Desde que se perpetró el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el 29 de junio de 2009, han sido asesinados 19 periodistas en Honduras y ninguno de esos crímenes ha sido aclarado. Después de la caída de Zelaya —durante el régimen de facto de Roberto Micheletti y en lo que va del período de Roberto Lobo—, la violencia en contra de periodistas ha convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la Libertad de expresión. A los asesinatos, se añaden las constantes acciones de hostigamiento contra medios informativos y colegas, así como a la actitud complaciente de algunos sectores en la prensa coludidos con políticos, militares y empresarios.

Debido a ese ambiente desfavorable para el libre flujo de ideas, periodistas guatemaltecos viajaron el 17 de febrero a Honduras para solidarizarse con los/as colegas de ese país y solicitarles a las autoridades acciones efectivas para investigar, sancionar y corregir los actos atentatorios contra las libertades de prensa y expresión. El grupo estuvo integrado por miembros de Centro Civitas/Sala de Redacción y de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), con el acompañamiento de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y en coordinación con la hondureña Asociación Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre).

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Alejandrina Pineda, fue la funcionaria de más alto rango que se reunió con el grupo guatemalteco. Ella se mostró abierta a la crítica y a la asesoría internacional, además de reconocer que el Estado hondureño ha sido incapaz de brindar seguridad a quienes se dedican al ejercicio del periodismo.

Cuando Pineda trató de minimizar la problemática, con el argumento de que el clima de violencia agobia a toda la población hondureña y no solo a la prensa, uno de los periodistas de Guatemala le replicó que este país la criminalidad también es alta, pero el asesinato de periodistas no es parte de las estadísticas criminales. A juicio de Pineda, en el afianzamiento de la impunidad ha desempeñado un papel central la Fiscalía de Honduras, pues ha investigado poco los crímenes en contra de trabajadores/as de medios informativos.

Como constató el grupo guatemalteco, es amplio el colectivo de periodistas de Honduras que se siente amenazado por su labor. Y para agravar las cosas, las entidades gremiales en esa nación son poco representativas y mucha veces no se pronuncian contra la violencia, pues no quieren provocar disgustos a quienes ejercer el poder público.

La prensa guatemalteca debe ver con preocupación el caso de Honduras, no solo por la cercanía geográfica, sino porque los niveles de criminalidad e impunidad son similares y porque los enemigos de las libertades de expresión y de prensa no distinguen fronteras. Además, la comunidad internacional debe actuar con mayor proactividad, y no pronunciarse solo cuando se perpetran asesinatos.

Ya basta de impunidad en los crímenes contra periodistas de Honduras. Es indispensable aclararlos, pues cuando se ataca a las y los comunicadores se ofende a la sociedad en su conjunto.