quien rechazó las acusaciones, igual que el propietario de Cable DX, Jorge Hoffens, síndico primero de la municipalidad de Quetzaltenango.

Mientras tanto, el 8 de mayo, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron las radios comunitarias Uqul Tinamit y Jun Toj, ubicadas en San Miguel Chicaj y Rabinal, municipios de Baja Verapaz, donde decomisaron equipo y aprehendieron a un comunicador. En las semanas previas, la Cámara de Radiodifusión Guatemalteca comparó a las radios comunitarias con la narcoactividad y el robo, y a los comunicadores con delincuentes. Decenas de estaciones se encuentran en similar vulnerabilidad a la de Uqul Tinamit y Jun Toj, debido a que el Congreso de la República aún no da dictamen favorable a la Ley de Radios Comunitarias, la cual contribuiría a ordenar el espectro radioeléctrico.

El círculo se cerró la tarde de ese día, cuando los propietarios de TL-Com, de Chiquimula, decidieron cancelar,“por reorganización”, el noticiero Sucesos, quien desde hace 19 años era dirigido por Edwin Paxtor.

En ese panorama, resalta el limitado posicionamiento y la poca capacidad para incididir en la opinión pública de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), por mencionar a dos entidades que dicen representar al gremio. Asimismo, la actitud oficiosa del MP, presto a actuar ante las quejas de las radios comerciales, pero poco capaz para investigar atropellos contra periodistas.

Debido a ello, consideramos conveniente que el clima de libertad de expresión en el país debe ser evaluado por Catalina Botero, relatora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la materia, y su par guatemalteco en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue.